La CGT denunció que el Gobierno no tiene “voluntad de diálogo” y que pretende avanzar con una reforma laboral “regresiva” sin convocar a ámbitos de negociación. Mientras tanto, la Casa Rosada dejó atrás cualquier intento de consenso y ya distribuyó el borrador definitivo entre sus principales figuras. La apuesta oficial es aprobar la flexibilización laboral entre el 10 y el 31 de diciembre, pese a la resistencia sindical y las dudas de varios gobernadores.

La discusión por la reforma laboral ingresa en una fase de máxima tensión política. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, reafirmó que la central obrera no acompañará ningún proyecto que implique una reducción de derechos y denunció que el Gobierno mostró “falta de voluntad” para habilitar una mesa de negociación real.

“Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con quienes representamos los intereses del mundo del trabajo, no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, sostuvo Jerónimo, también titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), en diálogo con Radio Rivadavia. Además, desmintió que la CGT oponga resistencia sin conocer el contenido del proyecto: según señaló, la información llega a través de estudios jurídicos vinculados al sector empresarial, ante la ausencia de comunicación oficial.

Mientras la central obrera reclama diálogo, la Casa Rosada avanza en sentido contrario. Altas fuentes del oficialismo confirmaron que el texto final de la reforma —elaborado con la participación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger— ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El objetivo es claro: aprobar la ley antes de fin de año.

En esta etapa, el Gobierno dejó a un lado la narrativa del consenso que había prometido en el marco del Consejo de Mayo. La última reunión de ese espacio terminó en un choque frontal: Gerardo Martínez, representante de la UOCRA y delegado cegetista, calificó el borrador como un “atentado contra los derechos de los trabajadores”, mientras que Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), también cuestionó el proyecto, pero por el motivo inverso: consideró que “flexibiliza poco” el mercado laboral.

Pese a las críticas de los dos principales actores del mundo laboral, en el oficialismo aseguran que solo un reducido grupo conoce la letra final del documento. Ni sindicatos ni empresarios afirman haber recibido modificaciones respecto de la versión rechazada.

El borrador con los puntos centrales del proyecto en circulación incluiría medidas sensibles:

Tope a las indemnizaciones para todos los contratos nuevos.

Nuevos regímenes para empleo joven, con mayor flexibilidad y menos derechos iniciales.

Rediseño de obligaciones laborales que, según el Gobierno, permitirían crear empleo y reducir litigiosidad.

Desde la CGT, los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello adelantaron que resistirán cualquier intento de recorte de derechos en medio de una crisis económica profunda.

El rol de los gobernadores

Con el Congreso como escenario de la próxima disputa, la CGT comenzó a trabajar en su estrategia política. Dirigentes cegetistas mantuvieron reuniones reservadas con gobernadores, quienes —según fuentes sindicales— muestran una predisposición mayor a escuchar las advertencias gremiales que a alinearse automáticamente con el Ejecutivo.

En las provincias hay preocupación: temen que un conflicto social de gran magnitud erosione aún más la frágil situación económica, mientras esperan definiciones sobre el envío de fondos nacionales, un factor clave para inclinar posiciones.

Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con el compromiso de varios mandatarios para no bloquear la reforma, aunque en los distritos se percibe cautela y un incipiente giro de algunos gobernadores hacia posiciones más cercanas a la CGT.

El clima político se tensiona también desde otros gremios. Armando Cavalieri, titular de Comercio, instó a sus afiliados a permanecer “alertas al más mínimo movimiento” del Gobierno y afirmó que la única reforma laboral que hoy espera la sociedad es “la que recupere el salario hundido”.

La reforma laboral se convirtió en el eje más conflictivo de la agenda legislativa que prepara el oficialismo para diciembre. La combinación de un proyecto de alto impacto social, el apuro por aprobarlo antes de fin de año y la exclusión del diálogo tripartito clásico configuraron un escenario de choque anunciado.

El Gobierno busca un cambio estructural del sistema laboral, mientras que la CGT considera que cualquier flexibilización agrava la precariedad y profundiza la desigualdad en un contexto de ingresos deteriorados. El rol de los gobernadores aparece como el factor que puede inclinar la balanza: sin su apoyo, el oficialismo enfrentará dificultades para aprobar una reforma que requiere acuerdos interbloque y contención territorial.

El Centro de Panaderos de Merlo alertó sobre el colapso del rubro: desde 2023 cerraron más de 1.800 panaderías en todo el país y se perdieron cerca de 15.000 puestos de trabajo. Con ventas desplomadas y costos energéticos que no dejan de aumentar, el sector asegura que “trabaja a pérdida” y que la situación actual es incluso más grave que en 2001 y durante la pandemia.

La crisis económica continúa dejando marcas profundas en los sectores productivos y, en particular, en uno de los rubros más tradicionales del país: las panaderías. Según datos brindados por el Centro de Panaderos de Merlo, en los últimos dos años cerraron aproximadamente 1.800 panaderías en toda la Argentina, producto de la caída abrupta del consumo y del incremento constante de los costos operativos. El impacto sobre el empleo es directo: más de 15.000 trabajadores perdieron su fuente laboral.

En declaraciones a Radio Splendid, el titular del Centro, Martín Pinto, trazó un diagnóstico contundente: el sector “está trabajando siempre a pérdida” y la mayoría de los comercios apenas logra “subsistir” en un contexto donde la ecuación económica dejó de cerrar hace tiempo.

Pinto comparó el escenario actual con dos momentos críticos de la historia reciente: la crisis del 2001 y la pandemia. Sin embargo, aseguró que el presente “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy”. El dirigente explicó que las ventas cayeron alrededor del 55% en los últimos meses, en paralelo con fuertes incrementos en las tarifas de energía que oscilan entre el 45% y el 50%, encareciendo de manera exponencial la producción.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como el factor que más golpea al sector. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, afirmó Pinto, aludiendo al recorte generalizado del consumo básico. La demanda se desploma incluso en productos de primera necesidad como el pan, las facturas y los bizcochos, tradicionalmente resistentes a las crisis.

La ecuación es doblemente problemática: mientras los costos suben mes a mes —harina, margarina, levaduras, gas y electricidad— los salarios permanecen “pisados desde hace un año”, lo que impide que una eventual suba de precios compense la caída en el volumen de ventas. “Aumentar no resuelve nada: la gente simplemente deja de comprar”, advirtió.

El efecto en cadena es devastador. Muchas panaderías familiares redujeron personal, acortaron horarios o directamente cerraron sus puertas. En tanto, las más grandes operan al límite, sin margen para nuevas inversiones ni para absorber mayores subas de costos.

El sector panadero es históricamente uno de los primeros indicadores del deterioro del consumo masivo. Cuando el poder adquisitivo cae, los hogares ajustan incluso en alimentos básicos. La combinación de inflación sostenida, tarifas en ascenso y caída del ingreso real genera una tormenta perfecta que termina por expulsar del mercado a cientos de pequeños comercios.

A su vez, el cierre de panaderías impacta en otros eslabones de la cadena productiva: molinos, distribuidores, proveedores de insumos y transportistas sienten también la retracción. Con precios sensibles y márgenes cada vez más estrechos, la actividad opera por debajo de niveles mínimos de rentabilidad.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló un entendimiento que establece un incremento acumulativo del 4,55% sobre los básicos y una mejora progresiva de la suma no remunerativa, que llegará a $70.000 en enero.

El acuerdo salarial es de carácter trimestral para el Sector Asistencial que abarca clínicas, sanatorios y establecimientos privados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75. El convenio, aplicable a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026, define una pauta escalonada en los básicos y actualiza el monto no remunerativo que venían percibiendo los trabajadores.

La negociación fijó una secuencia de aumentos de 1,5% en noviembre, 1,5% adicional en diciembre —de carácter acumulativo— y otro 1,5% en enero, también acumulativo. El esquema completa un aumento total del 4,55% al finalizar el trimestre, según la proyección informada por el sindicato. Si bien se trata de un ajuste moderado en un contexto de inflación persistente, desde la dirigencia sindical remarcan que su implementación permite “mantener un piso de actualización” mientras continúan las conversaciones con las cámaras empresarias.

El pacto incorpora, además, un incremento en el adicional no remunerativo que percibe el personal del sector. Ese monto, que hasta octubre se situaba en $60.000, se actualizó a $66.000 en noviembre y llegará a $70.000 en enero. Se trata de un componente clave para sostener ingresos en un período en el que persisten tensiones entre costos operativos de las instituciones privadas, caída de prestaciones y retrasos en la actualización de aranceles.

Próximo tramo de la paritaria

La Federación anticipó que las negociaciones se retomarán en febrero, cuando se iniciará la discusión del nuevo período paritario correspondiente a 2026/2027. Allí se evaluará la evolución de la inflación, la situación de las instituciones de salud privadas y la capacidad del sector para sostener incrementos que permitan recomponer el salario real, uno de los temas más sensibles de la actividad.