Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron un acuerdo salarial que regirá durante el segundo semestre. La aceptación de la propuesta por parte de UDAP, UDA y AMET permitió cerrar la discusión paritaria de esta etapa y fijó una nueva instancia de revisión para el próximo 8 de noviembre, cuando volverán a analizarse las variables económicas que inciden sobre los salarios.

El entendimiento quedó formalizado durante la audiencia desarrollada en la Subsecretaría de Trabajo y refleja una reformulación de la oferta oficial presentada en las rondas previas, luego de incorporar parte de los reclamos planteados por las organizaciones sindicales.

Entre las principales mejoras figura la incorporación de cuatro puntos al nomenclador docente a partir de julio, medida que alcanza a la totalidad de los cargos del sistema educativo provincial y tendrá impacto permanente sobre la estructura salarial.

El acuerdo también dispone una actualización del adicional Nueva Conectividad San Juan, que aumentará un 10% en dos tramos iguales: un 5% en julio y otro 5% en septiembre.
A ello se suma la actualización del valor índice, que registrará un incremento del 3% en agosto, calculado sobre los haberes de junio, y otro 3% en octubre, tomando como referencia el valor vigente desde agosto.

Otro de los puntos incorporados durante la negociación corresponde al código E60, que pasará de 50 a 55 puntos desde septiembre, una mejora que había sido sostenida por los gremios durante las conversaciones.

El acta también contempla una recomposición de los adicionales por radios desfavorables. Desde octubre, el Radio 4 se elevará del 95% al 100%; el Radio 5, del 115% al 120%; el Radio 6, del 135% al 140%; y el Radio 7, del 155% al 160%, beneficiando a quienes desarrollan tareas en establecimientos ubicados en zonas de mayores dificultades geográficas y sociales.

No obstante, el pato no incorporó la totalidad de las demandas sindicales. Entre los puntos pendientes quedaron el pedido de elevar el adicional por conectividad hasta el 22% y la actualización del código E60 a 60 puntos, reivindicaciones que las entidades gremiales sostendrán para futuras negociaciones.

La cláusula de revisión prevista para el 8 de noviembre permitirá reabrir la discusión salarial antes del cierre del año. En esa instancia, el Ejecutivo y los sindicatos evaluarán la evolución de la inflación, el comportamiento de los recursos provinciales y la incidencia de las mejoras acordadas sobre el ingreso real de los docentes.

La Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa Volver al Trabajo. La resolución despeja el camino para su finalización en agosto, deja sin cobertura a cerca de 900 mil trabajadores de la economía popular y reaviva la disputa entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

Los camaristas consideraron que mantener vigente la cautelar implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que revirtió la resolución dictada por el Juzgado Federal de Campana. En primera instancia, el magistrado había sostenido que la interrupción del programa configuraba una medida regresiva para personas en condiciones de alta vulnerabilidad.

La consecuencia inmediata alcanzará a unos 900 mil beneficiarios, quienes dejarán de percibir un ingreso mensual cercano a los 80 mil pesos que funcionaba como complemento para hogares sin inserción laboral formal. La decisión tendrá un impacto directo sobre uno de los principales instrumentos de asistencia destinados a los trabajadores de la economía popular.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazaron con dureza el fallo y acusaron a la Justicia de convalidar la estrategia oficial de desmantelar las políticas de contención social. La organización sostuvo que el ingreso representaba un recurso indispensable para afrontar la alimentación de miles de familias y advirtió que profundizará su plan de movilizaciones en todo el país.

La resolución también fortalece la estrategia diseñada por la ministra Sandra Pettovello. Capital Humano sostiene que el programa tenía un plazo de vigencia ya cumplido y que su continuidad desvirtuaba el objetivo original. En reemplazo de las transferencias directas, la cartera impulsa un sistema de vouchers de capacitación laboral, mediante el cual los recursos serán destinados a empresas, instituciones educativas y centros de formación encargados de brindar cursos de inserción laboral.

De acuerdo con la planificación oficial, otra parte de los fondos liberados será reasignada a programas educativos, entre ellos la ampliación de la jornada escolar en establecimientos ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad.

El fallo representa mucho más que la clausura de un programa asistencial. Consolida el respaldo judicial a la redefinición de la política social impulsada por el Gobierno, basada en sustituir los subsidios directos por mecanismos de formación e intermediación laboral. Al mismo tiempo, abre una nueva etapa de confrontación con las organizaciones de la economía popular, que anticipan una escalada de acciones gremiales y judiciales mientras el Ejecutivo profundiza su estrategia de reordenamiento del gasto público y redefine el alcance de la asistencia estatal.

El proceso de modernización de las estaciones de servicio continúa ganando espacio en la Argentina y San Juan se posiciona entre las provincias que más rápidamente incorporaron el sistema de autodespacho. Según un relevamiento realizado sobre información oficial de la Secretaría de Energía de la Nación, la provincia cuenta con ocho bocas de expendio adaptadas a esta modalidad, registro que la ubica en el octavo lugar del país, compartiendo esa posición con Chubut.

El esquema permite que los automovilistas carguen combustible sin la intervención de un playero, mediante equipos diseñados para que el propio usuario complete la operación de manera autónoma. La modalidad comenzó a expandirse durante el último año y ya alcanza a 181 estaciones de servicio distribuidas en distintas jurisdicciones.

El liderazgo corresponde a Córdoba, que reúne 27 establecimientos con autodespacho, seguida por Mendoza, con 20; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 19; y Santa Fe, con 15. Detrás se ubican otros distritos que avanzan en la incorporación de esta tecnología, entre ellos San Juan, que logró posicionarse dentro del grupo de provincias con mayor desarrollo relativo.

Buena parte de la expansión provincial responde a la estrategia desplegada por YPF, cuya red concentra la mayor cantidad de estaciones adaptadas al nuevo sistema. La petrolera impulsó la incorporación progresiva del autodespacho como parte de un proceso orientado a diversificar las modalidades de atención y optimizar la experiencia de los usuarios.

El crecimiento de este formato también acompaña una transformación más amplia en la comercialización de combustibles, donde la incorporación de herramientas digitales y procesos automatizados comienza a modificar el funcionamiento tradicional de las estaciones de servicio.

La presencia de San Juan entre las provincias con mayor implementación del autodespacho confirma una rápida adopción de las nuevas modalidades operativas que impulsa el mercado de los combustibles. El desafío hacia adelante estará dado por la velocidad con que avance esta transformación, su aceptación por parte de los usuarios y el impacto que pueda generar sobre la organización laboral y el modelo de prestación de servicios en las estaciones de todo el país.