La Confederación General del Trabajo intensifica su despliegue político en provincias y en el Senado para impedir que el proyecto oficial se trate en febrero. Apunta a postergar la discusión hasta las sesiones ordinarias y advierte sobre un impacto regresivo en derechos laborales, economías regionales y empleo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha una ofensiva política de alcance federal para frenar el tratamiento acelerado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En los últimos días, la central obrera profundizó contactos con gobernadores y senadores considerados clave, con un objetivo preciso: evitar que el proyecto sea debatido durante el período de sesiones extraordinarias y forzar su análisis a partir del 1 de marzo, cuando se inicien las ordinarias.

Desde la conducción sindical advierten que el oficialismo busca una aprobación rápida, sin debate profundo ni participación de los sectores involucrados. Así lo expresó el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien cuestionó públicamente la intención de discutir la reforma “entre gallos y medianoche” durante las extraordinarias. En declaraciones radiales, el dirigente fue contundente al señalar que se trata de un texto “pobre desde el punto de vista técnico” y alejado del objetivo declarado de modernizar las relaciones laborales.

Según la mirada sindical, el proyecto no sólo no promueve empleo genuino ni inversión productiva, sino que además implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector empleador. “Está muy lejos de ayudar a las pymes y de generar trabajo estable”, subrayó Sola, al tiempo que defendió el derecho de los trabajadores a conservar conquistas históricas.

La estrategia de la CGT combina gestiones políticas directas y construcción de consensos en las provincias. “Hemos mantenido numerosas reuniones con quienes hoy tienen la responsabilidad de definir si esta ley va a cambiar el futuro de los trabajadores”, explicó el dirigente, en referencia al rol central que jugarán los gobernadores y el Senado en la definición del trámite legislativo.

Advertencias y presión política

El mensaje se refuerza desde otros sectores de la conducción cegetista. Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, advirtió que lo que está en discusión “es el futuro de la Argentina” y denunció que la iniciativa fue elaborada por estudios jurídicos ligados a grandes corporaciones, sin contemplar beneficios reales para las pymes ni para el mercado laboral. Además, alertó sobre el impacto negativo en el financiamiento de obras sociales, el sistema previsional y las economías regionales.

Por su parte, Octavio Argüello, referente de Camioneros, cuestionó la falta de convocatoria del Poder Ejecutivo al diálogo social y anticipó que la CGT dará la discusión “en todos los ámbitos necesarios” para frenar la reforma. Entre las opciones mencionó el plano institucional, judicial y también la movilización en la calle, al considerar que el proyecto favorece a multinacionales sin crear empleo genuino.

En este sentido, la central obrera asegura contar con propuestas técnicas alternativas y busca que gobernadores y senadores dimensionen el alcance real de la iniciativa antes de avalar su tratamiento exprés.

Con una ofensiva coordinada que combina diálogo político, presión institucional y advertencias públicas, la CGT apuesta a ganar tiempo y bloquear el avance acelerado de la reforma laboral. El objetivo inmediato es claro: sacar el proyecto de las sesiones extraordinarias, abrir un debate profundo en el período ordinario y, en el mejor de los escenarios para el sindicalismo, modificar sustancialmente o desactivar una iniciativa que consideran regresiva. En ese tablero, gobernadores y senadores aparecen como piezas clave de una disputa que promete escalar en las próximas semanas.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió un paro general con movilización al Congreso el día en que el Senado trate la reforma laboral. Los gremios advirtieron que la medida será parte de un plan de lucha más amplio y apuntó contra los gobernadores que respalden el proyecto del Gobierno nacional.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei escaló un nuevo peldaño en el frente gremial. Los Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvió convocar a un paro general con movilización masiva al Congreso el día en que el proyecto sea tratado en el Senado, y evalúa anticipar medidas de fuerza en las provincias durante los primeros días de febrero.

La definición surgió tras una extensa jornada de debate realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde confluyeron sindicatos estatales, gremios de empresas públicas, jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos. El encuentro dejó un mensaje político claro: la reforma no solo afecta al sector privado, sino que impacta de lleno en el Estado y en los derechos históricos de los trabajadores públicos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga general es ineludible, pero advirtió que no puede ser una acción aislada.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de salir a la calle antes del debate parlamentario y de ejercer presión directa sobre los gobernadores que acompañen la iniciativa oficial. ATE evalúa establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en aquellas provincias cuyos mandatarios se muestren funcionales a la estrategia del Ejecutivo nacional.

El foco sobre los gobernadores y el rol del Congreso

Aguiar fue especialmente crítico de las gestiones políticas que el ministro del Interior, Diego Santilli, viene desarrollando con autoridades provinciales para garantizar el respaldo legislativo. Según el titular de ATE, esas reuniones dejan en evidencia que el Gobierno depende del aval de los gobernadores para avanzar con la reforma.

“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

Desde el frente sindical sostienen que la reforma apunta a debilitar la protección laboral y ampliar el poder de los empleadores, generando un retroceso estructural en las condiciones de trabajo.
“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, remarcó Aguiar.

Un impacto directo sobre el sector público

Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la afectación directa al sector público, a contramano del discurso oficial que intenta limitar el alcance de la reforma al ámbito privado. ATE advirtió que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, normativa que el proyecto pretende modificar.

Entre las dependencias alcanzadas se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, el Hospital Garrahan, la Administración General de Puertos, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, DGI y Aduana, entre otras.

Además, los gremios denunciaron que la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo busca perpetuar el fraude laboral en el Estado nacional, las provincias y los municipios, consolidando esquemas de precarización.

Alerta por la reforma del fuero laboral

Otro punto crítico es el artículo 79 del proyecto, que modifica la Ley 18.345 y traslada los conflictos laborales que involucren al Estado Nacional desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo. Para el frente sindical, este cambio implica un debilitamiento sustancial de las garantías judiciales de los trabajadores.

Desde ATE interpretan que esta modificación no es técnica, sino política: busca reducir la capacidad de defensa de los empleados estatales frente a despidos, sanciones y conflictos laborales.

Unidad sindical y advertencia política

La convocatoria reunió a gremios de la salud, la justicia, la energía, las telecomunicaciones, los puertos, la vialidad, los jerárquicos bancarios, docentes e investigadores universitarios, además de organizaciones de jubilados y referentes del derecho laboral. Aguiar adelantó que el mandato surgido del encuentro será llevado a la reunión con sindicatos de la CGT que se realizará en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Con la convocatoria al paro general y la amenaza de protestas anticipadas en las provincias, el movimiento sindical estatal decidió pasar a una fase de confrontación abierta frente a la reforma laboral. La estrategia combina presión parlamentaria, movilización callejera y un mensaje directo a los gobernadores, a quienes responsabiliza por el avance del proyecto.
En un escenario de alta conflictividad social, la definición del Frente de Sindicatos Estatales anticipa que el debate en el Senado no solo será legislativo, sino también político y social, con el movimiento obrero decidido a ocupar el centro de la escena como límite activo a la flexibilización laboral.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales cuestionó el bono de $50.000 y el aumento del 2% dispuesto por la Secretaría de Políticas Universitarias sin negociación previa. Denunció una nueva avanzada contra el salario NODOCENTE y advirtió sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto salarial en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio de tirantez. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) rechazó de manera categórica el aumento salarial dispuesto de forma unilateral por el Gobierno nacional y reclamó la reapertura urgente de la negociación paritaria para las y los trabajadores NODOCENTES.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias enviara un instructivo que establece, sin acuerdo previo con los gremios, un bono remunerativo no bonificable de $50.000 por única vez, a pagar desde diciembre, y un incremento del 2% en los salarios a partir de diciembre de 2025. Desde FATUN calificaron la medida como una decisión “intempestiva, autoritaria y carente de toda instancia de diálogo”.

La federación, que conduce Walter Merkis, sostuvo que la política salarial del Ejecutivo vuelve a desconocer el ámbito paritario, vulnerando no solo los derechos de los trabajadores sino también las reglas básicas del sistema democrático de negociación colectiva.

“No vamos a aceptar aumentos impuestos”

Desde la organización sindical fueron enfáticos al advertir que no convalidarán nuevas imposiciones salariales sin debate ni fundamentos económicos reales.
“No vamos a aceptar nuevamente aumentos sin paritarias y sin argumentos lógicos, cuyo único objetivo es ajustar a las y los trabajadores universitarios para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, señalaron en un duro comunicado.

Para el colectivo NODOCENTE, el deterioro del salario no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de ajuste más amplia que impacta de lleno sobre el sistema universitario público, afectando tanto las condiciones laborales como el normal funcionamiento de las instituciones.

Universidades públicas, un valor social irrenunciable

En su pronunciamiento, FATUN recordó que las Universidades Nacionales constituyen un valor estratégico e irrenunciable para la sociedad argentina, algo que —según remarcaron— quedó demostrado en las masivas Marchas Universitarias Federales realizadas en todo el país durante el último tiempo.

En ese marco, el gremio subrayó que la defensa del salario NODOCENTE forma parte de una defensa más amplia de la universidad pública, gratuita y de calidad. “La Argentina es un país democrático, con instituciones que deben ser respetadas, valoradas y financiadas”, enfatizaron, al tiempo que reiteraron la exigencia de reabrir de inmediato las paritarias.

Denuncia por violación de la Ley de Financiamiento Universitario

La federación sindical también advirtió que el Gobierno nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, una norma consensuada en el Congreso que establece criterios claros para garantizar el sostenimiento del sistema.

Desde FATUN señalaron que esta conducta se inscribe en una lógica más amplia que incluye el impulso de una reforma laboral que, de aprobarse, “significaría un retroceso a épocas coloniales y de surgimiento del Estado-Nación”, con una pérdida sustancial de derechos laborales.