¡CONFIRMADO! Paro nacional docente el 24 de Febrero y 5 de Marzo
Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaron dos días de paro nacional, el 24 de febrero y el 5 de marzo, en respuesta a la falta de convocatoria del gobierno de Javier Milei a la paritaria nacional docente. Esta medida afectará el inicio del ciclo lectivo 2025 y ha sido definida por las conducciones de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
Reclamos y Demandas
Los gremios docentes reclaman la convocatoria a la paritaria nacional para definir el nuevo piso salarial del sector, así como la restitución del fondo de incentivo docente (FONID). También critican la gestión ineficiente del gobierno y la falta de inversión en la educación.
Sergio Romero, titular de la UDA y secretario de educación de la CGT, habló de una crisis salarial en el sector, donde el sueldo mínimo «queda sepultado en 420 mil pesos desde agosto del año pasado», dejando a muchos docentes «por debajo de la línea de indigencia».
En tanto la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), liderada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se reunirá para definir un plan de acción en respuesta a la situación.
Los paros se concretarán este lunes 24 de febrero y el miércoles 5 de marzo; las dos fechas previstas para el inicio del ciclo lectivo en los niveles inicial, primario y secundario.
Según un relevamiento efectuado por UDA, el ranking de los salarios mínimos docentes en el mes de enero pasado en todo el país es el siguiente: Catamarca, $420.000; Santiago del Estero, $450.000; La Rioja, $450.000; Misiones, $521.904; Formosa, $540.000; Salta, $540.672; Chubut, $544.808; provincia de Buenos Aires, $553.075; Entre Ríos, $563.000; Mendoza, $570.000; Chaco, $592.000; San Luis, $623.546; Jujuy, $625.000; Corrientes, $635.000; Santa Fe, $633.137; CABA, $673.000; Córdoba, $755.000; Tierra del Fuego, $804.338; Santa Cruz, $840.000, y Río Negro $931.186.
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ATE postergó la protesta en 27 aeropuertos tras la intimación del Gobierno
El gremio suspendió las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en 27 aeropuertos, luego de que la Secretaría de Trabajo intimara a garantizar el 75% de los servicios. Si no hay acuerdo en la audiencia laboral, el sindicato advirtió que retomará la protesta desde el lunes 7 de septiembre.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían previsto para este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país. La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, aguarda ahora una audiencia con la Secretaría de Trabajo para definir cómo se aplicarán los servicios mínimos establecidos para la actividad aeronáutica.
La decisión se produjo después de que el Gobierno nacional intimara a ATE a garantizar el 75% de la prestación durante una eventual medida de fuerza. La notificación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que reclamó el cumplimiento del régimen vigente para los servicios considerados esenciales.
Aguiar confirmó la suspensión y sostuvo que el sindicato actuó para facilitar una instancia de negociación. “Nadie nos puede acusar de ser irrazonables”, afirmó, al señalar que ATE siempre contempló la prestación de servicios esenciales. Según el dirigente, la audiencia permitirá establecer de común acuerdo los alcances de la esencialidad y la modalidad de la protesta.
El conflicto tiene como origen los reclamos de los trabajadores de ANAC por el cumplimiento de acuerdos paritarios y mejoras en las condiciones laborales. La medida inicialmente anunciada contemplaba asambleas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en los aeropuertos alcanzados.
Durante esas jornadas, ATE había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales. El gremio había advertido que eventuales demoras o cancelaciones no serían responsabilidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno por no haber respondido a sus demandas pese a la anticipación con que fueron comunicadas.
La intimación oficial se apoyó en las disposiciones de la denominada Ley de Modernización Laboral, que fija un piso del 75% para determinados servicios considerados esenciales durante una huelga. Entre ellos figura el transporte aéreo y la actividad aeronáutica, además de otras prestaciones vinculadas con salud, saneamiento, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios portuarios y seguridad.
ATE sostiene, en cambio, que el derecho de huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que históricamente garantizó prestaciones mínimas para evitar riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad. Aguiar reclamó una audiencia urgente para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta y cuestionó que el Gobierno invoque la esencialidad principalmente cuando los trabajadores realizan medidas de fuerza.
La tregua será, por ahora, de corto alcance. Si la audiencia no se concreta o fracasa la instancia de diálogo, ATE anunció que retomará las medidas desde el lunes 7 de septiembre, con nuevas asambleas en los aeropuertos. La negociación laboral será entonces determinante para evitar que el conflicto vuelva a impactar sobre la programación de vuelos en todo el país.
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Dos victorias consecutivas fortalecen a Vázques en la UTA San Juan
La Lista A se impuso en las tres sedes de El Triunfo y obtuvo 76 votos, contra 46 de la Lista B y 17 de la Lista C. El resultado fortalece al espacio de Diego Vázques a poco más de un mes de la elección provincial del gremio.
La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan sumó este miércoles un nuevo resultado favorable para la oposición. La Lista A ganó la elección de delegados en la empresa El Triunfo y se impuso en sus tres establecimientos de la provincia: Capital, Caucete y Casuarinas, en 25 de Mayo.
El recuento arrojó 76 votos para la nómina opositora, mientras que la Lista B reunió 46 sufragios y la Lista C alcanzó 17. Ambas listas derrotadas están vinculadas con el oficialismo gremial. La diferencia le permitió a la Lista A quedarse con la representación de los trabajadores de la empresa.
Los nuevos delegados serán Carlos Frau, Gustavo Gavia, Rubén López, Elías Núñez, Oscar Molina y Mario González. Su elección adquiere relevancia dentro de la disputa provincial porque constituye una referencia concreta sobre la adhesión que cada espacio consigue entre los trabajadores del transporte.
El resultado se suma al obtenido días atrás en la empresa Albardón, donde la nómina identificada con Diego Vázques también había derrotado al oficialismo. En aquella votación, la oposición consiguió 126 votos contra 74 de la lista celeste y blanca, sobre 201 sufragios emitidos y un voto impugnado.
Con dos logros favorables consecutivos en empresas de transporte, el espacio de Vázques llega fortalecido a la recta previa de los comicios provinciales. Sin embargo, la definición de octubre tendrá una dimensión mayor y pondrá en juego la conducción de toda la seccional sanjuanina.
La elección general de la UTA está prevista para el 7 y 8 de octubre. Vázques competirá por la conducción provincial frente al oficialismo encabezado por Héctor Maldonado, en una contienda que determinará la conducción del gremio para el próximo período.
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San Juan cambia las reglas para taxis, remises y plataformas digitales
El Gobierno provincial prueba una nueva plataforma para centralizar la inscripción de conductores y vehículos de transporte de pasajeros. El sistema podría habilitarse durante la primera quincena de septiembre y alcanzará también a quienes trabajen mediante aplicaciones como Uber y DiDi.
La herramienta permitirá realizar los trámites de manera virtual, sin necesidad de concurrir a dependencias públicas. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que el acceso será sencillo y que posiblemente se utilizará la contraseña de CIDI (Ciudadano Digital). El registro tendrá dos componentes: uno destinado a los conductores y otro a los vehículos.
Actualmente se desarrollan pruebas piloto para verificar el funcionamiento de la plataforma antes de su habilitación definitiva. Palma señaló que el desarrollo se encuentra “muy avanzado” y que esta etapa permitirá determinar si reúne las condiciones necesarias para comenzar a recibir trámites.
La digitalización forma parte de la puesta en marcha de la nueva Ley de Transporte y de su reglamentación, publicada en el Boletín Oficial. Uno de los cambios centrales es el reemplazo del antiguo esquema de licencias cerradas y cupos administrados por el Registro de Transporte de la Provincia (REPROT) por un padrón abierto y permanente.
Quienes ya trabajan como taxistas o remiseros bajo el régimen anterior no perderán automáticamente su habilitación. El Ministerio de Gobierno prevé migrar la información existente y requerirá que los prestadores registrados ingresen al nuevo sistema para ratificar su voluntad de continuar.
La reforma también incorpora formalmente a las plataformas digitales. Servicios como Uber y DiDi quedan contemplados dentro de la regulación provincial bajo la figura de servicios de contactabilidad, con requisitos comunes para quienes transporten pasajeros.
Tanto los conductores tradicionales como los vinculados a aplicaciones deberán contar con licencia profesional, seguro específico para transporte de pasajeros y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente. A esas exigencias se suma una herramienta destinada a reforzar la seguridad del usuario: cada vehículo habilitado deberá exhibir un certificado con código QR.
El mecanismo permitirá al pasajero consultar antes de iniciar el viaje si tanto el automóvil como el conductor se encuentran registrados y habilitados. Los vehículos destinados al transporte de personas que no figuren en el padrón obligatorio serán considerados ilegales y quedarán sujetos a las sanciones previstas por la normativa.
El lanzamiento del registro será uno de los primeros pasos visibles de la nueva regulación. El objetivo oficial es reemplazar trámites dispersos por un sistema único de inscripción, facilitar la actualización de documentación y mejorar los mecanismos de fiscalización sobre un servicio que ahora incorpora, bajo una misma normativa, a taxis, remises y plataformas digitales.
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