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La reciente promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda $Libra ha desencadenado una serie de reacciones y cuestionamientos, especialmente de la CGT, que denunció una «grave irresponsabilidad institucional». En un contexto donde el fenómeno de las criptomonedas sigue siendo un terreno incierto para muchos, la implicancia de este episodio podría ir más allá de un simple error de comunicación.

En la última semana, el mandatario argentino Javier Milei se vio envuelto en una controversia tras la promoción de una criptomoneda, $Libra, en sus redes sociales. Un activo digital que fue inicialmente presentado como una herramienta prometedora para incentivar el crecimiento económico de la Argentina.

Sin embargo, la realidad de este supuesto «instrumento de desarrollo» pronto se reveló como una de las estafas más sonadas en el ámbito de las criptomonedas. Especialistas del sector, tanto locales como internacionales, no tardaron en calificar a $Libra como una «shitcoin», un término despectivo utilizado para describir criptomonedas sin valor o sustancia alguna, diseñadas solo para el enriquecimiento de unos pocos. Los informes iniciales revelaron que el activo digital no contaba con el respaldo adecuado, y resultó ser una maniobra financiera que dejó a miles de inversores en la ruina.

La CGT no tardó en manifestarse, acusando al presidente de «grave irresponsabilidad institucional», al considerar que el respaldo de Milei a una criptomoneda que rápidamente se transformó en una estafa pone en riesgo la confianza de los ciudadanos, especialmente en un país que atraviesa una crisis económica constante.

El comunicado de la central sindical enfatizó que, aunque el presidente pidió disculpas públicamente tras el escándalo, estas disculpas no son suficientes para el nivel de impacto económico y político que este incidente podría acarrear. El respaldo de una figura de su jerarquía a una inversión tan cuestionable pone en evidencia una falta de rigor y responsabilidad institucional, más aún en un contexto donde la economía argentina se encuentra en una encrucijada peligrosa. La crítica de la CGT va más allá de la simple gestión del error, buscando un análisis exhaustivo sobre los motivos que llevaron a Milei a difundir y apoyar la criptomoneda en primer lugar.

La CGT exige, por tanto, un «esclarecimiento total» sobre los hechos, considerando que la acción de promover una criptomoneda sin un sustento real, especialmente por parte del presidente, podría generar efectos económicos nocivos a largo plazo, minando la confianza tanto de los inversores nacionales como internacionales. La reacción sindical no solo hace hincapié en la implicancia ética de respaldar una moneda sin valor, sino también en los posibles efectos sobre la política económica de un gobierno que ya se enfrenta a una situación compleja.

Este episodio no puede ser analizado únicamente como un tropiezo en la comunicación de un mandatario. La involucración de una figura de tan alto perfil en la promoción de una criptomoneda, que rápidamente pasó de ser una promesa de crecimiento económico a una estafa multimillonaria, refleja una serie de falencias dentro de la gestión política del presidente Javier Milei. En primer lugar, la falta de asesoramiento adecuado o de un filtro riguroso que verifique la viabilidad y legalidad de los proyectos que se promueven desde el Ejecutivo es alarmante. Por otro lado, el impacto que este episodio podría tener en la credibilidad del presidente y, por extensión, en la confianza del mercado en su capacidad para gestionar políticas económicas serias y coherentes, es un riesgo considerable.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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