La interrupción comenzó a las 14:52 por la desconexión de las líneas de 500 y 220 kV entre Mendoza y San Juan. Un incendio próximo a la Estación Transformadora Gran Mendoza alteró las condiciones de aislamiento de la línea de extra alta tensión. La recuperación comenzó a las 15:10 y la totalidad de la demanda provincial quedó restablecida a las 16:52.

La presencia de humo y las elevadas temperaturas generadas por el fuego pueden modificar las condiciones de aislamiento del aire alrededor de los conductores eléctricos. Esa alteración puede producir una descarga entre conductores o hacia tierra y activar las protecciones automáticas destinadas a preservar las instalaciones y evitar daños mayores.

La desconexión preventiva dejó fuera de servicio la alimentación principal de San Juan y provocó la interrupción total de la demanda provincial. El sistema comenzó a recuperar capacidad desde las 15:10, cuando fue posible restablecer la vinculación mediante la línea de 220 kV.

A partir de ese momento, la reposición del suministro se produjo de manera progresiva, mientras los equipos técnicos trabajaban sobre la recuperación de la red. La normalización avanzó durante la tarde hasta alcanzar nuevamente la totalidad de la demanda.

El restablecimiento completo quedó registrado a las 16:52, aproximadamente cuatro horas después del inicio del evento. De esta manera, todos los usuarios volvieron a contar con el servicio eléctrico una vez recuperada la alimentación del sistema provincial.

El episodio volvió a mostrar la importancia de las líneas de extra alta tensión que vinculan a San Juan con el sistema eléctrico regional. La provincia depende de esa infraestructura para recibir parte de la energía que abastece su demanda y cualquier contingencia en los corredores de interconexión puede repercutir de manera inmediata sobre el suministro local.

El informe difundido tras el apagón tiene carácter preliminar. Los organismos y empresas involucrados continúan analizando las condiciones en las que se produjo la desconexión para establecer con precisión la secuencia técnica del evento y determinar si existieron otros factores asociados a la falla.

Un corte de electricidad afectó este miércoles a distintos puntos de San Juan como consecuencia de una contingencia en las líneas que vinculan a la provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El EPRE informó que la interrupción involucró los enlaces de 220 kV y 500 kV provenientes de Mendoza.

La normalización del servicio eléctrico provincial se ejecutó de forma escalonada. Inicialmente, se reactivó el sistema de 220 kV para iniciar la recuperación gradual de la carga afectada; posteriormente, la restitución del vínculo de 500 kV completó la estabilización total del suministro.

Las instalaciones de transporte involucradas son operadas y mantenidas por DISTROCUYO S.A. y TRANSENER S.A., responsables de los respectivos vínculos de alta tensión que conectan San Juan con el SADI.

El organismo regulador aclaró que todavía no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia. El EPRE aguarda los informes técnicos de ambas empresas para establecer qué ocurrió, en qué punto se originó la falla y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la interrupción.

El EPRE continuará monitoreando la red y anticipó que difundirá nueva información cuando disponga de los informes técnicos correspondientes. Hasta entonces, el organismo mantiene abierta la investigación sobre el origen de la contingencia.

Las elecciones nacionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales y fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre.

La resolución, firmada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, cuestionó distintos aspectos del proceso electoral. Entre ellos aparecen inconsistencias en el padrón, la distribución de los electores en las mesas y la oficialización de candidaturas. El tribunal concluyó que, bajo esas condiciones, los comicios no podían celebrarse válidamente en las fechas originalmente previstas.

Uno de los principales puntos observados fue el padrón. La Justicia identificó 2.870 exclusiones realizadas entre junio y agosto bajo la causal genérica de “cese laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación. También dispuso controles adicionales sobre altas y bajas de afiliados y ordenó verificar documentación antes de resolver futuras impugnaciones.

La Cámara también revisó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas. Para la nueva elección estableció un máximo de 600 votantes por mesa, además de contemplar una urna complementaria para determinados votos observados y mecanismos de verificación de información ante organismos como RENAPER y ARCA.

El nuevo proceso tendrá, además, fiscalización judicial permanente. El abogado laboralista Matías Cremonte fue designado veedor y podrá acceder a registros, bases de datos y documentación vinculada con la organización de los comicios. La Junta Electoral Central y las juntas locales continuarán en funciones, aunque bajo ese control.

La causa se inició a partir de una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, contra la UTA y su Junta Electoral. El fallo también permitirá revisar la situación de listas opositoras que habían quedado excluidas en distintas seccionales.

La postergación modifica el calendario de una elección atravesada por una fuerte disputa interna. El oficialismo, representado por la Lista Celeste y Blanca, impulsa nuevamente a Roberto Fernández, mientras que entre los espacios opositores aparecen la Lista Negra de Escriba, la Lista Marrón de Alberto Patiño y la Lista Bordó de Claudio Gómez.

Desde la conducción de la UTA manifestaron su respeto por la resolución judicial, aunque cuestionaron su contenido y atribuyeron la postergación a una estrategia de judicialización de la disputa interna. Esas acusaciones forman parte de la posición del oficialismo y no constituyen una conclusión establecida por el tribunal.

Según el nuevo cronograma, las listas definitivas deberán oficializarse antes del 30 de octubre y las mesas quedarán definidas el 1° de diciembre. En tanto, el escrutinio definitivo y la proclamación de autoridades tendrán que completarse antes del 29 de diciembre.