El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que La Libertad Avanza no tendría hoy los votos necesarios para eliminar las PASO y defendió su continuidad. Mientras negocia una eventual alianza con el oficialismo, el partido de Mauricio Macri ratificó que pretende competir con una candidatura propia en 2027.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa una etapa de negociación en la que el respaldo parlamentario al Gobierno no implica, por ahora, un acuerdo electoral. El macrismo comenzó a marcar sus propias condiciones de cara a 2027 y anticipó dos posiciones centrales: preservar las PASO y presentar una candidatura presidencial propia.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, consideró que el oficialismo tendrá dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “En el Senado no hay mayorías para eliminarlas”, sostuvo, al anticipar que la reforma política requerirá una negociación amplia cuando llegue al debate en comisión.

La postura fue ratificada dentro de la conducción partidaria. Goerling defendió la continuidad de las primarias y cuestionó que el sistema electoral sea modificado cada dos años. Para el dirigente, cualquier reforma de ese alcance debería surgir de un acuerdo político y no de una decisión coyuntural.

El planteo adquiere relevancia porque la eliminación de las PASO forma parte de las iniciativas que el oficialismo pretende impulsar dentro de su reforma política. Sin embargo, el Gobierno necesitará construir consensos en ambas cámaras para modificar las reglas electorales.

Con este cuadro, el PRO busca evitar que las conversaciones con La Libertad Avanza terminen diluyendo su identidad. Goerling afirmó que el partido debe reconstruirse y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato propio, aunque reconoció que todavía no existe una definición sobre quién encabezaría esa boleta.

En esa discusión, Mauricio Macri conserva un lugar central. El senador lo definió como “el mejor candidato” que podría presentar el PRO, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si el expresidente decide no competir, la fuerza deba encontrar otra alternativa.

La eventual alianza con el oficialismo tampoco aparece cerrada. Goerling relativizó la importancia de las recientes reuniones entre dirigentes de ambos espacios y consideró prematuro hablar de un acuerdo electoral cuando todavía falta más de un año para los comicios y ni siquiera está definido el sistema que regirá la elección.

El PRO mantiene, mientras tanto, su respaldo parlamentario al Gobierno. La posición expresada por Goerling combina apoyo a las iniciativas que considera necesarias con diferencias frente a determinadas propuestas de La Libertad Avanza.

La discusión sobre las PASO funciona así como una primera señal de autonomía política. Mientras el oficialismo busca consolidar una estructura electoral propia para 2027, el PRO procura preservar capacidad de negociación, identidad partidaria y una candidatura competitiva antes de resolver si habrá una alianza.

El dato político de fondo es que la relación entre ambos espacios todavía transita por dos carriles diferentes: cooperación legislativa en el presente y competencia por el liderazgo opositor y oficialista de cara a la próxima elección presidencial.

La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.

El Gobierno de San Juan abrirá el 2 de septiembre las ofertas para construir un puesto único de control sobre la Ruta Nacional 40. La obra permitirá eliminar el puesto de San Carlos y concentrar en una misma infraestructura las verificaciones de ambas provincias, con lectura de patentes y reconocimiento facial.

San Juan y Mendoza avanzan hacia una modificación sustancial del sistema de controles sobre la Ruta Nacional 40. El Ejecutivo sanjuanino abrirá el próximo 2 de septiembre los sobres de la licitación para construir un puesto unificado que reemplazará los controles consecutivos que actualmente deben atravesar quienes ingresan o salen de ambas provincias.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que el proyecto se encuentra en su etapa final y que, tras la apertura de las ofertas, comenzará el proceso de evaluación para seleccionar a la empresa que ejecutará los trabajos. La posterior adjudicación será el paso necesario para iniciar la obra.

La iniciativa surgió de un acuerdo firmado en 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, orientado a fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre San Juan, Mendoza y San Luis. Posteriormente, San Juan y Mendoza suscribieron un convenio específico que estableció cinco etapas para concretar el nuevo sistema. La licitación constituye la última instancia de ese proceso.

El proyecto contempla la eliminación del puesto de San Carlos y la modificación del control ubicado actualmente en territorio mendocino. Ambos serán reemplazados por una infraestructura común, equipada con cabinas para los ingresos y egresos y espacios destinados a las distintas verificaciones.

La distribución de responsabilidades también quedará definida. Mendoza controlará las salidas de San Juan, mientras que San Juan tendrá a su cargo los ingresos a la provincia. De esta manera, los conductores podrán completar las verificaciones de ambas jurisdicciones en una única detención.

El nuevo puesto permitirá centralizar controles sobre personas, vehículos, patentes, cargas y transporte. Además, incorporará lectores automáticos de matrículas y sistemas de reconocimiento facial, herramientas destinadas tanto a agilizar el tránsito como a reforzar la identificación de quienes circulan por uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

Delgado estimó que, si el proceso de licitación y adjudicación avanza de acuerdo con los plazos previstos, el control podría comenzar a operar antes de finalizar 2026. “Esperemos que antes del fin de año este control unificado ya sea una realidad”, señaló el funcionario.

La experiencia también podría extenderse al límite con San Luis. San Juan analiza avanzar hacia un mecanismo similar para concentrar los controles en un único punto, aunque todavía no existe un convenio específico entre ambas provincias. Esa alternativa deberá ser acordada por Orrego y Poggi una vez concluida la implementación del sistema con Mendoza.

La obra representa un cambio tanto operativo como tecnológico para uno de los corredores más importantes de la región. La eliminación de controles duplicados busca reducir demoras para transportistas y particulares, mientras la incorporación de herramientas digitales permitirá fortalecer las tareas de seguridad y fiscalización.

La apertura de sobres del 2 de septiembre marcará así el inicio de la etapa decisiva para convertir el acuerdo interprovincial en una infraestructura concreta sobre la Ruta 40.