El frente sindical que nuclea a los trabajadores del PAMI resolvió reanudar las medidas de fuerza luego de considerar “inaceptable” la oferta del Gobierno, que propuso incrementos menores al 1% mensual hasta fin de año. Con un año de salarios congelados, los gremios convocan a asambleas y ceses de actividades desde el lunes, mientras el Ejecutivo anuncia un préstamo de 500 millones de dólares del BID destinado a “fortalecer” el organismo.

El conflicto salarial en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve al centro de la escena. Tras una oferta oficial que los gremios calificaron de “irrisoria”, el frente sindical que representa a los trabajadores del organismo estatal decidió reanudar su plan de lucha nacional con medidas de fuerza escalonadas durante toda la próxima semana.

La negociación paritaria, convocada por el Gobierno nacional luego de casi un año de inactividad, terminó en un nuevo punto muerto. La propuesta consistió en un aumento de apenas 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, cifras que los sindicatos consideran simbólicas y alejadas de la inflación acumulada.

La oferta fue rechazada unánimemente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI). En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que el aumento “no guarda relación alguna con la pérdida salarial acumulada ni con la responsabilidad de quienes sostienen el funcionamiento de la mayor obra social de la Argentina”.

“La unidad de los trabajadores es el camino”, señalaron los gremios, convocando a una serie de medidas que comenzarán el lunes 27 de octubre con asambleas generales en todas las sedes del país a partir del mediodía. El martes habrá un cese de actividades de 12 a 14, mientras que el miércoles la interrupción se extenderá de 11 a 14. El jueves, los trabajadores cesarán tareas desde las 12 y se concentrarán en el edificio central de la calle Corrientes 655 para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.

El frente sindical no descarta nuevas medidas de mayor impacto si el Ejecutivo no presenta una propuesta superadora. Desde septiembre, los trabajadores del PAMI vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó tres jornadas de paro nacional y asambleas informativas en todo el país.

Un conflicto que se profundiza

El reclamo salarial en el PAMI se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector público. Según fuentes gremiales, el personal lleva más de doce meses sin actualización salarial, mientras la inflación interanual supera ampliamente el 180%. “El personal del PAMI sostiene con su esfuerzo una institución esencial para los jubilados, pero el Gobierno responde con aumentos simbólicos que no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos”, sostuvieron desde ATE.

El malestar, aseguran los dirigentes, no se limita al aspecto salarial. Se denuncia también la falta de personal, el atraso en los pagos a prestadores y la creciente sobrecarga de tareas administrativas derivada del ajuste presupuestario. En paralelo, la conducción del organismo enfrenta cuestionamientos por la lentitud en la ejecución de programas de asistencia y por el retraso en las prestaciones médicas y de cuidado domiciliario.

Un préstamo millonario bajo la lupa

Mientras el conflicto gremial se intensifica, el Gobierno anunció la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a “fortalecer la gestión y los servicios” del PAMI.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato de financiamiento, sujeto aún a la aprobación final del Directorio del BID. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el programa apunta a mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a modernizar los sistemas de atención.

Entre los objetivos específicos, el documento menciona la ampliación de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedades renales, junto con la reducción de tiempos de espera en cirugías oncológicas. El préstamo prevé un plazo de amortización de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, vinculado al costo de financiamiento de la Reserva Federal estadounidense.

No obstante, la coincidencia temporal entre el anuncio del crédito internacional y la oferta salarial “testimonial” fue interpretada por los gremios como un gesto de insensibilidad política. “El Gobierno gestiona un préstamo de medio billón de dólares mientras ofrece menos del 1% a los trabajadores que sostienen la estructura del PAMI. Es una contradicción difícil de justificar”, remarcaron fuentes sindicales.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, advirtió que el Gobierno Nacional incurre en un incumplimiento inédito al suspender la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada por el Congreso. Gremios, universidades y la FUA avanzan con acciones judiciales y no descartan un plan de lucha nacional si el Ejecutivo no rectifica su postura.

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno Nacional suma un nuevo capítulo de tensión institucional. Luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a su sanción formal, los gremios docentes y el sistema universitario decidieron acudir a la Justicia para exigir su cumplimiento efectivo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de ADICUS, calificó la decisión del Gobierno como una “burla institucional”. “El Congreso obliga al Ejecutivo a sancionar la ley, y el Gobierno la suspende en el mismo acto. Es algo sin precedentes en democracia”, expresó.

Barcelona explicó que el frente sindical universitario, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las autoridades académicas, impulsará una presentación judicial conjunta. “Vamos a acompañar la demanda para que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir la ley y garantice los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades”, señaló.

En este sentido, los gremios reclamarán la reapertura de las paritarias y la recomposición salarial de docentes e investigadores, cuyos ingresos se encuentran fuertemente deteriorados. “El Ejecutivo tiene la obligación de convocar a paritarias y no lo hace. Además de incumplir la ley, desconoce los derechos laborales básicos del sector universitario”, sostuvo el dirigente.

Barcelona adelantó que el frente sindical se reunirá en plenario nacional durante los próximos días para definir un plan de acción con medidas de fuerza escalonadas, que acompañará el reclamo judicial. “Si la Justicia no actúa rápidamente y el Ejecutivo sigue incumpliendo, el conflicto universitario se va a profundizar”, advirtió.

El referente sindical también remarcó que esta actitud del Gobierno “rompe los consensos institucionales” y afecta directamente a la calidad del sistema universitario. “Es inaudito que un presidente se niegue a cumplir una ley. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia pediátrica y la de discapacidad. El Gobierno dice que suspende las normas hasta definir el presupuesto, pero está gobernando con el presupuesto prorrogado de 2022. Es una contradicción absoluta”, enfatizó.

La falta de financiamiento, añadió, golpea de lleno en el día a día de las universidades nacionales. “Hoy se está trabajando con lo mínimo: pagar luz, agua y gas. Pero los programas de investigación, los proyectos de campo, los incentivos docentes y las tareas de extensión están siendo recortados o suspendidos. Muchos docentes se van, y cuesta cubrir los cargos vacantes”, detalló.

El congelamiento de fondos también afecta al CONICET y a los colegios preuniversitarios, donde se resienten las becas y los programas de estímulo. Para Barcelona, el objetivo del ajuste es claro: “Este desfinanciamiento ataca la autonomía universitaria y busca disciplinar a las instituciones”.

En ese marco, el dirigente de ADICUS subrayó la importancia del rol ciudadano en defensa del sistema público de educación superior. “El Gobierno busca ganar tiempo hasta que cambie la composición del Congreso. Por eso llamamos a la sociedad a sostener la universidad pública, porque está en juego un modelo de país”, concluyó.

Más de 500 dirigentas de 34 gremios participaron de un encuentro nacional en el que reclamaron la incorporación femenina al triunvirato de la CGT. Con el respaldo de los principales referentes sindicales, las trabajadoras impulsan una agenda que busca traducir en poder real la creciente participación de las mujeres en la estructura gremial.

En una jornada que podría marcar un antes y un después en la historia del sindicalismo argentino, la Mesa de Mujeres de la CGT reunió a más de quinientas dirigentas de 34 gremios en un encuentro que combinó militancia, debate y organización política. El reclamo fue claro y contundente: una mujer en el triunvirato que conduce la central obrera.

Durante el acto, se presentó la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, un documento que plantea la necesidad de garantizar una representación femenina proporcional en todos los niveles de decisión. El texto, producto de un consenso transversal, sostiene que la paridad no debe ser entendida como una concesión, sino como una consecuencia lógica del protagonismo que las mujeres han construido dentro del movimiento obrero.

“Una mujer en el triunvirato no es un símbolo, es el reconocimiento de una realidad que se organiza todos los días y sostiene la fuerza vital del movimiento obrero”, expresa el documento, que fue leído ante una sala colmada de dirigentas sindicales y referentes de peso en la CGT.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato, quienes acompañaron la convocatoria en señal de apoyo a un proceso que, aunque interno, tiene una fuerte proyección política y social.

Un proceso de construcción colectiva

El avance de las mujeres en la CGT no surgió de un gesto espontáneo, sino de un proceso sostenido de organización que se consolidó tras la reforma del Estatuto en 2021, cuando se incorporó la paridad de género en la conformación del Consejo Directivo. A partir de ese cambio, se desplegó una red de acción que multiplicó espacios de trabajo, encuentros regionales y articulaciones entre gremios.

La co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, definió este momento como el resultado de una construcción legítima:

“Si pedimos estar en los niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro. Somos quienes más sufrimos las políticas neoliberales, pero también las que más trabajamos para revertirlas. Nuestra participación fortalece a la CGT y al país.”

En la misma línea, Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP y miembro del Consejo Directivo, reivindicó la raíz histórica del movimiento:

“Venimos de una tradición que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Este es un día histórico; cuando se cuente esta historia podremos decir que estuvimos acá, siendo protagonistas.”

Por su parte, Vanesa Núñez, dirigente de UTEDYC y co-secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo, destacó el carácter colectivo del proceso:

“El poder que construimos no es patriarcal ni individual; nace del trabajo en red, de cada compañera y de las que nos sostienen. Eva Perón nos enseñó a ejercer el poder mirando la realidad. Cuando llegue una, llegamos todas.”

El desafío de la representatividad

El reclamo por una mujer en el triunvirato no se limita a una demanda simbólica: apunta a redefinir la distribución real del poder dentro del sindicalismo argentino. La CGT, históricamente conducida por hombres, enfrenta hoy el desafío de adecuar su estructura a una composición social donde las mujeres ocupan un rol creciente en el trabajo formal, en la negociación colectiva y en la representación gremial.

El debate interno combina tensiones y aprendizajes. En un contexto económico difícil, con caída del salario real, precarización laboral y reformas en discusión, las dirigentas sostienen que la mirada femenina aporta una agenda más inclusiva, que contempla tanto la defensa del empleo como las condiciones de vida, la equidad y la economía del cuidado.

En la Declaración de las Mujeres Trabajadoras, se afirma que la unidad del movimiento obrero solo será posible si sus estructuras reflejan la pluralidad de quienes lo integran:

“Somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Sostenemos la fuerza, el pensamiento y la estructura del sindicalismo argentino.”