Con tarjetas de hasta 250 mil dólares, casi 500 empresarios y funcionarios participaron del cierre de año de la Fundación Faro, el think tank libertario. La velada dejó una recaudación estimada en 15 millones de dólares y exhibió, sin matices, el alineamiento del poder económico con el proyecto oficial.

El llamado Círculo Rojo volvió a reunirse para dejar un mensaje político inequívoco: el respaldo al presidente Javier Milei no solo se sostiene, sino que se profundiza. El pasado 16 de diciembre, en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, la Fundación Faro —el think tank ideológico de La Libertad Avanza que preside Agustín Laje— organizó su evento de cierre de año con una asistencia récord de empresarios de primera línea, funcionarios nacionales y referentes del establishment.

La postal fue elocuente. Casi 500 invitados, tarjetas individuales valuadas en 40 mil dólares y mesas completas que alcanzaron los 250 mil. El monto final, según reconstrucciones periodísticas, rondó los 15 millones de dólares, una cifra que expresa con crudeza la magnitud del apoyo económico que el sector concentrado decidió volcar sobre el proyecto libertario.
No se trató de una reunión más. Fue una demostración de fuerza, un gesto político y financiero de quienes hace dos años apostaron por Milei y hoy celebran que el programa económico que impulsan desde hace décadas comience a ejecutarse sin mediaciones.

Una noche para ratificar el rumbo

El evento se desarrolló en dos tiempos. Primero, un cóctel al aire libre en el deck del Yacht Club; luego, tras el discurso presidencial, la cena formal. Los anfitriones fueron Georgie, Juan y Patricio “Paddy” Neuss, empresarios con intereses en energía, transporte y servicios públicos. Paddy Neuss, además, está casado con María Blaquier, heredera del grupo Ledesma, uno de los símbolos históricos del poder económico argentino.

El discurso de Milei fue recibido con entusiasmo por un auditorio compuesto mayoritariamente por CEOs y grandes accionistas. Allí, el Presidente volvió a plantear su ya conocida narrativa: el crecimiento económico —según su visión— no llegará de manera homogénea y será cuestionado por la oposición. En su estilo frontal, reafirmó su rechazo a la justicia social, a la que volvió a calificar como “un robo”.

Lejos de incomodar, esas definiciones fueron celebradas. El aplauso cerrado dejó en claro que el público presente se reconoce entre los ganadores del modelo que se está consolidando: un esquema donde la rentabilidad empresaria ocupa el centro y las consecuencias sociales quedan relegadas a un segundo plano.

Funcionarios, CEOs y una mesa común

La organización del evento cuidó cada detalle simbólico. La disposición de las mesas intercaló dirigentes políticos y empresarios, una puesta en escena pensada para exhibir la cercanía entre el sector privado concentrado y los actuales conductores del Estado. La logística estuvo a cargo de Mariana Galante, titular de la Fundación Banco Nación.

Entre los funcionarios presentes se destacaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el exministro Luis Petri. La imagen fue clara: el poder político y el poder económico compartiendo mesa, estrategia y horizonte.

Los nombres del respaldo empresarial

La lista de asistentes expuso la amplitud y profundidad del respaldo empresarial al gobierno libertario. Entre ellos estuvieron Martín y Hugo Eurnekian, sobrinos del titular de Corporación América; Horacio Marín, CEO de YPF; Alejandro Simón, de Sancor Seguros; Martín Cabrales; y Manuel Santos Uribelarrea, de MSU Energy, recientemente beneficiado por procesos de reprivatización de centrales hidroeléctricas.

También dijeron presente Damián Pozzoli y Carlos Giovanelli, del Grupo Inverlat (Havanna), recientemente asociados a los Neuss en la adquisición de distribuidoras eléctricas en distintas regiones del país. Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor estratégico de AySA, ocupó una de las mesas principales.

El sector tecnológico estuvo representado por Martín Migoya, fundador de Globant y referente de Endeavor junto a Marcos Galperín, mientras que el comercio y la industria sumaron figuras como Federico y Sebastián Braun (La Anónima y hotelería), Francisco De Narváez, Juan Nápoli (Banco de Valores), Martín Rappallini (UIA), Luis Galli y Rubén Cherñajovsky (Newsan).
Entre los asistentes que despertaron mayor curiosidad apareció el ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, acompañado por Zulemita Menem, en una postal que mezcló poder económico, política y herencias históricas del poder argentino.

La cena del Yacht Club no fue solo un evento social ni una recaudación exitosa. Fue una escena condensada del modelo político y económico que se está desplegando. Empresarios que financian, funcionarios que ejecutan y un presidente que enuncia sin rodeos quiénes serán los ganadores y quiénes cargarán con los costos.

Mientras el discurso oficial insiste en las virtudes del ajuste y la desregulación, la imagen de una elite dispuesta a pagar cientos de miles de dólares por una mesa confirma que el poder real ya eligió su lugar. Y también deja una pregunta abierta, que trasciende los aplausos de salón: ¿quiénes quedarán afuera cuando llegue la cuenta social de este proyecto?

La informalidad laboral alcanza su nivel más alto desde el inicio de la nueva serie estadística y expone una profunda desigualdad en los ingresos. Los trabajadores no registrados ganan, en promedio, un 57% menos que los formales, mientras el mercado laboral se reconfigura hacia modalidades de baja calidad, autoempleo forzado y precarización estructural.

El mercado de trabajo argentino atraviesa una transformación silenciosa pero profunda, marcada por el avance sostenido de la informalidad y el deterioro de los ingresos. Según las últimas estadísticas oficiales correspondientes al tercer trimestre del año, el 43,3% de los trabajadores del país se desempeña en condiciones informales, el nivel más elevado desde que se comenzó a medir la actual serie.

La consecuencia más visible de este fenómeno es la brecha salarial. Los asalariados y cuentapropistas no registrados perciben ingresos mensuales promedio de $535.802, mientras que los trabajadores en relación de dependencia registrada alcanzan $1.247.462. En términos reales, la diferencia implica que los informales ganan un 57% menos, aun realizando tareas similares o sosteniendo jornadas laborales equivalentes.

El deterioro no solo se refleja en el stock de empleo existente, sino también en la dinámica reciente del mercado laboral. El 84% de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año corresponde a empleo no registrado, lo que confirma que la expansión del empleo se produce, mayoritariamente, en condiciones precarias y sin protección social.

Un mercado laboral fragmentado

Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 13 millones de ocupados formales y 9 millones informales, considerando tanto el sector público como el privado. Dentro de este esquema, crece el peso del autoempleo de baja calidad, muchas veces vinculado a actividades inestables, ingresos variables y ausencia de derechos laborales.

Más de la mitad de los trabajadores informales (53%) percibe ingresos inferiores a $422.837 mensuales, una cifra que los ubica en una situación de alta vulnerabilidad económica. Se trata, en su mayoría, de empleos de baja calificación, jornadas parciales o actividades como changas, reparto a través de plataformas digitales y transporte informal.

Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo también alcanza al empleo registrado. El 54% de los trabajadores formales cobra menos de un millón de pesos mensuales, lo que evidencia que la crisis de ingresos atraviesa a casi todo el universo laboral. En el conjunto de los ocupados, siete de cada diez trabajadores no supera ese umbral, consolidando un escenario de salarios comprimidos y consumo restringido.

Sectores más afectados

La informalidad no se distribuye de manera homogénea. Los sectores con mayor prevalencia de empleo no registrado siguen siendo el agropecuario, la construcción y el servicio doméstico, actividades históricamente atravesadas por la estacionalidad, la debilidad de los controles y la fragmentación del empleo.

En estos rubros, la informalidad no solo implica menores ingresos, sino también ausencia de aportes jubilatorios, cobertura de salud y protección frente a contingencias laborales, profundizando las desigualdades sociales y económicas.

El récord de informalidad laboral no es un fenómeno aislado ni coyuntural: es la expresión de un modelo de crecimiento que genera empleo sin derechos y salarios insuficientes. Aunque los indicadores oficiales puedan mostrar una recuperación en la cantidad de ocupados, la calidad del trabajo creado plantea interrogantes de fondo sobre la sostenibilidad social del actual esquema económico.

Con una mayoría de trabajadores que no alcanza ingresos básicos y una creciente precarización del empleo, el desafío ya no es solo crear puestos de trabajo, sino reconstruir un mercado laboral capaz de garantizar ingresos dignos, estabilidad y derechos. Sin ese cambio estructural, la informalidad seguirá consolidándose como la norma y no como la excepción.

Un fallo judicial de alto impacto político e institucional volvió a reinstaurar la tirantez entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió este martes hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordenando la inmediata aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

La resolución deja sin efecto, para el caso concreto, el Decreto 795/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma sancionada por el Congreso. Dichos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización de las becas estudiantiles conforme a la evolución inflacionaria.

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por ambas Cámaras del Congreso. Aunque el presidente Javier Milei vetó la norma, el Parlamento rechazó el veto, lo que dejó a la ley plenamente vigente. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la Ley 24.629 para sostener que la aplicación quedaba suspendida hasta que el Congreso definiera explícitamente las fuentes de financiamiento, argumento que dio sustento al decreto ahora cuestionado.

Ante este escenario, el CIN inició a fines de octubre de 2025 una acción colectiva solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley. En su presentación, las universidades advirtieron sobre una “afectación colectiva y urgente”, al señalar que el congelamiento salarial y de becas profundizaba la pérdida del poder adquisitivo, afectaba el normal funcionamiento de las casas de estudio y vulneraba derechos constitucionales como el acceso a la educación superior y la autonomía universitaria.

Según datos aportados en el expediente, alrededor del 70% de los docentes y no docentes universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, situación que se agravó durante el último año por la inflación y la falta de actualizaciones salariales.

Análisis del fallo

En su resolución, el juez Martín Cormick consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” en el accionar del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que la suspensión dispuesta por el decreto impugnado lesionaba de manera clara e inequívoca derechos reconocidos constitucionalmente, sin que resultara necesario un análisis extenso de los hechos para advertir el perjuicio ocasionado.

El magistrado dispuso declarar inaplicable el decreto en lo referido a la suspensión de la Ley 27.795 y ordenó que la medida cautelar tenga vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva, que resolverá la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del accionar del Ejecutivo.

El fallo se dictó en un contexto político particularmente sensible, atravesado por el debate del Presupuesto 2026. El proyecto enviado por el Gobierno incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento educativo, lo que generó un fuerte rechazo en la oposición y en diversos sectores sociales.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto, pero rechazó los artículos vinculados a discapacidad y educación superior. Ahora el proyecto será tratado en el Senado, donde el oficialismo buscará revertir esa decisión.

La medida cautelar representa un respaldo judicial significativo para las universidades nacionales y reaviva la discusión sobre el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior. Más allá de su carácter provisorio, el fallo expone los límites legales del Ejecutivo para suspender leyes vigentes y vuelve a colocar en el centro del debate la crítica situación salarial del sistema universitario, en un contexto de ajuste fiscal y fuerte conflictividad social.