El titular de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan, Víctor Menéndez, detalló el último acuerdo salarial, alertó sobre desvinculaciones en el sector y expresó preocupación por el rumbo de la reforma laboral. En un clima de incertidumbre económica, la CGT prepara una movilización nacional en defensa del empleo y las paritarias.

La actividad de las estaciones de servicio atraviesa un período de fuerte incertidumbre, donde los incrementos salariales pactados resultan insuficientes frente al avance del costo de vida y comienzan a registrarse señales de retracción en el empleo. Así lo expuso Víctor Menéndez, referente del sector en San Juan e integrante de la CGT, quien trazó un diagnóstico que combina preocupación por el presente y cautela frente a lo que viene.

El dirigente confirmó que el sector acordó una recomposición escalonada que incluyó un 4% en enero, febrero y marzo, y un 3% previsto para abril, en el marco de la nueva negociación paritaria. Además, recordó que en diciembre se otorgó una suma fija como parte de los intentos por sostener el poder adquisitivo. Sin embargo, anticipó que a fines de abril volverán a reunirse para revisar distintos aspectos del convenio colectivo, con la intención de actualizar condiciones laborales sin resignar conquistas históricas. “Estamos dispuestos a modernizar lo que haga falta, pero los derechos adquiridos no se negocian”, subrayó.

Más allá de la discusión salarial, Menéndez puso el foco en un fenómeno que comienza a inquietar al sector: la aparición de despidos. Según explicó, algunas empresas iniciaron procesos de revisión de personal que ya derivaron en desvinculaciones. “Siempre trabajamos con planteles ajustados, pero ya empezamos a ver cesantías y eso preocupa”, afirmó. Para el referente sindical, este comportamiento no es aislado, sino parte de una tendencia más amplia que atraviesa distintas actividades económicas.

La situación, agregó, responde a un cuadro general de incertidumbre que afecta tanto a empleadores como a trabajadores. La caída de la actividad, las dificultades para sostener costos operativos y la falta de previsibilidad configuran un entorno enrevesado que, de no revertirse, podría profundizar la pérdida de puestos laborales. “Está muy difícil la situación y no hay señales claras de recuperación”, sostuvo.

En ese aspecto, la discusión sobre la reforma laboral ocupa un lugar central. Menéndez expresó dudas sobre el rumbo judicial del proyecto y reconoció que existen expectativas contrapuestas en torno a su eventual implementación. Si bien algunas resoluciones han favorecido al Gobierno, el dirigente confía en que otras jurisdicciones puedan mantener medidas cautelares sobre los artículos más cuestionados. “Tenemos la esperanza de que la Justicia actúe con equilibrio y proteja derechos que costaron décadas de construir”, señaló.

El planteo sindical no se limita a la coyuntura. El representante de los trabajadores de estaciones de servicio recordó que muchas de las conquistas laborales vigentes fueron obtenidas en períodos de fuerte conflictividad social, incluso con altos costos humanos. Desde esa perspectiva, advirtió que cualquier intento de modificación debe contemplar ese recorrido histórico y evitar retrocesos. “No estamos dispuestos a resignar lo que se consiguió con tanto esfuerzo”, remarcó.

La preocupación se extiende al conjunto del movimiento obrero. El sindicalista describió un panorama donde distintas actividades enfrentan dificultades similares: transportistas con reclamos por tarifas desactualizadas, servicios con reducción de frecuencias y sectores industriales afectados por el cierre de establecimientos. Esta multiplicidad de conflictos refuerza la idea de una crisis que impacta de manera transversal en el empleo.

Frente a este cuadro, la CGT ha decidido intensificar su estrategia de acción. La central obrera convocó a una movilización para el 30 de abril en defensa de las paritarias, la producción y el trabajo. La consigna apunta a rechazar despidos y cierres de empresas, al tiempo que busca instalar en la agenda pública la necesidad de políticas que impulsen la actividad económica.

Menéndez confirmó que la regional San Juan participará activamente de la convocatoria y evalúa complementar la jornada con iniciativas propias. Entre ellas, se analiza la posibilidad de realizar una concentración en horas de la tarde y una misa en la víspera del Día del Trabajador, como forma de reforzar el carácter simbólico de la jornada.

A nivel local, la CGT también avanza en la reorganización interna tras los recientes procesos electorales en distintos gremios. En ese sentido, se realizará un plenario para formalizar la incorporación de nuevas autoridades y escuchar a los secretarios generales de cada sector. El objetivo es unificar criterios y definir una agenda común frente a los desafíos actuales.

El panorama que describen los trabajadores de estaciones de servicio refleja una realidad que excede a una actividad puntual. Incrementos salariales que no logran compensar la inflación, señales iniciales de pérdida de empleo y una reforma laboral en discusión configuran un cuadro de alta sensibilidad social.

En ese contexto, el movimiento sindical se prepara para una etapa de mayor confrontación, con el objetivo de preservar derechos y evitar un deterioro más profundo de las condiciones laborales. La evolución de las negociaciones paritarias, las decisiones judiciales y las políticas económicas serán determinantes para definir si esta etapa se encamina hacia una estabilización o si, por el contrario, se profundiza un proceso que ya comienza a mostrar sus efectos más visibles en el mundo del trabajo.

La Universidad Nacional de San Juan organizará dos jornadas de formación sobre acoso escolar, destinadas a docentes, estudiantes y familias. Las actividades estarán a cargo de una especialista reconocida y buscarán fortalecer herramientas de prevención e intervención.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) impulsa una nueva instancia de formación orientada a abordar una de las problemáticas más sensibles del ámbito educativo: el acoso escolar. A través de su Secretaría Académica y en articulación con sus institutos preuniversitarios, la casa de estudios convocó a dos jornadas de capacitación bajo el título “Adultos que intervienen a tiempo frente al Bullying”.

La propuesta se desarrollará los días 22 y 23 de abril en el Salón Central del edificio principal de la universidad, ubicado en Mitre 396 Este, y contará con la participación de la licenciada María Zysman, directora del equipo Libres de Bullying, reconocida por su trayectoria en el estudio y abordaje de situaciones de hostigamiento escolar.

El cronograma contempla diferentes instancias segmentadas por destinatarios. El miércoles 22, la actividad se iniciará de 14 a 16 horas con una convocatoria dirigida a docentes y no docentes de los institutos preuniversitarios, así como también a educadores del nivel medio.

Más tarde, entre las 18 y las 20 horas, se abrirá un espacio destinado a la comunidad educativa en sentido amplio, incluyendo familias, personal escolar y estudiantes de colegios secundarios.

El jueves 23, en tanto, la jornada se extenderá de 10 a 12 horas y estará orientada a docentes de nivel secundario y superior, además de público interesado en la temática. Este esquema busca garantizar una participación amplia y diversa, en línea con el carácter transversal del fenómeno que se propone analizar.

Durante las exposiciones se abordarán contenidos centrales para la comprensión y prevención del acoso escolar. Entre ellos, la definición conceptual del bullying, la distinción respecto de otros conflictos habituales en el aula, las distintas formas de hostigamiento, los roles que intervienen en estas situaciones y las herramientas básicas para su detección temprana.

Asimismo, se trabajará sobre estrategias de intervención y se pondrá especial énfasis en el ciberbullying, un aspecto cada vez más presente en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

Otro de los ejes estará centrado en el papel de las instituciones educativas frente a los desafíos que plantea la convivencia escolar en la era digital. La irrupción de las redes sociales y los entornos virtuales amplía los espacios de interacción, pero también exige nuevas respuestas por parte de docentes y familias.

Desde la Universidad Nacional de San Juan destacaron que la presencia de la especialista constituye una oportunidad significativa para fortalecer prácticas de cuidado, promover vínculos saludables y consolidar estrategias institucionales orientadas a la prevención de la violencia. En ese sentido, se solicitó priorizar la asistencia mediante la modalidad de cambio de tareas, con el fin de facilitar la participación de todos los actores involucrados.

La iniciativa de la UNSJ reafirma el papel de la universidad pública como espacio de formación y reflexión ante problemáticas sociales que atraviesan a la comunidad educativa. La capacitación en torno al bullying no sólo aporta herramientas técnicas, sino que también promueve una mirada integral sobre la convivencia escolar. En un tiempo donde los vínculos se redefinen dentro y fuera del aula, la intervención temprana y el compromiso colectivo se consolidan como pilares fundamentales para construir entornos más seguros e inclusivos.

Un informe legislativo señala que el Estado nacional no habría transferido los fondos del impuesto a los combustibles destinados por ley al mantenimiento de rutas. La acusación reaviva el debate sobre el deterioro vial y el impacto económico en el interior del país.

El deterioro de la red vial nacional volvió a instalarse en el centro del debate público tras una denuncia impulsada por un grupo de legisladores de la oposición, que apunta al manejo de los recursos destinados a infraestructura. Según el informe, el Estado nacional habría retenido más de $1,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles que, de acuerdo con la normativa vigente, deben asignarse al mantenimiento y mejora de rutas en todo el país.

El núcleo de la controversia reside en la aplicación de la ley que regula este tributo, la cual establece que el 28,58% de lo recaudado debe ser transferido al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Los diputados sostienen que esa obligación no se cumplió, lo que explicaría, al menos en parte, el progresivo deterioro de caminos estratégicos para la producción y la circulación.

El relevamiento legislativo detalla una evolución significativa en la recaudación del impuesto en los últimos años. Entre 2023 y 2024, el incremento habría alcanzado el 378%, generando más de $354.000 millones que debían destinarse a obras viales. En 2025, el crecimiento fue del 92%, con otros $688.000 millones en discusión, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron más de $122.000 millones bajo el mismo esquema. Para los firmantes del informe, estas cifras reflejan no sólo un incumplimiento legal, sino también una política de asignación de recursos que impacta directamente en la calidad de la infraestructura.

“El problema ya no admite dilaciones”, señalaron desde el ámbito legislativo, al tiempo que cuestionaron la falta de respuestas oficiales a los pedidos de informes cursados al área económica. La ausencia de explicaciones formales alimenta la controversia y profundiza el debate sobre la administración de los fondos públicos.

El impacto se percibe con mayor intensidad en las provincias, donde intendentes y autoridades locales vienen alertando sobre el estado crítico de las rutas nacionales. Banquinas deterioradas, señalización insuficiente y tramos con alto nivel de desgaste configuran un escenario que eleva los riesgos para la circulación y afecta la logística productiva. La situación genera, además, una sobrecarga en los gobiernos municipales, que carecen de competencias y recursos para intervenir en corredores bajo jurisdicción nacional.

El malestar también se extiende a las administraciones provinciales, que analizan estrategias conjuntas frente a la combinación de menores transferencias y la falta de ejecución de partidas específicas. En este aspecto, la infraestructura vial se convierte en un punto de fricción entre distintos niveles del Estado, con derivaciones políticas y económicas de alcance federal.

Otro aspecto que concentra cuestionamientos es el destino de los recursos no transferidos. El informe legislativo sugiere que parte de esos fondos habría sido orientada a instrumentos financieros, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal. Esta hipótesis alimenta la crítica opositora, que advierte que el superávit se estaría construyendo mediante la postergación de inversiones esenciales.