La Dirección de Educación Privada dispuso un nuevo incremento sobre el valor vigente a diciembre de 2025. Los establecimientos deberán presentar una declaración jurada antes del 31 de marzo para poder aplicar el ajuste. La medida completa el esquema de actualización previsto para el ciclo 2025.

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada confirmó el aumento en las cuotas de los colegios de gestión privada. El ajuste será del 5,80% y comenzará a regir con la cuota correspondiente a marzo, según lo establece la Disposición N° 009-DEP-2026.

La resolución se inscribe en el cuarto tramo del esquema de actualización arancelaria definido para el ciclo 2025. Durante el año pasado ya se habían autorizado tres subas: en mayo, del 9,04%; en agosto, del 7,49%; y en noviembre, del 7,47%. Con el porcentaje dispuesto ahora, la autoridad educativa completa el cronograma previsto para acompañar el impacto inflacionario y los mayores costos operativos que afrontan las instituciones.

La suba alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. No obstante, la aplicación del nuevo valor no será automática. Cada institución deberá presentar, antes del 31 de marzo de 2026, una declaración jurada ante el organismo de control para formalizar la actualización.

Ese documento deberá consignar el valor de la matrícula, el monto actualizado de la cuota, el porcentaje de aporte estatal que recibe el establecimiento, la cantidad de alumnos matriculados, la fecha prevista de implementación y la constancia de que la medida fue debidamente comunicada a padres o tutores.

La presentación deberá estar firmada por el representante legal del colegio. Solo una vez cumplido ese requisito administrativo quedará habilitada la aplicación del nuevo arancel.

Desde el sector educativo privado argumentan que los incrementos buscan preservar la sustentabilidad del sistema, especialmente ante el aumento de salarios docentes, servicios y mantenimiento edilicio. Sin embargo, para los hogares con ingresos medios y medios bajos, cada ajuste representa un desafío adicional para sostener la continuidad educativa en instituciones aranceladas.

La dinámica de aumentos escalonados —cuatro tramos en menos de un año— refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar la prestación del servicio y la capacidad de pago de las familias.

Con la oficialización del incremento del 5,80%, el esquema de actualización arancelaria correspondiente al ciclo 2025 queda formalmente completado. Ahora, el foco se traslada al cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de las instituciones y al impacto concreto que el nuevo cuadro tarifario tendrá en la economía doméstica al comenzar el año escolar 2026.

Tras las modificaciones introducidas por Diputados —entre ellas la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas—, la iniciativa volvió al Senado para su definición final. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios y cerrar el trámite parlamentario antes de fin de mes.

El Senado afronta en los próximos días una instancia clave para el futuro de la reforma laboral. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto con cambios sustanciales, el texto regresó a la Cámara alta, que ahora debe optar entre aceptar las modificaciones o insistir con su redacción original.

El procedimiento legislativo es taxativo. Si el Senado convalida los cambios introducidos por Diputados, la ley queda sancionada con esa versión. En cambio, si decide insistir con el texto que había aprobado inicialmente, necesitará reunir la misma mayoría —o una superior— a la alcanzada por la Cámara revisora. De no lograr ese respaldo, prevalecerá la redacción votada en Diputados. El reglamento impide, en esta etapa, rechazar integralmente el proyecto o incorporar nuevas alteraciones.

El oficialismo ya obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y prevé llevar la iniciativa al recinto el viernes 27 de febrero. Desde la conducción parlamentaria confirmaron que el Senado aceptará la eliminación del artículo 44, una señal que despeja uno de los principales focos de controversia y allana el camino hacia la sanción definitiva.

Ese artículo establecía que el empleador debía abonar durante tres meses el 50% del salario en caso de enfermedad o accidente laboral, o el 75% cuando el trabajador tuviera cargas de familia. Su supresión fue uno de los puntos más debatidos en Diputados y funcionó como gesto político para facilitar acuerdos.

Más allá de ese recorte, el proyecto mantiene cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo. Introduce modificaciones en el esquema indemnizatorio, redefine el cálculo de vacaciones y horas extras, revisa aportes patronales y fija nuevas pautas sobre el ejercicio del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales. También incorpora el denominado Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones con recursos administrados por la Anses, aspecto que abrió una fuerte discusión política.

Durante el debate en comisión se registraron cruces intensos entre senadores del peronismo y de La Libertad Avanza. Desde Unión por la Patria cuestionaron el impacto de la reforma en las condiciones laborales y advirtieron sobre el eventual destino de los fondos involucrados. El oficialismo, por su parte, rechazó irregularidades, defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la iniciativa moderniza el mercado de trabajo y fomenta la formalización.

En este aspecto el Gobierno aspira a tratar en la misma semana otros expedientes sensibles: el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares y el pliego diplomático de Fernando Iglesias, en una agenda que combina reformas estructurales con definiciones políticas de alto voltaje.

Con el dictamen firmado y los votos comprometidos, el oficialismo apuesta a cerrar el capítulo legislativo antes de que concluya febrero. La decisión final quedará en manos del Senado: si acepta las modificaciones, la reforma laboral será ley; si insiste con el texto original sin reunir la mayoría necesaria, prevalecerá la versión de Diputados. En cualquiera de los escenarios, la Cámara alta se dispone a protagonizar una de las votaciones más trascendentes del período extraordinario, con impacto directo sobre el entramado laboral argentino.

La CTERA definió un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y anunció la continuidad de un plan de acción que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. La decisión fue adoptada durante el Congreso Nacional que la organización realizó este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de congresales de todas las provincias.

La resolución se inscribe en una escalada del conflicto educativo a nivel federal, atravesado por el reclamo de reapertura de la paritaria nacional docente y por cuestionamientos a las políticas económicas que, según el gremio, impactan de manera directa en los salarios y en el financiamiento del sistema educativo.

Un Congreso con definiciones políticas y gremiales

Durante la jornada se desarrollaron el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la Confederación. En el primero, se aprobó por amplia mayoría la Memoria y Balance del período, donde se detalló el trabajo político, gremial y organizativo realizado en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector.

En el Congreso Extraordinario, en tanto, se debatió la política gremial y se votó la continuidad del plan de lucha. La secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe político en el que analizó la coyuntura nacional e internacional, el impacto del ajuste en la educación pública y la situación salarial de los trabajadores del sector.

El encuentro fue sesionado bajo el nombre de “Beto Pianelli”, en homenaje a su trayectoria sindical y compromiso con los derechos de los trabajadores.

Paro nacional y plan de acción

El paro del 2 de marzo marcará el no inicio del ciclo lectivo en distintas jurisdicciones y será acompañado por una agenda de acciones que, según se informó, se extenderá durante todo el mes. El plan contempla actividades de visibilización y protesta para informar a la comunidad educativa sobre los reclamos del sector.

Entre los ejes centrales se encuentra la exigencia de convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el salario mínimo del sector y lineamientos generales para las provincias— y la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, el Congreso expresó su rechazo al proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”, al considerar que podría afectar el carácter público y federal del sistema.

Unidad sindical y rechazo a la reforma laboral

La resolución también ratificó la articulación con otras organizaciones sindicales y sociales para movilizar contra la reforma laboral y las políticas de ajuste. En ese marco, CTERA reafirmó su compromiso con la defensa de la escuela pública, el salario docente y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El paro nacional agrega presión sobre los gobiernos provinciales, que en muchos distritos aún mantienen abiertas las negociaciones salariales. Con el calendario escolar a punto de comenzar, el escenario anticipa un arranque atravesado por la conflictividad gremial y por una disputa que excede lo estrictamente salarial para instalar un debate más amplio sobre el modelo educativo y el financiamiento del sistema.