La Cámara de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucionales los artículos del decreto 340 del Gobierno nacional que intentaban limitar el derecho a huelga en varias actividades. La decisión refuerza el respeto por el proceso democrático y el papel del Congreso en la creación de leyes.

La Justicia laboral dio un golpe significativo a la arbitrariedad del Ejecutivo al declarar inconstitucionales los artículos del decreto 340 que limitaban el derecho a huelga en varias actividades. La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es clara: el Gobierno no puede usar decretos para limitar derechos fundamentales y constitucionales sin una verdadera necesidad y sin consultar al Congreso.

Esta decisión judicial es importante porque refuerza el respeto por el proceso democrático y el papel del Congreso en la creación de leyes. Los jueces señalaron que el Gobierno no justificó la necesidad ni la urgencia de dictar estas medidas por decreto, ya que el Congreso estaba en funciones y es el único órgano con autoridad para cambiar una ley. Esto subraya la importancia de que el proceso legislativo sea respetado y que el Ejecutivo no se extralimite en sus funciones.

El Derecho a Huelga como un Derecho Fundamental

El derecho a huelga es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser limitado sin una justificación clara y convincente. La jueza Fullana consideró que la norma violaba la libertad sindical, al impedir el derecho de protesta en sectores donde no corresponde hacerlo según tratados internacionales. La Cámara del Trabajo coincidió con esta mirada y enfatizó que el problema no era definir qué actividades son esenciales, sino el uso del DNU para modificar una ley sin el debate correspondiente.

Los trabajadores estatales y los gremios se preparan para resistir el cierre de varios organismos públicos, luego de que el gobierno nacional avanzara con la fusión y absorción de varias entidades. Los trabajadores impulsan amparos judiciales y acciones directas para frenar la decisión del Ejecutivo.

La decisión del gobierno nacional de cerrar más de 20 reparticiones estatales causó una fuerte reacción sindical y política. Los trabajadores y los gremios se organizan para resistir la medida y frenar el vaciamiento de los organismos públicos. La semana pasada, el Ejecutivo nacional avanzó con el cierre de varias entidades, lo que generó un rechazo inmediato por parte de los instituciones gremiales que representan a los trabajadores del sector.

La Lucha de los Trabajadores del INTI

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) son uno de los grupos que se encuentran en pie de lucha contra la decisión del gobierno. A través de movilizaciones y asambleas, los trabajadores advierten que van a resistir «el vaciamiento» del organismo por decreto. La medida afecta la autonomía del INTI y lo reduce a una dependencia de la Secretaría de Comercio e Industria bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.

Amparo por Vialidad Nacional

El cierre de Vialidad Nacional también ocasionó una fuerte reacción gremial y política. Los sindicatos que representan a los empleados del organismo impulsan un amparo en la justicia laboral para declarar inconstitucional la medida. Además, trabajan junto a legisladores en un proyecto de ley para derogarla en el Congreso. El argumento central es que el Poder Ejecutivo no puede eliminar por decreto un organismo creado por ley, como es el caso de Vialidad.

Protesta en Salud

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) también se suma a la resistencia contra el gobierno. Convocan a un paro nacional de salud con movilización desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. La medida es de carácter federal y es «en rechazo al enorme daño que están ocasionando las políticas de ajuste del Gobierno Nacional a las residencias públicas y al sistema de salud en su conjunto».

Este lunes 14 de julio, el Gobierno nacional convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para discutir la actualización salarial de más de 1.2 millones de trabajadoras del sector. La medida busca revertir la pérdida del 13.3% en el poder adquisitivo de las trabajadoras desde enero.

La CNTCP es un organismo tripartito creado en 2013 a través de la Ley 26.844, que regula las condiciones laborales del personal de casas particulares. Entre sus funciones principales se encuentran la fijación de salarios mínimos, el establecimiento de escalas y categorías, y la garantía de condiciones dignas en el ámbito laboral. La reactivación de la comisión es un paso clave hacia la recuperación salarial de las trabajadoras del sector.

La situación actual de las trabajadoras del sector es crítica. El congelamiento salarial desde hace seis meses causó una pérdida significativa en el poder adquisitivo de las trabajadoras, lo que afecta directamente su calidad de vida. La actualización de los sueldos es una necesidad urgente para garantizar condiciones dignas en el ámbito laboral.

Este encuentro de la CNTCP es una instancia clave para encontrar un equilibrio entre las demandas de las trabajadoras y las posibilidades del sector empleador. La negociación será un proceso complejo que requerirá la participación activa de todos los actores involucrados.