El deterioro sostenido del poder adquisitivo en la Argentina encontró una nueva confirmación estadística. Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó al país como el de peor desempeño salarial de América Latina en los últimos siete años, con una caída real acumulada del 18,8% en el ingreso promedio anual.

El dato no solo refleja una tendencia prolongada, sino que también expone una aceleración del deterioro en los tramos más recientes. Según el análisis, el retroceso más pronunciado se concentró en el último año de la gestión de Alberto Fernández y en los primeros años del gobierno de Javier Milei, un período atravesado por ajustes macroeconómicos, inflación persistente y contracción de la actividad.

El contexto económico aporta claves para comprender la magnitud del fenómeno. Tras la recuperación pospandemia —con expansiones del producto del 10% en 2021 y del 5% en 2022—, la economía volvió a ingresar en una fase contractiva: el PBI retrocedió 1,6% en 2023 y 1,3% en 2024. Este escenario de estancamiento, combinado con procesos inflacionarios intensos, erosionó los ingresos reales de manera sostenida.

El impacto resulta particularmente severo en el sector público. Los salarios estatales acumulan una caída del 35,23% desde 2017, con un deterioro más marcado en los últimos tres años. Solo en el actual período de gobierno, la pérdida alcanza el 17,03%, configurando uno de los descensos más abruptos de la serie reciente.

En el ámbito privado, la dinámica también exhibe un saldo negativo, aunque con matices. La reducción acumulada es del 18,94% en los últimos siete años, con un fuerte ajuste hacia el final de la administración de Mauricio Macri —cuando los salarios registraron caídas del 11,69% en 2018 y del 6,16% en 2019—. En la etapa actual, el deterioro continuó, aunque a un ritmo menor, con una contracción adicional del 1,55%.

La comparación regional resulta elocuente. Mientras la Argentina profundiza su rezago, países como México y Costa Rica registraron mejoras reales del 22,4% y 11,6%, respectivamente. En términos generales, la mayoría de las economías latinoamericanas logró sostener o incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores, lo que refuerza la idea de que la crisis local responde, en gran medida, a factores internos más que a condicionantes globales.

Diversos especialistas coinciden en señalar que la evolución de los salarios en la Argentina está estrechamente ligada a la volatilidad macroeconómica, las devaluaciones recurrentes y la ausencia de anclas sostenibles que permitan estabilizar precios e ingresos. En ese sentido, la puja distributiva se intensifica y termina resolviéndose, en la mayoría de los casos, en detrimento de los trabajadores.

La Federación Judicial Argentina expresó su inquietud por el estado del sistema jubilatorio, denunció recortes en transferencias a provincias y advirtió sobre iniciativas que podrían derivar en una reforma regresiva con eje en la capitalización individual.

La Federación Judicial Argentina (FJA) encendió señales de alerta ante lo que considera un deterioro progresivo del sistema previsional argentino. Durante un encuentro virtual encabezado por su secretario general, Matías Fachal, dirigentes y especialistas analizaron la situación de las cajas jubilatorias provinciales y el escenario nacional, al que describieron como atravesado por una fragilidad de larga data.

En ese diagnóstico, los participantes situaron el origen del problema en las reformas impulsadas en la década de 1990, con la instauración del régimen de capitalización individual a través de las AFJP. Según plantearon, aquel esquema implicó un desvío de recursos hacia el sistema financiero y debilitó la sustentabilidad del modelo público. Si bien la reestatización de 2008 permitió recuperar parcialmente el principio de solidaridad, sostienen que las dificultades estructurales no fueron superadas.

El análisis incorporó una mirada crítica sobre la actual administración de Javier Milei. Desde la organización señalaron que la política de equilibrio fiscal impacta de manera directa en el financiamiento previsional, en particular por la interrupción de transferencias a trece jurisdicciones que mantienen sistemas propios. Esta situación fue caracterizada como una retención de fondos que compromete el funcionamiento de las cajas provinciales.

De acuerdo con lo expuesto, esta decisión podría operar como un mecanismo indirecto para avanzar en la armonización de los regímenes locales con el esquema nacional. Los representantes sindicales advirtieron que un eventual proceso de unificación implicaría modificaciones sustanciales, entre ellas la reducción de haberes, el incremento de la edad jubilatoria y la pérdida de beneficios adquiridos.

El encuentro también puso el foco en factores estructurales que erosionan el financiamiento del sistema. Entre ellos, la expansión del empleo informal, la proliferación de sumas no remunerativas, la tercerización de servicios y la falta de incorporación de personal a planta permanente. Estas prácticas, remarcaron, reducen la base de aportes y proyectan jubilaciones de menor cuantía.

A nivel provincial, se expusieron situaciones disímiles. En distritos como Córdoba y Corrientes, los dirigentes denunciaron reformas que trasladan el peso del déficit hacia trabajadores activos y pasivos, además de señalar deudas significativas del Estado nacional con las cajas locales. En otros territorios, como Tierra del Fuego y Chaco, se describieron esquemas con particularidades propias, reflejo de la heterogeneidad del sistema previsional argentino.

En el plano internacional, los especialistas advirtieron sobre una tendencia creciente hacia modelos de “contribución definida”, en detrimento de los sistemas de “beneficio definido”. Este cambio, señalaron, implica trasladar el riesgo económico a los trabajadores. En ese marco, la FJA manifestó su preocupación por la eventual reaparición de esquemas de capitalización privada similares a las AFJP. Fachal fue categórico al respecto: “El antecedente argentino y la experiencia chilena demuestran que la privatización perjudica a los jubilados y agrava los desequilibrios fiscales”.

Asimismo, se advirtió sobre posibles modificaciones en regímenes específicos, como la Ley 24.018, y sobre iniciativas que podrían afectar el financiamiento del sistema nacional mediante la derivación de aportes hacia otros destinos en el marco de reformas laborales.

Frente a este escenario, la federación delineó una táctica que incluye el acompañamiento a medidas gremiales en todo el país, la articulación con otras centrales sindicales, la promoción de acciones judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación multisectorial. También se prevé la convocatoria a movilizaciones, campañas de difusión y la solicitud de audiencias institucionales.

El diagnóstico de la Federación Judicial Argentina pone de relieve un debate de fondo que trasciende la coyuntura: el modelo previsional en la Argentina y su sostenibilidad a largo plazo. Entre advertencias sobre recortes, cuestionamientos a la política fiscal y el fantasma de una eventual privatización, el sistema jubilatorio vuelve a ubicarse en el centro de la discusión pública.

La advertencia final de la conducción sindical sintetiza la magnitud del desafío: “Es imperativo actuar con premura y perspectiva analítica para defender el sistema previsional como un derecho y evitar que se transforme en un negocio”. En ese enunciado se condensa una disputa que, lejos de saldarse, anticipa nuevos capítulos en la agenda política y social del país.

Las entidades empresarias de San Juan oficializaron el nuevo esquema horario para el comercio minorista con la llegada del invierno. La medida busca adecuar la actividad a las condiciones estacionales y ordenar el mecansimo de atención en toda la provincia.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, el comercio sanjuanino vuelve a ajustar su funcionamiento diario. La Federación Económica de San Juan (FESJ), en conjunto con la Cámara de Comerciantes Unidos, anunció la implementación de un nuevo esquema de horarios que comenzará a regir desde este miércoles 8 de abril.

La medida, de carácter recomendado pero ampliamente adoptada por el sector, responde a una lógica histórica: adaptar la atención al público a los hábitos de consumo propios del invierno, donde las franjas horarias tienden a correrse hacia momentos de mayor temperatura y circulación.

En este aspecto, los comercios ubicados en la San Juan Capital funcionarán en doble turno: abrirán sus puertas de 09:00 a 13:00 y retomarán la actividad por la tarde entre las 16:30 y las 21:00. En tanto, en los departamentos del interior provincial, el esquema mantendrá la misma franja matutina, pero extenderá levemente la atención vespertina, que se desarrollará de 17:30 a 22:00.

La diferencia entre ambas modalidades no es menor. Mientras en el Gran San Juan el flujo comercial se concentra en horarios más compactos, en el interior suele registrarse un esquema más flexible, con mayor circulación en horas nocturnas, lo que explica la extensión sugerida.

Por su parte, los centros comerciales y shoppings conservarán su modalidad de horario corrido, operando de 10:00 a 22:00. Esta continuidad responde a una lógica de consumo distinta, más asociada al esparcimiento y a la permanencia prolongada de los clientes en espacios cerrados y climatizados.

Desde la FESJ destacaron que este tipo de reorganización forma parte de una práctica habitual del sector, que se repite año tras año en función de los cambios estacionales. Sin embargo, en el actual contexto económico, la adecuación de horarios también aparece como una herramienta para optimizar costos operativos y sostener niveles de actividad en un escenario desafiante para el consumo.