En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.

La aprobación de la nueva Ley de Transporte abre un proceso de 120 días para definir la reglamentación que reorganizará por completo la actividad en San Juan. Habrá un registro único, vehículos identificados y no identificados bajo un mismo marco legal, tarifas sugeridas y habilitación plena para operar mediante aplicaciones digitales. El Gobierno asegura que el objetivo es “ordenar, transparentar y modernizar” un sector en expansión que hasta ahora funcionaba con criterios dispares.

La sanción de la nueva Ley de Transporte marca un punto de inflexión para taxis, remises y servicios por aplicación. El Gobierno provincial tendrá 4 meses para redactar la “letra chica” que pondrá en marcha el nuevo esquema regulatorio. Hasta que ese proceso concluya, sigue vigente la normativa anterior.

Uno de los ejes centrales es la creación de un registro único y obligatorio de conductores y vehículos, que reemplaza al antiguo régimen de licencias. No habrá cupos ni limitaciones en la cantidad de unidades habilitadas: cualquier conductor podrá incorporarse siempre que cumpla con los requisitos establecidos, entre ellos carnet profesional, seguro para personas, y vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, precisó que quienes ya poseen licencias reconocidas por el Estado dispondrán de un año para realizar el traspaso formal. Además, cada vehículo deberá exhibir un certificado oficial y la provincia abrirá una base de datos pública para verificar la habilitación en tiempo real. “La transparencia es central; necesitamos que el sanjuanino pueda consultar y confiar”, remarcó.

Tarifas: el Gobierno retiene el poder de regular y propondrá un valor de referencia

Uno de los puntos más sensibles es la política tarifaria. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno “conservó la potestad de establecer tarifas fijas u orientativas”, aunque esto se definirá durante los 120 días de reglamentación.

En paralelo, la ministra Palma adelantó que se implementará una tarifa mínima sugerida, que no será obligatoria pero sí funcionará como guía para todo el sector. El objetivo es evitar las grandes disparidades de precios entre taxis tradicionales, remises y plataformas digitales, sin impedir que los valores puedan ajustarse por acuerdo entre las partes.

Identificados y no identificados: una clasificación clave para ordenar el sistema

La ley divide la actividad en vehículos identificados (taxis ploteados, remises, transporte escolar y transporte accesible) y vehículos no identificados, categoría en la que quedarán los autos que trabajan mediante apps o de manera eventual.

Ambos podrán operar a través de plataformas digitales sin restricciones. La diferencia será principalmente impositiva y operativa: mientras los identificados suelen dedicarse de manera exclusiva a la actividad, los no identificados la complementan con otros trabajos.

Molina detalló además que los servicios en moto quedan excluidos por completo, debido a la falta de carnet profesional y de mecanismos de control adecuados. “Si alguien pide una moto, debe saber que se sube bajo su propio riesgo”, advirtió.

Apps, contacto digital y modernización: San Juan se integra al mapa global del transporte

La nueva ley reconoce oficialmente la contratación de viajes a través de aplicaciones locales e internacionales como Oeste X, Uber y DiDi. Es un paso clave para “blanquear” una modalidad que creció sin regulación.

En paralelo, la provincia avanza en un convenio con la Unión Internacional de Transporte Público y Google, que permitirá ver información del transporte público en Google Maps, planificar recorridos y, en una segunda etapa, recibir alertas en tiempo real sobre cortes, congestiones y demoras.

Con esta ley, San Juan apuesta a ordenar un mercado diverso y altamente heterogéneo, donde convivían modalidades tradicionales, plataformas digitales y sectores con distintos niveles de formalidad.

El registro único, la transparencia en la habilitación, la tarifa sugerida y la habilitación plena de las aplicaciones configuran un escenario nuevo tanto para los trabajadores como para los usuarios.

Los próximos 120 días serán decisivos: de la reglamentación dependerá si este intento de modernización logra equilibrar competencia, garantizar seguridad y ofrecer un sistema más claro, confiable y accesible para todos.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que introduce cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La iniciativa, tratada en sesiones extraordinarias desde el 11 de diciembre, se centra en tres ejes: vacaciones, compensación de horas y régimen de jornada. En todos los casos, la premisa es la misma: ampliar los márgenes de negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.

Vacaciones: posibilidad de fraccionar y mayor negociación

La reforma sustituye el actual artículo 154 de la LCT e introduce modificaciones que buscan flexibilizar el uso y la organización de las vacaciones anuales.

El primer cambio es la habilitación de acuerdos entre empleado y empleador para tomar vacaciones fuera del período legal comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Aunque ese marco continúa vigente, ya no será obligatorio: ambas partes podrán modificarlo por acuerdo individual o colectivo.

El segundo punto central es la posibilidad de fraccionar las vacaciones, que podrán dividirse siempre que cada tramo no sea inferior a 7 días corridos. Esto representa un giro respecto del esquema tradicional, en el que el período de descanso solía tomarse mayormente de forma continua.

También se amplía el margen de la negociación colectiva para fijar otros sistemas de notificación del período vacacional, más allá de los 30 días que exige hoy la LCT. Y se establece una garantía mínima: todos los trabajadores deberán gozar de sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Banco de horas y compensación: un nuevo régimen para las horas extra

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la incorporación del artículo 197 bis, que formaliza la posibilidad de crear un banco de horas. Este mecanismo, utilizado en sistemas laborales flexibles, permite compensar horas trabajadas de más en determinados días con descansos equivalentes en otros.

El proyecto permite que empleador y trabajador acuerden voluntariamente un sistema de compensación de horas extraordinarias, que también puede ser pactado con la representación sindical de la empresa. El acuerdo deberá formalizarse por escrito y respetar los descansos mínimos legales.

El texto menciona expresamente la habilitación de horas extras compensables, francos compensatorios y banco de horas, siempre bajo un método fehaciente de control que permita a las partes registrar con claridad las horas trabajadas y las horas acumuladas para su uso posterior.

Jornada laboral por promedio: una nueva lógica de organización del tiempo de trabajo

Otro punto clave es la modificación del artículo 198 de la LCT, que abre la posibilidad de establecer jornadas calculadas por promedio mediante acuerdos colectivos. Esto significa que el límite legal de la jornada podrá medirse de manera flexible, compensando períodos de mayor carga horaria con otros de menor intensidad.

El proyecto además establece que el banco de horas podrá utilizarse como instrumento para equilibrar días con jornadas más largas, respetando siempre los descansos mínimos: 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas de descanso semanal.

En la práctica, este esquema permitiría adaptar la jornada a las necesidades de sectores con picos de actividad, creando una dinámica más variable que la establecida por la normativa actual.

El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno impulsa un cambio profundo en la estructura de la Ley de Contrato de Trabajo: introduce flexibilidad en las vacaciones, habilita acuerdos individuales para organizar las horas extra mediante un banco de horas y permite que la jornada se calcule por promedio. Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas modernizan la regulación laboral, la discusión en el Congreso promete ser intensa: el impacto sobre la estabilidad, el descanso y la previsibilidad laboral será el centro del debate en las semanas por venir.