El Decreto 612/2026 modificó la reglamentación de la reforma laboral y redefinió la base de cálculo de los aportes previstos en los convenios colectivos. La decisión amplía los conceptos salariales computables, preserva recursos para los sindicatos y excluye del tope del 2% determinadas contribuciones empresarias destinadas a prestaciones sociales, asistenciales y previsionales.

El Gobierno nacional introdujo un cambio de fuerte impacto en el sistema de relaciones laborales al publicar el Decreto 612/2026, mediante el cual modificó la reglamentación de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y estableció nuevos criterios para calcular los aportes, contribuciones y retenciones surgidos de los acuerdos paritarios.

La disposición, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, reemplaza aspectos del Decreto 407/2026, que había restringido la base de cálculo exclusivamente al salario básico convencional.

Con la nueva reglamentación, la base sobre la que se aplican las cuotas solidarias y otros aportes convencionales ya no comprenderá únicamente el salario básico, sino también las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual previstas en los convenios colectivos. Permanecen excluidos los premios, bonos, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, participación en ganancias, conceptos no remunerativos y cualquier otro ingreso extraordinario.

Otro de los cambios relevantes consiste en diferenciar los aportes regulados por el artículo 9 de la Ley 14.250 de aquellas contribuciones que los empleadores acuerden a favor de las organizaciones sindicales. Estas últimas pasarán a regirse por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y deberán destinarse exclusivamente a prestaciones sociales, asistenciales, previsionales o culturales para los trabajadores representados.

La norma también obliga a que esos recursos sean administrados mediante cuentas y documentación independientes del resto del patrimonio sindical, con el propósito de reforzar los mecanismos de control y transparencia.

El decreto mantiene vigente el tope del 2% previsto para las cuotas solidarias, aunque redefine los conceptos salariales sobre los cuales se calcula ese límite. Paralelamente, deja fuera de esa restricción las contribuciones empresarias destinadas a fines específicos, una modificación que evita una reducción significativa de los ingresos que perciben numerosas organizaciones gremiales y sus obras sociales.

La decisión llegó después de intensas conversaciones entre funcionarios nacionales y la CGT, que había advertido que la reglamentación original afectaba el financiamiento del modelo sindical argentino. Entre los casos mencionados durante las negociaciones sobresalen las contribuciones empresarias destinadas a obras sociales, que en algunos gremios representan miles de millones de pesos mensuales, recursos esenciales para sostener prestaciones médicas y asistenciales.

La rectificación se oficializó además en un momento de alta sensibilidad política, cuando la central obrera prepara una nueva etapa de movilizaciones y mantiene abiertos diversos frentes de conflicto con el Gobierno por la política laboral y salarial.

La modificación del Decreto 407/2026 refleja un cambio de criterio en la aplicación de la reforma laboral impulsada por la administración nacional. Más allá de los aspectos técnicos, la medida preserva una fuente clave de financiamiento para los sindicatos, redefine el alcance de los convenios colectivos y reconfigura uno de los puntos de mayor discusión entre el Poder Ejecutivo y el movimiento obrero organizado.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) firmó el acuerdo salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. La actualización contempla incrementos mensuales para todas las categorías del convenio y llevará el salario bruto conformado del Vigilador General hasta $1.930.000 en diciembre, con una mejora acumulada del 17,35% respecto de junio.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la seguridad privada que establece una recomposición salarial escalonada entre julio y diciembre de 2026. El entendimiento fija incrementos mensuales para todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo y busca preservar el poder adquisitivo de una de las actividades con mayor crecimiento en materia de empleo durante los últimos años.

La referencia principal del convenio corresponde a la categoría Vigilador General, cuyo salario bruto conformado pasará de $1.644.650 en junio a $1.930.000 en diciembre. La diferencia representa un incremento acumulado de $285.350, equivalente al 17,35%, mediante una secuencia de actualizaciones distribuidas a lo largo del semestre.

El cronograma salarial establece que el ingreso bruto alcanzará $1.706.800 en julio, $1.744.800 en agosto, $1.791.600 en septiembre, $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y $1.930.000 en diciembre, otorgando previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores en un período caracterizado por negociaciones periódicas y revisiones salariales.

Uno de los componentes con mayor crecimiento será el salario básico, que aumentará desde $911.650 hasta $1.085.000, con una mejora acumulada del 19,02%, porcentaje superior al incremento del salario conformado. Por su parte, el adicional por presentismo pasará de $165.000 a $180.000, mientras que el viático ascenderá de $498.000 a $545.000, consolidando la actualización de los conceptos que integran la remuneración habitual de los trabajadores.

El acuerdo también incorpora una suma no remunerativa de carácter progresivo que comenzará en $20.000 durante julio, aumentará a $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y alcanzará los $120.000 en diciembre, mecanismo que permite reforzar los ingresos durante el semestre sin modificar de inmediato la totalidad de la estructura remunerativa.

La negociación no se limita a la categoría de Vigilador General. Las nuevas escalas comprenden además a Vigiladores Bomberos, Vigiladores Principales, Operadores de Monitoreo, Verificadores de Eventos, Administrativos, Guías Técnicos, Instaladores de Sistemas Electrónicos y Controladores de Admisión y Permanencia, además de actualizar los adicionales específicos correspondientes a tareas aeroportuarias, zonas especiales como Neuquén y servicios vacacionales.

La seguridad privada constituye una de las principales ramas de servicios del país y emplea a decenas de miles de trabajadores distribuidos en empresas que prestan servicios en industrias, bancos, centros comerciales, hospitales, organismos públicos, barrios privados, complejos logísticos y eventos masivos. La evolución de sus salarios suele ser observada como un indicador relevante dentro del universo de convenios de servicios, debido a la magnitud de la actividad y a la diversidad de funciones que comprende.

La firma de esta paritaria se suma a la intensa dinámica de negociaciones colectivas que atraviesa 2026, marcada por acuerdos de corta duración y cláusulas de actualización periódica para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder de compra de los salarios. En ese marco, la recomposición obtenida por UPSRA garantiza una referencia salarial para el segundo semestre y deja abierta la expectativa de una nueva discusión convencional hacia el cierre del año, cuando gremio y empleadores vuelvan a evaluar la evolución de la economía, la inflación y las condiciones del mercado laboral.

Uber presentó una oferta de 12.900 millones de euros para adquirir Delivery Hero, propietaria de PedidosYa en Argentina. Si la operación recibe el visto bueno de los organismos de competencia, surgirá el mayor grupo mundial de movilidad y reparto fuera de China. La negociación coincide con un fuerte crecimiento del endeudamiento de repartidores y reabre el debate sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales.

El negocio global de las aplicaciones de reparto y movilidad atraviesa uno de los procesos de concentración empresarial más importantes de su historia. Uber confirmó una oferta de 12.900 millones de euros para adquirir Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa en Argentina y de otras marcas distribuidas en decenas de países. De concretarse la operación tras la revisión de las autoridades de defensa de la competencia, nacerá la mayor plataforma integrada de movilidad y delivery fuera de China.

La dimensión de la transacción refleja el peso creciente de la economía de plataformas. El grupo resultante tendría presencia en 99 mercados internacionales y operaciones que durante 2025 movilizaron reservas brutas cercanas a 236.000 millones de dólares, consolidando un liderazgo global en transporte urbano, reparto de alimentos y logística de última milla.

Para el mercado argentino, la posible adquisición adquiere una relevancia adicional. La negociación coincide con el relanzamiento de Uber Eats y con una competencia cada vez más intensa frente a PedidosYa y Rappi por un universo que, según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, reúne a cerca de un millón de repartidores y conductores en todo el país.

Sin embargo, detrás de la expansión de las grandes plataformas aparece otra realidad que expone las condiciones económicas de quienes sostienen diariamente el servicio. Datos recientes del Banco Central muestran que el endeudamiento promedio de los repartidores por aplicación alcanzó 900.000 pesos hacia fines de 2025, mientras que la cantidad de créditos tomados por estos trabajadores aumentó 122% durante ese año. Entre los comercios adheridos a las plataformas, el pasivo promedio resultó incluso siete veces superior.

El fenómeno presenta una característica singular: una parte importante de esos préstamos no proviene del sistema bancario tradicional, sino de las propias empresas tecnológicas que administran las aplicaciones. Gracias al acceso permanente a la información sobre ingresos, productividad, horarios de conexión y volumen de pedidos, estas compañías poseen una capacidad de evaluación financiera muy superior a la de otros otorgantes de crédito.

Ese conocimiento les permite ofrecer financiamiento con rapidez, aunque especialistas y organizaciones sindicales advierten que las condiciones financieras suelen carecer de suficiente transparencia respecto de las tasas de interés, costos y mecanismos de recuperación. En muchos casos, las cuotas son descontadas directamente de los ingresos generados por el trabajador dentro de la propia plataforma, fortaleciendo un vínculo económico que excede la simple intermediación tecnológica.

Para numerosos repartidores, esa modalidad genera un círculo de dependencia. La necesidad de afrontar los descuentos automáticos obliga a extender las jornadas laborales, aceptar una mayor cantidad de pedidos y permanecer conectados durante más horas para sostener ingresos que permitan cumplir con los compromisos financieros asumidos.

La posible absorción de Delivery Hero también vuelve a colocar bajo análisis el grado de competencia dentro del mercado digital. En distintos países, este tipo de operaciones suele ser sometido a exhaustivas evaluaciones por parte de los organismos antimonopolio, que analizan si la concentración puede afectar la competencia, reducir las alternativas para consumidores y comercios o incrementar el poder de negociación de las plataformas frente a trabajadores y prestadores de servicios.

En Argentina, el debate se vincula además con la regulación del empleo en plataformas. Mientras las empresas sostienen que los repartidores operan como trabajadores independientes, diversas organizaciones sindicales reclaman el reconocimiento de una relación laboral con acceso a derechos como cobertura por accidentes, licencias, vacaciones pagas, aportes previsionales y negociación colectiva. La discusión adquirió mayor relevancia tras las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional, que mantienen la figura del colaborador independiente para este tipo de prestaciones.

La evolución de la operación entre Uber y Delivery Hero trasciende así una simple compra empresarial. Su eventual aprobación modificará el equilibrio competitivo de una industria que mueve miles de millones de dólares y que constituye una fuente de ingresos para cientos de miles de personas en América Latina. Al mismo tiempo, profundiza el debate sobre la necesidad de actualizar los marcos regulatorios para compatibilizar innovación, competencia y protección laboral en una economía donde el poder económico de las plataformas crece con mayor velocidad que las normas destinadas a supervisarlas.