La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.

Si el proyecto de reforma laboral logra su aprobación definitiva en Diputados, su destino inmediato será la judicialización. Magistrados laborales, gremios y trabajadores individuales preparan planteos de inconstitucionalidad en un escenario donde la Corte Suprema ya dio señales coincidentes con varios ejes de la iniciativa.

La reforma laboral no sólo divide al arco sindical y político. También abrió un frente institucional que promete trasladar el conflicto desde el Congreso hacia los tribunales. En el Poder Judicial dan por descontado que, si la norma se convierte en ley, comenzará una etapa de litigiosidad intensa que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.

El núcleo de la controversia es la disolución del fuero laboral nacional y el traspaso de sus competencias a la órbita porteña. La semana pasada, el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio que formaliza esa transferencia. En un plazo de 180 días, diez juzgados laborales de la Ciudad deberán comenzar a tramitar los nuevos casos y ejecutar sentencias antiguas bajo los parámetros de la eventual nueva ley. Los juzgados nacionales del trabajo conservarán únicamente las causas iniciadas antes de la reforma.

El rediseño implica, además, el cierre de 30 de los 80 juzgados laborales nacionales —todos vacantes— y la supresión de una sala de la Cámara del Trabajo que también carece de titular.

La incertidumbre sobre el destino de empleados y funcionarios alimenta la tensión interna. En grupos de mensajería privada, magistrados laborales intercambian diagnósticos y evalúan estrategias ante lo que consideran una amenaza directa a la existencia misma del fuero.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, confirmó que analizan “todas las alternativas y vías de acción posibles”, aunque reconocen que el escenario no les resulta favorable. La dificultad radica en que la propia Corte Suprema abrió el camino hacia la autonomía plena de la Ciudad y avaló la transferencia de competencias, lo que debilita cualquier planteo que pretenda frenar el proceso en su origen.

El antecedente clave es el fallo “Levinas”, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño actúa como instancia de revisión en causas nacionales, consolidando el rol de la Ciudad como órgano de control jurisdiccional. A partir de ese precedente, un eventual reclamo contra el traspaso tendría escasas probabilidades de prosperar ante el máximo tribunal.

La reforma, sin embargo, no se agota en la cuestión orgánica. También redefine criterios sustantivos que impactan en la dinámica de los litigios laborales. En materia de indemnizaciones, la ley fija que los nuevos juicios deberán ajustarse por el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual. Para las causas en trámite se aplicará la tasa pasiva del Banco Nación, aunque con el límite de no reducir el IPC más ese 3%.

El debate sobre intereses no es menor. En los últimos dos años, la Corte dictó una serie de fallos —entre ellos “Oliva”, “Fontaine”, “Lacuadra” y “M. Décima”— que limitaron la capitalización sucesiva de intereses en indemnizaciones laborales. Con esas decisiones, el tribunal buscó frenar montos que consideró desproporcionados y enviar una señal a la Cámara del Trabajo, históricamente proclive a criterios más amplios. La nueva ley recoge esa línea y la consolida en texto normativo.

Pero el frente judicial no termina allí. Abogados laboralistas anticipan controversias en torno a la definición de salario. La norma excluye ciertos beneficios —como el uso de celular o automóvil corporativo— del cálculo indemnizatorio. No obstante, la Corte sostuvo en precedentes como “Pérez”, “González” y “Díaz” que el salario debe interpretarse en sentido amplio, abarcando toda contraprestación evaluable en dinero derivada del vínculo laboral. La tensión entre ley y jurisprudencia podría reavivar el debate constitucional.

Otro punto sensible es la previsión de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. La medida rompe con la lógica tradicional de pago único y abre interrogantes sobre la razonabilidad de imponer unilateralmente condiciones de cancelación al acreedor. Asimismo, la reducción salarial en casos de enfermedad inculpable —como lesiones producidas fuera del ámbito laboral— ya genera cuestionamientos basados en tratados internacionales de derechos humanos que protegen la integridad del salario durante la licencia médica.

En consecuencia, la reforma introduce una cláusula inédita: establece que los fallos de la Corte serán obligatorios en esta materia. La disposición tensiona el principio de independencia judicial y podría generar un escenario paradójico en el que jueces deban optar entre aplicar un precedente del máximo tribunal o atenerse a la literalidad de la nueva norma.

El gremio judicial, encabezado por Julio Piumato, también anticipó medidas de fuerza ante la eventual pérdida de puestos de trabajo. Jueces laborales, incluso algunos con afinidad política diversa, evalúan acompañar esas manifestaciones. El conflicto, así, combina defensa corporativa, discusión constitucional y redefinición del modelo laboral.

La reforma laboral, si se convierte en ley, no encontrará reposo tras su sanción. Por el contrario, abrirá un ciclo de litigios que podría prolongarse durante años. El nuevo esquema traslada la disputa a la justicia porteña y, en última instancia, a la Corte Suprema, que ya delineó criterios que coinciden parcialmente con el espíritu de la norma.

En ese cruce entre política y jurisdicción se juega algo más que un debate técnico. Está en discusión la arquitectura institucional del derecho laboral argentino y el equilibrio entre protección del trabajador, seguridad jurídica y sostenibilidad económica. El Congreso definirá la ley; los tribunales, su alcance y sus límites.

El plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y confirmó el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo en San Juan. El gremio consideró insuficiente la propuesta y dejó abierta la posibilidad de adherir a medidas nacionales convocadas por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar durante varias horas la oferta salarial presentada el 12 de febrero por el Ejecutivo provincial, el plenario de delegados de UDAP decidió rechazarla por considerarla insuficiente y ratificó la medida de fuerza ya definida para el 2 de marzo, día en que está previsto el inicio de clases en el nivel primario.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos dejó en claro que insistirá con el pedido de recomposición salarial planteado en el acta paritaria de diciembre de 2025 y ratificó las medidas de fuerza votadas el 9 de febrero.

Además, el plenario facultó a sus congresales a adherir a eventuales paros o acciones de protesta que convoque CTERA a nivel nacional, central obrera a la que responde orgánicamente el sindicato.

La oferta oficial

La propuesta fue presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También participaron los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso:

. Elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, a abonarse con el salario de febrero.
. Un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en febrero.
. Un incremento del 5% en el Valor Índice en marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
. Otro aumento del 5% en junio de 2026, calculado sobre el índice de marzo.
. Una suba de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que debía formalizarse la respuesta gremial. Con el rechazo de UDAP, la negociación ingresa ahora en una fase decisiva.

Desde el Gobierno habían destacado que San Juan fue una de las primeras provincias en abrir la discusión paritaria docente, en un intento por anticipar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo.

Impacto en el inicio de clases

La huelga ratificada para el 2 de marzo coincide con el comienzo formal del ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. De confirmarse la medida, es posible que se realicen los actos de apertura, pero que los docentes adheridos no dicten clases durante esa jornada.

El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del inicio efectivo de las actividades. En un momento de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, el salario docente vuelve a convertirse en eje de tensión política y social.