La convocatoria reunió a miles de personas en el centro sanjuanino en una nueva conmemoración de Ni Una Menos. La movilización estuvo atravesada por el reclamo de justicia en casos recientes de violencia de género y por una impactante intervención que recordó a las mujeres asesinadas en la provincia durante las últimas décadas.

A once años de la primera manifestación que marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina, las calles de San Juan volvieron a convertirse en escenario de una masiva expresión ciudadana contra la violencia hacia las mujeres. La convocatoria reunió a miles de personas que marcharon por el centro de la capital provincial para renovar una demanda que, lejos de perder vigencia, mantiene una profunda presencia en la vida social.

La concentración comenzó frente a la Legislatura y posteriormente avanzó por distintas arterias céntricas en una jornada caracterizada por la participación de organizaciones sociales, espacios de derechos humanos, colectivos feministas, estudiantes, trabajadores y familias completas que se sumaron a la movilización.

A lo largo del recorrido, las consignas reflejaron preocupaciones que atraviesan a buena parte de la sociedad: la persistencia de los femicidios, las situaciones de abuso, la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y la exigencia de respuestas institucionales más eficaces frente a las distintas formas de violencia.

Uno de los ejes más visibles de la marcha estuvo vinculado al pedido de justicia por Martina Naveda, cuya historia generó una profunda conmoción en la provincia. Carteles, pancartas y mensajes de apoyo acompañaron el reclamo mientras la comunidad seguía con atención las instancias judiciales vinculadas al caso.

La intervención que conmovió a la movilización

Entre las múltiples expresiones que formaron parte de la jornada, una instalación realizada por organismos de derechos humanos logró sintetizar el carácter emotivo de la convocatoria. Sobre el ingreso al Centro Cívico fue desplegada una gran cruz compuesta por fotografías y nombres de mujeres asesinadas en San Juan a lo largo de más de tres décadas.

La intervención, construida a partir de un relevamiento histórico de casos registrados en la provincia, se transformó rápidamente en uno de los puntos más concurridos de la marcha. Una gran cantidad de manifestantes se detuvieron para observar cada imagen, leer los nombres y rendir homenaje a quienes perdieron la vida en hechos de violencia extrema.

La escena aportó una dimensión particularmente simbólica a la jornada. No se trató únicamente de una representación visual, sino de un ejercicio de memoria colectiva destinado a evitar que las historias detrás de cada caso queden reducidas a estadísticas.

Un reclamo que trasciende generaciones

La amplitud de la convocatoria volvió a mostrar la capacidad de Ni Una Menos para reunir sectores diversos alrededor de una preocupación común. Entre jóvenes que participaron por primera vez y referentes que acompañan la iniciativa desde sus comienzos, la movilización reflejó la continuidad de una demanda que se mantiene vigente más de una década después de aquella histórica concentración de 2015.

Con cánticos, mensajes de concientización y expresiones artísticas, la movilización recorrió el centro sanjuanino dejando una imagen contundente: la problemática de la violencia de género continúa ocupando un lugar central en el debate público y sigue convocando a miles de personas dispuestas a sostener el reclamo en las calles.

Una fecha que conserva su fuerza

La nueva edición de Ni Una Menos volvió a exhibir la capacidad de movilización de un movimiento que modificó de manera profunda la conversación social sobre la violencia contra las mujeres en Argentina. En San Juan, la masiva participación, la presencia de familiares de víctimas y la potencia simbólica de las intervenciones realizadas durante la jornada consolidaron una vez más un mensaje que atraviesa generaciones: la memoria, la justicia y la prevención continúan siendo demandas inseparables de una sociedad que busca erradicar la violencia de género.

La central obrera difundió una campaña institucional basada en cifras que reflejan el impacto de la violencia de género durante los primeros meses del año. El mensaje coincidió con una nueva conmemoración del Ni Una Menos y con expresiones de respaldo de dirigentes sindicales presentes en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

A once años de la movilización que transformó el debate público sobre la violencia de género en Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a sumarse a las actividades del Ni Una Menos con un pronunciamiento que puso el foco en las consecuencias humanas de una problemática que continúa interpelando a la sociedad.

La central sindical eligió un mensaje de fuerte contenido simbólico para acompañar la jornada del 3 de junio. A través de una pieza audiovisual difundida en sus canales institucionales, destacó tres cifras que sintetizan la dimensión de la violencia ejercida contra las mujeres durante los primeros meses del año: femicidios consumados, intentos de femicidio y niñas y niños que quedaron sin madre como consecuencia de esos crímenes.

La campaña buscó visibilizar una realidad que, según expresaron desde la organización, no puede quedar reducida a estadísticas. El mensaje planteó la necesidad de sostener la atención pública sobre una problemática que continúa generando consecuencias irreparables en cientos de familias y comunidades de todo el país.

La CGT también advirtió sobre la importancia de fortalecer las políticas de prevención, asistencia y protección destinadas a las víctimas, al tiempo que remarcó la responsabilidad de los distintos actores institucionales para enfrentar situaciones de violencia y desigualdad que afectan a mujeres y diversidades.

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas”, la central convocó a participar de las actividades organizadas en el marco de una nueva conmemoración del Ni Una Menos, una fecha que desde 2015 se convirtió en un punto de referencia para las demandas vinculadas a la igualdad de derechos y la erradicación de las violencias por motivos de género.

El acompañamiento sindical también se hizo visible fuera del país. Dirigentes de la CGT que participan de la Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, expresaron su adhesión a la jornada mediante mensajes y actividades de respaldo a las trabajadoras argentinas.

La presencia de representantes gremiales en uno de los principales foros laborales del mundo permitió proyectar el reclamo más allá de las fronteras nacionales y reforzar la idea de que la lucha contra la violencia de género constituye un desafío que atraviesa a las sociedades contemporáneas en su conjunto.

A más de una década de aquella primera movilización multitudinaria, el Ni Una Menos mantiene vigencia como una de las expresiones sociales más significativas de los últimos años. En ese marco, la CGT volvió a ratificar su acompañamiento a una agenda que busca garantizar condiciones de vida libres de violencia, discriminación y exclusión para millones de mujeres en todo el país.

El Gobierno mejoró su oferta de recomposición presupuestaria y salarial, pero condicionó cualquier acuerdo al retiro de las acciones judiciales impulsadas por las casa de altos estudios. La exigencia fue descartada de plano por los rectores y el conflicto volvió a quedar sin una vía de resolución inmediata.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo revés tras una reunión que terminó sin avances concretos y dejó aún más distante la posibilidad de un acuerdo. Aunque el Ejecutivo presentó una propuesta superadora respecto de planteos anteriores, las autoridades universitarias rechazaron una condición que consideran incompatible con la defensa de sus reclamos institucionales: abandonar la demanda judicial por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El encuentro reunió a representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por acercar posiciones frente a una crisis presupuestaria que se profundiza desde hace más de dos años. Sin embargo, las conversaciones quedaron rápidamente condicionadas por el requisito planteado por la administración nacional.

Desde las universidades sostienen que cualquier esquema de recomposición económica debe desarrollarse sin renunciar a las acciones legales actualmente en curso. La postura fue transmitida de manera categórica durante la reunión y dejó prácticamente clausurada la posibilidad de un entendimiento inmediato.

La propuesta oficial contemplaba una actualización salarial superior a la ofrecida en instancias anteriores, junto con incrementos para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y programas de becas. No obstante, las autoridades académicas consideran que los montos continúan lejos de compensar el deterioro acumulado en los ingresos docentes y en las partidas destinadas al sostenimiento de las instituciones.

Rectores y especialistas del sistema universitario señalan que el principal problema no se limita a una discusión coyuntural sobre porcentajes de aumento. El núcleo de la controversia reside en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada tras la decisión del Ejecutivo de no aplicarla.

La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria y salarial vinculados a la evolución de la inflación, con el objetivo de preservar el funcionamiento de las universidades y evitar el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente.

En ese marco, las casas de estudio obtuvieron resoluciones favorables en distintas instancias judiciales y aguardan ahora una definición de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre una cuestión que excede la discusión presupuestaria y que podría sentar un precedente institucional de gran alcance respecto del cumplimiento de leyes sancionadas por el Poder Legislativo.

Mientras tanto, el sistema universitario continúa operando con recursos que las autoridades consideran insuficientes para afrontar las necesidades académicas, científicas y de extensión. La situación impacta sobre salarios, infraestructura, programas de investigación, becas estudiantiles y servicios esenciales vinculados a la vida universitaria.

La falta de acuerdo también profundiza la incertidumbre de cara al segundo semestre. Diversos sectores académicos advierten que, de no existir una solución estructural, podrían incrementarse las medidas de protesta y las dificultades para sostener con normalidad el calendario educativo.

Por ahora, las posiciones permanecen enfrentadas. El Gobierno busca cerrar el conflicto mediante una negociación integral, mientras que las universidades sostienen que cualquier salida deberá respetar el reclamo judicial en curso y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente. Con las conversaciones interrumpidas y sin nuevas reuniones programadas, la definición parece trasladarse nuevamente al terreno político y a los tribunales.