Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, la Mesa Sindical —que nuclea a más de medio centenar de organizaciones gremiales— denunció que el Gobierno nacional se niega a actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor para evitar mostrar un nivel inflacionario más elevado. Aseguran que trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 23% por el uso de datos desactualizados.

Según denunciaron, Lavagna había anunciado la actualización de los criterios de ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de este año. Sin embargo, esa iniciativa habría chocado con la oposición del ministro de Economía, Luis Caputo, y del propio presidente Javier Milei. La razón, sostienen desde el arco sindical, es política: con una canasta actualizada, la inflación de enero habría alcanzado el 3,4%, un dato incompatible con el relato oficial de desaceleración sostenida.

En ese marco, la Mesa Sindical advirtió que el Ejecutivo continuará utilizando un índice construido sobre patrones de consumo que datan de 2004, a pesar de los profundos cambios económicos y sociales registrados en las últimas dos décadas. “El nuevo método reflejaría un índice mayor y no es conveniente que esos datos se conozcan públicamente”, señalaron, al tiempo que alertaron que esta distorsión seguirá ampliándose mes a mes.

El cuestionamiento no se limita a una discusión técnica. Para los gremios, el uso de una inflación subestimada tiene consecuencias concretas y directas sobre los ingresos. Según sus cálculos, trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida cercana al 23% como resultado de la “mala praxis gubernamental” en la medición del IPC, una brecha que impacta en salarios, haberes previsionales, paritarias y actualizaciones contractuales.

La crítica sindical se apoya además en la experiencia cotidiana. “El Gobierno quiere tapar el sol con las manos, pero la realidad lo deja desnudo”, afirmaron. Enumeraron aumentos en tarifas de luz, gas, agua y telecomunicaciones, subas pronunciadas en alquileres, incrementos persistentes en alimentos y un fuerte encarecimiento de los útiles escolares. “Son hechos, no opiniones”, remarcaron.

Incluso la metodología que proponía Lavagna fue considerada insuficiente por el colectivo gremial. A su entender, la actualización hubiera reflejado patrones de consumo de 2017, una referencia que también quedó desfasada tras años de crisis, inflación elevada y cambios en la estructura del gasto de los hogares. Por eso, reclaman un nuevo índice construido con participación de trabajadores y consumidores, quienes —subrayan— son los principales afectados por la distorsión estadística.

Para la Mesa Sindical, la disputa por el IPC excede la figura de un funcionario o una metodología puntual: expone una decisión política de negar la realidad económica. “Pelearse con la realidad no es bueno. Negarla es inútil. Los resultados son tristemente conocidos”, concluye el comunicado firmado por más de 50 organizaciones gremiales.

En un momento de gran pérdida sostenida del poder adquisitivo, la credibilidad de las estadísticas oficiales vuelve a quedar bajo sospecha y se transforma en un eje central del conflicto social y laboral que atraviesa el país.

El comienzo de 2026 encuentra al mercado laboral argentino atravesando uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Los datos del informe de coyuntura elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) exponen con crudeza el impacto del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei: desde diciembre de 2023 se perdieron casi 320.000 puestos de trabajo formales, a un ritmo promedio de 462 empleos destruidos por día, lo que equivale a un despido cada tres minutos.

El estudio, realizado por los investigadores Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, advierte que la contracción del empleo formal y el creciente endeudamiento de las familias no son fenómenos aislados, sino dos dimensiones complementarias de un mismo proceso de ajuste estructural.

La mayor parte de la destrucción laboral se concentra en el sector privado, que acumula más de 194.000 bajas, seguido por el sector público, con alrededor de 96.000 puestos perdidos, y por el empleo en casas particulares, donde se registran otros 29.000 despidos. El informe subraya que este retroceso responde a una “crisis histórica de la industria”, profundizada por la apertura de importaciones, el desplome del consumo interno y el reemplazo de producción nacional por bienes del exterior.

Sectores estratégicos como la metalmecánica y la industria automotriz exhiben caídas de actividad superiores al 20 %, en un contexto en el que las importaciones alcanzaron un récord absoluto durante 2025, debilitando aún más la estructura productiva local.

Salarios en caída y pérdida de poder adquisitivo

La destrucción del empleo se ve agravada por una fuerte licuación de los ingresos. Según el informe, el salario real del sector público cayó un 20 % respecto de 2023, lo que implica una pérdida acumulada promedio cercana a los 10 millones de pesos por trabajador estatal. En el sector privado, el retroceso real alcanza el 6 %, con una pérdida estimada de casi 2 millones de pesos por trabajador.

El panorama es aún más severo para los jubilados. El poder de compra de las jubilaciones se ubica hoy 23 % por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno, mientras que en el caso de las jubilaciones mínimas la pérdida llega al 28 %. Este deterioro generalizado de los ingresos derivó, según los autores del estudio, en una transferencia de recursos desde los asalariados y jubilados hacia otros sectores por un total de 67,2 billones de pesos.

Ajuste fiscal, endeudamiento y reprimarización

El informe de Mate también se centra en los mecanismos que permiten sostener este esquema económico. Por un lado, el Estado logró un “ahorro” de 107,7 billones de pesos mediante recortes drásticos en obra pública, jubilaciones y educación. Por otro, el modelo se apoya en un fuerte incremento de la deuda pública y privada, destinada a financiar la salida de capitales y la fuga de excedentes.

En este marco, los investigadores advierten que se profundiza un proceso de desplazamiento de las actividades generadoras de valor agregado, mientras se consolida un patrón basado en el negocio financiero y la reprimarización de la economía, que muestra serias dificultades para sostenerse sin un flujo permanente de financiamiento externo.

A poco más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, los indicadores laborales y sociales reflejan el costo estructural del ajuste. La destrucción sostenida del empleo formal, la caída del salario real y el deterioro de las jubilaciones configuran un escenario de fuerte fragilización del tejido social y productivo. Lejos de un proceso de recuperación, el modelo económico exhibe una dinámica que profundiza la desigualdad y compromete las bases del desarrollo, dejando como saldo una sociedad más endeudada, con menos trabajo y menor capacidad de consumo.

La industria automotriz comenzó 2026 con un marcado retroceso productivo. En enero se fabricaron apenas 20.998 vehículos, lo que implicó una caída del 30,1% interanual y del 20,7% respecto de diciembre. También se contrajeron las exportaciones, mientras que las ventas internas lograron sostenerse levemente en un contexto de crisis sectorial, apertura importadora y creciente presión de los autos chinos.

El sector automotor argentino inició el año con señales contundentes de enfriamiento. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), durante enero se produjeron 20.998 unidades entre automóviles y vehículos comerciales livianos, un volumen sensiblemente inferior al registrado tanto en diciembre como en igual mes de 2025, cuando la producción había alcanzado las 30.058 unidades.

El derrumbe del 30,1% interanual refleja el impacto combinado de la desaceleración económica, el freno de la actividad industrial y un contexto cada vez más desafiante para la producción local. A ello se suma la apertura de importaciones, con un crecimiento sostenido del ingreso de vehículos chinos, que ya representan el 11% del mercado automotriz nacional y presionan sobre la competitividad de las terminales instaladas en el país.

Desde Adefa explicaron que parte de la caída responde a factores estacionales y organizativos. En enero, la mayoría de las plantas implementó paradas por vacaciones, con tres días menos de producción respecto del mismo mes del año pasado, una dinámica que en ejercicios anteriores se distribuía entre diciembre y febrero. Además, varias terminales atravesaron procesos de adecuación de líneas para la producción de nuevos modelos, lo que redujo la cadencia diaria.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado”, explicó el presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano. No obstante, aclaró que para evaluar con mayor precisión el desempeño anual será necesario observar la evolución del primer trimestre.

Con un promedio diario de 1.750 unidades, los números de enero vuelven a encender luces de alerta en una industria que históricamente funciona como uno de los motores de la actividad manufacturera, el empleo y las exportaciones del país.

Exportaciones en retroceso y mercado interno estable

El deterioro también se reflejó en el frente externo. Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. Esto implicó una caída del 51% respecto de diciembre y una baja interanual del 12,3%, profundizando las dificultades para sostener el perfil exportador del sector.

En contraste, el mercado interno mostró un comportamiento más estable. Las entregas a concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades, lo que representó una contracción del 33,1% frente a diciembre, pero con una leve mejora del 0,7% en comparación con enero de 2025. Este dato sugiere que, pese al contexto recesivo, la demanda doméstica logró evitar un derrumbe mayor, aunque sin mostrar señales claras de recuperación.

Competitividad, impuestos y un escenario global adverso

Desde la conducción de Adefa advirtieron que el sector enfrenta un escenario internacional “cada vez más desafiante”, atravesado por la transformación tecnológica, la transición hacia nuevas motorizaciones y políticas activas de desarrollo industrial en los principales mercados del mundo. En ese marco, reclamaron profundizar el trabajo conjunto con el Estado para mejorar la competitividad sistémica.

Pérez Graziano destacó que en los últimos dos años se registraron avances a nivel nacional, especialmente en la reducción o eliminación de impuestos que tuvieron un impacto positivo en la actividad. Sin embargo, subrayó que resulta clave que provincias y municipios acompañen ese proceso, disminuyendo la carga fiscal que pesa sobre las exportaciones y facilitando el acceso a nuevos mercados.

El fuerte retroceso productivo de enero confirma que la industria automotriz atraviesa un momento crítico. La combinación de menor actividad, caída de exportaciones, apertura importadora y presión competitiva externa plantea un escenario complejo para uno de los sectores estratégicos de la economía argentina. Mientras el mercado interno muestra una estabilidad frágil, el desafío central sigue siendo recuperar volumen, competitividad y previsibilidad en un contexto económico que continúa mostrando señales de fragilidad.