El 43,9% de los consultados por Latam Pulse Argentina señaló al desempleo como uno de los principales problemas del país, apenas 0,5 puntos por debajo de la corrupción. La inflación quedó en cuarto lugar, mientras siete de cada diez encuestados calificaron negativamente la situación laboral.

El temor al desempleo escaló hasta convertirse en la segunda mayor preocupación de los argentinos, prácticamente empatado con la corrupción y por encima de la inflación. El dato surge de la última medición de Latam Pulse Argentina, elaborada por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg, que relevó las principales inquietudes de la población frente a la economía y el mercado laboral.

El 43,9% de los encuestados mencionó al desempleo entre los principales problemas del país, apenas medio punto por debajo de la corrupción, que alcanzó el 44,4%. La situación económica general quedó tercera, con 32,1%, mientras que los altos precios y la inflación descendieron al cuarto lugar, con 28,8%.

La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 personas, con un margen de error aproximado de dos puntos porcentuales. Según la metodología informada por AtlasIntel, la muestra tiene representatividad nacional y fue procesada mediante herramientas propias de recolección y postestratificación.

El resultado marca un cambio en las prioridades que los argentinos atribuyen a la crisis económica. Mientras la inflación perdió peso relativo frente a mediciones anteriores, la preocupación por el trabajo ganó espacio hasta quedar prácticamente al mismo nivel que la corrupción, que encabeza el ranking.

La percepción sobre el mercado laboral es particularmente negativa. El 70% de los consultados calificó como mala la situación del empleo, mientras que sólo una porción minoritaria expresó una evaluación favorable. En materia económica, el 63% también tuvo una valoración negativa y apenas el 24% consideró buena la marcha del país.

Las expectativas para los próximos meses tampoco muestran un giro contundente. El 49% cree que la economía empeorará durante el siguiente semestre, frente a un 37% que espera una recuperación. La combinación entre una valoración desfavorable del presente y expectativas divididas sobre el futuro ayuda a explicar por qué el empleo adquiere un peso creciente entre las inquietudes de los hogares.

La percepción, sin embargo, no equivale a la medición estadística de la desocupación. El último dato del INDEC ubicó la tasa de desempleo en 7,8% de la población económicamente activa durante el primer trimestre de 2026. A ese indicador se suman registros de empleo formal que muestran una evolución menos favorable: la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo registró en junio una caída mensual de 0,1% en el empleo privado registrado de los principales aglomerados urbanos y una baja interanual de 1,3%.

La preocupación también se inscribe en un período atravesado por despidos, suspensiones y reclamos sindicales vinculados con los ingresos y la conservación de los puestos laborales. El empleo, de ese modo, vuelve a ocupar un lugar central en las demandas de trabajadores y organizaciones gremiales.

El relevamiento de AtlasIntel incorpora además una dimensión política: la desaprobación de Javier Milei alcanzó el 58%, frente a una aprobación del 38,1%. Aunque el rechazo retrocedió cuatro puntos respecto de julio, la mejora no modificó sustancialmente el balance de opiniones.

El dato de mayor peso para la economía cotidiana es otro: el desempleo dejó de ocupar un lugar secundario frente a la inflación y quedó a sólo medio punto de la principal preocupación nacional. La evolución de esa percepción estará estrechamente vinculada con la capacidad de la economía para sostener puestos formales, recuperar ingresos y generar nuevas oportunidades laborales en los próximos meses.

La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad una ley que regula de manera provisoria distintas herramientas del proceso penal juvenil. La norma incorpora reglas para la conciliación, reparación integral, suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado, hasta que San Juan adecue su legislación procesal a la Ley Nacional 27.801.

La iniciativa fue tratada durante la Tercera Sesión Especial, luego de que el cuerpo legislativo se constituyera en comisión para analizar el expediente 2250. El despacho recibió primero dictamen unánime y posteriormente fue aprobado por la totalidad de los diputados presentes. La sesión estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín.

Esta nueva regulación establece mecanismos alternativos a la imposición de una pena y fija las condiciones bajo las cuales pueden aplicarse en causas que involucren a adolescentes. Entre las principales herramientas aparecen la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.

En materia de conciliación, la norma permite acuerdos entre el adolescente imputado y la víctima en determinados delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia y en hechos culposos que no hayan provocado lesiones gravísimas ni la muerte. Quedan excluidos, entre otros, los delitos cuyo máximo de prisión supere los seis años y aquellos contra la vida, la integridad sexual y los poderes públicos y el orden constitucional.

El acuerdo deberá ser presentado ante el Juez Penal de Niñez y Adolescencia para su homologación. Si se acredita su cumplimiento, la acción penal se extinguirá; mientras tanto, el expediente permanecerá reservado. Ante un incumplimiento, el magistrado podrá disponer la continuidad del proceso o adoptar otra medida prevista por la legislación.

La reparación integral tendrá aplicación en un conjunto determinado de delitos, entre ellos lesiones leves, hurto y robo simple, determinadas estafas y defraudaciones, daño simple y encubrimiento. La resolución judicial deberá precisar la propuesta de reparación, la opinión de las partes y los criterios utilizados para establecer la obligación que deberá cumplir el adolescente. Una vez satisfecha, corresponderá el sobreseimiento.

Otro de los institutos regulados es la suspensión del proceso a prueba, que podrá ser solicitada desde la audiencia de indagatoria y hasta la de debate, con las excepciones previstas ante una eventual modificación de la calificación jurídica durante el juicio. El juez deberá resolver dentro de los cinco días posteriores a la audiencia y establecer, cuando corresponda, las reglas de conducta y la reparación simbólica.

El seguimiento estará a cargo del Equipo Técnico y del Supervisor que corresponda. La víctima deberá ser informada sobre el cumplimiento de las reglas impuestas y, si el adolescente cumple las condiciones establecidas, el magistrado declarará extinguida la acción penal conforme a la legislación de fondo. El incumplimiento podrá derivar en la revocación del beneficio y la continuidad del procedimiento ordinario.

La ley también habilita el juicio abreviado para los delitos de acción pública, siempre que exista un acuerdo escrito entre el fiscal, el adolescente, su defensor y el Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia respecto del hecho, la participación y la calificación legal. El fiscal deberá formular el pedido de pena y las demás partes prestar su conformidad.

El control judicial constituye un requisito central. El juez podrá admitir el acuerdo y dictar sentencia o rechazarlo mediante una resolución fundada. En este último caso, las admisiones o conformidades expresadas por el adolescente no podrán utilizarse posteriormente en su contra como reconocimiento de culpabilidad, mientras que el pedido de pena del fiscal tampoco lo condicionará durante el debate.

La norma dispone además que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o el organismo que eventualmente la reemplace, tendrá a su cargo la designación del Supervisor transitorio y la aplicación de las medidas previstas, en articulación con la Ley Nacional 26.061 y las disposiciones que resulten pertinentes de la Ley 27.801.

El régimen tendrá carácter estrictamente transitorio. Su vigencia se extenderá hasta que San Juan complete la adecuación de su legislación procesal, tal como establece el artículo 49 de la Ley Nacional 27.801. De esta manera, la provincia incorpora reglas específicas para resolver y acompañar los procesos que involucren a adolescentes sin esperar a la reforma integral de su sistema procesal juvenil.

El gobernador encabezó la distribución de computadoras a estudiantes de segundo año de escuelas secundarias estatales de Capital. El operativo continuará durante la semana en otros siete departamentos y permitirá superar las 45.000 computadoras distribuidas entre 2025 y 2026.

Más de 2.500 estudiantes de segundo año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal de Capital recibieron sus computadoras, en el comienzo de una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Modernización y Transformación del Estado, Fabricio Echegaray, y otros funcionarios provinciales. Los actos se desarrollaron en el Centro de Convenciones y el Centro Cultural Conte Grand.

Esta semana, los alumnos de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria de escuelas estatales de Capital, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Caucete, Zonda y Ullum también recibirán el beneficio como parte del operativo en curso.

La política busca reducir las brechas de acceso a herramientas digitales y acompañar el recorrido educativo de los estudiantes mediante equipamiento destinado tanto al aprendizaje como al desarrollo de competencias tecnológicas. La iniciativa también contempla dispositivos para docentes y capacitación vinculada con su utilización pedagógica.

El programa se articula con EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, y con otras políticas provinciales vinculadas con la enseñanza. Entre ellas se encuentra “Comprendo y Aprendo”, que incorpora la alfabetización digital dentro de sus contenidos, junto con el proceso de modernización de la administración pública.

La adquisición de los equipos contó con el acompañamiento de UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que participó en los procedimientos de compra impulsados por la provincia.

La dimensión de la política se advierte en la cantidad de dispositivos previstos. Durante 2025 fueron distribuidas 25.000 computadoras, mientras que para este año está prevista la entrega de más de 20.000 unidades adicionales.