Frente al fuerte rechazo sindical y a la falta de consensos legislativos, el Gobierno nacional decidió abrir una mesa de diálogo con la CGT y el sector empresario. Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado para analizar modificaciones al proyecto, con la mira puesta en llevarlo al recinto el 10 de febrero.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado en el Congreso. La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sumada a las dudas de sectores empresarios y a la fragilidad del oficialismo en el Senado, obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia y apostar ahora al diálogo como vía para destrabar la iniciativa.

La decisión política fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, quien reconoció que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los consensos”, afirmó.

En ese marco, el próximo 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Bullrich. El espacio analizará los planteos formulados por el sindicalismo y por distintas entidades empresariales, en coordinación con los bloques legislativos que vienen acompañando al oficialismo. La intención es avanzar hacia un dictamen consensuado y llevar la iniciativa al recinto el 10 de febrero.

Además, el Gobierno iniciará la semana próxima una instancia formal de diálogo con la CGT, en un intento por reducir tensiones y explorar posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que la negociación tendrá límites claros.

“Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo Bullrich, al reiterar la visión oficial de que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal.

Según la senadora, uno de los ejes centrales de la reforma es brindar mayores certezas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales, contingencias e indemnizaciones. En ese sentido, lanzó un mensaje directo al sindicalismo: “Si la CGT quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.

Bullrich también aclaró que, hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta formal por escrito, aunque aseguró que cualquier iniciativa será evaluada siempre que no implique sostener el statu quo. Las negociaciones, agregó, se concentrarán principalmente en el Senado, donde el oficialismo busca articular acuerdos con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto —las cuotas solidarias sindicales— también formará parte de la discusión. Desde el Gobierno insisten en que la reforma debe abordarse de manera integral, incluyendo modalidades de contratación, convenios colectivos y modernización del sistema laboral. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, remarcó la senadora.

La postura de la CGT

En este sentido, la CGT endureció su discurso. Esta semana difundió un comunicado titulado “La reforma laboral también impacta en tu salud”, en el que la Secretaría de Acción Social, encabezada por José Luis Lingeri, advirtió sobre las consecuencias que tendría la iniciativa oficial sobre el financiamiento y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

“Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, señaló la central obrera, que rechazó de plano la idea de que el debate se limite a una discusión corporativa. “No se trata de cajas ni de intereses sectoriales”, enfatizó el texto.

Con el proyecto aún lejos de garantizarse la aprobación, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación que busca descomprimir el conflicto social y político que rodea a la reforma laboral. El desafío será lograr modificaciones suficientes para sumar apoyos sin desnaturalizar una iniciativa que el oficialismo considera estructural. En un escenario de fuerte tirantez social y sindical, el diálogo aparece ahora como la única vía posible para evitar que la reforma quede empantanada en el Senado.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las jubilaciones acumulan una pérdida del 27,4% en términos reales desde la modificación de la fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno. El deterioro es aún mayor entre quienes cobran el haber mínimo, afectados por el congelamiento del bono desde marzo de 2024.

Las jubilaciones y pensiones atraviesan uno de los mayores retrocesos en su poder adquisitivo de las últimas décadas. Desde la implementación del nuevo esquema de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei, los haberes previsionales acumulan una caída real del 27,4%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El deterioro se produjo tras el cambio en el mecanismo de movilidad previsional introducido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 —basada en la evolución de los salarios y la recaudación— por un sistema de ajuste automático atado exclusivamente a la inflación.

De acuerdo con el análisis de CEPA, esta modificación fue clave para que el Gobierno alcanzara el superávit fiscal, pero lo hizo a costa de una fuerte licuación de los ingresos de los jubilados. En diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, si se hubiera mantenido la fórmula anterior, el haber habría alcanzado los $434.279, lo que representa una diferencia mensual de $93.393.

El informe sostiene que la fórmula derogada “hubiera sido superadora en el tiempo” y que fue eliminada “en el preciso momento en que podía comenzar a mejorar los haberes”. Según CEPA, el esquema previo incorporaba un rezago que permitía que las jubilaciones le ganaran a la inflación cuando esta comenzaba a desacelerarse. En contraste, el sistema actual impide nuevas pérdidas, pero también bloquea cualquier recuperación del poder adquisitivo ya erosionado.

El impacto del congelamiento del bono

La situación es aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima con bono. El refuerzo mensual permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, lo que provocó una profunda licuación de su valor real en un contexto inflacionario.

Mientras los haberes jubilatorios aumentaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido solo se incrementó un 101%. Según CEPA, para sostener el poder de compra original, el bono debería haber alcanzado en diciembre los $177.485. La diferencia —$107.485 mensuales— representa el recorte efectivo que sufren los jubilados de menores ingresos.

Como resultado, las jubilaciones mínimas con bono se encuentran actualmente un 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre del gobierno anterior.

Un retroceso histórico

El informe también advierte que el inicio de la actual gestión implicó un “rápido retroceso” de los haberes previsionales: una caída del 26,3% para jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que sí lo perciben. Estos niveles colocan el poder adquisitivo actual alrededor de un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, uno de los períodos más críticos para los ingresos jubilatorios.

A este escenario se suma el veto presidencial a iniciativas legislativas destinadas a recomponer los haberes. En agosto de 2025, el Poder Ejecutivo anuló una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y elevaba el bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado los $446.935, recuperando buena parte del poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.

El fin de la moratoria y la crisis del sistema

Por último, CEPA advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 profundiza la crisis estructural del sistema. Sin esta herramienta, “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden acceder a una jubilación” por no reunir los 30 años de aportes requeridos.

En esos casos, la única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad de acceso más elevada para las mujeres, consolidando un esquema de mayor exclusión y menores ingresos para los adultos mayores.

El informe de CEPA expone con claridad que el cambio en la fórmula de movilidad previsional se convirtió en una de las principales anclas del ajuste fiscal, con un costo social significativo. Mientras el Gobierno sostiene el superávit, las jubilaciones permanecen estancadas en niveles históricamente bajos, sin mecanismos que permitan recuperar lo perdido y con un sistema que, lejos de ampliarse, restringe cada vez más el acceso a una jubilación digna.

El capítulo tributario de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encendió la alarma en las provincias. Los cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos internos amenazan con recortar recursos coparticipables clave, en un marco de finanzas provinciales ya tensionadas y una distribución desigual de beneficios fiscales.

La reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en las próximas semanas abrió un nuevo y delicado frente de conflicto político. Esta vez, el foco no está puesto en los sindicatos ni en el Congreso, sino en las provincias, que advierten que el proyecto incluye modificaciones tributarias con impacto directo sobre la coparticipación federal y denuncian una transferencia de costos hacia los distritos subnacionales.

El núcleo de la preocupación reside en los cambios propuestos al impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la masa coparticipable. Según el proyecto de “modernización laboral”, se plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. Para los gobernadores, estas medidas implican una caída automática de recursos sin ningún mecanismo de compensación.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas modificaciones alcanzaría el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones anuales. De ese total, $1,12 billones impactarían de manera directa en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que verían reducidos sus ingresos coparticipables.

Impacto desigual y beneficios concentrados

La pérdida de recursos no sería homogénea. La provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada, con un recorte estimado en $238.558 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza. En todos los casos, se trata de distritos con estructuras fiscales frágiles y fuertes compromisos en materia de educación, salud y asistencia social.

Desde el Gobierno, la defensa oficial se apoya en el argumento de que la baja de Ganancias busca mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión privada. Sin embargo, en las provincias cuestionan con dureza el reparto de costos y beneficios. El senador Jorge Capitanich fue uno de los más explícitos al calificar la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta” que favorece a un grupo reducido de grandes empresas.

Los números refuerzan esa crítica: el tramo más alto del impuesto a las Ganancias, que concentra el 76% de la recaudación, alcanza apenas a 1.856 sociedades, alrededor del 1% del total. La reducción de alícuotas, sostienen los detractores del proyecto, beneficia a ese universo acotado mientras traslada el ajuste al conjunto de las provincias.

Impuestos internos y otro golpe a la coparticipación

A los cambios en Ganancias se suma la eliminación de impuestos internos que gravan rubros como seguros, telefonía celular, artículos suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y aeronaves. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión tendría un costo fiscal cercano a los 334 millones de dólares anuales, aunque Capitanich eleva esa cifra a 548 millones.

Se trata, además, de tributos coparticipables desde 1996, por lo que su eliminación representa otro recorte directo a las finanzas provinciales. La preocupación se agrava si se considera que, en paralelo, el Estado nacional continúa trasladando responsabilidades a los distritos —como en el caso de la educación— sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.

El malestar provincial se potencia por las asimetrías en la distribución de transferencias automáticas. Un informe de Politikon Chaco revela que las provincias alineadas con el oficialismo registraron incrementos superiores al 200%, mientras que los distritos más críticos del Gobierno no alcanzaron el 50%, profundizando las tensiones políticas y fiscales.

Con el dictamen ya firmado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se preparan para una ronda de negociaciones que promete ser intensa. El objetivo oficial es llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de febrero, aunque el desenlace permanece abierto.

El interrogante central no es solo si la reforma laboral logrará los votos necesarios, sino si el Gobierno estará dispuesto a revisar su capítulo tributario para evitar una ruptura más profunda con las provincias. En un contexto de ajuste fiscal, recursos escasos y creciente desigualdad territorial, la discusión expone una rigidez estructural: quién paga el costo de las reformas y quién se queda con sus beneficios.