Tras su mensaje anual ante la Legislatura, el gobernador Marcelo Orrego confirmó el avance del proceso licitatorio para la repavimentación y ensanche de la Avenida de Circunvalación. La obra, considerada prioritaria por su alto nivel de tránsito y deterioro estructural, apunta a mejorar la seguridad vial y modernizar una de las principales arterias de la provincia.

La Avenida de Circunvalación de San Juan ingresó formalmente en la agenda de obras estratégicas del Gobierno provincial. Luego de su exposición ante la Legislatura, el mandatario provincial, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, brindó precisiones sobre uno de los anuncios más relevantes en materia de infraestructura: la intervención integral de esta vía clave para la movilidad urbana.

El proyecto contempla la repavimentación y el ensanche de un trazado que, aunque cuenta con 12 kilómetros en su recorrido central, alcanza los 32 kilómetros al considerar sus dos calzadas. Se trata, según definiciones oficiales, de la ruta más transitada de la provincia, condición que acentúa la urgencia de su puesta en valor.

El diagnóstico presentado por el propio Orrego no dejó margen para matices. “Está mal nivelada, hay sectores donde el pavimento presenta irregularidades y eso representa un riesgo concreto para quienes la utilizan a diario”, señaló, al describir el estado actual de la traza. La caracterización no es menor: instala la obra no solo como una mejora estructural, sino como una intervención necesaria en términos de seguridad vial.

En ese sentido, el plan de trabajos prevé una serie de acciones integrales: nivelación de la calzada, repavimentación completa, ampliación de carriles y adecuación de accesos. A ello se suman intervenciones específicas en puentes y zonas críticas, particularmente en los extremos de las estructuras, donde se concentran mayores dificultades técnicas y riesgos para la circulación.

Si bien aún no se definió una fecha de inicio, el Ejecutivo confirmó que el proceso licitatorio ya está en marcha. El plazo estimado de ejecución oscila entre siete y ocho meses, sujeto a ajustes operativos y condiciones de obra. Un aspecto central será la modalidad de trabajo: gran parte de las tareas se realizará en horario nocturno, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tránsito en una arteria de alta densidad vehicular.

La iniciativa se inscribe, además, en un esquema más amplio de planificación. La Circunvalación ya forma parte de un desarrollo energético innovador —convertida en la primera ruta solar del país— y ahora busca consolidarse como un corredor moderno, seguro y eficiente. En ese marco, la obra no solo apunta a resolver déficits acumulados, sino también a adecuar la infraestructura a nuevas demandas de movilidad y sostenibilidad.

El anuncio se integra dentro de un programa de inversiones más amplio que prioriza la conectividad, el desarrollo energético y la mejora de servicios esenciales. En términos políticos y de gestión, representa una señal clara sobre el enfoque del Ejecutivo: intervenir en puntos críticos con impacto directo en la vida cotidiana.

La decisión de avanzar con la repavimentación y ensanche de la Circunvalación expone una doble lectura. Por un lado, reconoce el deterioro de una infraestructura clave que, en su estado actual, compromete la seguridad de miles de usuarios. Por otro, posiciona a la obra pública como herramienta central para impulsar la interconexión y modernizar el entramado urbano.

El desafío no será menor. Cumplir con los plazos, minimizar las interferencias en el tránsito y garantizar estándares de calidad serán variables determinantes para el éxito del proyecto. En una provincia donde la circulación y la logística dependen en gran medida de esta arteria, la transformación de la Avenida de Circunvalación no solo es una promesa de gestión: es una intervención estructural que definirá el perfil de movilidad en los próximos años.

La medida de fuerza convocada por los gremios universitarios registró una adhesión “casi total” en todo el país. Reclaman paritarias urgentes y una recomposición salarial ante una pérdida del poder adquisitivo que denuncian como “histórica”, en un presente marcado por un fallo judicial favorable a la ley de financiamiento.

El sistema universitario argentino volvió a mostrar señales de fuerte conflictividad laboral. El paro nacional convocado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y acompañado por los trabajadores nodocentes alcanzó, según los gremios, un acatamiento “casi total” en las 60 universidades públicas del país.

El cese de tareas se inscribe dentro de un plan de lucha más amplio “en defensa del salario docente y del sistema universitario”, impulsado en conjunto con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). El eje central de la protesta gira en torno a la falta de convocatoria a paritarias y la urgente necesidad de recomposición salarial.

Desde FEDUN advirtieron que el deterioro de los ingresos alcanza niveles críticos: estiman una pérdida del 48,7% del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei. Este desfase, explicaron, surge de la brecha acumulada entre la inflación y los aumentos otorgados al sector.

En este contexto, los salarios docentes se ubican —según el diagnóstico sindical— entre los más bajos de las últimas décadas, configurando un escenario que impacta no solo en las condiciones laborales, sino también en el funcionamiento del sistema educativo superior.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, fue contundente al reclamar una respuesta oficial: “Exigimos el llamado a paritarias para recuperar la brutal pérdida salarial, ya que llevamos 15 meses perdiendo frente a la inflación”. Además, subrayó la necesidad de que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, al advertir que “no vamos a aceptar que se siga ajustando sobre la universidad pública ni sobre el trabajo docente”.

En ese aspecto, los trabajadores nodocentes nucleados en FATUN acompañaron la medida y reforzaron el planteo. Denunciaron no solo la pérdida salarial, sino también la falta de paritarias libres y los recortes en áreas sensibles como ciencia, becas e infraestructura universitaria.

El dato político y judicial

La jornada de paro coincidió con un hecho de alto impacto institucional. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió avalar una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en defensa de la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

La decisión judicial introduce un nuevo elemento en el conflicto: mientras los gremios intensifican su plan de lucha, el respaldo de la Justicia a la normativa vigente refuerza el reclamo por mayores recursos para el sistema.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió aplazar por 30 días la actualización de los impuestos a los combustibles. La medida busca amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo y evitar nuevas presiones sobre la inflación.

En un intento por contener la escalada de precios, el Gobierno nacional resolvió postergar la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) hasta principios de mayo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 217, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El ajuste impositivo estaba previsto para entrar en vigencia el 1° de abril y, como ocurre habitualmente, su impacto se habría trasladado de manera directa a los precios en surtidor. Con esta postergación, durante abril no habrá aumentos derivados de la carga impositiva sobre naftas y gasoil.

La medida se inscribe en un momento de fuerte presión sobre los costos energéticos. Durante marzo, los combustibles registraron subas acumuladas superiores al 20%, impulsadas principalmente por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional, que superó los US$100 por barril en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Estrategia para contener precios

Además del diferimiento impositivo, el Ejecutivo habilitó a las petroleras a incrementar de manera voluntaria el porcentaje de biocombustibles en las mezclas. En concreto, podrán elevar el corte de bioetanol hasta el 15% y de biodiésel hasta el 20%, siempre que se respeten los estándares de calidad vigentes.

Desde el Ejecutivo consideran que, con el precio del crudo en niveles elevados, la incorporación de biocombustibles puede contribuir a reducir los costos de producción y, en consecuencia, moderar el traslado a los precios finales.

Se trata de una herramienta complementaria que apunta a amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores, en un escenario donde los combustibles tienen un efecto directo e indirecto sobre la inflación.

Qué puede pasar en mayo

El alivio, sin embargo, tiene carácter transitorio. Según lo establecido en el decreto, a partir del 1° de mayo —salvo una nueva prórroga— se aplicará la actualización completa de los impuestos pendientes.

Esto incluye no solo el ajuste correspondiente al período actual, sino también el remanente acumulado de 2024 y los primeros trimestres de 2025, cuya implementación el Gobierno viene postergando de manera escalonada desde mediados del año pasado.

La política de diferimientos impositivos se convirtió en una herramienta recurrente del Ejecutivo para administrar el impacto inflacionario. Sin embargo, también genera una presión acumulada que, tarde o temprano, debe trasladarse a los precios.