Padres de estudiantes y docentes presentaron los primeros amparos judiciales contra el recorte del 93% a la educación técnico-profesional aprobado en el Presupuesto 2026. Denuncian que el artículo 30 vulnera leyes permanentes y pone en riesgo la formación de trabajadores calificados y el desarrollo industrial del país.

Tras la sanción del Presupuesto Nacional 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnico-profesional, una de las decisiones más cuestionadas del paquete presupuestario aprobado por el Congreso. La medida, contenida en el artículo 30 de la ley, elimina el fondo obligatorio destinado a la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058, vigente desde 2005.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes iniciaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo cuestiona la legalidad del artículo aprobado y sostiene que una norma presupuestaria anual no puede modificar ni derogar derechos consagrados en leyes de carácter permanente, como las que garantizan el financiamiento específico de la educación técnica.

El amparo advierte que la eliminación del fondo afecta directamente la continuidad de políticas educativas estratégicas y vulnera el derecho a una educación de calidad, especialmente en un subsistema que cumple un rol clave en la formación de técnicos, operarios calificados y profesionales intermedios.

Las críticas no se limitan al plano judicial. Desde el ámbito educativo y productivo, el rechazo al recorte se multiplicó en las últimas semanas. Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, alertó que la decisión impacta sobre aproximadamente 1,9 millones de estudiantes que asisten a escuelas técnicas y centros de formación profesional en todo el país.

“El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país”, afirmó, al subrayar que este tipo de educación es fundamental para la calificación de la mano de obra y la competitividad industrial.

La educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de perfiles demandados por sectores clave de la economía, como la industria manufacturera, la energía, la economía del conocimiento y la producción de valor agregado. Áreas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales tradicionales dependen en gran medida de un sistema de formación técnica robusto y con financiamiento sostenido.

De acuerdo con los denunciantes, el ajuste presupuestario implica un recorte del 93% respecto de valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional, lo que hoy representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra que especialistas consideran insuficiente incluso para garantizar el funcionamiento básico del sistema.

El planteo judicial también sostiene que el recorte contradice otras leyes vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconocen a la formación técnica como un pilar del desarrollo científico, tecnológico e industrial. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo y debilita la planificación estratégica del país.

Mientras la Justicia comienza a analizar los primeros amparos, el debate por el recorte a la educación técnica trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para docentes, familias y sectores productivos, el ajuste no solo pone en jaque a las escuelas técnicas y centros de formación profesional, sino que amenaza la formación de los trabajadores calificados que la industria argentina necesita para crecer, generar empleo y competir en un escenario global cada vez más exigente.

Frente al fuerte rechazo sindical y a la falta de consensos legislativos, el Gobierno nacional decidió abrir una mesa de diálogo con la CGT y el sector empresario. Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado para analizar modificaciones al proyecto, con la mira puesta en llevarlo al recinto el 10 de febrero.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado en el Congreso. La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sumada a las dudas de sectores empresarios y a la fragilidad del oficialismo en el Senado, obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia y apostar ahora al diálogo como vía para destrabar la iniciativa.

La decisión política fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, quien reconoció que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los consensos”, afirmó.

En ese marco, el próximo 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Bullrich. El espacio analizará los planteos formulados por el sindicalismo y por distintas entidades empresariales, en coordinación con los bloques legislativos que vienen acompañando al oficialismo. La intención es avanzar hacia un dictamen consensuado y llevar la iniciativa al recinto el 10 de febrero.

Además, el Gobierno iniciará la semana próxima una instancia formal de diálogo con la CGT, en un intento por reducir tensiones y explorar posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que la negociación tendrá límites claros.

“Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo Bullrich, al reiterar la visión oficial de que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal.

Según la senadora, uno de los ejes centrales de la reforma es brindar mayores certezas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales, contingencias e indemnizaciones. En ese sentido, lanzó un mensaje directo al sindicalismo: “Si la CGT quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.

Bullrich también aclaró que, hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta formal por escrito, aunque aseguró que cualquier iniciativa será evaluada siempre que no implique sostener el statu quo. Las negociaciones, agregó, se concentrarán principalmente en el Senado, donde el oficialismo busca articular acuerdos con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto —las cuotas solidarias sindicales— también formará parte de la discusión. Desde el Gobierno insisten en que la reforma debe abordarse de manera integral, incluyendo modalidades de contratación, convenios colectivos y modernización del sistema laboral. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, remarcó la senadora.

La postura de la CGT

En este sentido, la CGT endureció su discurso. Esta semana difundió un comunicado titulado “La reforma laboral también impacta en tu salud”, en el que la Secretaría de Acción Social, encabezada por José Luis Lingeri, advirtió sobre las consecuencias que tendría la iniciativa oficial sobre el financiamiento y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

“Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, señaló la central obrera, que rechazó de plano la idea de que el debate se limite a una discusión corporativa. “No se trata de cajas ni de intereses sectoriales”, enfatizó el texto.

Con el proyecto aún lejos de garantizarse la aprobación, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación que busca descomprimir el conflicto social y político que rodea a la reforma laboral. El desafío será lograr modificaciones suficientes para sumar apoyos sin desnaturalizar una iniciativa que el oficialismo considera estructural. En un escenario de fuerte tirantez social y sindical, el diálogo aparece ahora como la única vía posible para evitar que la reforma quede empantanada en el Senado.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las jubilaciones acumulan una pérdida del 27,4% en términos reales desde la modificación de la fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno. El deterioro es aún mayor entre quienes cobran el haber mínimo, afectados por el congelamiento del bono desde marzo de 2024.

Las jubilaciones y pensiones atraviesan uno de los mayores retrocesos en su poder adquisitivo de las últimas décadas. Desde la implementación del nuevo esquema de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei, los haberes previsionales acumulan una caída real del 27,4%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El deterioro se produjo tras el cambio en el mecanismo de movilidad previsional introducido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 —basada en la evolución de los salarios y la recaudación— por un sistema de ajuste automático atado exclusivamente a la inflación.

De acuerdo con el análisis de CEPA, esta modificación fue clave para que el Gobierno alcanzara el superávit fiscal, pero lo hizo a costa de una fuerte licuación de los ingresos de los jubilados. En diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, si se hubiera mantenido la fórmula anterior, el haber habría alcanzado los $434.279, lo que representa una diferencia mensual de $93.393.

El informe sostiene que la fórmula derogada “hubiera sido superadora en el tiempo” y que fue eliminada “en el preciso momento en que podía comenzar a mejorar los haberes”. Según CEPA, el esquema previo incorporaba un rezago que permitía que las jubilaciones le ganaran a la inflación cuando esta comenzaba a desacelerarse. En contraste, el sistema actual impide nuevas pérdidas, pero también bloquea cualquier recuperación del poder adquisitivo ya erosionado.

El impacto del congelamiento del bono

La situación es aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima con bono. El refuerzo mensual permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, lo que provocó una profunda licuación de su valor real en un contexto inflacionario.

Mientras los haberes jubilatorios aumentaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido solo se incrementó un 101%. Según CEPA, para sostener el poder de compra original, el bono debería haber alcanzado en diciembre los $177.485. La diferencia —$107.485 mensuales— representa el recorte efectivo que sufren los jubilados de menores ingresos.

Como resultado, las jubilaciones mínimas con bono se encuentran actualmente un 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre del gobierno anterior.

Un retroceso histórico

El informe también advierte que el inicio de la actual gestión implicó un “rápido retroceso” de los haberes previsionales: una caída del 26,3% para jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que sí lo perciben. Estos niveles colocan el poder adquisitivo actual alrededor de un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, uno de los períodos más críticos para los ingresos jubilatorios.

A este escenario se suma el veto presidencial a iniciativas legislativas destinadas a recomponer los haberes. En agosto de 2025, el Poder Ejecutivo anuló una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y elevaba el bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado los $446.935, recuperando buena parte del poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.

El fin de la moratoria y la crisis del sistema

Por último, CEPA advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 profundiza la crisis estructural del sistema. Sin esta herramienta, “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden acceder a una jubilación” por no reunir los 30 años de aportes requeridos.

En esos casos, la única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad de acceso más elevada para las mujeres, consolidando un esquema de mayor exclusión y menores ingresos para los adultos mayores.

El informe de CEPA expone con claridad que el cambio en la fórmula de movilidad previsional se convirtió en una de las principales anclas del ajuste fiscal, con un costo social significativo. Mientras el Gobierno sostiene el superávit, las jubilaciones permanecen estancadas en niveles históricamente bajos, sin mecanismos que permitan recuperar lo perdido y con un sistema que, lejos de ampliarse, restringe cada vez más el acceso a una jubilación digna.