Con un documento de fuerte contenido político difundido en la antesala del Día de la Independencia, la CGT rechazó el proyecto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales.

La central sindical sostiene que la iniciativa trasciende una discusión patrimonial y plantea un debate de fondo sobre el control de los recursos estratégicos, la defensa del territorio y el modelo de desarrollo que la Argentina pretende construir en las próximas décadas.

A pocos días del 9 de Julio y cuando el Senado se prepara para retomar el tratamiento de una de las reformas más sensibles impulsadas por el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo decidió ingresar de lleno en una discusión que considera decisiva para el futuro del país.

Bajo el título «La tierra no es una mercancía», el Consejo Directivo Nacional de la central obrera difundió un pronunciamiento en el que exhorta a los senadores a rechazar el proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone eliminar el límite vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras.

Para la conducción cegetista, la iniciativa no constituye una simple modificación normativa sino un cambio estructural en la concepción jurídica y política del territorio nacional. En ese marco, advierte que la eventual flexibilización de las restricciones favorecería un proceso de concentración patrimonial sobre activos considerados estratégicos para el desarrollo económico y la seguridad nacional.

El documento ubica la discusión en un escenario internacional caracterizado por la presión sobre las cadenas de suministro de alimentos., agua dulce, minerales críticos, fuentes energéticas y superficies productivas. Según sostiene la CGT, ese fenómeno exige fortalecer los mecanismos de protección territorial en lugar de liberalizar el acceso a recursos cuya disponibilidad adquiere un valor geopolítico cada vez mayor.

Como ejemplo de los riesgos que, a su criterio, implicaría la reforma, la central sindical vuelve sobre el conflicto generado en torno al Lago Escondido y menciona el caso del empresario británico Joe Lewis, convertido desde hace años en uno de los símbolos del debate sobre el acceso público a bienes naturales y la propiedad extranjera de extensas superficies rurales.

La declaración incorpora además otro eje de confrontación con la administración libertaria: la concesión de la Vía Navegable Troncal del sistema Paraguay-Paraná. Para la CGT, ambos procesos responden a una misma lógica de cesión sobre infraestructuras y recursos considerados esenciales para la soberanía económica del país.

La iniciativa oficial no se limita únicamente a modificar el régimen de titularidad de las tierras. También contempla la derogación de la histórica Ley de Zonas de Frontera, vigente desde 1944, que establece restricciones específicas para preservar el dominio nacional sobre áreas consideradas estratégicas, y elimina las limitaciones que actualmente impiden comercializar terrenos afectados por incendios durante largos períodos, una protección concebida para desalentar maniobras especulativas posteriores a los siniestros forestales.

El comunicado sindical incorpora, además, argumentos elaborados por especialistas del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, quienes advierten que varias jurisdicciones del país ya superan los límites previstos por la legislación vigente respecto de la participación extranjera en la propiedad rural. Según esos estudios, una eventual apertura irrestricta del mercado podría incrementar el valor de la tierra, dificultando aún más el acceso para productores nacionales y comunidades locales.

Sobre esa base, la CGT sostiene que la reforma representa un cambio de paradigma en la política territorial argentina y cuestiona que la lógica de mercado sea el único criterio para definir el destino de bienes considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

La central obrera enmarca su posición dentro de una tradición histórica vinculada a la defensa del patrimonio público, la producción y el trabajo. En su declaración afirma que numerosos países mantienen regulaciones destinadas a proteger recursos naturales y territorios sensibles, por lo que considera que la propuesta oficial se aparta de las tendencias internacionales en materia de resguardo soberano.

Lejos de circunscribir el debate al plano jurídico, el documento establece una relación directa entre la propiedad del territorio y las posibilidades de construir un proyecto económico con autonomía productiva. Desde esa perspectiva, sostiene que la disponibilidad de tierras, agua, energía y minerales constituye un componente esencial para garantizar empleo, inversión nacional y desarrollo industrial.

La declaración concluye sintetizando esa mirada en una definición que busca condensar el posicionamiento político de la organización: la defensa de la soberanía territorial aparece inseparable de la defensa del trabajo, mientras que la preservación del trabajo es presentada como una condición indispensable para asegurar el futuro económico y social del país.

Con el tratamiento legislativo nuevamente en el centro de la agenda parlamentaria, el Senado deberá resolver una iniciativa que excede ampliamente el debate sobre la propiedad privada. Lo que comenzará a discutirse en el recinto será, en definitiva, el alcance del control estatal sobre recursos estratégicos y el modelo de inserción que la Argentina pretende asumir en un escenario internacional donde la tierra, el agua, la energía y los minerales se han convertido en algunos de los activos más disputados del siglo XXI.

La administración de Javier Milei impulsa una reforma electoral que tiene como prioridad suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para los próximos comicios presidenciales. La iniciativa combina negociaciones con gobernadores, incentivos para fortalecer acuerdos territoriales y una estrategia destinada a modificar la dinámica de competencia de los principales espacios políticos, en especial de un peronismo que atraviesa uno de sus períodos de mayor fragmentación desde el regreso de la democracia.

Superado el impacto político provocado por la reciente reconfiguración del Gabinete, la Casa Rosada concentra ahora buena parte de su capital político en un objetivo de largo alcance: construir las condiciones institucionales y electorales para sostener el proyecto libertario más allá del actual mandato presidencial.

Dentro de esa arquitectura ocupa un lugar central la reforma del sistema electoral. El oficialismo considera que el esquema vigente de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dejó de cumplir los objetivos para los cuales fue concebido y sostiene que su continuidad representa un elevado costo económico y una carga innecesaria para el electorado. Sin embargo, detrás de esa argumentación administrativa también aparece una lectura estrictamente política sobre la forma en que competirán las principales fuerzas nacionales en 2027.

En el entorno presidencial reconocen que la eliminación definitiva de las PASO carece hoy del respaldo parlamentario suficiente. Esa limitación llevó al Gobierno a modificar su estrategia y concentrarse en una alternativa considerada políticamente viable: suspender el mecanismo para las próximas elecciones nacionales, dejando abierta la posibilidad de discutir una reforma permanente en el futuro.

La diferencia no resulta menor. Mientras la derogación definitiva implicaría modificar de manera estructural el sistema de selección de candidaturas, la suspensión ofrece una salida legislativa con mayores posibilidades de reunir consensos entre bloques que mantienen posiciones divergentes respecto del régimen electoral.

El oficialismo interpreta que esa alternativa puede obtener respaldo tanto en el Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados. En esa construcción adquieren protagonismo los gobernadores, convertidos una vez más en actores decisivos para cualquier reforma de alcance institucional.

Las conversaciones entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales giran alrededor de un esquema que permitiría articular acuerdos electorales sin afectar las identidades locales. Según distintas fuentes políticas, una de las herramientas analizadas contempla mecanismos similares a las tradicionales listas colectoras, una ingeniería que facilitaría acompañamientos provinciales a la candidatura presidencial libertaria preservando las estrategias territoriales de cada distrito.

La negociación excede el debate sobre las PASO. También incorpora la discusión presupuestaria, un aspecto que otorga a los mandatarios provinciales un margen adicional de influencia durante el tratamiento parlamentario de la reforma.

En la conducción libertaria consideran que la modificación del sistema de primarias alteraría significativamente la dinámica opositora, particularmente dentro del peronismo, donde conviven múltiples liderazgos sin una conducción nacional consolidada. La ausencia de una instancia obligatoria para ordenar candidaturas podría trasladar las disputas internas al armado de listas, profundizando las tensiones entre gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y referentes nacionales.

No obstante, esa lectura no es compartida por todos los sectores políticos. Dentro del PRO persisten diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una suspensión de las primarias. Algunos dirigentes sostienen que el mecanismo continúa siendo una herramienta útil para legitimar liderazgos, promover la renovación partidaria y evitar que las candidaturas queden exclusivamente sujetas a acuerdos entre las conducciones políticas.

Esa posición fue sintetizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, quien admitió que existen fundamentos atendibles tanto para revisar el funcionamiento actual del sistema como para preservar un instrumento que permitió ordenar la competencia interna de las principales fuerzas durante la última década. Como alternativa, propuso analizar un modelo de primarias voluntarias que otorgue a cada partido la posibilidad de decidir si recurre o no a ese mecanismo para seleccionar a sus candidatos.

La discusión, en consecuencia, trasciende el calendario electoral. Lo que comienza a debatirse es el modelo de competencia política que regirá durante los próximos años y la forma en que los partidos construirán sus liderazgos en una etapa marcada por la fragmentación del sistema político y el debilitamiento de las estructuras tradicionales.

Para el oficialismo, la suspensión de las PASO constituye una pieza relevante dentro de un plan orientado a consolidar el liderazgo presidencial y ampliar su base de sustentación territorial mediante acuerdos con gobernadores y sectores provinciales. Para la oposición, en cambio, la iniciativa abre interrogantes sobre el equilibrio institucional y las reglas que ordenan la competencia democrática.

Con el tratamiento parlamentario previsto para los próximos meses, la discusión electoral comienza a convertirse en un pilar fundamental de la administración nacional. Lo que finalmente resuelva el Congreso no solo definirá cómo se elegirán los candidatos en 2027: también condicionará la configuración de alianzas, el reparto del poder territorial y el escenario sobre el cual se librará la próxima disputa por la Presidencia de la Nación.

El principal gremio docente de San Juan rechazó por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo al considerar que resulta insuficiente. La negociación continuará este viernes, en una jornada clave para definir si el Gobierno modifica su oferta y logra encaminar un acuerdo para el segundo semestre.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes sumó su primer obstáculo formal. El Plenario de Delegados Escolares de UDAP resolvió rechazar por unanimidad la propuesta presentada por el Ejecutivo durante la reunión paritaria del 30 de junio, al entender que el incremento ofrecido no responde a las expectativas del sector.

La decisión fue comunicada oficialmente por la organización sindical y deja abierta una nueva instancia de negociación prevista para este viernes, cuando volverán a reunirse los representantes del Gobierno con UDAP, UDA y AMET en busca de una salida consensuada.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2% sobre el salario básico en agosto, octubre y diciembre, además de una cláusula de revisión destinada a monitorear la evolución de la inflación durante el segundo semestre.

Al presentar la oferta, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que la administración de Marcelo Orrego mantiene el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, aunque remarcó que la provincia enfrenta un escenario financiero condicionado por la caída de la coparticipación federal, principal fuente de ingresos del Estado sanjuanino.

Mientras UDAP formalizó su rechazo, la definición de UDA también apunta en la misma dirección. Su secretaria general, Karina Navarro, adelantó que los primeros relevamientos entre los afiliados reflejan una valoración negativa de la propuesta oficial, aunque la consulta interna concluirá este viernes antes de la reanudación de la mesa paritaria.

Con ese panorama, el Ejecutivo afrontará una negociación compleja. La posibilidad de alcanzar un acuerdo dependerá de que presente una alternativa capaz de reducir la distancia con las demandas sindicales, en un contexto donde la presión inflacionaria convive con las restricciones presupuestarias que plantea la administración provincial.

La reunión prevista para este viernes será determinante para establecer si las partes logran acercar posiciones o si la discusión salarial ingresa en una etapa de mayor tirantez.