La privatización a paso redoblado: el Gobierno facilita la venta de empresas públicas
La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó la normativa referente a las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para permitir la transferencia de hasta el 50% de las acciones de empresas públicas sin necesidad de realizar una OPA.
El Gobierno Nacional ha dado un nuevo paso hacia la privatización de empresas públicas, al facilitar la venta de hasta el 50% de las acciones de estas empresas sin necesidad de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). La medida, que ha sido implementada a través de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), apunta a favorecer la venta de valores estratégicos del Estado en sectores clave de la economía nacional.
La normativa modificada permite la transferencia de hasta el 50% de las acciones de empresas públicas a un adquirente privado sin necesidad de realizar una OPA, siempre y cuando el adquirente privado asuma la misma posición del Estado en un convenio de accionistas preexistente. Esto significa que el control de la empresa no cambiará, pero que el Estado podrá vender una parte significativa de sus acciones.
El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que esta medida busca eliminar barreras regulatorias que no aportan valor al propósito de protección del interés público. Sin embargo, la medida ha generado críticas y preocupaciones entre los sectores que se oponen a la privatización de empresas públicas.
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San Juan retoma la negociación docente y convocan a paritarias para el 13 de abril
El Ejecutivo provincial formalizó una nueva instancia de diálogo con el sector docente al convocar a la Comisión Paritaria Negociadora, en el marco de la discusión salarial correspondiente al ciclo 2026. La medida quedó establecida a través de la Resolución N° 3615-ME-2026, firmada el 6 de abril por la ministra de Educación, Silvia Fuentes.
La convocatoria se sustenta en el ámbito normativo vigente que regula las negociaciones colectivas en la provincia, incluyendo las leyes 635-K y 925-K, así como el decreto reglamentario 121-K-2007. Estos instrumentos establecen las condiciones formales para el funcionamiento de la paritaria y la representación de las partes involucradas.
El encuentro fue fijado para el 13 de abril a las 15:00 en la sede del Ministerio de Educación, ubicada en el Centro Cívico de la capital sanjuanina. Allí deberán presentarse los representantes gremiales titulares y suplentes, junto con los asesores designados por cada sector, en una instancia que busca dar continuidad a las negociaciones abiertas.
Desde el gobierno remarcaron que la Comisión Paritaria puede ser convocada por cualquiera de las partes, siempre que no exista oposición de la otra, lo que refuerza su carácter de herramienta institucional para canalizar los conflictos laborales en el campo educativo.
La reactivación de la mesa de negociación se produce en un momento de creciente tensión en el sector docente, marcado por reclamos salariales y demandas vinculadas a las condiciones laborales. En ese sentido, la paritaria aparece como el espacio clave para intentar acercar posiciones y evitar una escalada del conflicto.
El desafío para ambas partes será encontrar un equilibrio entre las posibilidades fiscales de la provincia y la necesidad de recomponer los ingresos docentes, en un presente económico que continúa presionando sobre el poder adquisitivo.
La convocatoria a paritarias en San Juan reabre un canal de negociación imprescindible en un momento de alta sensibilidad para el sistema educativo. Más allá de la formalidad del encuentro, lo que está en juego es la capacidad de alcanzar acuerdos que garanticen previsibilidad y estabilidad en el sector.
El resultado de esta instancia será determinante no solo para la evolución salarial, sino también para el clima educativo en la provincia, en un año donde el equilibrio entre recursos y demandas vuelve a ser el eje central del debate.
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La Anónima avanza con su expansión y proyecta despidos tras absorber activos de Libertad
La adquisición de 12 hipermercados del Grupo Libertad por parte de La Anónima reordena el tablero del retail argentino, pero deja al descubierto su contracara: cerca de un centenar de despidos en áreas administrativas, en un situación de fuerte caída del consumo y rentabilidad en retroceso.
El proceso de reconfiguración del sector supermercadista en la Argentina suma un nuevo episodio con la reciente operación que consolidó a La Anónima como uno de los actores más relevantes del interior del país. La compra de 12 hipermercados pertenecientes al Grupo Libertad no solo implica una ampliación territorial —con presencia en provincias clave como Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Salta, San Juan, Misiones y Santiago del Estero—, sino también la profundización de una tendencia estructural: la concentración del mercado en manos de menos jugadores, con consecuencias directas sobre el empleo.
En términos formales, la transición contempla la incorporación de aproximadamente 1.600 trabajadores a la órbita de la compañía, respetando en principio sus condiciones laborales. Sin embargo, el foco de la tensión no se encuentra en las sucursales, sino en las áreas de soporte. Allí, la superposición de funciones entre ambas estructuras corporativas anticipa un panorama de ajuste que, según estimaciones del sector, podría traducirse en más de 100 desvinculaciones, principalmente en Córdoba.
La lógica empresaria detrás de esta decisión se apoya en criterios de eficiencia operativa. La Anónima cuenta con sistemas de gestión consolidados, lo que vuelve prescindibles ciertos equipos heredados de Libertad. En términos concretos, la expansión territorial se combina con una centralización administrativa que reduce costos, pero al mismo tiempo profundiza la fragilidad laboral en segmentos altamente calificados.
Este movimiento no puede leerse de manera aislada. Forma parte de un proceso más amplio de repliegue estratégico por parte del Grupo Libertad, que en el último año avanzó en la venta de la mayoría de sus activos comerciales para concentrarse en el negocio inmobiliario. La transformación incluye desde despidos previos —como los registrados en San Juan— hasta el cierre de unidades específicas, como su formato premium Fresh Market en Buenos Aires. La salida progresiva del negocio minorista tradicional refleja una mutación en la lógica de inversión, orientada a sectores de menor exposición al deterioro del consumo.
El trasfondo macroeconómico resulta determinante para comprender la magnitud de estos movimientos. La caída sostenida de las ventas —con retracciones que en distintos momentos oscilaron entre el 20% y el 30%— ha erosionado los márgenes de las grandes cadenas, obligándolas a redefinir estrategias. En ese marco, la expansión mediante adquisiciones no necesariamente responde a una etapa de crecimiento genuino, sino a la búsqueda de escala como mecanismo de supervivencia.
Las propias declaraciones de la conducción empresaria refuerzan esta lectura. Desde La Anónima reconocen que la rentabilidad del sector se encuentra bajo presión extrema, incluso para compañías consolidadas. La referencia a la salida de actores internacionales del mercado local funciona como indicador de un escenario adverso, donde sostener operaciones en la formalidad se vuelve cada vez más complejo.
Paradójicamente, mientras el negocio minorista enfrenta un contexto contractivo, algunas unidades vinculadas al comercio exterior exhiben resultados positivos. La performance exportadora —en particular en el rubro cárnico— muestra crecimientos significativos, generando una asimetría que expone las presiones del modelo: mientras los ingresos externos se expanden, el consumo interno se retrae, afectando el núcleo histórico del supermercadismo.
En este aspecto, la operación entre La Anónima y Libertad sintetiza una miarada más profunda: empresas que se reconfiguran para sostenerse en un mercado adverso, a costa de reestructuraciones que impactan de lleno en el empleo. La eficiencia, en este caso, aparece estrechamente vinculada a la reducción de plantillas en áreas consideradas no esenciales.
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Correo Argentino: FOECYT endurece su postura y denuncia un deterioro sostenido en las condiciones laborales
En el Día del Trabajador Telepostal, la FOECYT profundizó sus cuestionamientos al Correo Argentino por la falta de recomposición salarial, la imposición de decisiones sin consenso y el progresivo retroceso en derechos laborales.
La conmemoración del Día del Trabajador Telepostal dejó de ser una instancia protocolar para transformarse en una señal de alerta dentro del sistema postal. La FOECYT, utilizó la fecha para exponer un cuadro que, según su diagnóstico, combina pérdida de poder adquisitivo, debilitamiento de las garantías laborales y una dinámica empresaria que prescinde del diálogo institucional.
El eje inmediato de la controversia se ubica en la decisión de las autoridades del Correo Argentino de trasladar el feriado del 7 de abril al lunes siguiente. Desde la organización sindical interpretaron la medida como una alteración inconsulta de acuerdos vigentes y una desnaturalización de una jornada con fuerte identidad para la actividad. La explicación oficial —centrada en supuestos beneficios organizativos— fue desestimada por el gremio, que la consideró inconsistente con antecedentes recientes y alineada con necesidades operativas antes que con el interés del personal.
No obstante, el desacuerdo trasciende este episodio. La federación viene señalando una política salarial que, en su criterio, erosiona progresivamente la capacidad adquisitiva. La implementación de incrementos definidos de manera unilateral, al margen de las negociaciones paritarias, constituye uno de los puntos más sensibles. Para el sindicato, este mecanismo no solo limita la discusión colectiva, sino que también consolida un esquema donde las recomposiciones quedan por detrás de la evolución de los precios.
La distancia entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de los trabajadores profundiza el malestar. Mientras la conducción de la empresa pone el acento en avances operativos y modernización, desde el ámbito gremial se describe una realidad marcada por la reducción de estructuras, menores perspectivas de desarrollo profesional y una progresiva pérdida de derechos adquiridos.
Frente a este cuadro, FOECYT resolvió avanzar con un esquema de acciones que incluye asambleas y protestas en distintas regiones del país, en el marco del estado de alerta y movilización declarado a comienzos de abril. Las medidas articulan demandas de recomposición salarial con el rechazo a decisiones recientes, en un intento por visibilizar un conflicto que, según advierten, podría profundizarse.
A su vez, la lectura sindical incorpora una dimensión más amplia. Desde la federación vinculan la situación del Correo con una orientación general de la política pública, a la que atribuyen una priorización de criterios de ajuste y racionalización del gasto por sobre la preservación del empleo. Esta interpretación amplía el alcance del reclamo y lo inscribe en un debate de mayor escala sobre el rol de las empresas estatales.
El conflicto en el Correo Argentino expone una fricción cada vez más marcada entre las estrategias de reorganización empresaria y las demandas sindicales por sostener condiciones laborales y poder adquisitivo. La ausencia de instancias de negociación robustas y la reiteración de medidas unilaterales han erosionado los canales tradicionales de entendimiento.
En este este sentido, la disputa ingresa en una etapa de mayor complejidad, donde la resolución dependerá en gran medida de la capacidad de reconstruir espacios de diálogo efectivos. De no mediar señales en esa dirección, el diferendo no solo tenderá a prolongarse, sino que podría escalar en intensidad, con impacto directo sobre el funcionamiento de un servicio público esencial y sobre la estabilidad laboral de quienes lo sostienen a diario.
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