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La Cámara de Taxis y Remises de San Juan (CRARA)- se manifestó en contra de la resolución que permite la incorporación de vehículos particulares al transporte de pasajeros.

En diálogo con Mundo Laboral, Juan José Rivas, delegado regional de CRARA en San Juan, expresó su posición y la de la organización frente a la Resolución 57/2024 de la Secretaría de Transporte, que permite la incorporación de vehículos particulares al transporte de pasajeros. Rivas calificó esta medida como arbitraria, destacando la falta de consenso con las partes involucradas y advirtiendo sobre sus implicaciones legales y de seguridad.

Rivas enfatizó que la resolución carece de una base que respalde su validez en términos de regulación y supervisión, un punto crítico en la actividad de transporte de pasajeros, que involucra la seguridad y el bienestar de las personas. El referente de CRARA también subrayó que cada provincia tiene autonomía para decidir si adopta o no esta normativa y que, en San Juan, todavía no se ha definido una posición oficial.

Críticas a la Regularización Online de Transportistas

Uno de los aspectos más polémicos abordados por Rivas fue la posibilidad de que los interesados puedan registrarse online de manera gratuita para operar como transportistas. Según el delegado, esta modalidad pone en riesgo la profesionalización del sector, ya que permite la incorporación de personas sin formación, licencias ni experiencia. Además, mencionó que esta flexibilización podría derivar en problemas serios, como la falta de seguros que cubran siniestros y una mayor inseguridad para los pasajeros.

Rivas cuestionó duramente la coherencia del gobierno nacional, señalando que la medida contradice principios legales previamente establecidos. Recordó las declaraciones de autoridades provinciales que defienden a los taxis y remises como los únicos medios autorizados para realizar transporte de pasajeros, llamando a la ciudadanía a rechazar servicios informales como Uber y otros similares.

El Apoyo de CRARA y Otras Instituciones al Transporte Reglamentado

Durante la entrevista, Rivas destacó la postura firme de CRARA y la Confederación Argentina del Transporte, así como de otros gremios y la CGT, en contra de la resolución. Resaltó la importancia de mantener estándares de calidad y profesionalismo en el transporte público, advirtiendo sobre los riesgos de permitir que vehículos no habilitados cumplan funciones propias de taxis y remises, lo que, según él, atenta contra la seguridad de los usuarios y la estabilidad laboral del sector.

En conclusión, Rivas instó a las autoridades a reconsiderar la implementación de la Resolución 57/2024 y a la ciudadanía a priorizar medios de transporte legales y regulados. Argumentó que medidas apresuradas y sin consenso no solo perjudican al sector formal, sino que también comprometen la seguridad de los pasajeros y la confianza en el sistema. La defensa de los taxis y remises como pilares del transporte profesional debe ser un punto central en las políticas públicas del país, especialmente en un contexto donde la regulación y la seguridad no pueden ser negociadas.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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