CRARA se pronunció en contra de la Resolución 57/2024: «Un golpe al transporte de pasajeros»
La Cámara de Taxis y Remises de San Juan (CRARA)- se manifestó en contra de la resolución que permite la incorporación de vehículos particulares al transporte de pasajeros.
En diálogo con Mundo Laboral, Juan José Rivas, delegado regional de CRARA en San Juan, expresó su posición y la de la organización frente a la Resolución 57/2024 de la Secretaría de Transporte, que permite la incorporación de vehículos particulares al transporte de pasajeros. Rivas calificó esta medida como arbitraria, destacando la falta de consenso con las partes involucradas y advirtiendo sobre sus implicaciones legales y de seguridad.
Rivas enfatizó que la resolución carece de una base que respalde su validez en términos de regulación y supervisión, un punto crítico en la actividad de transporte de pasajeros, que involucra la seguridad y el bienestar de las personas. El referente de CRARA también subrayó que cada provincia tiene autonomía para decidir si adopta o no esta normativa y que, en San Juan, todavía no se ha definido una posición oficial.
Críticas a la Regularización Online de Transportistas
Uno de los aspectos más polémicos abordados por Rivas fue la posibilidad de que los interesados puedan registrarse online de manera gratuita para operar como transportistas. Según el delegado, esta modalidad pone en riesgo la profesionalización del sector, ya que permite la incorporación de personas sin formación, licencias ni experiencia. Además, mencionó que esta flexibilización podría derivar en problemas serios, como la falta de seguros que cubran siniestros y una mayor inseguridad para los pasajeros.
Rivas cuestionó duramente la coherencia del gobierno nacional, señalando que la medida contradice principios legales previamente establecidos. Recordó las declaraciones de autoridades provinciales que defienden a los taxis y remises como los únicos medios autorizados para realizar transporte de pasajeros, llamando a la ciudadanía a rechazar servicios informales como Uber y otros similares.
El Apoyo de CRARA y Otras Instituciones al Transporte Reglamentado
Durante la entrevista, Rivas destacó la postura firme de CRARA y la Confederación Argentina del Transporte, así como de otros gremios y la CGT, en contra de la resolución. Resaltó la importancia de mantener estándares de calidad y profesionalismo en el transporte público, advirtiendo sobre los riesgos de permitir que vehículos no habilitados cumplan funciones propias de taxis y remises, lo que, según él, atenta contra la seguridad de los usuarios y la estabilidad laboral del sector.
En conclusión, Rivas instó a las autoridades a reconsiderar la implementación de la Resolución 57/2024 y a la ciudadanía a priorizar medios de transporte legales y regulados. Argumentó que medidas apresuradas y sin consenso no solo perjudican al sector formal, sino que también comprometen la seguridad de los pasajeros y la confianza en el sistema. La defensa de los taxis y remises como pilares del transporte profesional debe ser un punto central en las políticas públicas del país, especialmente en un contexto donde la regulación y la seguridad no pueden ser negociadas.
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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.
Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.
Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.
La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.
El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.
CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.
Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.
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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra
Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.
El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.
La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.
La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.
Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.
La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.
Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan
Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.
La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.
Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.
En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.
El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.
Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.
La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.
La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.
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