Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en San Juan dejarán su actual ubicación sobre calle Tucumán, antes de avenida Libertador, en el corazón de la ciudad, y serán reubicadas en otro punto de Capital. El cambio se enmarca en un proceso de reorganización de dependencias nacionales impulsado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo central es reducir el elevado costo de los alquileres que paga el Estado.

La confirmación llegó de la mano del diputado nacional José Peluc, quien explicó que la sede central de ANSES en la provincia pasará a funcionar en el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ubicado sobre calle Rivadavia. En ese mismo esquema, la Unidad de Atención Integral (UDAI), que actualmente atiende al público en Tucumán entre Libertador y San Luis, también será trasladada.

“ANSES se muda a calle Rivadavia, donde está el INV. En el caso de PAMI todavía no hay un espacio definido, pero la idea es avanzar siempre hacia inmuebles que pertenezcan a organismos nacionales y que estén disponibles”, señaló el legislador, al detallar los lineamientos generales del plan.

Por el momento, el traslado no tiene una fecha precisa. Peluc reconoció que se trata de un proceso complejo y gradual, que requiere evaluaciones técnicas y administrativas. “No es solo cambiar de lugar. Hay que analizar las condiciones edilicias, adaptar sistemas y programas informáticos, y eso lleva tiempo”, explicó. Dentro de este esquema, ANSES aparece como la dependencia con mayor grado de avance.

El ahorro económico es uno de los ejes centrales de la iniciativa. Según detalló el diputado, el Estado nacional desembolsa actualmente entre 6 y 7 millones de pesos mensuales en concepto de alquiler por las oficinas que ahora serán reubicadas, una cifra que se busca reducir de manera significativa mediante el uso de edificios propios.

Asimismo, se dispuso el cierre de la oficina Bicentenario de ANSES, ubicada en calle Catamarca entre Córdoba y Santa Fe, y el traslado de distintas dependencias de Vialidad Nacional y del PAMI, que también forman parte del esquema de optimización de espacios y recursos.

Con esta reconfiguración, el Gobierno busca avanzar en una administración más austera y eficiente de los recursos públicos en la provincia, concentrando oficinas en inmuebles estatales y reduciendo gastos fijos en alquileres. Aunque el proceso avanza de manera gradual y sin plazos definidos, el traslado de ANSES marca uno de los cambios más relevantes dentro de una estrategia que apunta a redefinir la presencia de organismos nacionales en San Juan.

El fracaso de la negociación paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor y las cámaras empresarias reavivó la posibilidad de una medida de fuerza a nivel nacional. Reclamos salariales, atraso en los subsidios y un sector financieramente asfixiado configuran un escenario de alta conflictividad.

El transporte público vuelve a quedar en el centro de la escena sindical y económica. La reunión paritaria realizada este martes entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector concluyó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de un paro nacional, en una situación marcada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de los subsidios y el deterioro financiero de las compañías.

Durante el encuentro, las cámaras transportistas —AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— presentaron una propuesta de aumento salarial del 1%, considerada insuficiente y rechazada de plano por el gremio que conduce Roberto Fernández. Ante la falta de avances, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia virtual para el próximo martes 20 de enero a las 14 horas.

Desde el sector empresario argumentan que la negociación salarial se encuentra condicionada por una situación económica crítica. Denuncian un “estrangulamiento financiero” producto del atraso en la actualización de las tarifas y de las demoras en el pago de los subsidios estatales, cuya administración depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Capital Humano. En ese marco, advierten que cerca del 40% de las empresas de transporte atraviesa una situación delicada, con riesgo concreto de quiebra.

“Como todos los años, si los Estados responsables de las distintas jurisdicciones no incrementan los subsidios, los empresarios no contamos con los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales”, sostuvo Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, al describir la fragilidad del sistema.

Desde la UTA, en cambio, calificaron la oferta salarial como una “burla” y remarcaron que los trabajadores no están dispuestos a quedar atrapados en la puja entre el Estado y las empresas. El salario básico del sector se ubica actualmente en torno a los $1.370.000, al que se suman distintos adicionales, aunque el gremio advierte que la inflación y el encarecimiento del costo de vida siguen licuando los ingresos.

“No vamos a permitir que se intente normalizar la precarización laboral ni la falta de pago en término”, señalaron desde el sindicato, que difundió un acta oficial en la que ratificó el estado de alerta y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no aparece una propuesta superadora en la próxima audiencia.

El conflicto en el transporte público vuelve a exhibir las tensiones estructurales de un sistema sostenido por subsidios insuficientes, tarifas congeladas y salarios presionados por la inflación. Con millones de usuarios potencialmente afectados, la falta de definiciones amenaza con derivar en un paro nacional que tendría un fuerte impacto social y económico. La participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, solicitada por la UTA para la próxima audiencia, aparece como una instancia clave para evitar que el conflicto escale y termine paralizando el transporte en todo el país.

La pérdida del poder adquisitivo golpea de lleno en el tiempo libre. Un informe privado revela que el 46% de las trabajadoras y trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año, principalmente por motivos económicos, en un contexto de ingresos deteriorados, inflación persistente y creciente desgaste laboral.

Las vacaciones, históricamente concebidas como un derecho asociado a la salud física y mental de los trabajadores, comienzan a desaparecer del horizonte de amplios sectores de la población ocupada. Así lo confirma el estudio Vacaciones 3.0, elaborado por la consultora Bumeran para Jobint, que muestra un dato contundente: casi la mitad de los trabajadores argentinos no pudo tomarse descanso durante el último año.

Según el relevamiento, el 46% de las personas encuestadas no se tomó vacaciones, y dentro de ese grupo, el 56% explicó que la principal razón fue la falta de recursos económicos. El informe expone con claridad cómo la caída del poder adquisitivo obliga a resignar incluso aquello que debería ser una pausa mínima garantizada por el sistema laboral.

“Existe una brecha clara en el acceso al descanso: mientras el 54% logró pausar sus tareas, el 46% no pudo hacerlo. Y esa brecha tiene raíces mayoritariamente financieras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, al presentar los resultados del estudio.

La persistencia de la inflación, los salarios que no logran recomponerse al ritmo del costo de vida y el encarecimiento del turismo interno y externo conforman un combo que vuelve inviables las vacaciones para millones de familias. En muchos casos, el dinero destinado al descanso se redirecciona a cubrir gastos básicos como alimentos, alquiler, transporte o servicios.

Cambian las prioridades: menos vacaciones, más tiempo libre

Uno de los datos más reveladores del informe es el cambio en las preferencias de los trabajadores frente a este escenario. El 29% manifestó que, ante la imposibilidad de viajar o tomarse vacaciones, preferiría una reducción de la jornada laboral antes que días formales de descanso. La respuesta refleja una adaptación forzada: si no hay dinero para vacacionar, al menos se busca recuperar algo de tiempo personal en la rutina diaria.

En la misma línea, el estudio indagó qué beneficios valorarían más los trabajadores por sobre las vacaciones tradicionales. El 44% priorizó un mejor salario, el 21% eligió la posibilidad de trabajar de manera remota y el 15% se inclinó por incentivos económicos adicionales. El descanso, así, queda subordinado a la necesidad urgente de recomponer ingresos.

Viajes más cortos y destinos más cercanos

Entre quienes sí lograron tomarse vacaciones, el patrón de consumo también muestra señales de ajuste. El 24% eligió la Costa Atlántica bonaerense, una opción relativamente cercana y tradicional, mientras que el 22% viajó a otros destinos, con el Caribe como alternativa destacada. Brasil concentró el 16% de las preferencias, aunque en muchos casos con estadías más cortas o modalidades más económicas.

La elección de destinos evidencia una búsqueda de equilibrio entre descanso y presupuesto, en un contexto donde incluso salir unos pocos días implica un esfuerzo financiero considerable.

La imposibilidad de tomarse vacaciones no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del deterioro del mercado laboral argentino. A la pérdida del poder adquisitivo se suman altos niveles de estrés, sobrecarga y burnout, configurando un escenario donde el descanso deja de ser un derecho efectivo para convertirse en un privilegio.

En un país donde el trabajo ya no garantiza bienestar ni previsibilidad, la renuncia al descanso anual expone una crisis más profunda: la de un modelo económico que obliga a los trabajadores a sacrificar su salud y su tiempo libre para llegar a fin de mes. Las vacaciones, lejos de ser un lujo, funcionan como un termómetro social que hoy marca alerta.