Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la partida destinada a remuneraciones de la Administración Pública Nacional cayó 32,6% en términos reales en agosto de 2025 frente al mismo mes de 2023. En los primeros ocho meses de 2025, la baja acumulada fue de 29,2%, mientras el gasto de funcionamiento retrocedió 28,6%.

El superávit fiscal que el Gobierno nacional volvió a registrar en agosto de 2025 tuvo como contracara una fuerte reducción de algunas partidas del gasto. Entre ellas, la destinada a las remuneraciones de la Administración Pública Nacional, que, según CEPA, perdió 32,6% de valor real respecto de agosto de 2023. Frente a agosto de 2024, el gasto salarial descendió otro 7,2% en términos reales.

El documento vincula parte sustancial de la reducción del gasto de funcionamiento con el rezago de las remuneraciones públicas frente a la inflación. El dato adquiere relevancia porque los salarios constituyen uno de los principales componentes de los recursos destinados a sostener la estructura de la Administración Nacional.

Menos recursos para el funcionamiento del Estado

La contracción también alcanzó los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los organismos. CEPA calculó una caída real del 35,9% en agosto respecto de 2023, mientras que durante los primeros ocho meses del año el retroceso llegó al 28,6%.

Ese rubro comprende recursos destinados, entre otros conceptos, al sostenimiento operativo de las dependencias públicas. Su evolución muestra que el ajuste también afectó los fondos disponibles para bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración.

La magnitud de la reducción contrasta con el resultado fiscal informado oficialmente. El Ministerio de Economía comunicó que el Sector Público Nacional obtuvo en agosto de 2025 un superávit primario de $1,990 billones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, después del pago de $1,355 billones en intereses netos de deuda intraestatal. En los primeros ocho meses, el resultado financiero acumuló un superávit equivalente a alrededor de 0,2% del PBI.

Las universidades también reciben menos recursos reales

Las universidades nacionales forman parte de la misma discusión presupuestaria. De acuerdo con el relevamiento de CEPA, las transferencias destinadas a esas instituciones quedaron 17,5% por debajo de agosto de 2023 en términos reales y acumularon una disminución del 23,8% durante los primeros ocho meses de 2025.

El dato requiere una precisión: el Gobierno informó que las transferencias corrientes a universidades aumentaron 46,4% interanual en agosto, en el marco de las obligaciones derivadas de la legislación aprobada en 2024. La diferencia entre ambas lecturas responde a que CEPA compara el poder de compra de los fondos con agosto de 2023, mientras la información oficial destaca la variación nominal respecto de 2024.

La evolución salarial dentro de las universidades también forma parte del conflicto que mantienen las organizaciones docentes y no docentes con el Gobierno. Un informe de FEDUN y CIICTI había estimado previamente una pérdida real del 23,8% para los salarios universitarios desde noviembre de 2023.

Una política salarial que continúa por debajo de la inflación

La negociación para la Administración Pública Nacional incorporó nuevos incrementos hacia el último tramo de 2025. El Decreto 832/2025 homologó aumentos de 1,9% desde septiembre, 1,8% desde octubre, 1,6% desde noviembre y 1,5% desde diciembre, aplicados sobre las remuneraciones vigentes en cada mes.

La discusión sobre esos porcentajes queda marcada por la pérdida acumulada durante la actual administración. Los datos de ejecución presupuestaria muestran que el Estado sostiene el objetivo de equilibrio fiscal mientras distintas partidas vinculadas con ingresos, funcionamiento y financiamiento universitario permanecen por debajo de los niveles reales de 2023.

El resultado fiscal y la evolución del gasto público describen dos dimensiones de una misma política presupuestaria: la consolidación de las cuentas nacionales se apoyó en una reducción significativa del gasto real, con efectos particularmente visibles en las remuneraciones estatales y en los recursos destinados al funcionamiento de organismos públicos.

El Departamento de Hidráulica prevé una temporada hídrica con volúmenes muy superiores a los de los últimos años y prepara obras en cauces, defensas, tomas y desagües. El período de mayor atención se extenderá entre noviembre y abril, con especial vigilancia sobre crecientes y lluvias intensas.

San Juan se prepara para transitar una temporada hídrica muy diferente a la de los años de sequía. El Departamento de Hidráulica trabaja con proyecciones que contemplan caudales de hasta tres veces superiores a los registrados durante el actual período de escasez, una perspectiva que obliga a modificar las prioridades: habrá más disponibilidad para el sistema de riego y los embalses, pero también una mayor exigencia sobre cauces, defensas y desagües.

El director de Hidráulica, José María Ginestar, señaló que incluso las estimaciones consideradas de mínima por los especialistas parten de volúmenes sustancialmente mayores. “Ningún especialista indicaba un escenario de mínima que no sea tres veces más del de hoy”, sostuvo, al explicar por qué la Provincia comenzó a reforzar tareas preventivas antes del período de mayores precipitaciones y deshielo.

La preocupación oficial no está concentrada exclusivamente en el volumen anual. La combinación de ríos con mayor caudal, canales cargados y lluvias intensas puede generar episodios de creciente en pocas horas. En zonas de montaña como Calingasta, Zonda, Ullum, Albardón y Sarmiento, el riesgo está asociado principalmente a los aportes de las cuencas; en el Gran San Juan, una sucesión de varios días de lluvia puede comprometer la capacidad de evacuación de los desagües urbanos.

El regreso del agua al río San Juan

Uno de los cambios más visibles podría producirse en el propio río San Juan. Hidráulica proyecta comenzar con una liberación controlada de alrededor de 20 metros cúbicos por segundo, una operación destinada no sólo a recuperar progresivamente el cauce, sino también a observar su comportamiento y favorecer la recarga de los acuíferos.

La intención oficial es que ese proceso sea gradual. Un caudal muy superior, en cambio, podría generar dificultades aguas abajo. Ginestar explicó que el aliviadero tiene capacidad para entregar hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, mientras que superar los 1.000 m³/s podría provocar desplazamientos importantes del agua hacia distintos puntos del valle. Por eso, la prioridad será evitar saltos bruscos y conducir el incremento de manera anticipada.

La recuperación del cauce podría alcanzar incluso sectores de las lagunas de Guanacache, donde persisten áreas secas. A esa intervención se sumaría la limpieza de determinados tramos para mejorar el desagüe proveniente de Media Agua.

Otro punto bajo observación son las ripieras instaladas sobre el río San Juan. Hidráulica intimó a los establecimientos para que releven las modificaciones realizadas sobre los terrenos y, especialmente, los materiales descartados. Según Ginestar, el problema no reside necesariamente en los socavones, sino en los depósitos de material que pueden modificar la filtración y convertirse en defensas improvisadas.

Canales y desagües, bajo vigilancia

El mayor riesgo puede aparecer cuando coincidan agua abundante en los canales y precipitaciones sobre zonas cultivadas. Si una finca deja de requerir riego durante una lluvia, el caudal que continúa circulando debe ser derivado hacia los desagües. Una obstrucción en ese recorrido puede trasladar el agua hacia zonas urbanizadas.

Por eso, Hidráulica puso especial énfasis en una tarea menos visible que las grandes obras: limpiar sifones, alcantarillas y cauces y evitar que residuos, troncos o materiales acumulados interrumpan el escurrimiento.

El especialista mencionó el caso de Rawson y la relación entre el canal Céspedes y la denominada Calle del Agua como ejemplo de cómo una obstrucción puede alterar rápidamente el recorrido del agua. El avance urbano también modificó antiguos sistemas de drenaje, por lo que la Provincia trabaja junto al municipio de Capital en la recuperación de conductos que perdieron capacidad con el crecimiento de barrios, industrias y nuevas construcciones.

Obras en Zonda y Calingasta

Zonda figura entre las áreas con mayor atención preventiva. Luego de los problemas registrados durante episodios anteriores —entre ellos obstrucciones, acumulación de sedimentos y sectores de defensa deteriorados— se ejecutaron trabajos destinados a mejorar el drenaje. Sin embargo, Ginestar advirtió que ninguna intervención permite eliminar completamente el riesgo en una cuenca de gran magnitud.

En Calingasta se diseñó un programa de 12 obras y actualmente cuatro intervenciones vinculadas con tomas se encuentran en ejecución. También se gestiona una obra en Las Cortaderas. Cuatro topadores ya trabajan en el departamento y está prevista la llegada de otras dos máquinas para continuar con la adecuación de los cauces, especialmente sobre el río Los Patos.

El objetivo es llevar el agua hacia sectores donde el impacto sea menor y ganar capacidad de respuesta frente a eventuales aumentos repentinos del caudal.

El período crítico se extiende hasta abril

La vigilancia no se limitará al inicio del verano. Aunque noviembre y diciembre concentran históricamente varios episodios de creciente y lluvias intensas, Hidráulica contempla un período de atención que se prolongará hasta marzo y abril.

Para la conducción del organismo, la evolución ideal sería gradual: que el río aumente paulatinamente su caudal hasta aproximarse a 100 m³/s y pueda mantenerse en ese nivel durante los meses siguientes. Esa progresión permitiría administrar los recursos, evaluar el comportamiento de los cauces y reducir la posibilidad de recibir un volumen elevado en un lapso demasiado corto.

El viento Zonda provocó 158 contingencias en 64 distribuidores de media tensión y alcanzó a 82.361 suministros en ocho departamentos. El EPRE intimó a las distribuidoras Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. a acelerar las tareas para recuperar la totalidad del suministro dentro de los plazos establecidos por los contratos de concesión. Además, anticipó que los incumplimientos injustificados podrán derivar en sanciones económicas que deberán traducirse en acreditaciones a favor de los usuarios perjudicados.

El momento de mayor impacto se produjo a las 22.53 del domingo 20 de septiembre, cuando 18.060 suministros permanecían sin electricidad simultáneamente. El relevamiento realizado por el EPRE, con información actualizada hasta las 9.30 del lunes, contabilizó además 158 contingencias distribuidas en 64 alimentadores de media tensión y ocho departamentos afectados.

Entre las instalaciones con mayor cantidad de suministros comprometidos figuraron CAVIC-Calle Rodríguez, con 14.207 usuarios; Ullum-Ullum Rural, con 7.707; Angaco-Nacional Norte, con 6.830; La Bebida-Valle Grande, con 6.398; y Sarmiento-Benavídez, con 5.289.

Una demanda de atención muy superior a la habitual

La dimensión del temporal también quedó reflejada en los reclamos recibidos por el organismo. Hasta la mañana del lunes se habían contabilizado 2.684 comunicaciones de usuarios, frente a un promedio aproximado de 142 reclamos durante un domingo habitual.

De ese total, 604 casos permanecían en tratamiento, mientras las cuadrillas continuaban trabajando sobre las instalaciones dañadas por las ráfagas, la caída de ramas y otros elementos que afectaron las líneas eléctricas.

El EPRE mantiene la supervisión de las tareas hasta completar la normalización de la red y puso el foco en el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada interrupción. La evaluación posterior determinará si existieron incumplimientos atribuibles a las concesionarias y, eventualmente, las sanciones correspondientes.

Reclamos por electrodomésticos dañados

El organismo regulador también recordó que los usuarios pueden reclamar un resarcimiento económico por daños en electrodomésticos u otros artefactos eléctricos que hayan sido provocados por interrupciones o alteraciones del suministro.

El trámite debe iniciarse ante la distribuidora correspondiente. El EPRE indicó que auditará los casos para verificar los daños denunciados y determinar la procedencia de la reparación o compensación.

Ante cables cortados, postes caídos u otras condiciones que representen peligro en la vía pública, las autoridades recomendaron evitar el contacto y realizar la denuncia a los teléfonos de emergencia de las compañías: Naturgy San Juan, 0-800-666-3637; y D.E.C.S.A., 496-1784.

El volumen de usuarios alcanzados y la cantidad excepcional de reclamos obligan a completar la restitución del servicio bajo los tiempos previstos por la regulación y dejan abierta, además, la instancia de compensaciones para quienes hayan sufrido interrupciones que excedan los límites establecidos.