La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) manifestó un rechazo categórico al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al que considera incompatible tanto con la Constitución Nacional como con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición fue expresada en el marco del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, espacio multisectorial del que la AAL integra su mesa ejecutiva.

El pronunciamiento quedó plasmado en un documento consensuado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales, jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las centrales sindicales CTA y CGT. Desde ese ámbito anticiparon una oposición frontal al tratamiento legislativo de la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo debate en el Senado estaría previsto para el próximo 11 de febrero.

Según el texto difundido, el proyecto oficial carece de cualquier elemento que pueda considerarse jurídicamente admisible. “Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es compatible con los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT ni con la Constitución Nacional”, sostiene el documento, cuya redacción contó con una participación activa de la AAL.

Los ejes del cuestionamiento

Entre las principales objeciones, los abogados laboralistas advierten que la reforma introduce regulaciones “prácticamente prohibitivas” sobre el derecho de huelga, uno de los pilares de la libertad sindical consagrada tanto en la normativa constitucional como en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, el proyecto elimina o debilita los sistemas de indemnización y las sanciones frente a incumplimientos de las obligaciones laborales, lo que, según la AAL, generaría un escenario de mayor precarización del empleo y de desprotección estructural para las personas trabajadoras. En ese marco, sostienen que la iniciativa favorece una transferencia de riesgos hacia el trabajador y consolida un retroceso en los estándares históricos del derecho del trabajo.

Para Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación, el Foro se constituyó como respuesta a lo que definió como “un brutal ataque del poder económico y del Gobierno nacional contra la clase trabajadora”. Desde su perspectiva, el proyecto no es una reforma orientada al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino una ofensiva que busca debilitar la capacidad de defensa colectiva y reducir el alcance de los derechos laborales.

Rechazo, pero con una condición

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, sostuvo que frente al contenido del proyecto “no queda otra respuesta que el rechazo”, aunque aclaró que el espacio no descarta el diálogo si existiera una voluntad real de discutir una reforma en términos democráticos y constitucionales.

Según remarcó, cualquier debate serio sobre el régimen laboral debería partir del fortalecimiento del principio protectorio del derecho del trabajo y del pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. “Nada de eso está presente en esta iniciativa”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto social y jurídico que podría tener su aprobación.

Un frente amplio en defensa del derecho del trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social fue presentado el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y reúne a decenas de sindicatos, organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde ese espacio, la AAL reafirmó su compromiso con la defensa del derecho del trabajo como un pilar central de la justicia social y del sistema democrático.

Los precios de los alimentos volvieron a mostrar señales de presión inflacionaria durante la tercera semana de enero, en un entorno económico donde el costo de vida continúa siendo uno de los principales límites al consumo de los hogares. Según un relevamiento privado, el rubro alimentos y bebidas registró un aumento promedio semanal del 0,2%, una variación contenida en términos generales, pero que refleja una persistencia inflacionaria difícil de desactivar.

La clave del comportamiento semanal estuvo en la composición de los aumentos. Lejos de una suba homogénea, el informe revela que los incrementos se concentraron nuevamente en los alimentos frescos, con un protagonismo marcado de las verduras y las carnes, dos categorías de peso central en la canasta básica.

Las verduras encabezaron las subas, con incrementos que superaron el 3% semanal, mientras que las carnes mostraron avances cercanos al 2,5%. Estos movimientos explicaron la mayor parte de la variación general, y volvieron a encender alertas por su impacto directo en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

Este comportamiento se repite desde fines del año pasado y pone en evidencia la dificultad para contener los precios en rubros sensibles, más expuestos a factores estacionales, climáticos y logísticos, y menos permeables a las estrategias de desaceleración general de la inflación.

En sentido contrario, el relevamiento registró bajas significativas en otros segmentos relevantes del consumo masivo. Los productos de panificación, cereales y pastas exhibieron retrocesos superiores al 4% semanal, a los que se sumaron descensos en bebidas, lácteos y algunos alimentos industrializados.

Estas caídas permitieron que el promedio semanal de inflación de alimentos se mantuviera en niveles moderados, evitando un salto más pronunciado. Sin embargo, su efecto fue parcial y transitorio, ya que no lograron compensar plenamente el impacto de los aumentos en los productos frescos, que continúan marcando el pulso de la canasta.

La heterogeneidad en la evolución de los precios se consolida así como una característica central del actual escenario inflacionario, con comportamientos divergentes entre alimentos básicos de consumo diario y otros productos de mayor procesamiento.

Al ampliar el horizonte de análisis, los datos muestran que la inflación de alimentos presenta una leve desaceleración, aunque con bases aún inestables. El promedio mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en torno al 0,9%, un registro inferior al observado en meses anteriores y que marca el primer período, tras más de cinco meses, en el que la inflación mensual promedio de alimentos se mantiene por debajo del 1%.

Pese a esta mejora relativa, el informe advierte que la tendencia sigue siendo frágil y altamente dependiente de la evolución de rubros volátiles como frutas y verduras. Cualquier corrección abrupta en estos segmentos puede revertir rápidamente el proceso de desaceleración.

Otro dato relevante es el aumento de la dispersión de precios. Aunque el promedio general fue bajo, se registraron valores extremos más marcados que en la semana previa, lo que indica que la inflación avanza de manera desigual dentro de la canasta. Al mismo tiempo, el porcentaje de productos con aumentos alcanzó el 15% del total relevado, tres puntos porcentuales más que la semana anterior, un indicador que suele anticipar presiones inflacionarias futuras si la difusión de subas continúa ampliándose.

La tercera semana de enero dejó un panorama mixto para los precios de los alimentos. Si bien el promedio semanal mostró una suba moderada, la persistencia de aumentos en carnes y verduras confirma que la inflación en productos esenciales sigue siendo un factor estructural de preocupación. Las bajas en otros rubros ayudan a contener el índice general, pero no modifican una dinámica que continúa afectando el poder adquisitivo y condicionando el consumo. En este escenario, la desaceleración observada aparece más como un equilibrio precario que como una tendencia consolidada.

La actividad metalúrgica cerró 2025 con los peores indicadores desde la pandemia, según alertó Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan. Con plantas trabajando por debajo del 50% de su capacidad, despidos en aumento y una reforma laboral en puerta, el sindicalismo advierte por un retroceso histórico en derechos y prepara medidas de fuerza.

La industria metalúrgica argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Así lo describió Martín Solazzo, representante los trabajadores metalúrgicos en la provincia, quien advirtió que el sector cerró 2025 con niveles de actividad similares a los registrados durante la pandemia, una señal contundente del deterioro productivo que atraviesa la industria nacional.

Según explicó el dirigente sindical a Mundo Laboral SJ, las empresas metalúrgicas trabajan hoy muy por debajo del 50% de su capacidad instalada, un umbral que históricamente marca escenarios de fuerte contracción. “Son valores que sólo habíamos visto en el momento más duro del COVID”, señaló, al tiempo que apuntó directamente contra la política económica del gobierno de Javier Milei.

Para Solazzo, el problema no es coyuntural sino estructural: la apertura irrestricta de importaciones, el freno a la obra pública y la ausencia de una política industrial activa conforman un combo que golpea de lleno a la producción nacional. “Desde el comienzo de este gobierno advertimos que la política económica no favorece al sector industrial. En la metalurgia somos atacados directamente”, sostuvo.

Empresas al límite y despidos en ascenso

El impacto de este modelo ya se traduce en pérdidas concretas de empleo. A nivel nacional, la UOM contabiliza casi 6.000 despidos en la industria metalúrgica, una cifra que enciende alarmas en todo el país. En San Juan, si bien la actividad minera funciona como un amortiguador parcial, la situación también comienza a deteriorarse.

“En los últimos tres meses de 2025 tuvimos cierres de talleres y bajas en algunas empresas”, explicó Solazzo. Desde la seccional, indicó, el sindicato intenta colaborar incluso en aspectos que exceden su rol tradicional, como gestiones laborales, licitaciones o articulaciones con el Estado, con un objetivo claro: evitar la pérdida de puestos de trabajo y que más familias queden en la calle.

La preocupación se profundiza ante un fenómeno que empieza a repetirse: empresas que abandonan la producción local para convertirse en simples importadoras. “No estamos exentos de que esto nos pase en San Juan. Hoy todavía no nos golpea de lleno, pero ya está ocurriendo en otros rubros”, advirtió.

El efecto importador y un ejemplo testigo

Solazzo puso como ejemplo el caso de una empresa radicada en Campana, vinculada al ensamblaje de motos KTM. “Antes importaban partes, ensamblaban acá y vendían al mercado interno. Hoy compran la moto totalmente armada. Dejaron 100 trabajadores en la calle”, relató. La ecuación, explicó, es clara: la rentabilidad empresarial mejora, pero a costa del empleo. “Ganan más plata, pero dejan 100 familias sin sustento. Eso es alarmante”, sostuvo. En ausencia de políticas de protección y desarrollo industrial, remarcó, la industria nacional no puede competir con economías como China o Europa, altamente subsidiadas y con escalas productivas muy superiores.

Reforma laboral: tensión, unidad sindical y advertencias

Simultáneamente al deterioro productivo, el sector sindical se prepara para otro frente de conflicto: el inminente debate de la reforma laboral en el Congreso. A menos de un mes de su tratamiento, el referente de la UOM en San juan advirtió que el escenario se vuelve cada vez más tenso.

“El problema es que se divide al movimiento obrero entre sectores duros, dialoguistas o negociables. Lo ideal sería discutir todos juntos y decidir en unidad”, señaló. Sin embargo, reconoció que los tiempos políticos obligan a actuar con rapidez.

El dirigente defendió el uso de herramientas históricas del sindicalismo —movilizaciones, paros y medidas de fuerza— y alertó sobre las consecuencias irreversibles que podría traer la aprobación de la ley. “Cuando una reforma de este tipo se inserta, después es prácticamente imposible sacarla”, afirmó. Como antecedente, citó el caso de Chile tras las reformas laborales de la dictadura de Pinochet: “Hasta el día de hoy no pudieron recuperar los derechos perdidos”.

“Modernización” o precarización

Solazzo fue especialmente crítico con el discurso oficial que presenta la reforma como una modernización del sistema laboral. “Es una gran mentira, un disfraz. Lo que se propone es precarización laboral, no va a beneficiar a ningún trabajador”, aseguró.

En ese contexto, cuestionó también el rol de algunos gobernadores y denunció presiones del Ejecutivo nacional para garantizar votos en el Congreso. “No entendemos qué hacen los gobernadores metidos en esta discusión. Es un debate laboral entre sindicatos, CGT y Gobierno”, afirmó, y advirtió que ninguna obra pública justifica perder fábricas y empleo local.

Movilización federal en puerta

Frente a este escenario, la UOM se alineará con las definiciones del secretariado nacional y de la CGT. Según adelantó Solazzo, se evalúan movilizaciones en todo el país el día que la reforma se trate en el Parlamento, con acciones federales en cada provincia.
“La disconformidad tiene que mostrarse en todo el país, no sólo en Buenos Aires. Cada trabajador tiene que salir a la calle para defender derechos que costaron años conseguir”, sostuvo.

La advertencia de la UOM sintetiza un clima que atraviesa a buena parte del entramado productivo y sindical argentino. Con una industria metalúrgica en retroceso, despidos en aumento, empresas al límite y una reforma laboral que amenaza con profundizar la precarización, el conflicto entre el Gobierno y el mundo del trabajo ingresa en una fase decisiva.

Lejos de tratarse de un debate técnico, lo que está en juego es el modelo de desarrollo, el rol de la industria nacional y el futuro de los derechos laborales. En ese cruce de tensiones, el sindicalismo se prepara para dar una batalla que considera crucial, consciente de que lo que se defina en las próximas semanas puede marcar el rumbo del trabajo en la Argentina por décadas.