Un concejal bonaerense presentó un nuevo amparo colectivo para impedir la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El planteo, que se suma a otro presentado en Córdoba, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte que la privatización de una empresa rentable y estratégica pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país.

La ofensiva judicial contra el plan de privatización de empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Fernando Martínez, concejal del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal responsable de operar las tres centrales nucleares del país.

El recurso constituye el segundo amparo presentado desde que se conoció la intención oficial de avanzar con la privatización, y plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, norma que habilita el proceso de enajenación parcial de la empresa. El texto también advierte sobre los riesgos que implicaría una privatización en un sector altamente sensible para la planificación nacional.

NA-SA opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema nuclear argentino y activos estratégicos construidos a lo largo de décadas. A contramano de la justificación esgrimida por el Ejecutivo —que sostiene que deben venderse las empresas públicas deficitarias—, la firma no solo no registra pérdidas, sino que es rentable: en el primer trimestre del año obtuvo 17 millones de dólares de superávit.

En su presentación, Martínez fue contundente:
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados.”

El amparo solicita, además, una medida cautelar inmediata para suspender cualquier instancia de «licitación, oferta o transferencia de acciones», de manera tal de preservar la situación actual mientras la Justicia analiza los planteos en curso.

El concejal también advierte sobre los riesgos de una privatización parcial, al considerar que podría derivar en aumentos tarifarios, reducción de inversiones y un progresivo desfinanciamiento del sector nuclear. “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, sostiene el escrito.

Este nuevo amparo se suma al presentado semanas atrás por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien reclamó la nulidad del mismo decreto y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

Martínez cerró su presentación con un planteo central:
“Nucleoeléctrica es un bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo.”

La posible privatización de NA-SA se encamina a convertirse en uno de los debates más complejos del ciclo político actual: involucra soberanía energética, seguridad estratégica, tarifas, inversiones y el rol del Estado en sectores críticos. Con dos amparos en curso y nuevos cuestionamientos de especialistas, legisladores y organizaciones sociales, el Gobierno enfrenta un creciente frente judicial y político que podría frenar, demorar o incluso bloquear su avance sobre una de las empresas más sensibles del entramado energético nacional.

La administración de Javier Milei avanza en un nuevo plan de retiros voluntarios en la Televisión Pública y Radio Nacional, con el objetivo de reducir la planta de trabajadores y reconfigurar el sistema estatal de medios. El proceso estará encabezado por Javier Lanari, reciente secretario de Medios, y se enmarca en un proyecto de vaciamiento, fusión institucional y futura privatización.

La medida alcanzará a los 2400 empleados que componen las dotaciones de la Televisión Pública —con unos 1300 trabajadores— y de Radio Nacional, que suma otros 1100. La intención oficial es que el proceso esté encaminado antes de fin de año, para luego realizar una nueva evaluación interna y definir el destino futuro de las áreas que permanezcan en actividad.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas en la decisión, “la idea es abrir el retiro voluntario, evaluar el nivel de adhesión y, sobre esa base, establecer la escala de indemnizaciones correspondientes”. El Gobierno sostiene que los montos serán “razonables” y proporcionales a la antigüedad y el rango de cada trabajador.

El operativo político-administrativo estará conducido por Javier Lanari, ahora secretario de Medios y Comunicación, quien se convirtió en el principal ejecutor de la política de ajuste en este sector. Su desembarco se produjo luego de que Manuel Adorni asumiera funciones ampliadas como ministro coordinador.

En paralelo, la subsecretaria de Medios, Bárbara Pintelos, fue incorporada meses atrás para supervisar la coordinación general de las políticas sobre los Medios Públicos, convirtiéndose en una pieza clave en el diseño de la reestructuración.

Fusiones y privatización: el horizonte

Más allá del achique de personal, dentro del Gobierno ya se deja trascender la posibilidad de fusionar RTA (Radio y Televisión Argentina) con Contenidos Artísticos e Informativos, con el argumento de que la estructura actual es costosa, desarticulada y poco eficiente.

El oficialismo plantea además una renovación total de la imagen de la Televisión Pública, con cambios en colores, tipografías, identidad visual y una reconfiguración de la grilla de programación, como parte del proceso que consideran un paso previo a la futura privatización del sistema.

Tensión con los gremios

Los sindicatos del sector se encuentran en estado de alerta, denunciando que el vaciamiento estructural ya está en marcha y advirtiendo que el retiro voluntario podría transformarse en un mecanismo encubierto de presión hacia los trabajadores. El Gobierno, en cambio, insiste en que la decisión responde a un criterio de eficiencia y sustentabilidad fiscal.

La nueva ofensiva del Gobierno sobre los Medios Públicos confirma una orientación clara: reducir planteles, fusionar estructuras y preparar el terreno para la privatización. Con Javier Lanari como ejecutor, la administración de Milei avanza con una política de recorte que promete tensiones con los gremios y una profunda transformación del sistema estatal de comunicación, cuyo futuro queda atado a la aceptación de los retiros y al margen de negociación que se abra en los próximos meses.

La Confederación de Trabajadores de la Educación alertó que el Gobierno nacional impulsa un ajuste sin precedentes en el sistema educativo: reducción drástica del presupuesto, eliminación del FONID, desfinanciamiento de programas clave y una deuda millonaria con la docencia. Según su Instituto Marina Vilte, la inversión educativa proyectada para 2026 será la más baja de las últimas décadas y profundizará desigualdades estructurales en todo el país.

CTERA difundió un informe en el que analiza el impacto del Presupuesto 2026 sobre la educación pública y concluye que la reducción de recursos coloca al sistema en una situación de extrema vulnerabilidad. Según el Instituto Marina Vilte, el Gobierno propone que la inversión nacional en Educación y Cultura caiga al 0,75% del PBI, muy por debajo de los niveles recientes: 1,41% en 2023 y 1,66% en 2015.

La estimación del REM-BCRA es todavía más alarmante: 0,68% del PBI, lo que representaría el piso más bajo del que se tenga registro. Para la entidad gremial, esta caída “profundiza desigualdades, limita la capacidad de las provincias para sostener políticas clave y afecta directamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje”.

El recorte compromete infraestructura, programas pedagógicos, iniciativas de inclusión digital y la educación técnico-profesional. Para CTERA, se trata de un proceso de desmantelamiento progresivo que amenaza la estructura misma del sistema educativo.

Eliminación del FONID: un golpe histórico al salario docente

Uno de los puntos más críticos del ajuste es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial creado en 1998 que complementa el ingreso de maestras y maestros de todo el país.

Según las placas difundidas por el gremio, el presupuesto 2026 contempla una caída real del 98% en términos interanuales respecto de 2016, consolidando un desfinanciamiento que comenzó en 2024 y terminó por dejar sin efecto un instrumento clave para asegurar pisos salariales y sostener a las provincias de menor capacidad presupuestaria.

CTERA recordó además que el Gobierno mantiene una deuda millonaria con la docencia por este concepto. De acuerdo con los cálculos ajustados por IPC, el valor actualizado del FONID debería ubicarse en $124.500 por docente a octubre de 2025, mientras que el último pago percibido fue el correspondiente a septiembre de 2023: $28.700. “El FONID es un derecho conquistado y no puede eliminarse por decreto”, reiteró la organización.

Programas paralizados, infraestructura comprometida y más desigualdad

El informe también expone el impacto del desfinanciamiento sobre políticas centrales: obras y mantenimiento escolar, programas socioeducativos, iniciativas de formación docente, acompañamiento pedagógico y el histórico Conectar Igualdad, hoy interrumpido o severamente recortado.

Para CTERA, estas decisiones no solo deterioran el funcionamiento cotidiano de las escuelas sino que profundizan brechas entre provincias y regiones, agravando la desigualdad educativa y limitando oportunidades para los sectores más vulnerables.

Un llamado urgente al Gobierno: “Basta de ajuste a la educación”

La entidad docente exigió al Gobierno nacional que revierta el recorte y convoque a instancias de diálogo para restituir los fondos eliminados. “La educación pública atraviesa su nivel de inversión más crítico, afectando el derecho de millones de estudiantes”, advirtió CTERA.

Con un presupuesto en caída libre, salarios pulverizados, programas paralizados y una deuda sin saldar, la organización confirmó que continuará visibilizando la situación y reclamando medidas para evitar —según sus palabras— un “desmantelamiento silencioso pero sistemático” del sistema educativo.