Una resolución de la Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría. La medida obliga a la empresa a presentar estudios ambientales en territorio riojano y genera incertidumbre sobre uno de los desarrollos extractivos más relevantes del país.

Una decisión judicial adoptada en La Rioja alteró el curso de uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la región cuyana. La jueza María Greta Decker ordenó la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto Josemaría, a partir de una presentación impulsada por el gobierno riojano.

La resolución alcanza a la firma operadora Vicuña S.A. y establece como condición indispensable la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que contemple las implicancias del emprendimiento sobre territorio de la provincia vecina. Sin ese requisito aprobado, no podrán retomarse las actividades.

El fallo se apoya en el principio preventivo y se instrumentó mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta jurídica que permite actuar con rapidez frente a la posibilidad de daños ambientales. Desde la administración riojana argumentaron que la empresa no cumplió con requerimientos previos vinculados al uso de infraestructura local, especialmente el corredor vial que conecta con el yacimiento.

El secretario de Ambiente de esa provincia, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos del proyecto exceden los límites geográficos y podrían impactar en comunidades como Guandacol y Villa Unión. Entre los puntos señalados figuran el tránsito intensivo de vehículos pesados, la dispersión de partículas y la contaminación sonora.

La medida judicial también dispuso restricciones sobre el camino de Guandacol, principal vía logística hacia el emprendimiento, actualmente bajo control policial. Esta limitación genera un cuello de botella operativo que afecta la planificación de obras y el movimiento de equipos.

Un proyecto estratégico bajo presión

El desarrollo de Josemaría forma parte del denominado distrito Vicuña, un conglomerado minero de escala internacional que incluye también el yacimiento Filo del Sol. Ubicado en San Juan, el proyecto prevé inversiones millonarias y una proyección productiva significativa en cobre, oro y plata durante varias décadas.

Para San Juan, la paralización representa un contratiempo relevante en términos económicos y de generación de empleo, dado el peso estratégico que la actividad minera tiene en su matriz productiva. A su vez, la decisión introduce un elemento de complejidad institucional al involucrar competencias ambientales de distintas jurisdicciones.

Desde La Rioja no descartan avanzar hacia instancias judiciales superiores en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La suspensión dispuesta por la Justicia riojana reconfigura el futuro inmediato de un proyecto central para la minería argentina. Más allá del plazo fijado, el episodio instala un debate de fondo sobre la coordinación interprovincial en materia ambiental y la necesidad de reglas claras para emprendimientos de gran escala. El desenlace de este proceso no solo definirá el avance de Josemaría, sino que también sentará precedentes sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en el país.

El Gobierno y los sindicatos docentes alcanzaron un acuerdo que establece aumentos para el trimestre abril-junio, eleva el valor índice y prevé una instancia de revisión atada a la evolución de precios.

Luego de una jornada de intensas deliberaciones en el Centro Cívico, el Ejecutivo sanjuanino y los gremios UDAP, UDA y AMET alcanzaron un entendimiento que redefine la pauta salarial docente para el primer semestre de 2026.

El núcleo del acuerdo reside en la fijación de un salario mínimo garantizado para el cargo testigo, que se incrementará de manera progresiva: $831.989 en abril, $851.943 en mayo y $876.332 en junio. Este esquema contempla hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra e incorpora el adicional por conectividad.

La mejora se articula mediante la actualización del valor índice —establecido en 901,6123 para abril— con ajustes adicionales del 2% en mayo y del 3% en junio, calculados sobre la base inmediata anterior. A su vez, en mayo se adicionarán cuatro puntos al nomenclador docente, lo que impactará de forma directa en el salario básico.

Uno de los aspectos más relevantes es la consolidación de sumas previamente otorgadas. El ítem de $100.000 pasa a integrar el salario en carácter remunerativo, extendiéndose a la totalidad de los cargos. Esta decisión fortalece la estructura salarial y repercute en componentes clave como el aguinaldo y los haberes previsionales.

El entendimiento también incorpora avances en reclamos de larga data. Las bonificaciones por ubicación geográfica —particularmente en radios 4 a 7— registran una mejora sustancial desde abril, con un segundo tramo previsto para octubre, lo que permitirá completar el esquema de actualización progresiva.

En este sentido, se redefinió el adicional “Estado Docente” (código A56), que alcanzará los $268.577,88 en junio, consolidando su peso dentro del recibo salarial.

Cláusula de resguardo y revisión

Con el objetivo de preservar el poder adquisitivo, las partes incluyeron un mecanismo de revisión para el 30 de junio. En esa instancia se evaluará la evolución del Índice de Precios al Consumidor y se determinará la eventual aplicación de diferencias en la pauta salarial del segundo semestre.

Del encuentro participaron autoridades del área educativa y económica de la provincia, junto a las conducciones sindicales, en el marco de la Sesión Paritaria N° 11.

El pacto alcanzado introduce previsibilidad en el corto plazo y responde a demandas estructurales del sector docente, en especial en lo relativo a la calidad del salario. No obstante, el verdadero alcance del acuerdo quedará sujeto al comportamiento de la inflación y a la revisión pactada para mitad de año. La evolución de esa variable será determinante para sostener el equilibrio entre las cuentas públicas y la recomposición de los ingresos docentes.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan protagonizó una contundente jornada de protesta bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, en el marco de una convocatoria federal que se replicó en distintas casas de estudio del país.

El epicentro de la actividad fue la Escuela de Comercio, donde se realizó un abrazo simbólico seguido de una marcha de antorchas que recorrió el predio compartido con la Escuela Industrial. El lugar elegido no fue casual: se trata de un espacio con fuerte valor histórico, considerado uno de los pilares en la formación educativa de la provincia.

Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, docentes, autoridades, trabajadores no docentes y familias comenzaron a concentrarse para visibilizar una situación que califican como crítica. La cooperación conjunta otorgó a la protesta un carácter amplio, con presencia de distintos sectores que integran la vida universitaria.

El rector Tadeo Berenguer acompañó la movilización y respaldó públicamente el reclamo, en una señal institucional frente a las dificultades que atraviesa la universidad. Durante la jornada, se reiteraron cuestionamientos a la política presupuestaria nacional, especialmente por la falta de actualización de partidas destinadas al sistema educativo superior.

Los manifestantes advirtieron que la insuficiencia de recursos compromete no solo los ingresos del personal docente y no docente, sino también el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión, pilares fundamentales del funcionamiento universitario.

Reclamo federal y respaldo social

La marcha se inscribió en una acción coordinada a nivel nacional, que incluyó clases abiertas, intervenciones públicas y actividades de concientización en distintas universidades. En San Juan, la movilización nocturna aportó una imagen potente que combinó simbolismo y masividad.

Uno de los rasgos distintivos de la jornada fue el acompañamiento de familias, que se sumaron al reclamo en defensa de la educación pública. La participación social amplió el alcance del mensaje y reforzó la dimensión colectiva del planteo.