La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales una actualización correspondiente a julio. El ingreso inicial, incluida la participación en las ganancias, quedó en $2.534.977,22 y la recomposición acumulada desde diciembre alcanza el 19,3%.

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio, en el marco del mecanismo acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Con este incremento, el salario inicial de la actividad quedó por encima de los $2,5 millones cuando se incorpora el concepto de participación en las ganancias.

El sueldo básico inicial para julio fue establecido en $2.463.354,74, mientras que a ese monto se sumaron $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias. De esta manera, el ingreso inicial total alcanzó los $2.534.977,22.

La actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio bancario.

Con el nuevo ajuste, la organización conducida por Sergio Palazzo informó que los salarios acumularon una recomposición del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.

El esquema continuará durante agosto bajo las mismas condiciones acordadas hasta ahora. La discusión paritaria formal se retomará en la segunda quincena de septiembre, cuando las partes volverán a evaluar la evolución de los salarios y los precios.

Desde La Bancaria destacaron que el mecanismo de actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de la inflación. “Garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio al comunicar el nuevo acuerdo.

El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña obtuvo despacho favorable en las comisiones y quedó habilitado para ser tratado este miércoles. El Bloque Justicialista no acompañó el dictamen, aunque algunos de sus integrantes podrían votar a favor en el recinto.

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Obras y Servicios de la Cámara de Diputados otorgaron este martes despacho favorable al proyecto, que será tratado este miércoles en la sesión especial convocada por la Legislatura.

La definición tuvo una particularidad política: el Bloque Justicialista no suscribió el dictamen. Sin embargo, esa decisión no anticipa necesariamente una votación unificada en contra. Algunos legisladores peronistas podrían acompañar el convenio durante el debate, entre ellos Eduardo Cabello, Jorge Castañeda y Leopoldo Soler. También firmó en conformidad Franco Aranda, del Frente Renovador.

La resolución de las comisiones se produjo después del cuarto intermedio dispuesto el viernes, cuando los diputados habían solicitado ampliar el análisis de la documentación. En aquella reunión participaron el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Minería Juan Pablo Perea, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes respondieron las consultas formuladas por los legisladores.

Uno de los puntos centrales del convenio es el aporte único y no reembolsable de US$250 millones que Vicuña realizará a favor de San Juan. El acuerdo forma parte de las negociaciones vinculadas al desarrollo del proyecto minero y establece compromisos con impacto directo sobre las finanzas y las obras que la Provincia deberá ejecutar.

La discusión legislativa estará marcada, por lo tanto, no solo por el contenido técnico del convenio sino también por la composición de los apoyos en el recinto. El despacho favorable garantiza que el proyecto pueda ser debatido, pero será la votación de este miércoles la que determine su aprobación definitiva.

En la misma jornada, las comisiones dieron despacho favorable al convenio suscripto entre San Juan y Vialidad Nacional. El acuerdo contempla que la Provincia financie y ejecute tareas de conservación, mantenimiento y mejoramiento sobre las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de obras en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Ambos expedientes quedaron así incorporados al tramo decisivo de su recorrido legislativo. La sesión especial de este miércoles permitirá conocer el respaldo efectivo que reúnen los convenios y, en el caso de Vicuña, si la división de posiciones dentro de la oposición resulta determinante para su aprobación.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.