Los gremios del PAMI iniciaron un nuevo plan de lucha en rechazo al aumento menor al 3% ofrecido por el Gobierno nacional para todo 2025. Tras doce meses de salarios congelados, las organizaciones sindicales consideran la propuesta “una provocación” y denuncian el deterioro en la atención a jubilados y pensionados. Las medidas incluyen paros parciales y una marcha al Ministerio de Desregulación.

El conflicto salarial en el PAMI ingresó en una etapa crítica. Tras un año sin actualizaciones, los trabajadores de la obra social de los jubilados decidieron profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, un total que no supera el 2,8% trimestral.

La propuesta, presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue rechazada de plano por los sindicatos ATE, SUTEPA, APPAMIA y UTI, que la consideraron insuficiente y “desconectada de la realidad inflacionaria”.

“El último aumento fue en octubre del año pasado, de apenas 3,5%. Desde entonces, los sueldos permanecen congelados, mientras los precios crecieron más del 100%. Los trabajadores del PAMI perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”, señaló un documento conjunto difundido por los gremios.

El cronograma de medidas comenzó este martes 28 con un paro de dos horas entre las 12 y las 14, continuará el miércoles 29 con una nueva interrupción de tres horas, y culminará el jueves 30 con una movilización nacional. Los sindicatos se concentrarán al mediodía frente a la sede central de la entidad, en avenida Corrientes 655, y marcharán hacia el Ministerio de Desregulación, donde exigirán una reapertura inmediata de la negociación paritaria.

“Una política de recorte que afecta también a los jubilados”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la postura oficial. “Esta política de recorte salarial no solo golpea a los trabajadores, sino que repercute directamente en la atención de más de cinco millones de jubilados. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una situación que afecta a todo el sistema previsional”, afirmó.

Aguiar describió la última oferta del Gobierno como “una provocación destinada a agravar el conflicto” y adelantó que las medidas podrían extenderse si no hay respuestas. “Vamos a profundizar el plan de acción, porque nuestras demandas son legítimas. No pedimos privilegios, exigimos respeto y una compensación mínima por el esfuerzo que sostenemos día a día”, agregó.

Durante los paros, las oficinas del PAMI funcionan con dotaciones reducidas, lo que genera demoras en trámites, entrega de medicamentos y atención médica. Los sindicatos advirtieron que el deterioro en las condiciones laborales ya tiene un correlato directo en la calidad del servicio: “Con salarios congelados y personal agotado, es imposible garantizar la atención que los jubilados merecen”, indicaron en un comunicado.

Silencio oficial y malestar creciente

Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre el nuevo plan de lucha ni sobre la posibilidad de revisar la pauta ofrecida. La falta de interlocutores claros y la decisión de centralizar las negociaciones en el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger incrementaron el malestar en los sindicatos, que reclaman un canal de diálogo “serio y con responsabilidad institucional”.

Fuentes gremiales señalan que el congelamiento salarial del PAMI se inscribe en un marco de ajuste generalizado en el sector público, que ya afecta a organismos como el ANSES, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Trabajo. “El problema no es solo el porcentaje, sino la falta de voluntad de discutir una recomposición real. Es una decisión política de achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los jubilados”, advirtieron desde ATE.

Analistas laborales consultados coinciden en que el conflicto del PAMI puede transformarse en un caso testigo. La paritaria del organismo, congelada desde noviembre de 2024, refleja la tensión estructural entre la política de contención del gasto público y la presión sindical por recuperar ingresos en un contexto de inflación persistente.

Contexto económico y desgaste institucional

El reclamo del PAMI no ocurre en el vacío. Se da en medio de una contracción del consumo, aumento de la pobreza y deterioro de los salarios públicos, que acumulan más de una década de pérdida sostenida frente a la inflación. La promesa de “orden fiscal” del Gobierno convive con un creciente descontento social, y el sistema previsional —por su magnitud y su impacto directo en la vida de millones de personas— se convierte en un escenario sensible.

“Mientras el Ejecutivo busca mostrar disciplina en el gasto, lo que se ve en la base es desfinanciamiento y desmotivación. Los trabajadores del PAMI están sosteniendo la estructura con salarios de hace un año y sin horizonte de recomposición”, señaló un economista especializado en políticas públicas.

La erosión también se percibe en la estructura institucional. En varias provincias, los empleados de la obra social argumentan que faltan insumos básicos, personal administrativo y recursos tecnológicos, lo que profundiza los retrasos y eleva la conflictividad interna.

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza extendió a nivel nacional una medida cautelar que suspende las resoluciones del PAMI que habían limitado la cobertura gratuita de medicamentos. El fallo, impulsado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, garantiza nuevamente el 100% de los fármacos esenciales para jubilados y pensionados, y representa un nuevo desafío judicial para el Gobierno de Javier Milei.

La tirantez entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo con un fallo que restituye derechos a uno de los sectores más vulnerables: los jubilados. El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del magistrado Pablo Oscar Quirós, concedió una medida cautelar de alcance nacional que obliga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a restablecer la cobertura total de medicamentos esenciales.

La decisión judicial suspende los efectos de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024, emitidas por el propio organismo, que habían modificado el régimen de gratuidad vigente desde 2020 y habían generado un fuerte impacto económico sobre millones de jubilados y pensionados de bajos ingresos.

El fallo, que seguramente será apelado por el Gobierno de Javier Milei, amplía los alcances de decisiones previas dictadas por juzgados federales de Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, en las que distintas entidades y representantes sociales habían planteado el mismo reclamo.

El magistrado mendocino resolvió extender la medida a todo el territorio nacional, haciendo lugar a la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En su resolución, Quirós destacó la “legitimidad activa y representación adecuada” de la organización, en función de su carácter federal y su trayectoria en la defensa integral de los derechos humanos.

“El Estado debe garantizar la accesibilidad universal al derecho a la salud, sin imponer condiciones que restrinjan ese acceso a sectores vulnerables como el de los adultos mayores”, señala uno de los párrafos centrales del fallo.

La resolución recuerda que, según la doctrina de la Corte Suprema, una acción colectiva puede prosperar cuando se verifican tres elementos: una conducta estatal uniforme, una pretensión común de cesar un daño generalizado, y la imposibilidad material de que los afectados litigüen de manera individual. El juez consideró acreditadas esas tres condiciones en el caso del recorte del programa “Vivir Mejor”, que garantizaba el 100% de cobertura en medicamentos esenciales a jubilados de menores ingresos.

La medida, de cumplimiento inmediato, ordena al PAMI restituir la provisión de los medicamentos esenciales sin requisitos adicionales ni trámites especiales, mientras el expediente principal continúa en trámite. Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno nacional apelará la decisión, con el argumento de que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las políticas de “eficiencia administrativa” impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El antecedente más cercano fue dictado en septiembre por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que dio lugar a un amparo colectivo promovido por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde. En esa oportunidad, la Justicia había ordenado al PAMI mantener la cobertura plena de medicamentos hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión.

La decisión de Mendoza unifica y refuerza esas medidas al darle alcance nacional, lo que convierte a esta resolución en un precedente judicial significativo dentro del actual debate sobre el alcance de las políticas de ajuste del Estado y su impacto social.

En los últimos meses, asociaciones de jubilados y sindicatos de trabajadores del PAMI denunciaron recortes en la provisión de medicamentos, demoras en la entrega y eliminación de beneficios complementarios. La medida judicial, según advierten especialistas, podría forzar al Gobierno a revisar integralmente su política sanitaria para adultos mayores y a recomponer el presupuesto del organismo, que ha sufrido una merma real de más del 40% en lo que va del año.

El secretario general de SATSAID San Juan, Mario Quinteros, confirmó la recomposición salarial que cierra el año paritario en el sector audiovisual y cuestionó los lineamientos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Con mirada crítica y argumentación firme, el dirigente advirtió que la fragmentación de las negociaciones “solo busca debilitar las instituciones gremiales y profundizar la desigualdad entre trabajadores”.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) concluyó la negociación salarial correspondiente al último tramo del año. El acuerdo, alcanzado con las empresas del sector de video y conectividad, implica una recomposición destinada a mitigar el impacto de la inflación acumulada y cerrar el ciclo paritario con un leve margen positivo.

“Estamos cerrando el año con un incremento que busca equilibrar la pérdida inflacionaria. No se trata de una mejora real, pero sí de un alivio en un contexto económico adverso”, explicó Quinteros, en diálogo con Mundo Laboral SJ. El dirigente detalló que el entendimiento incluye sumas no remunerativas que corrigen desfasajes salariales y colocan al sector “casi dos puntos por encima de la inflación”.

La recomposición coincide con el inicio del proceso electoral interno del sindicato, previsto para los días 26 y 27 de noviembre. “Ya se cerró la presentación de listas y solo se oficializó la nuestra, que conducirá el gremio hasta 2030. Asumiremos en marzo, normalizando los plazos que se habían alterado por la pandemia”, señaló Quinteros, destacando la continuidad institucional del SATSAID como un valor en sí mismo.

La reforma laboral en debate: un punto de quiebre

El dirigente también analizó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, que promueve la negociación por empresa, la revisión de los convenios colectivos y la flexibilización de ciertas normas laborales. Con tono crítico, Quinteros advirtió que la iniciativa “no busca modernizar las relaciones de trabajo, sino desarticular el poder colectivo de los sindicatos”.

“Negociar por treinta mil trabajadores no es lo mismo que hacerlo por trescientos. Lo que se pretende es dividir, debilitar y precarizar. Hablan de dinamismo salarial, pero en realidad apuntan a romper la solidaridad entre los trabajadores”, enfatizó.

Para el secretario general de SATSAID, el esquema propuesto desconoce el principio básico de igualdad laboral. “Un camarógrafo, un sonidista o un técnico audiovisual deben percibir el mismo salario por igual tarea, sin importar la provincia. Eso no es un privilegio gremial, es justicia social”, sostuvo, recordando que los acuerdos nacionales del gremio garantizan condiciones uniformes en todo el país.

En su análisis, Quinteros admitió que los convenios colectivos requieren actualización, pero aclaró que ello debe hacerse sin resignar derechos. “Hay cláusulas obsoletas, tareas que desaparecieron con los años, y eso se corrige en diálogo con las empresas. Lo que no se puede aceptar es una reforma que utilice esa excusa para reducir garantías laborales”, señaló.

El trasfondo económico y el riesgo de un modelo desigual

El sindicalista fue más allá y enmarcó el debate en una discusión estructural sobre el rumbo económico del país. A su entender, la ofensiva contra los derechos laborales se vincula con la concentración de la riqueza y la falta de redistribución.

“Nos quieren llevar a un modelo donde la gente trabaja sin derechos, como en China o la India. Pero Argentina no es eso: es un país con recursos, con historia y con un pueblo que aprendió a defender sus conquistas”, expresó.

Con ironía, criticó la idea de ampliar la jornada laboral sin compensación:

“Si quieren trabajadores de doce horas y sin feriados, abramos los libros de las empresas y repartamos las ganancias. No seamos socios solo de las pérdidas”.

El sindicalista advirtió, además, que detrás del discurso de la competitividad “se esconde una transferencia de costos hacia los trabajadores”. Según dijo, mientras el Gobierno habla de austeridad, “la rentabilidad de algunos grupos empresariales crece sin reinvertirse, y el ajuste siempre recae sobre el asalariado”.

Un movimiento obrero en alerta

Pese a la dureza de su diagnóstico, Quinteros subrayó la voluntad del gremio de mantener canales de diálogo institucional. “Estamos dispuestos a discutir convenios, a revisar cláusulas y a adaptarnos a los nuevos tiempos, pero no vamos a convalidar una reforma que implique retroceder en derechos fundamentales”, remarcó.

En ese sentido, valoró la unidad de acción que se observa en la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al proyecto oficial. “El sindicalismo argentino ha demostrado que, pese a las diferencias internas, hay un consenso básico: defender el trabajo digno, la negociación colectiva y la protección social”, sostuvo.

El cierre paritario del SATSAID y las palabras de Mario Quinteros condensan el pulso del sindicalismo argentino en un momento de alta incertidumbre política y económica. Consciente de los desafíos que impone la inflación y de los debates que se avecinan en el Congreso, el gremio audiovisual busca sostener el equilibrio entre la modernización del sector y la defensa irrestricta de los derechos laborales.

Quinteros lo resume con una frase que sintetiza la postura del movimiento obrero frente al nuevo escenario: “No nos oponemos al cambio, pero sí al retroceso. La justicia social no se discute: se defiende”.