El Gobierno clausura reforma sindical de Tetaz
El ala dialoguista de la administración libertaria resolvió darle la espalda este martes al tercer intento de la UCR por imponer una ley de limitación del poderío de los sindicatos como la que intentó Raúl Alfonsín. La CGT volverá a juntarse para analizar la invitación oficial a una mesa tripartita con empresarios.
Por: Mariano Martín.
El Gobierno dará esta semana otra señal a la CGT para sentarla a la mesa tripartita de diálogo con el sector empresario: dejará sin apoyo al intento de un sector del radicalismo por insistir con una reforma de los sindicatos destinada a acotar su estructura financiera y su poder de negociación. El diputado nacional Martín Tetaz tenía previsto reimpulsar hoy la iniciativa pero desde el Ejecutivo confirmaron que no contará con respaldo del oficialismo. En cambio, admitieron en el Ejecutivo, en los próximos días podrá avanzar un proyecto que apunta a poner fin a los aportes forzosos de las empresas a las cámaras que las nuclean.
Se trata de la tercera y última oportunidad que este martes pondrá en juego la UCR para impulsar una iniciativa tendiente a eliminar las denominadas «cuotas solidarias» que los sindicatos recaudan entre los trabajadores no afiliados como contraprestación de la representación que sobre ellos ejercen, así como poner límites a las reelecciones de dirigentes y forzar la integración de las minorías en las estructuras de las organizaciones gremiales, entre otros puntos. «Ese proyecto no es para nada la agenda del Gobierno», confimó a El Destape un funcionario situado en la primera línea de la negociación con la CGT.
Los dos intentos anteriores de Tetaz y el sector más refractario a los sindicatos fracasaron a la hora de darle tratamiento parlamentario a una reversión de la «ley Mucci», en alusión a la que intentó impulsar sin éxito en su gestión Raúl Alfonsín a caballo de una denuncia sobre un aparente «pacto militar-sindical». En septiembre y octubre, sendas reuniones de la comisión de Legislación del Trabajo, que encabeza el economista y expanelista televisivo de la UCR, naufragaron a último momento tras la orden del Gobierno a sus diputados de no facilitar un dictamen.
La quita de apoyo en esta tercera y última chance coincide con la reanudación del contacto entre el Ejecutivo y la central obrera mayoritaria. Tal como reveló este medio, el asesor plenipotenciario Santiago Caputo retomó el diálogo, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la «mesa chica» de la CGT y espera de ese espacio la confirmación esta misma semana de que participará de la convocatoria tripartita con el Grupo de los Seis, que nuclea a las mayores patronales argentinas (industria, comercio, agro, construcción, banca y finanzas).
De hecho este mismo martes habrá una reunión ampliada de la «mesa chica» para poner en común los pro y contras de abrir la etapa de diálogo que planea la administración libertaria. En rigor los espacios más negociadores como los «gordos» de los grandes gremios de servicios y los «independientes» de buen vínculo con todos los gobiernos ya tienen resuelto desde hace meses su concurrencia pero esperan convencer a Pablo Moyano de participar también, o al menos de no dinamitar esa instancia. Durante el fin de semana largo el hijo mayor de Hugo Moyano hizo saber en cambio que espera de la CGT un plan de lucha con alguna protesta en diciembre.
Pablo Moyano atraviesa una encrucijada: su ánimo habitualmente confrontativo choca con la voluntad conciliadora de los socios más influyentes de la CGT, más interesados en sellar un entendimiento con el Gobierno que incluya concesiones como la caída del paquete antisindical de Tetaz o un blindaje financiero para las obras sociales que en apurar un tercer paro nacional, y hasta de su propio padre, Hugo, abocado a la salvaguarda de la prestadora de salud de Camioneros (Oschoca) y a las paritarias del gremio. Incluso en el entorno más cercano al heredero del gremio de choferes admiten que una nueva huelga nacional corre el riesgo de diluirse por las deserciones de gremios clave y de sectores de trabajadores poco dispuestos a perder un día de salario por su adhesión a la medida de fuerza.
En el Gobierno, en tanto, esperan con ansias la mesa de diálogo con la CGT. La iniciativa lleva la bendición de los negociadores Caputo, Francos y Cordero, que creen haber convencido a Javier Milei de su conveniencia. Y, como muestra de buena voluntad, no sólo le darán la espalda al paquete legislativo de Tetaz que prometía desfinanciar a los sindicatos sino que analizan avanzar en una medida en sentido inverso: poner fin a las contribuciones forzosas que las cámaras patronales les cobran a empresas que ni siquiera forman parte de sus estructuras.
Entre las cámaras en la mira figuran las que nuclean a empresas mercantiles (CAC y CAME) e industrias metalúrgicas (Adimra). También aparecen como posibles apuntadas otras entidades patronales que hacen lo propio como la de la actividad maderera (Faima), la industria gráfica (Faiga) y la de fábricas de calzado (Faica) entre otras. La mecánica es similar y prevé el pago mensual, por parte de todas las empresas comprendidas en un convenio colectivo de trabajo (sean o no afiliadas a la cámara sectorial), de un porcentaje de la masa salarial a favor de la entidad bajo la premisa de que es la encargada de llevar adelante la gestión salarial y en los conflictos.
Enn 2019, y tras años de litigio administrativo y judicial, el gobierno de Mauricio Macri dictaminó en contra del pago forzoso que exigía Adimra a las empresas metalúrgicas no asociadas. El diferendo tenía como histórico contendiente a la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC) que rechazaba ese pago al sostener su propia presencia en las paritarias con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sin depender de Adimra.
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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.
La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario
La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.
Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.
La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.
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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan
El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.
El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.
Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.
El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.
La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.
Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.
La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.
Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.
Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.
La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.
El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.
Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.
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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global
San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.
El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.
El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.
Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.
Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.
En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.
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