El Gobierno clausura reforma sindical de Tetaz
El ala dialoguista de la administración libertaria resolvió darle la espalda este martes al tercer intento de la UCR por imponer una ley de limitación del poderío de los sindicatos como la que intentó Raúl Alfonsín. La CGT volverá a juntarse para analizar la invitación oficial a una mesa tripartita con empresarios.
Por: Mariano Martín.
El Gobierno dará esta semana otra señal a la CGT para sentarla a la mesa tripartita de diálogo con el sector empresario: dejará sin apoyo al intento de un sector del radicalismo por insistir con una reforma de los sindicatos destinada a acotar su estructura financiera y su poder de negociación. El diputado nacional Martín Tetaz tenía previsto reimpulsar hoy la iniciativa pero desde el Ejecutivo confirmaron que no contará con respaldo del oficialismo. En cambio, admitieron en el Ejecutivo, en los próximos días podrá avanzar un proyecto que apunta a poner fin a los aportes forzosos de las empresas a las cámaras que las nuclean.
Se trata de la tercera y última oportunidad que este martes pondrá en juego la UCR para impulsar una iniciativa tendiente a eliminar las denominadas «cuotas solidarias» que los sindicatos recaudan entre los trabajadores no afiliados como contraprestación de la representación que sobre ellos ejercen, así como poner límites a las reelecciones de dirigentes y forzar la integración de las minorías en las estructuras de las organizaciones gremiales, entre otros puntos. «Ese proyecto no es para nada la agenda del Gobierno», confimó a El Destape un funcionario situado en la primera línea de la negociación con la CGT.
Los dos intentos anteriores de Tetaz y el sector más refractario a los sindicatos fracasaron a la hora de darle tratamiento parlamentario a una reversión de la «ley Mucci», en alusión a la que intentó impulsar sin éxito en su gestión Raúl Alfonsín a caballo de una denuncia sobre un aparente «pacto militar-sindical». En septiembre y octubre, sendas reuniones de la comisión de Legislación del Trabajo, que encabeza el economista y expanelista televisivo de la UCR, naufragaron a último momento tras la orden del Gobierno a sus diputados de no facilitar un dictamen.
La quita de apoyo en esta tercera y última chance coincide con la reanudación del contacto entre el Ejecutivo y la central obrera mayoritaria. Tal como reveló este medio, el asesor plenipotenciario Santiago Caputo retomó el diálogo, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la «mesa chica» de la CGT y espera de ese espacio la confirmación esta misma semana de que participará de la convocatoria tripartita con el Grupo de los Seis, que nuclea a las mayores patronales argentinas (industria, comercio, agro, construcción, banca y finanzas).
De hecho este mismo martes habrá una reunión ampliada de la «mesa chica» para poner en común los pro y contras de abrir la etapa de diálogo que planea la administración libertaria. En rigor los espacios más negociadores como los «gordos» de los grandes gremios de servicios y los «independientes» de buen vínculo con todos los gobiernos ya tienen resuelto desde hace meses su concurrencia pero esperan convencer a Pablo Moyano de participar también, o al menos de no dinamitar esa instancia. Durante el fin de semana largo el hijo mayor de Hugo Moyano hizo saber en cambio que espera de la CGT un plan de lucha con alguna protesta en diciembre.
Pablo Moyano atraviesa una encrucijada: su ánimo habitualmente confrontativo choca con la voluntad conciliadora de los socios más influyentes de la CGT, más interesados en sellar un entendimiento con el Gobierno que incluya concesiones como la caída del paquete antisindical de Tetaz o un blindaje financiero para las obras sociales que en apurar un tercer paro nacional, y hasta de su propio padre, Hugo, abocado a la salvaguarda de la prestadora de salud de Camioneros (Oschoca) y a las paritarias del gremio. Incluso en el entorno más cercano al heredero del gremio de choferes admiten que una nueva huelga nacional corre el riesgo de diluirse por las deserciones de gremios clave y de sectores de trabajadores poco dispuestos a perder un día de salario por su adhesión a la medida de fuerza.
En el Gobierno, en tanto, esperan con ansias la mesa de diálogo con la CGT. La iniciativa lleva la bendición de los negociadores Caputo, Francos y Cordero, que creen haber convencido a Javier Milei de su conveniencia. Y, como muestra de buena voluntad, no sólo le darán la espalda al paquete legislativo de Tetaz que prometía desfinanciar a los sindicatos sino que analizan avanzar en una medida en sentido inverso: poner fin a las contribuciones forzosas que las cámaras patronales les cobran a empresas que ni siquiera forman parte de sus estructuras.
Entre las cámaras en la mira figuran las que nuclean a empresas mercantiles (CAC y CAME) e industrias metalúrgicas (Adimra). También aparecen como posibles apuntadas otras entidades patronales que hacen lo propio como la de la actividad maderera (Faima), la industria gráfica (Faiga) y la de fábricas de calzado (Faica) entre otras. La mecánica es similar y prevé el pago mensual, por parte de todas las empresas comprendidas en un convenio colectivo de trabajo (sean o no afiliadas a la cámara sectorial), de un porcentaje de la masa salarial a favor de la entidad bajo la premisa de que es la encargada de llevar adelante la gestión salarial y en los conflictos.
Enn 2019, y tras años de litigio administrativo y judicial, el gobierno de Mauricio Macri dictaminó en contra del pago forzoso que exigía Adimra a las empresas metalúrgicas no asociadas. El diferendo tenía como histórico contendiente a la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC) que rechazaba ese pago al sostener su propia presencia en las paritarias con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sin depender de Adimra.
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Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan
Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.
El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.
Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.
Qué pasará con los bancos
La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.
Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.
Cómo funcionará el transporte público
El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.
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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años
La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.
En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.
Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.
Más de 437.000 puestos registrados menos
El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.
La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.
Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.
Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas
La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.
Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.
La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores
La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.
No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.
Departamentales
Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.
El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.
En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.
Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.
El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.
Un proyecto de ampliación a futuro
La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.
Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.
La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.
De escuela universitaria a Facultad
El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.
Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.
Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.
El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.
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