La inflación de octubre mostró una leve aceleración respecto al mes anterior y volvió a ubicarse en terreno de preocupación para el Gobierno y los consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,3% en relación con septiembre, llevando el acumulado anual al 24,8% y el incremento interanual al 31,3%.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Transporte, impulsado por los ajustes en tarifas y combustibles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que volvió a ser el sector con mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país. En la Patagonia, en cambio, la mayor variación se registró en el componente de vivienda y servicios básicos.

También mostraron incrementos por encima del promedio Bienes y servicios varios, Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco, todos con subas superiores al 2%. En contraposición, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura exhibieron los menores avances, ambos con 1,6% mensual.

De acuerdo con el informe oficial, la dinámica inflacionaria continúa condicionada por la evolución de los precios regulados y la presión de los costos logísticos. Los analistas económicos advierten que, si bien se perciben algunos signos de moderación respecto a los picos del año pasado, la inercia inflacionaria y los aumentos tarifarios siguen actuando como factores de arrastre sobre los precios.

“El dato de octubre confirma que la inflación no cede con la intensidad que el Gobierno esperaba. El impacto del transporte y los alimentos mantiene viva la presión sobre el costo de vida”, señaló un economista privado consultado.

Con la publicación de este dato, el mercado comienza a proyectar el cierre del año con una inflación cercana al 29 o 30%, dependiendo del comportamiento de los precios regulados y de los alimentos en los próximos meses. La cifra final será clave para determinar el rumbo de la política económica y la estrategia de ingresos de cara a 2025.

La crisis económica y la erosión de los ingresos reales continúan impactando de lleno en la estructura de los hogares argentinos. Según el reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) titulado “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, el 50% de las familias recurre a endeudarse, usar ahorros o vender bienes personales para llegar a fin de mes.

El relevamiento, correspondiente al primer semestre de 2025, muestra un cuadro preocupante: el 37,4% de los hogares utilizó sus ahorros, el 16,1% pidió dinero a familiares o amigos, el 14,2% accedió a préstamos financieros, y más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado, muchas veces mediante tarjeta de crédito. Además, el 9,3% tuvo que vender pertenencias para afrontar los gastos cotidianos.

La comparación histórica marca un deterioro sostenido del bienestar económico. En 2003, apenas el 19,9% de los hogares recurría a sus ahorros, y solo el 3,4% solicitaba créditos a entidades financieras. Dos décadas después, los préstamos de bancos y financieras aumentaron 10,8 puntos porcentuales, y la compra en cuotas o fiado creció casi 29 puntos, lo que muestra la consolidación de la deuda como herramienta estructural de supervivencia.

“El uso de ahorros se incrementó especialmente desde 2018 y alcanzó su máximo histórico en 2024, cuando un 40,1% de los hogares declaró haberlos utilizado para gastos corrientes”, señala el informe del INDEC.

El estudio también revela fuertes diferencias según el nivel de ingreso: los hogares de mayores recursos acceden al crédito formal —bancos y financieras—, mientras que entre los sectores de menores ingresos predomina el endeudamiento informal, principalmente con familiares, amigos o comercios de cercanía. Esta desigualdad refuerza la brecha entre quienes aún pueden planificar su economía y quienes solo intentan sostener el día a día.

Los analistas del organismo advierten que la tendencia refleja una creciente vulnerabilidad estructural, potenciada por la caída del salario real, que acumula una pérdida superior al 30% en los últimos años. La inflación persistente, la pérdida de empleos de calidad y la falta de actualización de los ingresos explican que cada vez más familias dependan de mecanismos excepcionales para sobrevivir.

“Se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos —sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado—, además del uso creciente de ahorros para cubrir necesidades corrientes”, advierte el informe.

La consecuencia social de este fenómeno es evidente: una economía doméstica que se sostiene sobre recursos no renovables, donde las familias liquidan activos o se endeudan para mantener su consumo básico.

La radiografía del INDEC expone con crudeza la fragilidad económica de los hogares argentinos, atrapados entre la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Si en 2003 las estrategias de financiamiento eran una excepción, hoy se han convertido en una norma. La mitad de las familias vive dependiendo de mecanismos extraordinarios para sobrevivir, en una economía donde el ahorro se diluye y el crédito se vuelve un salvavidas cada vez más caro.

En un entorno de alta incertidumbre y expectativas de recuperación aún débiles, el dato refleja algo más profundo que una coyuntura: una transformación estructural del modo en que las familias argentinas sostienen su vida cotidiana, entre la resistencia y la vulnerabilidad.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) declaró el estado de alerta tras conocerse la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de dar por finalizada la suspensión de los artículos del Decreto 378/2025, una medida adoptada —según el sindicato— de manera unilateral y sin el debido proceso de consulta técnica con los especialistas y trabajadores del sector.

En un comunicado oficial, el gremio manifestó su profunda preocupación por las implicancias que esta decisión podría tener sobre la seguridad aerocomercial, uno de los pilares del sistema aeronáutico nacional.

“Como organización sindical que representa a los tripulantes de cabina de todo el país, advertimos que decisiones de esta naturaleza, adoptadas sin el debido análisis técnico ni consulta con los especialistas y trabajadores del sector, pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad operacional”, expresó el sindicato conducido por Juan Pablo Brey.

Desde Aeronavegantes remarcaron que la falta de diálogo institucional y el carácter intempestivo de la medida generan un escenario de incertidumbre en una actividad donde la seguridad y la previsibilidad son esenciales. En ese sentido, subrayaron que la resolución “rompe un equilibrio alcanzado a lo largo de años de trabajo conjunto entre las autoridades aeronáuticas, las compañías y los gremios, en pos de un sistema seguro y profesionalizado”.

Frente a este panorama, la entidad sindical anunció que se mantiene “en estado de alerta” y “evaluando los pasos a seguir, incluyendo las vías administrativas y judiciales correspondientes”, en caso de que las modificaciones introducidas afecten directamente las condiciones laborales de sus representados.

Aun así, Aeronavegantes aclaró que el Convenio Colectivo de Trabajo que mantienen con Aerolíneas Argentinas contempla disposiciones que mitigan parcialmente los efectos del decreto, aunque advirtieron que su preocupación se extiende a “otros colectivos laborales del sector que sí resultan directamente impactados por estas medidas”.

“Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y nuestro firme rechazo a cualquier intento de desregulación que ponga en riesgo la seguridad, la previsibilidad y las condiciones dignas de trabajo en la aviación nacional”, subrayaron.