San Juan comenzó el receso invernal con indicadores que superaron las previsiones oficiales y consolidó al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial durante el fin de semana extralargo. La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70,2%, con una permanencia media de tres noches y un impacto económico cercano a los $3.000 millones.

La principal novedad fue el liderazgo de Valle Fértil, que registró un 85% de ocupación y desplazó a Calingasta, tradicional referente de la temporada invernal. El atractivo permanente del Parque Provincial Ischigualasto, combinado con una agenda de celebraciones populares y propuestas de naturaleza, convirtió al departamento del este sanjuanino en el destino con mayor demanda.

Detrás se ubicó Iglesia, con un 80% de ocupación, mientras que Calingasta alcanzó el 68%, completando el podio de los destinos más elegidos por quienes llegaron a la provincia durante el comienzo de las vacaciones.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, destacó que uno de los datos más relevantes fue la extensión de la estadía de los visitantes, un factor que multiplica el consumo en hotelería, gastronomía, comercios y servicios, ampliando el impacto sobre las economías locales.

El buen desempeño también estuvo impulsado por una agenda deportiva de alcance nacional e internacional. La presentación de Los Pumas frente a Gales y una fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que reunió a más de 150 pilotos, incrementaron la demanda de alojamiento, especialmente en el Gran San Juan, y atrajeron visitantes de distintos puntos del país.

La presencia de simpatizantes galeses aportó además un componente internacional al movimiento turístico. Muchos aprovecharon su permanencia para recorrer algunos de los principales atractivos culturales de la provincia, entre ellos la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ampliando el circuito tradicional vinculado al turismo de naturaleza.

Las cifras también reflejaron un flujo sostenido de viajeros provenientes de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que eligieron propuestas recreativas en espacios como el Dique Punta Negra y la Quebrada de Zonda, dos de los sitios más concurridos durante el fin de semana.

Las reservas iniciales proyectaban una ocupación cercana al 62%, aunque el ingreso de turistas sobre la fecha permitió superar ampliamente esa estimación y cerrar la primera etapa del receso con registros superiores a los previstos.

De cara a las próximas semanas, las expectativas oficiales permanecen enfocadas en la llegada de visitantes desde la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, los mercados emisores de mayor peso para San Juan. A ello se sumará la realización de la Fiesta Provincial del Chivo, en La Majadita, un encuentro que podría consolidar el liderazgo de Valle Fértil y sostener el ritmo de la temporada, ratificando la creciente capacidad de la provincia para combinar patrimonio natural, grandes acontecimientos y propuestas culturales como polos de atracción patrimonial o como focos de interés histórico.

El Acuerdo General Nº 63 oficializó promociones y designaciones en distintas áreas del Poder Judicial de San Juan con vigencia desde el 1 de julio. La resolución comprende 27 categorías, incorpora nuevos responsables en puestos estratégicos y fue suscripta por todos los integrantes de la Corte de Justicia junto al fiscal General.

La Corte de Justicia de San Juan aprobó una de las mayores reorganizaciones internas de personal del año al disponer una amplia nómina de ascensos y designaciones que alcanzan a funcionarios y empleados de distintas dependencias del Poder Judicial. La medida quedó plasmada en el Acuerdo General Nº 63, firmado el 30 de junio, y establece la cobertura de vacantes en áreas consideradas clave para el funcionamiento de la administración de justicia.

Entre las designaciones de mayor relevancia figura la de Jorge Albarracín como secretario Relator de la Fiscalía General, una función de alta responsabilidad técnica dentro del Ministerio Público Fiscal, desde donde se brinda asistencia jurídica y se interviene en causas de especial complejidad.

La resolución también contempla promociones a cargos de secretarios letrados de la Corte, prosecretarios, secretarios de Cámara, secretarios de Fiscalía de Cámara, jefes del Área Legal y Técnica, secretarios de Primera Instancia, secretarios del Ministerio Público, secretarios de Paz Letrado y otras responsabilidades distribuidas en distintas jurisdicciones y fueros. Asimismo, alcanza a funciones administrativas, técnicas y de apoyo, reflejando una reestructuración de alcance transversal dentro de la organización judicial.

En los fundamentos del acuerdo, el máximo tribunal sostuvo que las promociones responden a la necesidad de cubrir vacantes existentes y fueron definidas tras evaluar los antecedentes, la trayectoria y el desempeño de quienes resultaron seleccionados para ocupar los nuevos cargos. Todas las designaciones comenzaron a regir a partir del 1 de julio de 2026.

Durante los días previos a la publicación de la resolución habían circulado distintas versiones sobre el alcance de las promociones y la fecha de aprobación del acuerdo. Finalmente, la Corte avanzó con la formalización del procedimiento mediante las notificaciones individuales remitidas por correo electrónico a cada uno de los funcionarios y empleados alcanzados por la medida.

Entre los nombres incluidos en la nómina figura Victoria Eugenia De Sanctis Sánchez, promovida al cargo de prosecretaria auxiliar. La funcionaria desarrolla su carrera dentro del Poder Judicial y es hija del ministro de la Corte Guillermo Horacio De Sanctis, uno de los integrantes del máximo tribunal que suscribió el acuerdo junto al presidente Daniel Olivares Yapur y los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto y Marcelo Lima. El documento también lleva la firma del fiscal General Guillermo Baigorrí.

Por su alcance, la decisión constituye una de las principales reorganizaciones de recursos humanos impulsadas por la Corte de Justicia durante 2026. La cobertura de cargos jerárquicos y funciones técnicas busca fortalecer la estructura operativa del Poder Judicial en un momento en que la demanda sobre el servicio de justicia exige mayor capacidad de respuesta administrativa y jurisdiccional, al tiempo que vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de selección y promoción del personal dentro de uno de los poderes del Estado.

El Ejecutivo nacional prepara una nueva licitación para concesionar corredores estratégicos, construir autopistas y ampliar carriles mediante inversión privada. La iniciativa busca modernizar la red vial, aunque llega en un contexto de fuerte deterioro de numerosas rutas nacionales, donde el déficit de mantenimiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones de transportistas, productores y usuarios.

La administración nacional avanza en una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, un programa que contempla la participación del sector privado en la administración de corredores viales y en la ejecución de obras destinadas a ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad logística del país.

El proyecto prevé la construcción de nuevas autopistas, la incorporación de terceros carriles y otras intervenciones sobre rutas consideradas estratégicas para el transporte de personas y mercaderías. La iniciativa se inscribe en la política oficial de trasladar al ámbito privado gran parte de las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura vial.

Sin embargo, el anuncio también pone de relieve la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de rutas nacionales. En extensos tramos del país, el desgaste del pavimento, la falta de mantenimiento, la escasa señalización y el deterioro de banquinas han convertido la circulación en una preocupación permanente para quienes transitan diariamente por esos corredores. La demanda de obras no responde únicamente a la necesidad de ampliar la capacidad de las rutas, sino también de recuperar condiciones básicas de seguridad y transitabilidad.

Las nuevas licitaciones presentarían obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires. A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca. El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia. Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos. El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

La nueva licitación será evaluada no solo por el volumen de inversiones comprometidas, sino por la capacidad efectiva de traducir los anuncios en obras concretas, plazos de ejecución cumplidos y mejoras perceptibles para los usuarios. La experiencia de concesiones anteriores demuestra que el éxito del esquema dependerá tanto de la calidad de los contratos como de los mecanismos de control sobre las empresas adjudicatarias.

En este sentido, la modernización de la infraestructura vial constituye una necesidad largamente postergada para un país cuya actividad económica depende en gran medida del transporte terrestre. El desafío para el Gobierno será demostrar que esta nueva etapa de concesiones puede convertirse en una respuesta efectiva frente al deterioro acumulado de una parte significativa de la red nacional y no quedar reducida a una nueva promesa de inversión.