
La justicia cuestiona la política intervencionista de la Secretaria de Salud contra las Obras Sociales Sindicales
La Obra Social del Personal Mosaísta (OSPM), consiguió un fallo a favor de la Cámara del Trabajo, que cuestionó el procedimiento de intervención realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde entienden que hay “indicios de ilegitimidad”, ya que no se cumplió con “el procedimiento sumarial previo a la aplicación de la sanción», ni se garantizó «el derecho de defensa», ya que según esta resolución del fuero laboral, la intervención sólo se basó en «una auditoría integral», sin contemplar instancias sancionatorias previas.
La SSS, que seguramente buscará llevar el caso a otra instancia de pleito judicial, fundamentó su accionar en el hecho de haber detectado “irregularidades” relacionadas a las prestaciones por discapacidad, en cuanto a la “documentación exigida”. Y omisiones que alega cometió la OSPM referidas a seguimientos o auditorías sobre estos servicios, adeudando la presentación de papeles” que avalen estos movimientos. Aunque históricamente se reconoce de manera extraoficial, que estas faltas usualmente no se castigan con una intervención.
En paralelo a la compulsa judicial, se abre también una incógnita desde el campo sindical, sobre el respaldo que conseguirá en su accionar, el organismo de Salud, oficializado ya su manejo en la figura de Mario Lugones, de dilatada trayectoria en estas áreas y de muy buena llegada a los principales referentes de las coberturas de salud tanto de las empresas de medicina privada, y sus prestadores, como con las Obras Sociales Sindicales de más peso.
También se espera un rol más activo de la CGT, para que ponga a disposición de otras obras sociales de los trabajadores, todos los vínculos de diálogo con lo que cuentan varios integrantes del Consejo Directivo de la central y la llegada a distintos interlocutores de la actual administración de gobierno.
Más aún, teniendo en cuenta que el caso de la Obra Social del Personal Mosaísta, es parte de una larga lista de coberturas de salud sindicales intervenidas por diferentes procedimientos (OSPRERA, Fósforo, Ladrilleros y Vareadores, entre otras), sumado a muchas otras que se encuentran siendo observadas con una intensidad pocas veces vista durante presidencias nacionales anteriores y obligadas a ejercer su defensa o enfrentar el procedimiento de manera unilateral, sin conseguir que otras confederaciones afines acompañen sus reclamos y pongan en superficie estas prácticas, que ahora cuentan con un fallo judicial que cuestiona al menos, la forma en que se está ejerciendo este procedimiento desde del área que encabeza Lugones.
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Alarma: El empleo informal en Argentina sigue en aumento

En un contexto de estancamiento del empleo formal y deterioro sostenido del poder adquisitivo, el trabajo en plataformas digitales emerge como una salida laboral para miles de personas en Argentina, aunque con un fuerte componente de precariedad y vulnerabilidad laboral
La situación del empleo en el país se encuentra en una coyuntura crítica. La actividad económica logró recuperarse y superar levemente los niveles previos a la contracción de agosto de 2023, pero el trabajo registrado en el sector privado permanece estancado desde mediados de 2024. A esto se suma una tasa de desempleo del 7,9% en el primer trimestre de 2025, la más alta desde 2021.
Esta realidad ha generado un crecimiento significativo de las ocupaciones informales e independientes, categorías que en muchos casos incluyen el trabajo en plataformas digitales, lo que ha llevado a una mayor flexibilización del mercado laboral.
El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) realizó un relevamiento exhaustivo sobre la situación laboral en Argentina, destacando que el trabajo en plataformas digitales es una de las principales salidas laborales para miles de personas en el país. Repartidores, conductores, vendedores online y freelancers encuentran en estas actividades una alternativa rápida para generar ingresos, aunque sin estabilidad ni protección laboral.
La precariedad laboral se ha convertido en un fenómeno generalizado en la economía de plataformas, afectando a sectores como comercio, gastronomía, hotelería y transporte, lo que ha llevado a una mayor precarización de las condiciones de trabajo.
La caída del salario real, que se encuentra un 15% por debajo del nivel de 2017, empujó a muchos trabajadores a buscar ingresos complementarios. Según el CETyD, el porcentaje de personas con más de un empleo pasó del 8% al 12% entre 2013 y 2024.
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El SUOES en alerta: Reclamos salariales, inflación y autodespacho en San Juan

Víctor Menéndez, secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), advirtió sobre el retraso salarial, el impacto del autodespacho de combustible, el peso de las petroleras y la pérdida de poder adquisitivo. Mientras continúan las negociaciones paritarias, el dirigente exigió soluciones urgentes y alertó sobre un futuro incierto para el sector.
La situación de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan refleja un cuadro de tensión que se repite en todo el país. Con negociaciones paritarias empantanadas, presiones desde el Gobierno nacional y una inflación que golpea los bolsillos día a día, el gremio que conduce Víctor Menéndez se mantiene en estado de alerta.
“Nosotros seguimos en contacto permanente con las cámaras empresariales. Iba a haber una reunión, y se postergó. Hay una expectativa grande, porque necesitamos una actualización salarial urgente”, sostuvo Menéndez en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.
El estancamiento de sueldos, explicó, se agrava por una disposición de la Secretaría de Trabajo (ya sin rango ministerial), que limita los aumentos al 1% mensual, un techo que según el dirigente gremial es “imposible de sostener” frente al verdadero ritmo inflacionario. “Esto no alcanza para cubrir ni remotamente el deterioro de nuestros salarios. Estamos hablando de aumentos que no reflejan lo que vivimos cuando vamos al supermercado o a la carnicería”, lamentó.
La inflación real, lejos de las cifras oficiales
Una de las críticas más punzantes de Menéndez apunta directamente a los índices oficiales de inflación. “Los datos del INDEC son irreales, mentirosos. No se condicen con lo que vive cualquier trabajador cuando va a comprar alimentos. Hay una desconexión total con la realidad”, aseguró.
El dirigente comparó precios concretos para ilustrar el desfasaje. “A fines de 2023, el kilo de carne costaba lo mismo que el dólar. Hoy, con el dólar en $1.300, hay cortes que valen más de $12.000 por kilo. Es imposible que digan que la inflación fue del 1,6%”, cuestionó.
Convenios abiertos y una estructura laboral en transición
En paralelo a la puja salarial, el sindicato abrió el convenio colectivo para actualizarlo ante la transformación del negocio. “El mundo de las estaciones de servicio está cambiando. Hay nuevas categorías, servicios anexos y formas de comercialización que no estaban contempladas. Queremos discutir esos temas, pero sin perder de vista lo urgente: el salario”, remarcó Menéndez.
La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre los convenios vigentes. A nivel nacional, algunos sindicatos han denunciado sus acuerdos, lo que deja a varias regiones sin marcos formales. En Buenos Aires, una firma logró un aumento del 10% en tres meses, pero en otras provincias como San Juan, aún no hay resolución.
Autoservicio: la amenaza silenciosa
Otro frente de preocupación para el sindicato es el desembarco del sistema de autoservicio en estaciones de servicio, una tendencia global que ya comenzó a instalarse en la provincia. el gremialista confirmó que el modelo se implementó en al menos una estación de bandera petrolera, ubicada en Rawson y 9 de Julio, en pleno centro sanjuanino.
“El autoservicio ya llegó. Es una realidad. Las petroleras están apuradas por imponerlo. Ellas son las que más ganan en este negocio y quieren seguir bajando costos, especialmente el laboral”, denunció. Según el Menéndez, la excusa de las empresas es el ahorro en costos operativos, pero en realidad, se trata de una estrategia para concentrar ganancias a expensas del empleo.
“Las petroleras son extranjeras, ganan fortunas y ahora quieren más. Pero el que pierde siempre es el trabajador. Si no defendemos el rol del operario, vamos a terminar vaciando el sector de puestos de trabajo”, alertó.
La presión impositiva y la caída del consumo
Más allá de las tensiones gremiales, Menéndez trazó un panorama sombrío para el sector. Denunció que el Estado se lleva más del 40% del valor de los combustibles en impuestos, pero no reinvierte en infraestructura ni acompaña al rubro con medidas de alivio.
“No vemos mejoras en las rutas, ni inversiones. Muchas estaciones viven del tránsito de camiones y turistas, y con la obra pública paralizada, el movimiento se cae. El consumo está planchado. Hay cafés vacíos, playas de estacionamiento casi desiertas. La gente no tiene un peso”, explicó.
El uso desmedido de tarjetas de crédito para comprar alimentos —otro indicador alarmante— también preocupa. “La gente ya ni siquiera puede pagar el total. Se endeuda, paga el mínimo y los intereses se la comen. Es una situación insostenible”, afirmó.
El futuro del trabajo en jaque
Para cerrar, Menéndez planteó la necesidad de una mirada más amplia que articule a empresarios, gremios y el Estado. “No se puede seguir mirando solo el ombligo. Si las petroleras ganan cada vez más y los trabajadores cada vez menos, estamos frente a un modelo que no es sustentable. El Estado también debe involucrarse. Si no invierte, si no regula, si no defiende el empleo, lo que viene es peor”, advirtió.
El dirigente no ocultó su preocupación: las estaciones de servicio, históricamente generadoras de empleo directo, enfrentan un doble frente —tecnológico y económico— que podría vaciar de contenido su función social.
El conflicto en las estaciones de servicio de San Juan es apenas un reflejo de lo que atraviesan muchos sectores del trabajo en la Argentina. En un escenario donde el salario pierde poder adquisitivo, las tecnologías avanzan sin regulación clara y los márgenes empresariales se ajustan sin contemplar al trabajador, el llamado a la negociación, la actualización de convenios y el compromiso del Estado suena urgente y necesario.
Víctor Menéndez lo resume en una frase que condensa el reclamo de todo un gremio: “No podemos permitir que el progreso se construya sobre el retroceso del empleo”.
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Empleados de comercio logran un aumento del 6% y sumas fijas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció un nuevo acuerdo salarial para el segundo semestre de 2025, con impacto en los sueldos desde julio
La FAECYS informó una nueva suba en los salarios para el segundo semestre de 2025, que impactará en los sueldos desde julio hasta diciembre. El convenio, firmado el 26 de junio con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), contempla un incremento total del 6% en seis cuotas mensuales no acumulativas y sumas fijas de $40.000.
Lo acordado será del 1% por mes, calculado sobre la base salarial de junio de 2025, con un cronograma que abarca desde julio hasta diciembre. Las sumas fijas serán proporcionales para quienes trabajen media jornada. Este entendimiento busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de comercio frente al contexto inflacionario, sin afectar el funcionamiento de las pymes.
El salario básico de un empleado de comercio categoría Maestranza A en julio alcanzará los $1.005.994 más $40.000, mientras que un Administrativo F llegará a $1.065.759 más $40.000. Los vendedores B tendrán uno de los sueldos más altos, con $1.065.759 más $40.000.
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