El Índice de Precios al Consumidor volvió a marcar un 2,9% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato repite la cifra de enero y deja al primer bimestre con una inflación acumulada de 5,9%. Sin embargo, la dinámica de alimentos y tarifas anticipa un escenario más caliente para marzo, con estimaciones privadas que ya ubican la suba mensual cerca del 3%.

La inflación de febrero volvió a situarse en el 2,9%, consolidando una meseta que, si bien refleja cierta desaceleración respecto de los niveles más elevados registrados meses atrás, todavía expone presiones persistentes en componentes clave del gasto cotidiano.

El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos confirma que el proceso de desinflación avanza con cautela. Con el resultado de febrero, el aumento acumulado en los primeros dos meses del año alcanza el 5,9%, mientras que la variación interanual se ubica en 33,1%.

Detrás del promedio general, sin embargo, la estructura del índice revela que algunos rubros continúan avanzando a un ritmo significativamente mayor. El capítulo de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más se incrementó durante el mes, con una suba del 6,8%, impulsada principalmente por ajustes en tarifas de servicios públicos y modificaciones en los esquemas de subsidios en distintas provincias.

Ese aumento —más del doble del promedio general— confirma el peso creciente que los servicios regulados tienen sobre el presupuesto de los hogares y sobre los costos de funcionamiento de comercios y pequeñas empresas.

Alimentos: el factor de mayor impacto en el bolsillo

Más allá de las tarifas, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a convertirse en el principal motor del índice en términos de impacto cotidiano. Durante febrero registró una suba del 3,3%, impulsada fundamentalmente por el encarecimiento de carnes y derivados, un componente que históricamente condiciona la percepción social de la inflación en Argentina.

Según el informe oficial, esta división fue la que mayor incidencia tuvo en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país. La única excepción fue la Patagonia, donde el peso relativo de los aumentos en servicios públicos terminó desplazando a los alimentos como principal factor inflacionario.

En contraste, los incrementos más moderados del mes se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de apenas 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado prácticamente no registraron variaciones.

Desde una mirada más técnica, los precios regulados lideraron las subas con un incremento del 4,3%, seguidos por la llamada inflación núcleo —que excluye estacionales y regulados— con un 3,1%. Los productos estacionales, en cambio, registraron una caída del 1,3%.

La metodología del índice, todavía en espera

El dato de febrero vuelve a difundirse bajo el esquema metodológico vigente del IPC, cuya actualización había sido anticipada meses atrás por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, decidió postergar la implementación del nuevo sistema de medición hasta que el proceso de desaceleración inflacionaria muestre señales más firmes de consolidación.

La decisión responde a la intención oficial de evitar cambios metodológicos en un clima todavía sensible para la evolución de los precios, aunque la demora también mantiene abierto el debate entre analistas sobre la necesidad de actualizar la estructura del índice para reflejar con mayor precisión los patrones actuales de consumo.

Consultoras anticipan un marzo con mayor presión inflacionaria

Más allá de la estabilidad relativa que muestran los primeros dos meses del año, las primeras mediciones privadas de marzo comienzan a encender algunas señales de alerta.

Un relevamiento de la consultora LCG indicó que, durante la segunda semana del mes, los precios de alimentos y bebidas registraron un aumento del 1,1% respecto de la semana anterior. Se trata de la segunda semana consecutiva con subas superiores al 1%, un ritmo que, de sostenerse, podría empujar el índice mensual por encima del 3%.

De acuerdo con ese informe, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en torno al 3,7%, mientras que la acumulada en lo que va de marzo ya alcanza el 2,7%.

La dinámica del aumento está concentrada en algunos productos claves de la canasta alimentaria. Entre las subas más significativas se destacan:

Carnes: 1,9% semanal
Productos lácteos: 1,8%
Verduras: 1%

En el análisis más amplio de las últimas cuatro semanas, los mayores incrementos se observaron en:

Carnes: 5,3%
Bebidas: 4,9%
Panificados, cereales y pastas: 4,3%
Lácteos y huevos: 3,5%

Según los analistas, estos rubros concentran buena parte de la presión inflacionaria reciente y explican aproximadamente el 75% del aumento semanal de precios.

Una inflación más baja, pero todavía incómoda

Aunque los registros actuales se ubican muy por debajo de los niveles de inflación mensual que caracterizaron etapas recientes de la economía argentina, el desafío sigue siendo significativo.

La estabilidad en torno al 3% mensual todavía implica una tasa anualizada elevada y mantiene bajo presión el poder adquisitivo de los salarios, especialmente en un contexto de recuperación económica aún desigual.

El comportamiento de los alimentos —que impactan con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos— y la continuidad de los ajustes tarifarios aparecen hoy como los dos factores determinantes para definir si el proceso de desaceleración logra consolidarse o si, por el contrario, vuelve a encontrar nuevos límites en los próximos meses.

En ese delicado equilibrio se jugará buena parte de la evolución del costo de vida durante el resto del año. Porque, aunque los indicadores muestren señales de moderación, la inflación continúa siendo uno de los principales termómetros de la estabilidad económica y social del país.

Tras la viralización de un presunto mensaje interno de la empresa La Positiva que ordenaría a los choferes no utilizar el aire acondicionado, la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan inició una investigación. El caso reavivó el debate sobre las condiciones del servicio en la Red Tulum y puso en evidencia las deficiencias estructurales del sistema, mientras el Gobierno impulsa una nueva ley para reformar el transporte público provincial.

Una captura de pantalla difundida en redes sociales fue suficiente para desatar una fuerte controversia en torno al transporte público sanjuanino. El mensaje, atribuido a la gerencia de la empresa de colectivos La Positiva, indicaba a los conductores que evitaran utilizar el aire acondicionado en las unidades, bajo advertencia de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

La circulación de esa comunicación generó una inmediata reacción entre los usuarios de la Red Tulum, quienes cuestionaron la eventual decisión empresarial por su impacto directo en las condiciones de viaje, especialmente en una época de altas temperaturas que caracterizan al verano en la provincia.

Frente al malestar social que comenzó a multiplicarse en redes y grupos de mensajería, la Secretaría de Tránsito y Transporte decidió intervenir para determinar si la directiva existió efectivamente y si vulnera las obligaciones contractuales de las concesionarias.

El marco regulatorio es claro: el contrato de concesión establece que las empresas deben garantizar niveles mínimos de confort para los pasajeros. En ese esquema, el funcionamiento del sistema de refrigeración no constituye un servicio opcional, sino una prestación obligatoria cuando las condiciones climáticas así lo requieren.

En diálogo con medios locales, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, reconoció que el problema del aire acondicionado excede el episodio puntual y responde a una falencia estructural del sistema.

“Cuando asumimos no había un 50% de colectivos con aire acondicionado. El sistema de refrigeración debe funcionar cuando la temperatura supera los 25 grados”, explicó el funcionario.

El diagnóstico oficial revela un escenario todavía incompleto en materia de modernización. Si bien durante el último año se incorporaron entre 80 y 90 unidades nuevas, la situación dista de estar resuelta. Según admitió Molina, muchas empresas continúan rezagadas en el mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos de climatización.

“Las empresas siguen atrasadas con el tema de los aires, pero estamos analizando la situación”, sostuvo.

La polémica expone así un problema más amplio: la distancia entre los estándares previstos en la regulación del sistema y la experiencia cotidiana de los usuarios, que reclaman mejoras en confort, frecuencia y calidad del servicio.

Hacia una reforma del sistema de transporte

A la par del conflicto, el Gobierno provincial avanza en la elaboración de un proyecto de nueva ley de transporte, con el objetivo de actualizar el marco normativo y reorganizar el funcionamiento del sector.

La iniciativa busca introducir cambios estructurales orientados a modernizar el servicio, mejorar la eficiencia operativa y ampliar la participación de prestadores mediante un esquema de competencia regulada.

“El cambio que planteamos es una ley para los usuarios y los trabajadores, que resuelva los inconvenientes del sistema. Buscamos un transporte moderno y seguro”, afirmó Molina.

Entre los ejes centrales del proyecto aparecen varias transformaciones relevantes. Por un lado, se propone ampliar la competencia, habilitando la participación de más empresas mediante un aumento en la cantidad de licencias disponibles por habitante.

Al mismo tiempo, el texto prevé mayores exigencias para los conductores, quienes deberán  reunir condiciones específicas vinculadas al respeto de la normativa vial y la seguridad de los pasajeros.

Otro punto novedoso será la incorporación de plataformas digitales como herramienta para la prestación de servicios, lo que permitiría integrar aplicaciones tecnológicas al esquema de movilidad urbana.

Finalmente, el Gobierno plantea una reducción de la carga impositiva del sector, con el objetivo de estimular inversiones y facilitar la renovación de las flotas.

“Queremos que todos puedan trabajar con las plataformas que quieran. La intención es quitar la mayor tasa de impuestos posible y asegurar el mejor servicio para los usuarios”, agregó el funcionario.

Un debate que trasciende un episodio puntual

Más allá de la investigación sobre la empresa señalada, el episodio puso de manifiesto un malestar persistente dentro del sistema de transporte público: la necesidad de equilibrar sostenibilidad económica, calidad del servicio y cumplimiento de estándares mínimos para los pasajeros.

 Bajo estas circunstancias, el aire acondicionado se transformó en un símbolo de una discusión mayor: la modernización efectiva del transporte urbano y la capacidad del Estado para garantizar que las mejoras prometidas se traduzcan en condiciones reales de viaje.

La investigación sobre la presunta prohibición del aire acondicionado en una empresa de colectivos terminó abriendo una ventana hacia un problema más profundo del transporte sanjuanino. La falta de equipamiento plenamente operativo, las dificultades de mantenimiento y desequilibrios surgidos entre costos empresariales y calidad del servicio configuran un escenario que exige definiciones estructurales.

La futura ley de transporte aparece, en ese marco, como una oportunidad para redefinir las reglas del sistema y elevar los estándares de prestación. Sin embargo, el verdadero desafío no radicará únicamente en la redacción de una nueva normativa, sino en su capacidad de traducirse en un servicio más eficiente, moderno y, sobre todo, digno para quienes dependen del transporte público cada día.

La cadena ChangoMás inició una nueva ola de despidos que ya impactó en varias provincias y podría extenderse a todo el país. El plan de ajuste, en un entorno de fuerte retracción del consumo, se suma a otras señales de crisis en el sector supermercadista, donde varias empresas reducen estructuras, cierran locales o avanzan con recortes de personal.

La reciente decisión de la cadena ChangoMás de avanzar con despidos en distintas sucursales del país reactivó las alertas dentro del sector mercantil, en un clima marcado por la caída sostenida del consumo y el creciente deterioro del empleo en el comercio minorista.

El episodio más reciente se produjo en San Juan, donde 11 trabajadores fueron notificados de su desvinculación a última hora del viernes pasado. Según relataron empleados afectados a medios locales, las cesantías forman parte de un nuevo plan de reestructuración de personal impulsado por la compañía.

La empresa pertenece a Dorinka, controlada por el empresario Francisco de Narváez, quien adquirió en 2020 la operación local de Walmart con la promesa de impulsar un ambicioso plan de inversión. Sin embargo, a cinco años de aquella operación, el escenario parece haber cambiado drásticamente.

Un ajuste que podría extenderse a todo el país

Las desvinculaciones registradas en San Juan no constituyen un hecho aislado. Situaciones similares se detectaron en La Pampa, donde también fueron afectados trabajadores y algunos cargos jerárquicos. En ambos casos, los gremios mercantiles comenzaron a intervenir para verificar las condiciones en las que se realizaron los despidos y el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

Desde el ámbito sindical sostienen que la reestructuración podría ampliarse rápidamente. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 200 despidos en todo el país, mientras que otras fuentes elevan el número a cerca de 300 cesantías, lo que configuraría uno de los ajustes laborales más significativos en la cadena desde 2024.

“La información que manejamos es que el recorte alcanzará a sucursales de todo el país. Es una medida muy dura, similar a la que se aplicó el año pasado”, señaló un dirigente mercantil que sigue de cerca el conflicto.

De acuerdo con las primeras evaluaciones gremiales, en muchos casos los trabajadores desvinculados pertenecen a las líneas de caja o a puestos con menor antigüedad, un perfil que suele ser el primero en ser afectado cuando las empresas deciden reducir estructuras.

Antecedentes recientes y promesas incumplidas

El nuevo plan de ajuste revive un antecedente cercano. En mayo de 2024, la empresa había despedido al menos a 152 empleados en ocho sucursales del país, una medida que en aquel momento generó protestas y conflictos sindicales.

La compañía justificó aquella decisión en la caída de las ventas y el contexto económico general, argumentos que vuelven a aparecer ahora como fundamento de la nueva reducción de personal.

Actualmente, ChangoMás cuenta con 93 sucursales en Argentina y alrededor de 8.600 trabajadores, lo que dimensiona el impacto potencial de un proceso de achicamiento que podría alterar el funcionamiento de varios locales.

Según advierten desde el sector sindical, en algunos casos el recorte de personal podría derivar incluso en cierres de sucursales o en operaciones con plantillas mínimas, una estrategia cada vez más frecuente en el rubro para sostener la rentabilidad en escenarios de baja demanda.

Retiros voluntarios y advertencias sindicales

Tras los despidos iniciales, la empresa comenzó además a ofrecer retiros voluntarios a empleados con más de diez años de antigüedad, una modalidad que el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan observa con cautela.

La información fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del gremio, quien advirtió que los ofrecimientos suelen ubicarse por debajo de la indemnización que correspondería por ley.

“Cuando un trabajador firma un retiro voluntario pierde automáticamente el subsidio por desempleo. También queda sin cobertura de obra social para su familia y, en el caso de los mayores de 40 años, pierde la extensión automática del beneficio durante seis meses”, explicó la dirigente gremial.

Según Moral, desde el sindicato se asesora a cada trabajador antes de tomar una decisión para que evalúe con precisión las implicancias legales y económicas de aceptar estas propuestas.

Un sector que enfrenta dificultades estructurales

El caso de ChangoMás no es el único que muestra conflictos dentro del sector supermercadista. Otras cadenas también atraviesan dificultades operativas y financieras, en un mercado cada vez más condicionado por la retracción del consumo.

Uno de los ejemplos más visibles es La Anónima, empresa con fuerte presencia en la Patagonia. La firma reconoció ante autoridades laborales una caída cercana al 25% en sus ventas, lo que la llevó a reducir personal en los últimos años.

Su gerente general, Nicolás Braun, fue explícito al describir el escenario que enfrentan las grandes cadenas.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Trabajar en la formalidad en Argentina se volvió extremadamente difícil”, sostuvo en una reciente entrevista periodística.

A estas dificultades se suma otro problema financiero relevante: la morosidad de su tarjeta de crédito propia, que pasó de 2.000 millones a 17.000 millones de pesos, multiplicándose por siete en un corto período.

Un mapa comercial en transformación

La problemática no se limitan a dos compañías. En distintas regiones del país, cadenas como Vea, Easy, Libertad o Yaguar también comenzaron a revisar sus estructuras.

La empresa chilena Cencosud, propietaria de Vea y Easy en Argentina, avanzó en los últimos meses con el cierre de varias sucursales en diferentes provincias, además de aplicar recortes de personal en distintas plazas del interior.

En consecuencia, otros supermercados optan por operar con dotaciones mínimas, reducir superficies de venta o concentrarse en formatos comerciales más pequeños, estrategias que buscan sostener la actividad en un ámbito de menor circulación de clientes.

Incluso en San Juan ya se perciben señales de esta reconfiguración. Días atrás dejó de funcionar el tradicional patio de comidas de un hipermercado Vea, una decisión que implicó la pérdida de alrededor de 20 puestos de trabajo directos.

El nuevo ajuste en ChangoMás vuelve a exponer la fragilidad laboral que atraviesa el sector del comercio en un escenario económico marcado por la contracción del consumo. Entre despidos, retiros voluntarios y reestructuraciones empresariales, el mapa supermercadista argentino parece ingresar en una etapa de redefinición profunda.

Para los gremios, el desafío inmediato consiste en garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar que los costos de la crisis recaigan exclusivamente sobre los trabajadores.

Para las empresas, en cambio, la prioridad pasa por sostener la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo y con márgenes cada vez más estrechos.

En ese delicado equilibrio entre actividad económica y protección del empleo se juega hoy una parte central del futuro del comercio minorista en la Argentina. Mientras el consumo no recupere dinamismo, todo indica que la tensión entre empresas y trabajadores seguirá ocupando un lugar central en la agenda del sector.