Con un acatamiento que llegó al 90% y una convocatoria urgente a la paritaria nacional este mediodía, San Juan dio comienzo al ciclo lectivo 2026 atravesado por la protesta impulsada por CTERA. La definición provincial quedó supeditada a la reunión prevista para el miércoles entre los gremios y el Ejecutivo local.

El ciclo lectivo 2026 comenzó este lunes 2 de marzo en San Juan bajo un escenario de marcada tensión sindical. Mientras los estudiantes de nivel inicial y primario regresaban a las aulas —el secundario iniciará el miércoles—, la jornada estuvo atravesada por el paro nacional convocado por CTERA, con adhesión en la provincia de UDAP, UDA y AMET.

El inicio formal de clases contrastó con la postal de numerosas escuelas con actividad parcial o directamente sin funcionamiento. Un relevamiento realizado en establecimientos de Capital evidenció niveles de adhesión significativos. En la Escuela Superior Sarmiento el acatamiento fue total: no se registró presencia docente ni directiva. En la Normal Sarmiento y en la EPET N° 4, la inasistencia rondó el 85%. Desde los gremios aseguran que, en promedio, la medida superó el 90% en toda la provincia.

El tablero nacional: fallo judicial y convocatoria urgente

La protesta se sostuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los sindicatos a una mesa paritaria para este lunes al mediodía, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel federal. La jornada incluyó además una movilización al Congreso desde las 11.30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar.

En ese marco, CTERA ratificó el “Paro Nacional y Movilización” y delineó un pliego de demandas que excede lo estrictamente salarial: recomposición de haberes, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor financiamiento educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. El sindicato también expresó su rechazo a la reciente reforma laboral, al considerar que profundiza la precarización y consolida un esquema de ajuste que impacta sobre el sistema educativo.

El trasfondo político resulta inocultable. La sanción de la reforma en el Senado el viernes pasado añadió un componente de confrontación que trasciende la discusión paritaria y coloca a la educación en el centro de una disputa más amplia sobre el rol del Estado y las condiciones laborales en el sector público.

La negociación provincial: oferta rechazada y malestar en ascenso

En San Juan, el conflicto tiene su propia dinámica. El viernes 27 de febrero, en la última reunión paritaria, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 10% en dos tramos con cláusula de revisión. La propuesta fue considerada insuficiente por UDAP, UDA y AMET, que tras consultar a las bases ratificaron la huelga.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, explicó que los sindicatos presentaron una alternativa que contempla la modificación de tramos del nomenclador (E66 y E60), la actualización por inflación de diciembre, enero y eventualmente febrero —período no contemplado en la oferta oficial—, y mejoras en antigüedad y radios desfavorables.

“Hicimos mandatos en todas las escuelas y el 99% votó por paro y movilización”, aseguró el dirigente, al subrayar el nivel de respaldo interno. Según sostuvo, la distancia entre las partes no logró acortarse y el Ejecutivo planteó variantes que no respondieron al reclamo central de recomposición.

La próxima reunión fue convocada para el miércoles a las 15, en un intento por evitar que el conflicto se profundice cuando el nivel secundario inicie el ciclo lectivo. No obstante, desde el frente sindical ya anticiparon que, de no mediar avances sustanciales, podría evaluarse un paro de 48 horas.

El arranque del calendario escolar en San Juan quedó así marcado por la incertidumbre. Aulas abiertas en algunos casos, cerradas en otros; docentes movilizados y una negociación que, por ahora, no encuentra punto de equilibrio.

La reunión del miércoles será decisiva no sólo para destrabar la discusión salarial inmediata, sino para definir el tono del vínculo entre el Gobierno provincial y los gremios en los próximos meses. Si no hay señales concretas de acercamiento, el conflicto amenaza con escalar y prolongar un clima de inestabilidad que impacta directamente en estudiantes y familias.

Con el respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas, la Cámara Alta convirtió en ley la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Mientras el Gobierno celebra, la oposición y el sindicalismo anticipan una ofensiva judicial por presunta inconstitucionalidad.

En el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la Reforma Laboral promovida por el Poder Ejecutivo. Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, la Cámara Alta ratificó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y selló así la principal apuesta legislativa del oficialismo en el inicio del calendario parlamentario.

La votación coronó una jornada extensa, atravesada por discursos de alto voltaje político. El bloque de La Libertad Avanza logró articular el respaldo de espacios dialoguistas como la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana y sectores del peronismo no alineado. Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano optaron por la abstención tras más de cuatro horas de debate.

Concesiones para destrabar apoyos

Para consolidar la mayoría, el oficialismo aceptó ajustes relevantes respecto del texto original. El más significativo fue la eliminación del artículo 44, que recortaba plazos y porcentajes en el pago de licencias por enfermedades o accidentes no laborales. Suprimir ese punto resultó determinante para asegurar votos clave.

Asimismo, se retiró el artículo que contemplaba beneficios en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas, se sostuvo el 6% destinado a obras sociales y se moderó el esquema inicial del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), concebido como herramienta complementaria en el régimen indemnizatorio. También se extendieron plazos de adecuación para determinados estatutos.

Como anexo, el oficialismo incorporó el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, decisión cuestionada por la oposición debido a la vía parlamentaria elegida para su inclusión.

Sin margen para nuevas enmiendas, el Senado debía optar entre convalidar la versión de Diputados o insistir con su redacción previa. Se impuso la primera alternativa.

Los ejes de la reforma

La norma —de 209 artículos distribuidos en 26 títulos— modifica 28 leyes y deroga otras 11. Entre sus puntos centrales figuran:
Convenios colectivos: priorización de acuerdos por empresa o región sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad automática.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): asistencia en el pago de indemnizaciones con financiamiento empresarial obligatorio.
Indemnizaciones: se mantiene un mes por año trabajado, pero se excluyen conceptos no mensuales del cálculo, se fijan topes y se habilita el pago en cuotas en supuestos específicos.
Banco de horas: compensación de horas extra mediante acuerdos, respetando límites de descanso.
Vacaciones: posibilidad de fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos.
Plataformas digitales: creación de la figura del repartidor independiente bajo contrato de servicios.
Derecho a huelga: ampliación de servicios esenciales y establecimiento de porcentajes mínimos de funcionamiento.
Blanqueo laboral: incentivos para regularizar empleo no registrado y reducciones de cargas para nuevas incorporaciones formales.

Desde el oficialismo se presentó la reforma como un instrumento orientado a dinamizar el empleo formal, reducir la litigiosidad y otorgar previsibilidad a la actividad productiva. La oposición, en cambio, advirtió sobre una eventual regresión en derechos y un incremento de conflictos judiciales.

Cruces en el recinto y advertencias legales

El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos. Legisladores opositores calificaron el tratamiento como “exprés” y anticiparon planteos de inconstitucionalidad. Desde el oficialismo se respondió con el argumento de la modernización normativa y la necesidad de adecuar el régimen laboral a nuevas realidades económicas.

En este aspecto, gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizaron en las inmediaciones del Congreso, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que impulsará una estrategia judicial. La central obrera presentará un recurso de amparo para impugnar la ley, evocando el antecedente del DNU 70/2023.

Un escenario abierto

Con la sanción definitiva, el Gobierno cierra las extraordinarias con su mayor logro parlamentario y refuerza su narrativa de reforma estructural. Sin embargo, el conflicto se traslada ahora a otro terreno: el judicial.

El impacto concreto de la nueva legislación —en términos de empleo registrado, dinámica empresarial y conflictividad— comenzará a medirse en los próximos meses. Mientras tanto, la reforma inaugura una etapa de redefinición en el sistema de relaciones laborales argentino, con un oficialismo que celebra y una oposición decidida a dar la batalla en tribunales.

Sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales movilizaron por el centro sanjuanino en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en el Congreso. Anunciaron medidas de fuerza inmediatas y advirtieron que el conflicto podría extenderse durante todo el cuatrimestre universitario.

En una postal que combinó banderas gremiales, pancartas estudiantiles y columnas de organizaciones sociales, cientos de sanjuaninos colmaron el microcentro capitalino para manifestar su oposición al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional.

La concentración tuvo como epicentro la Plaza 25 de Mayo y formó parte de una jornada de protesta replicada en distintos puntos del país.

La marcha, que se desplegó en un clima de firmeza y alta participación, buscó enviar un mensaje directo a los senadores que analizaban la iniciativa en el Congreso. Los organizadores remarcaron que no se trata de una reacción aislada, sino de la expresión territorial de un frente amplio que considera la propuesta oficial como un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Entre los referentes sindicales que tomaron la palabra se destacó Carlos Ordoñez, de Viales Nacionales, quien apeló a la tradición histórica del movimiento obrero. “La unión hace la fuerza y la calle es el ámbito donde se han defendido siempre las conquistas laborales”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier modificación que implique —según su interpretación— una regresión normativa.

Desde el ámbito universitario, la advertencia fue aún más concreta. Guadalupe Aguiar, dirigente de SIDUNJ, confirmó la convocatoria a paro para la jornada y su continuidad el lunes próximo. En su intervención, vinculó el rechazo a la reforma con el cuestionamiento al proyecto de “libertad educativa”, al que calificó como perjudicial para el sistema público. El sector docente, sostuvo, se mantiene en estado de alerta y movilización.

El frente universitario suma otro foco de tensión. Edith Liquitay, representante de ADICUS en la Universidad Nacional de San Juan, advirtió que el inicio del cuatrimestre podría verse seriamente afectado. “Habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y este cuatrimestre completo va a estar atravesado por el conflicto”, anticipó. El reclamo central gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución —según denuncian— no avanza al ritmo esperado.

La presencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reforzó el perfil industrial de la protesta. El gremio ratificó su adhesión a la jornada nacional y acompañó la convocatoria local, consolidando una foto de unidad entre sectores estatales, privados y académicos.

En el diagnóstico compartido por los organizadores, la convocatoria superó las expectativas y consolidó un bloque de resistencia que promete sostener la presión en las próximas semanas.

La hoja de ruta incluye paros, movilizaciones y posibles acciones coordinadas a nivel federal si el proyecto avanza en el Senado.

Más allá del número de asistentes, el dato político que dejó la jornada fue la articulación entre actores diversos bajo una consigna común: la defensa de la estabilidad laboral y del entramado normativo vigente. En una provincia donde la actividad pública y la universidad tienen peso específico en la economía local, el conflicto adquiere una dimensión que trasciende lo sectorial.

La escena, por lo tanto, no se agota en una marcha puntual. Configura el preludio de un escenario de mayor tensión social si el Congreso convierte en ley una reforma que, para amplios sectores sindicales y académicos, representa una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la protección del trabajo. En San Juan, al menos, la calle ya marcó posición.