La Libertad Avanza decidió eliminar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido al régimen de tierras rurales, luego de perder el respaldo de gobernadores aliados y quedar sin los votos necesarios para aprobar esa parte de la iniciativa. La modificación busca preservar el tratamiento del resto del texto durante la sesión prevista en el Senado.

A pocas horas del debate en el Senado, el Gobierno nacional se vio obligado a reformular uno de los proyectos que considera prioritarios dentro de su agenda legislativa. La Libertad Avanza retiró el capítulo vinculado al régimen de tierras rurales del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de comprobar que no contaba con los votos suficientes para sostener esa iniciativa en el recinto.

La decisión se adoptó tras una reunión de urgencia convocada por la ministra de Seguridad y senadora con licencia, Patricia Bullrich, junto a legisladores oficialistas presentes en el Congreso. El objetivo fue evitar que el rechazo al polémico capítulo terminara comprometiendo el tratamiento del resto del proyecto.

El apartado eliminado proponía modificar el régimen de propiedad de tierras rurales e incluía un límite del 25% de titularidad extranjera, porcentaje que el oficialismo había incorporado recientemente en un intento por contener las críticas y sumar adhesiones. Sin embargo, la propuesta no logró revertir la resistencia de varios mandatarios provinciales, quienes consideraron insuficientes los cambios y ratificaron su oposición.

La presión de los gobernadores resultó determinante para alterar el rumbo de la iniciativa. El neuquino Rolando Figueroa fue uno de los primeros en manifestar públicamente que su provincia no respaldaría ninguna reforma que favoreciera la extranjerización de la tierra. Su posición tuvo un efecto inmediato sobre el voto de la senadora Julieta Corroza, cuya adhesión era considerada clave por el oficialismo.

Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo confirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza mantendrían su rechazo al proyecto. En la misma línea se expresó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien sostuvo que la provincia defenderá sus recursos estratégicos y no aceptará modificaciones que faciliten el acceso de capitales extranjeros a la propiedad de tierras.

El revés político no se limitó al pronunciamiento de los mandatarios provinciales. En las últimas horas también se pronunciaron en contra los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes permanecían indecisos hasta el martes. A ellos se sumaron los senadores José María Carambia y Flavia Royón, consolidando una mayoría contraria al capítulo cuestionado.

Con ese panorama, el oficialismo reconoció que resultaba imposible revertir el resultado de la votación y optó por retirar el punto más conflictivo antes de exponerlo a una derrota parlamentaria.

La Justicia restableció plenamente la vigencia de la medida cautelar luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado nacional. El fallo obliga a garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas, mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la causa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al considerar que perdió efecto la suspensión que había dispuesto durante la tramitación del expediente. La resolución llega después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, despejando el principal argumento que había motivado el freno transitorio de la orden judicial.

Con esta decisión, el Estado deberá continuar asegurando las partidas presupuestarias destinadas a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos previstos para becas estudiantiles y otros programas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III también ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución de la cautelar, que permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

El litigio se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo, el Parlamento insistió con su aprobación tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en medio de una amplia movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

La legislación establece mecanismos de actualización para las remuneraciones del personal universitario y dispone la recomposición de los programas de becas, entre ellos Progresar. Frente a la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por organizaciones gremiales docentes, promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de esos artículos.

La controversia ya había registrado un capítulo decisivo en junio, cuando la Corte Suprema rechazó la presentación del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la Ley 27.795 vinculados a salarios y financiamiento estudiantil. Aquella resolución fue suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El pronunciamiento judicial coincidió con el anuncio oficial de un esquema de transferencias para las universidades nacionales, que contemplaba incrementos del 24,33% para salarios, del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades universitarias sostuvieron que esa propuesta elevaba el presupuesto al 0,6% del Producto Bruto Interno, por debajo del 0,75% previsto en la ley vigente.

Con la resolución conocida durante la jornada de este martes, la cautelar recuperó plena vigencia y continuará resguardando la actualización de salarios y becas hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo su representación al nivel de encargado de negocios, luego de los nuevos agravios de Javier Milei contra el mandatario brasileño y el Supremo Tribunal Federal. La decisión marca el mayor deterioro diplomático entre ambos países en años.

Brasil profundizó este martes la crisis diplomática con la Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación de ese país al nivel de encargado de negocios. La medida, adoptada por el Palacio de Itamaraty, fue presentada como una respuesta directa a las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y miembros del Supremo Tribunal Federal.

Fuentes de la diplomacia brasileña señalaron que el embajador no regresará a la Argentina mientras persistan las agresiones del mandatario argentino y confirmaron que la embajada permanecerá, por el momento, sin un representante con rango de embajador. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir el malestar oficial y solicitar explicaciones por los recientes acontecimientos.

El nuevo episodio del enfrentamiento bilateral se originó tras la visita de Milei a Brasil para participar de un acto político en respaldo de Flavio Bolsonaro. Durante esa actividad, el Presidente argentino volvió a referirse a Lula con expresiones como «ladrón», «presidiario» y «basura socialista», además de lanzar duras descalificaciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien llamó «basura calva». Para el gobierno brasileño, esas declaraciones constituyeron una injerencia en asuntos internos y un agravio institucional al haber sido pronunciadas en territorio brasileño.

La tensión aumentó aún más cuando Milei defendió públicamente al exmandatario Jair Bolsonaro, a quien describió como «un amigo injustamente encarcelado». Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a más de 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 contra el gobierno de Lula.

Días después, el presidente brasileño respondió por primera vez de manera directa. Durante un acto en Brasilia, en el que oficializó su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores, evitó ingresar en un intercambio personal, aunque cuestionó con dureza la presencia de Milei en el país. «Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino», afirmó. Luego remarcó que, mientras permanezca al frente del Ejecutivo, «nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas». Horas antes, ante la prensa, había ironizado al ser consultado sobre Milei: «¿Quién es ese tipo?».

Las tratativas diplomáticas también sumaron reuniones entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el embajador argentino, Daniel Raimondi. Tras el encuentro, Vieira calificó el episodio como «una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales» y sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino representaron una ofensa no sólo contra Lula y el Poder Judicial, sino también contra las instituciones democráticas y el pueblo brasileño.

La decisión de Brasil de retirar a su embajador constituye uno de los gestos diplomáticos más severos adoptados entre ambos países desde el restablecimiento de la democracia y refleja el profundo deterioro del vínculo político entre las dos principales economías del Mercosur. Mientras no haya señales de distensión, la relación bilateral permanecerá limitada a los canales diplomáticos mínimos, con el consiguiente impacto sobre el diálogo político entre ambos gobiernos.