La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.

La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.

La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.

La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.

“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.

Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.

La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.

El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.

La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.

Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.

La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.

El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó las iniciativas que comenzaron a debatirse en el Congreso después de la crisis provocada por el fentanilo adulterado. Marcelo Peretta sostuvo que la trazabilidad y la farmacovigilancia ya están contempladas por la legislación argentina y reclamó que se garantice su cumplimiento efectivo.

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre los controles que deben atravesar los medicamentos antes de llegar a los pacientes. Sin embargo, desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionaron que la respuesta parlamentaria vuelva a concentrarse en crear o modificar normas cuando, según advierten, los principales mecanismos de vigilancia ya están contemplados por la legislación vigente.

El titular del gremio, Marcelo Peretta, calificó de oportunista el impulso de nuevas iniciativas después de la crisis sanitaria y sostuvo que el problema central radica en la falta de aplicación efectiva de los controles. “La trazabilidad es una ley, la farmacovigilancia es una ley en la Argentina, pero no se cumple”, afirmó.

La discusión parlamentaria cobró fuerza después de la investigación por los lotes de fentanilo adulterado vinculados con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente judicial avanzó sobre las responsabilidades de funcionarios y responsables de los controles regulatorios, mientras familiares de las víctimas y especialistas reclamaron revisar el sistema de fiscalización.

En ese marco comenzaron a circular cuatro proyectos destinados a establecer o reforzar mecanismos de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos. Dos habían sido presentados en 2025, por Silvana Giudici y Pablo Juliano, y otros dos durante este año, impulsados por Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz.

Las iniciativas fueron incorporadas al debate de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de seguimiento de medicamentos considerados críticos, desde su elaboración hasta su utilización.

Para Peretta, esa discusión debería comenzar por otra pregunta: por qué los instrumentos existentes no funcionaron. Explicó que la trazabilidad debería permitir reconstruir todo el recorrido del producto, desde la elaboración y sus componentes hasta los distintos eslabones de distribución y la entrega al paciente.

A esa herramienta se suma la farmacovigilancia, destinada a detectar y comunicar reacciones adversas, efectos inesperados y otros problemas que puedan aparecer después del consumo. El dirigente sostuvo que ambos mecanismos requieren aplicación cotidiana y no solamente respuestas excepcionales frente a una tragedia.

“La farmacovigilancia tampoco se cumple”, cuestionó Peretta, quien consideró que una detección temprana de síntomas o reacciones vinculadas con el producto podría haber permitido advertir antes sobre la existencia de un problema.

La causa por el fentanilo adulterado convirtió esa discusión en una cuestión de máxima gravedad. La investigación judicial atribuyó responsabilidad, en esta etapa, a exfuncionarias vinculadas con los organismos regulatorios, mientras el Congreso elaboró un informe con recomendaciones surgidas de la investigación parlamentaria y de los testimonios de familiares, especialistas y entidades involucradas.

Peretta reclamó además una revisión profunda del funcionamiento de la ANMAT y sostuvo que la fiscalización de los establecimientos productores y de toda la cadena de comercialización debe ser permanente. En su diagnóstico, agregar disposiciones sin garantizar los controles existentes puede generar una apariencia de respuesta institucional sin resolver las fallas que permitieron que el producto contaminado llegara a los pacientes.

A pocas semanas del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral, los mandatarios provinciales comenzaron a condicionar su respaldo a la Casa Rosada. La caída real de las transferencias automáticas, la distribución de ATN y el temor a que La Libertad Avanza compita directamente en sus distritos profundizan el distanciamiento.

La relación entre Javier Milei y los gobernadores atraviesa una nueva etapa, marcada por una negociación cada vez más condicionada por los intereses provinciales. La proximidad del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral encontró a varios mandatarios tomando distancia de la Casa Rosada, mientras sus legisladores comenzaron a modificar el comportamiento que durante buena parte de la gestión permitió al oficialismo aprobar iniciativas clave.

El cambio se hizo visible en las últimas votaciones del Congreso. Los bloques dialoguistas que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro acompañaron proyectos impulsados por la oposición, entre ellos los vinculados con discapacidad y el desendeudamiento de las familias.

La señal adquiere relevancia porque el Gobierno necesitará nuevamente construir mayorías para aprobar el Presupuesto 2027, cuya presentación debe concretarse antes del 15 de septiembre, y para avanzar con una reforma electoral cuyo punto más controvertido es la eliminación de las PASO.

La disputa por los recursos

El deterioro de los ingresos provinciales constituye uno de los principales factores detrás del nuevo vínculo entre Nación y las jurisdicciones. Un informe de la Fundación Encuentro señala que las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumularon hasta agosto una caída real del 1,2% interanual.

El dato es especialmente significativo porque sólo Catamarca consiguió mejorar su recepción respecto del mismo período de 2025, con una variación positiva de 0,3%. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo del año anterior en términos reales.

La Casa Rosada intentó compensar parcialmente esa relación mediante la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En agosto, el Ministerio de Economía distribuyó $12.000 millones entre tres provincias: Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones.

La asistencia, sin embargo, no alcanzó para evitar nuevos enfrentamientos. En La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reconocer a Mendoza el 100% de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles, una medida vinculada con la histórica disputa por el río Atuel.

“Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías”, afirmó Ziliotto, al anticipar que su administración no aceptará la decisión.

Passalacqua, una pieza clave

Misiones representa uno de los casos más delicados para el oficialismo. El desembolso de $5.000 millones en ATN llegó mientras el gobernador Hugo Passalacqua profundiza su distancia política respecto de Carlos Rovira y mantiene contactos con dirigentes de distintos espacios.

El mandatario misionero recibió recientemente a Axel Kicillof y previamente había mantenido encuentros con Sergio Uñac y dirigentes del peronismo federal. La Casa Rosada busca evitar que ese acercamiento derive en un alineamiento de Misiones con la oposición.

La Libertad Avanza, a su vez, comenzó a proyectar una estructura propia en la provincia. Entre los nombres mencionados para disputar el territorio aparecen el diputado Diego Hartfield y el titular partidario Adrián Núñez.

La agenda electoral condiciona el vínculo entre los mandatarios provinciales y el Ejecutivo nacional. Distintos gobernadores que respaldaron los proyectos oficiales perciben que la fuerza gobernante podría disputarles el territorio en 2027, más allá de los consensos parlamentarios alcanzados.

El factor electoral

El lanzamiento del tucumano Lisandro Catalán como candidato dispuesto a disputar el poder provincial constituye una primera señal concreta. El movimiento alimentó la desconfianza de los gobernadores que observan con preocupación una eventual expansión territorial de La Libertad Avanza.

La elección municipal de Marcos Juárez, en Córdoba, también dejó una advertencia para las fuerzas opositoras al peronismo: la fragmentación puede modificar el resultado cuando el voto contrario al oficialismo provincial se distribuye entre varias listas.

La definición de alianzas nacionales quedará en buena medida bajo la conducción de Karina Milei, quien tendrá a su cargo las conversaciones con los mandatarios que todavía mantienen vínculos con el oficialismo. Por ahora, los acuerdos aparecen más consolidados con Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio.

También resta conocer si se mantiene la cooperación política con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y si otros gobernadores, entre ellos Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Claudio Poggi, terminan acercándose a la propuesta libertaria o preservan una construcción propia.

Reformas bajo negociación

La nueva ley de Biocombustibles es otro ejemplo de la dificultad de construir una posición común entre las provincias. Tucumán, Jujuy y Salta muestran una postura favorable, mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuestionan el ingreso de grandes compañías integradas al mercado del biodiésel.

El argumento de estos últimos distritos es que la participación de grandes empresas cerealeras podría desplazar a pequeñas y medianas firmas del mercado. El proyecto quedó temporalmente detenido en el Senado, donde el Gobierno tampoco consiguió reunir los votos necesarios.

La reforma electoral promete una discusión todavía más compleja. La eliminación de las PASO aparece como el punto que genera mayor resistencia entre los aliados parlamentarios. Una alternativa con mayores posibilidades de consenso sería suspenderlas nuevamente, como ocurrió durante las elecciones de 2025.

La cuestión no es menor para los gobernadores: cualquier modificación de las reglas electorales puede alterar el diseño de las alianzas, la selección de candidatos y la relación entre las elecciones nacionales y provinciales.

El 1 de noviembre habrá, además, una prueba política en Bariloche, donde se votará la reforma de la Constitución municipal. El oficialismo provincial de Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés enfrentarán al peronismo y a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. El resultado será observado como una primera aproximación a la capacidad de esos espacios para competir asociados o separados.

Con el Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso y una reforma electoral que afecta directamente los intereses de las estructuras provinciales, la relación entre Nación y los gobernadores ingresa en una fase de mayor negociación. La Casa Rosada todavía conserva capacidad de iniciativa, pero los mandatarios comenzaron a dejar en claro que el acompañamiento legislativo ya no será automático y que cada proyecto deberá atravesar, cada vez más, el filtro de los intereses territoriales y de la disputa electoral de 2027.