Las principales consultoras privadas detectaron una aceleración de precios en octubre, con un índice que rondaría el 2,5%, un 16% más que en septiembre. El aumento del precio de la carne y la devaluación del peso marcan la tendencia. Aunque el Gobierno busca mostrar una inflación “contenida”, los analistas advierten que el fenómeno está lejos de ser erradicado.

La inflación parece haber recuperado pulso en octubre. Según estimaciones de las principales consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes se ubicaría cerca del 2,5%, lo que implica un incremento del 16% respecto de septiembre. Detrás de ese repunte asoman factores conocidos: la suba de alimentos, el reacomodamiento del tipo de cambio y el efecto arrastre de las tarifas y los servicios.

El dato se alinea con las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central (BCRA), donde los economistas corrigieron al alza sus proyecciones. El sondeo marcó que el IPC esperado para octubre se elevó a 2,2% mensual, mientras que la inflación proyectada para todo 2025 se mantiene en 29,6% anual.
Entre los diez principales analistas, el promedio trepó a 29,9%, apenas 0,2 puntos más que el mes anterior, pero suficiente para reflejar un cambio de tendencia: el freno perdió fuerza.

“El ancla es el dólar, y el dólar se mueve”, sintetiza un economista de una consultora porteña. Desde abril, el peso se devaluó casi 20%, y ese desliz cambiario se trasladó con rapidez al resto de los precios. En una economía tan indexada como la argentina, cada movimiento del tipo de cambio reacomoda la estructura de costos. El impacto más visible, otra vez, está en los alimentos.

De acuerdo con la firma LCG, “en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la punta a punta llegó al 3,6%”, con subas marcadas en lácteos, frutas, verduras y carnes.

En efecto, el precio del novillo y del novillito mostró un fuerte salto en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Si se mantiene la tendencia, el mes cerrará con un aumento de entre 8,5% y 10% en los cortes bovinos respecto al mes anterior.

Las diferencias regionales también ganan peso. “La Canasta Analytica”, un relevamiento de productos representativos del consumo de la clase media, registró incrementos más fuertes en las provincias patagónicas: Tierra del Fuego (5,3%), Chubut (4,3%), Río Negro (3,8%), Neuquén (3,7%) y Santa Cruz (3,7%). En cambio, los menores aumentos se verificaron en Jujuy (1,7%), Formosa (1,4%) y Misiones (1,1%).

En este sentido, la apertura de importaciones empieza a perder poder como herramienta de contención. En septiembre, los productos importados subieron 9%, el doble de las mayores alzas del año, según datos del Indec. Es una señal de que la estrategia de “disciplinar precios” con bienes externos empieza a mostrar límites.

El capítulo de los servicios públicos agrega una presión diferida. Aunque las tarifas acumulan aumentos que multiplican por diez la inflación general, los especialistas coinciden en que todavía están atrasadas. Un informe elaborado por una consultora a pedido de una empresa del sector estima que transporte, agua y energía se mantienen 35% por debajo de su valor pleno de mercado. Ese desfasaje anticipa nuevos ajustes en los meses por venir.

El panorama inflacionario sigue mostrando una estabilidad precaria. La combinación de dólar en alza, alimentos sensibles y tarifas con margen de actualización configura un escenario de riesgo para los próximos meses.
Como resume un analista financiero, “la inflación está dormida, pero con un ojo abierto. El día que el dólar se despierte, no habrá ancla que la frene”.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) advierte que, desde fines de 2023, el empleo registrado atraviesa una caída sostenida. En total, se perdieron más de 200 mil puestos formales entre el sector público y privado. La industria, la construcción y los servicios personales encabezan el retroceso, mientras los salarios reales sufren una contracción del 34%, el nivel más bajo desde 2001.

En los últimos dos años, la economía argentina destruyó más de 200 mil puestos de trabajo formales, afectando tanto al sector privado como al público. Así lo confirma un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que da cuenta de una contracción persistente del empleo asalariado desde los primeros meses de 2024.

“Desde fines de 2023 se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024 y un estancamiento posterior”, sostiene el documento, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y el Índice de Salarios del Indec.

El trabajo señala que en julio de 2025 se registró una pérdida interanual de 14 mil empleos formales, mientras que la comparación con noviembre de 2023 muestra un retroceso de 205 mil puestos, equivalente al 2% del total. Desde mayo, el empleo formal acumula cinco meses consecutivos de caídas, con una desaceleración leve tras la abrupta contracción del primer semestre, pero sin señales de recuperación.

El ajuste, lejos de concentrarse en un solo rubro, atraviesa prácticamente todos los sectores productivos. En los 22 meses de gestión de Javier Milei, el sector privado perdió 127 mil empleos registrados, mientras que el sector público se redujo en 58 mil. En tanto, el trabajo en casas particulares también sufrió un fuerte golpe, con 21 mil empleadas menos.

De los trece sectores económicos analizados, seis muestran variaciones negativas en el volumen de empleo: Minería (-0,8%), Servicios Inmobiliarios (-0,4%), Industria (-0,3%) y Servicios Personales (-0,3%).
La industria perdió 44 mil puestos en menos de dos años, pero el mayor derrumbe se dio en la construcción, que retrocedió 91 mil empleos, en buena parte tras la paralización de la obra pública durante los primeros meses de la actual administración.

A nivel regional, el impacto fue generalizado. Dieciséis de las 23 provincias registraron caídas en el empleo formal, con apenas cinco mostrando una leve mejora. Las mayores contracciones porcentuales se dieron en Chubut y Santa Cruz (-1,2%), seguidas por Tierra del Fuego (-0,8%).
En términos absolutos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron la mayor parte del retroceso, con el 30% y 32% de la pérdida total de empleos formales, respectivamente.

El informe también subraya un deterioro pronunciado de los salarios reales. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) cayó un 34% en términos reales desde el inicio de la actual gestión, ubicándose en septiembre de 2025 por debajo del nivel registrado en 2001, el punto más crítico de la serie histórica.

“Los datos muestran un cuadro preocupante: estancamiento productivo, contracción del empleo formal y deterioro sostenido del ingreso real”, resume el estudio del IIEP. En ese contexto, la precarización laboral avanza como contracara directa del ajuste fiscal y la liberalización económica.

A casi dos años del inicio del programa económico del Gobierno, los resultados en materia laboral contrastan con las expectativas iniciales de dinamización del sector privado.
Lejos de una reactivación, el mercado de trabajo enfrenta un escenario de pérdida de empleos registrados, deterioro salarial y expansión del trabajo informal, mientras los principales indicadores productivos permanecen estancados.

En palabras de un economista del IIEP, “la política de ajuste logró reducir el gasto, pero también achicó el empleo y el poder adquisitivo”.
El desafío que se abre ahora no es sólo contener la inflación, sino reconstruir un tejido laboral cada vez más delgado y desigual.

Luego de meses de reclamos y de haber conseguido un aumento del 61%, los trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron que el Gobierno inició sumarios disciplinarios contra los referentes del conflicto. Las sanciones alcanzan a Norma Lezana y a otros profesionales de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), acusados de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”. El gremio calificó la medida como “una represalia ridícula e infundada” y convocó a un Cabildo Abierto en defensa del hospital público.

Cuando parecía que el largo conflicto salarial del Hospital Garrahan comenzaba a cerrarse, una nueva decisión oficial volvió a encender las tensiones.
Los trabajadores, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunciaron que el interventor designado por el Ministerio de Salud de la Nación, Mariano Pirozzo, inició sumarios disciplinarios contra los referentes gremiales que encabezaron las protestas, entre ellos Norma Lezana, histórica dirigente del hospital.

Las notificaciones acusan a los profesionales de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación” por las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto que derivó, finalmente, en un aumento salarial del 61%.
Desde la APyT consideraron las sanciones como un acto de persecución política y gremial, destinado a disciplinar a quienes protagonizaron la lucha por recomponer los sueldos y defender las condiciones laborales.

“Nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital”, señaló Lezana, al calificar los sumarios como “ridículos, infundados e insólitos”.
La dirigente sostuvo que los trabajadores responderán “en todos los terrenos: administrativo, judicial y apelando a la solidaridad social que permitió visibilizar nuestro reclamo durante todo este tiempo”.

El foco de las críticas apunta directamente a Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien el gremio señala como un funcionario sin trayectoria en el ámbito de la pediatría pública. “Este personaje, formado en la Universidad Maimónides y entrenado en el Hospital Militar Cosme Argerich, jamás recibió a los representantes gremiales durante los meses de conflicto”, remarcaron desde la asociación.

Lezana fue aún más contundente: “De Lugones y Pirozzo esperamos cualquier cosa. Haber tenido que reconocer, después de negarlo durante casi un año, que nuestros reclamos eran válidos, ahora se complementa con esta represalia increíble. Si creen que nos van a intimidar, demuestran que no entendieron nada”.

La dirigente recordó que el conflicto por recomposición salarial y condiciones laborales provocó más de 300 renuncias de profesionales calificados, situación que —dijo— “evidencia el vaciamiento del sistema de salud pública y el desinterés por sostener el hospital de referencia pediátrica más importante del país”.
“Si hubo violencia en este conflicto, fue la del ministro-empresario y del interventor que desconocen la pediatría pública. Nuestra lucha fue por cuidar al hospital, no por dañarlo”, añadió.

Una nueva jornada de protesta

Como respuesta a las sanciones, la APyT convocó a un Cabildo Abierto de Organizaciones y Familiares para este jueves 13 de noviembre a las 16, dentro del predio del hospital.
El encuentro contará con la participación de organizaciones de la salud, del movimiento por la discapacidad, de la universidad pública, jubilados, colectivos feministas, organismos de derechos humanos y sindicatos solidarios.

Durante la actividad se debatirán los pasos a seguir frente a los sumarios y se analizarán acciones conjuntas contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional, incluyendo los proyectos de reforma laboral y previsional que preocupan a los gremios.
“El ataque contra los voceros del movimiento en defensa del Garrahan busca allanar el terreno para nuevos embates. Pero no nos van a callar”, concluyó Lezana.

El conflicto del Garrahan, lejos de cerrarse con el acuerdo salarial, entra ahora en una nueva fase marcada por la confrontación política y gremial.
Las sanciones a los trabajadores abren un frente sensible dentro del sistema de salud pública, donde la tirantez entre las autoridades y el personal sanitario se reaviva bajo un clima de desconfianza y malestar.

El hospital insignia de la pediatría argentina, símbolo de atención pública de excelencia, vuelve a quedar en el centro de la escena. Y con él, una pregunta de fondo:
¿puede sostenerse un sistema sanitario de calidad cuando quienes lo sostienen son perseguidos por defenderlo?