Legisladores sanjuaninos de todos los espacios políticos se unieron para defender el régimen de Zona Fría, un beneficio que reduce las tarifas de gas y que el Gobierno nacional busca eliminar en el Presupuesto 2026. La medida, impulsada por Javier Milei, carece de sustento fiscal: el fondo se financia con aportes de los propios usuarios. La decisión abriría una nueva grieta social en provincias donde el invierno se traduce en pobreza energética.

En una escena poco habitual, oficialistas, peronistas y libertarios coincidieron en un mismo reclamo: frenar la eliminación del Régimen de Zona Fría. La Legislatura de San Juan fue este lunes el escenario de un acuerdo transversal donde confluyeron representantes de todas las bancadas provinciales. El objetivo fue contundente: exigir que la Nación mantenga un beneficio que hoy ampara a más de 120.000 usuarios sanjuaninos con descuentos de entre 30% y 50% en sus boletas de gas.

El vicegobernador Fabián Martín fue categórico al recordar que “la Nación no pone un peso”. El subsidio —recordó— se financia a través de un fideicomiso alimentado por un aporte del 6% que realizan el resto de los consumidores del país, por lo que su continuidad no impacta en las cuentas públicas. “Si se elimina, se castiga a los hogares que más lo necesitan, y no se ahorra nada”, sentenció.

La reunión fue acompañada por un consenso inusual: giojistas, uñaquistas, orreguistas y hasta referentes de La Libertad Avanza acordaron pedir que el Congreso excluya del Presupuesto 2026 el artículo que deroga la ley sancionada en 2021. Según los legisladores, si la norma cae, el aumento para los hogares alcanzaría el 100%. A nivel nacional, el beneficio cubre a 14 provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pero mientras los legisladores provinciales intentan blindar el régimen, en Buenos Aires y en la Cámara baja nacional crece el malestar. Intendentes como Nelson Sombra (Azul) y Maximiliano Wesner (Olavarría) viajaron al Congreso para denunciar que el recorte propuesto por Milei no tiene justificación económica ni climática. “No es un subsidio fiscal. Es un fondo compensador que garantiza equidad térmica en el país más austral del mundo”, explicó Sombra, quien recordó que su distrito llegó a registrar temperaturas más bajas que Tierra del Fuego.

El diputado peronista Walberto Allende, impulsor original de la inclusión de San Juan en la Zona Fría, fue más allá: habló de un intento de “vaciamiento institucional del fondo”. Según detalló, la reforma presupuestaria elimina la garantía legal y deroga los artículos que obligaban a mantener el recargo del 7,5% sobre el gas exportado, uno de los pilares del financiamiento. “En síntesis: se vacía el fondo y se deja todo a discreción del Ejecutivo”, resumió.

La consecuencia sería devastadora para miles de familias. En Azul, por ejemplo, 450 millones de pesos trimestrales dejan de salir de los bolsillos de los vecinos gracias al descuento, recursos que luego se vuelcan al consumo local. “Quitar el beneficio no sólo enfría los hogares, también congela la economía”, analizó Sombra.

Paradójicamente, el Gobierno que proclama el “federalismo fiscal” avanza en decisiones que castigan a los territorios más vulnerables. Lo hace con una lógica de ajuste lineal, sin medir el impacto social ni regional de las medidas. Aún más contradictorio: se trata de un fondo autosustentado, cuya eliminación no genera ahorro alguno pero sí pérdidas concretas en calidad de vida y actividad económica.

Mientras tanto, la resistencia crece. En los concejos deliberantes bonaerenses, incluso en municipios gobernados por La Libertad Avanza, se discuten resoluciones para exigir que el artículo 72 del Presupuesto 2026 sea retirado. Otros, como Capitán Sarmiento, se niegan a acompañar la protesta, dejando en evidencia el quiebre interno del oficialismo.

En paralelo, los beneficiarios del Programa Hogar —que subsidia el gas en garrafas— también sufren la poda: hoy reciben apenas 1.500 pesos por garrafa, cuando su costo real ronda los 15 mil. El subsidio energético, antes una herramienta de equidad territorial, se desdibuja en un ajuste sin brújula.

La eliminación del Régimen de Zona Fría no es un ahorro: es una decisión ideológica. Un símbolo más de un modelo que confunde gasto con inversión y equidad con privilegio. San Juan, Azul, Olavarría y decenas de municipios enfrentan hoy el costo de una política que rompe consensos y desconoce realidades térmicas, geográficas y sociales.

En nombre del “orden fiscal”, el Gobierno avanza sobre un derecho básico: no pasar frío. Y lo hace con una frialdad que ni el invierno más riguroso podría justificar.

La CTERA convocó para este martes 14 de octubre a un paro y movilización federal en defensa del financiamiento educativo, los salarios y la restitución del FONID

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso, anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre de 2025, acompañado por una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana.
La medida, que tendrá alcance en todo el país, busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación pública por los recortes del Gobierno nacional, el congelamiento de partidas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según la conducción sindical, el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Ejecutivo “representa un ataque directo a la educación pública”, al reducir drásticamente los fondos destinados a infraestructura escolar, capacitación y salarios. “Sin financiamiento, la escuela pública no tiene futuro”, advirtió Alesso al confirmar la medida.

Entre los reclamos centrales figuran la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución inmediata del FONID, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo, la mejora de las condiciones salariales y laborales y la defensa de los derechos previsionales y jubilatorios del sector.

Amplia adhesión en todo el país

La jornada de protesta contará con la participación de todos los gremios de base de CTERA, lo que asegura una paralización casi total del sistema educativo público. Confirmaron su adhesión:

ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)

A su vez, en la provincia de Buenos Aires el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA— se sumará de manera unificada al paro y la movilización. Estas organizaciones denunciaron “el deterioro constante del salario docente y el abandono del Estado nacional de sus responsabilidades de financiamiento”.

En cada distrito se realizarán asambleas, clases públicas y actos frente a las legislaturas provinciales, mientras las delegaciones de todo el país marcharán hacia el Congreso en Buenos Aires, epicentro de la jornada.

Un conflicto que crece

La protesta de mañana martes 14 de octubre se inscribe en un contexto de fuerte tensión entre los gremios estatales y el Gobierno nacional, tras meses de congelamiento de partidas y una caída del poder adquisitivo que supera el 40% desde diciembre de 2023.
CTERA sostiene que el ajuste “es incompatible con el sostenimiento de la escuela pública”, y advierte que la ausencia de paritaria nacional impide acordar un piso salarial común que garantice igualdad educativa en todas las provincias.

En paralelo, la central docente busca reinstalar en la agenda pública el debate sobre el rol del Estado en la educación y la necesidad de una política federal de financiamiento. “Defendemos la educación pública como derecho, no como gasto”, remarcan desde la organización.

El Gobierno derogó una decisión administrativa de 2004 que garantizaba paridad salarial en la administración pública. La medida habilita diferencias entre empleados del mismo organismo y profundiza la pérdida de poder adquisitivo del sector.

El Gobierno de Javier Milei derogó una norma que, durante más de dos décadas, había garantizado la equiparación salarial entre los trabajadores contratados y los de planta permanente del Estado. La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 26/2025, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto oficial anula la Decisión Administrativa N° 3/2004, vigente desde el gobierno de Néstor Kirchner, que establecía que los empleados contratados bajo el régimen del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público debían percibir remuneraciones equivalentes a las de la planta permanente, ajustadas según categoría y carga horaria. La disposición de 2004 había sido una conquista histórica en materia de igualdad laboral dentro del sector público, y su eliminación deja sin referencia salarial a miles de agentes del Estado.

La nueva resolución sostiene que “la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión pública”. No obstante, la norma no presenta un reemplazo ni detalla nuevos criterios para determinar los haberes de los contratados, lo que, en la práctica, habilita discrecionalidad salarial entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones.

Una medida en línea con el ajuste

Aunque el texto oficial invoca razones administrativas, la decisión se inscribe en la lógica de ajuste estructural que caracteriza a la gestión de Milei. Desde su llegada al gobierno, los salarios estatales fueron uno de los ejes del recorte del gasto público: congelamientos, despidos y reestructuraciones impactaron sobre el empleo y el poder adquisitivo del sector.

De acuerdo con estimaciones de ATE Nacional, los trabajadores públicos perdieron 19,4% de su salario real promedio desde diciembre de 2023, aunque la cifra se eleva por encima del 40% si se compara con la evolución de precios de servicios básicos, alquileres y educación. En ese contexto, la derogación de la norma de 2004 aparece como un nuevo paso en la desigualación interna del empleo estatal, al romper la paridad entre quienes están bajo contrato y quienes integran la planta permanente.

Fuentes gremiales consultadas advirtieron que la medida “abre la puerta a una precarización más profunda”, y señalaron que miles de trabajadores contratados —muchos con más de diez años de antigüedad— podrían quedar ahora con ingresos sensiblemente inferiores a los de sus pares estables. “Es el modelo Milei aplicado a la administración pública: desregular, licuar y desarmar derechos”, definió un dirigente de ATE.

Contexto político y proyección

La firma de Federico Sturzenegger en la resolución no pasó inadvertida. Desde su designación como ministro de Desregulación, el economista promovió la eliminación de decenas de resoluciones y decretos históricos que, en su visión, “rigidizan” el funcionamiento del Estado. Entre ellos, medidas vinculadas a la negociación colectiva, las empresas públicas y las estructuras administrativas.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa su ofensiva sobre el empleo estatal, en paralelo con los recortes presupuestarios, los retiros voluntarios y las restricciones salariales en todo el sector público nacional. Para los gremios, se trata de un ataque directo al principio de igualdad de trato que rige en la administración pública y que había sido uno de los pilares del sistema estatal desde comienzos de los 2000.

La derogación de la Decisión Administrativa 3/2004 marca un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno: rompe una norma de equilibrio interno y consolida la brecha entre los distintos regímenes de contratación del Estado. Bajo el argumento de la “modernización administrativa”, la medida refuerza el sesgo de ajuste que atraviesa toda la gestión de Javier Milei, mientras el salario estatal continúa rezagado frente a la inflación.
En los hechos, se trata de una decisión que no sólo implica una reducción potencial de ingresos, sino también un retroceso institucional en materia de equidad y derechos laborales en el ámbito público.