El Ejecutivo impulsa un nuevo plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina para reducir costos y achicar estructuras. El recorte alcanzaría a la TV Pública, Radio Nacional y señales educativas y culturales.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo capítulo del ajuste en los medios públicos. A través de un plan de retiros voluntarios, la administración de Milei busca reducir cerca de 500 puestos de trabajo en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que gestiona la TV Pública y Radio Nacional. La meta oficial es concretar el recorte antes de fin de año, lo que implicaría una disminución aproximada del 20% sobre una planta total de unos 2.400 empleados.

La iniciativa genera un fuerte rechazo entre los trabajadores y los gremios del sector, que advierten sobre el impacto en la producción de contenidos, el alcance federal del sistema y la continuidad de señales clave. El ajuste no se limitará a la TV Pública y Radio Nacional, sino que también abarcará a los canales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y Canal 12 de Trenque Lauquen.

Según trascendió, el expediente administrativo ya se encuentra listo para iniciar su recorrido formal, lo que habilitaría la puesta en marcha del plan en las próximas semanas. La estrategia forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público y reorganización del esquema de medios estatales.

La estrategia oficial y el foco en Radio Nacional

La gestión del interventor de RTA, Carlos Curci, quien asumió en julio, impulsa una serie de medidas orientadas a recortar costos operativos. Entre ellas se incluyen la reducción de coproducciones televisivas, la revisión de contratos de programación y la reorganización de estructuras en Radio Nacional.

En el caso de la radio pública, el ajuste proyectado es más profundo. Desde el entorno oficial sostienen que la emisora presenta una dotación sobredimensionada, con alrededor de 1.100 empleados para 50 radios distribuidas en todo el país. Al mismo tiempo, reconocen que, a diferencia de las emisoras privadas, Radio Nacional debe sostener producción local en cada una de sus estaciones, un punto que tensiona la viabilidad del recorte.

Dentro del plan también figura la unificación de edificios en Comodoro Rivadavia y un proyecto similar previsto para Mendoza en 2026. Además, se analiza dar por finalizados contratos vigentes o reconvertirlos en esquemas de coproducción, ante la falta de presupuesto para sostener la programación actual.

Desde el Gobierno destacan que, pese a los ajustes, Radio Nacional se mantiene en el sexto lugar entre las AM más escuchadas del país, de acuerdo con mediciones de Kantar Ibope Media, un dato que utilizan como argumento para defender la reorganización en marcha.

Marco político y administrativo

El lanzamiento del nuevo plan de retiros se demoró por cuestiones burocráticas, a la espera de la aprobación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema quedó oficializado a través del Decreto 866/25, que creó la Subsecretaría de Medios Públicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La nueva subsecretaría concentra ahora bajo su órbita a RTA y a los canales educativos y culturales, consolidando el control político y administrativo del sistema de medios estatales en un contexto de redefinición profunda de su rol.

El ajuste en los medios públicos se inscribe en una política que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En 2024, un primer plan de retiros voluntarios derivó en la salida de unos 200 trabajadores, una cifra menor a la esperada, mientras que otros empleados se incorporaron tras el cierre de Télam.

Con las privatizaciones descartadas por el Congreso, el Ejecutivo apuesta ahora a una reducción más agresiva del personal como vía para achicar el gasto y reformular el funcionamiento de los medios estatales. El nuevo plan, sin embargo, profundiza el conflicto con los gremios y abre un debate de fondo sobre el futuro, la misión y el alcance de los medios públicos en la Argentina.

El Ejecutivo provincial estudia trasladar los asuetos tradicionales del 24 y 31 de diciembre al 26 de diciembre y 2 de enero. La medida apunta a organizar dos fines de semana largos y aún no fue definida oficialmente.

El Gobierno de San Juan analiza por estas horas una posible modificación en el calendario de asuetos de fin de año para los trabajadores de la administración pública provincial. La iniciativa contempla trasladar los asuetos tradicionalmente otorgados los días 24 y 31 de diciembre a fechas posteriores, con el objetivo de conformar dos fines de semana largos consecutivos durante las Fiestas.

Históricamente, en la provincia los empleados estatales cuentan con asueto los días previos a Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, en esta oportunidad, las autoridades evalúan mover el descanso del martes 24 de diciembre al jueves 26, y el del martes 31 de diciembre al jueves 2 de enero.

La posibilidad fue confirmada por el gobernador sanjuanino durante una rueda de prensa brindada este lunes en el departamento 25 de Mayo.

Desde ese lugar, el mandatario explicó que la decisión aún se encuentra en etapa de evaluación y que está atada, en parte, a lo resuelto recientemente por el Gobierno nacional en relación con los asuetos. “Estamos trabajando en eso porque recién lo ha emitido el Gobierno de la Nación, de que va a ser el día miércoles. Así que estamos evaluando”, señaló.

En este sentido reconoció que su preferencia personal es avanzar con el cambio de fechas, ya que permitiría generar dos fines de semana largos, beneficiando la organización familiar y el descanso de muchos trabajadores sanjuaninos. No obstante, aclaró que la resolución definitiva todavía no está tomada.

“Lo tengo que corroborar ahora porque la verdad que ha sido reciente. Hay que ver si podemos reconsiderar eso o hacemos esas posibilidades que sea el viernes, en este caso, el asueto provincial”, agregó, dejando abierta la puerta a distintas alternativas.

Por el momento, no se emitió ningún decreto ni resolución formal, por lo que los asuetos continúan previstos, de manera provisoria, para las fechas tradicionales.

La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines fue violentada durante el fin de semana. Destruyeron oficinas, equipos y documentación. El hecho ocurre a pocos días de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un grave episodio de violencia sacudió al movimiento sindical argentino en las últimas horas. La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por el co–secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue blanco de un ataque vandálico de gran magnitud durante el fin de semana.

El edificio, ubicado sobre la avenida Juan de Garay 371, en la Ciudad de Buenos Aires, fue violentado por personas que ingresaron por la parte superior del inmueble en un horario que aún no pudo ser determinado. Según las primeras informaciones, los atacantes desactivaron y arrancaron las cámaras de seguridad antes de avanzar con los destrozos en el interior del sindicato.

Puertas forzadas, oficinas destruidas, computadoras inutilizadas y abundante documentación revuelta componen el saldo del ataque. El nivel de daño registrado refuerza la gravedad del episodio y encendió alarmas dentro del gremio y en el conjunto de la dirigencia sindical.

“Está todo el sindicato revuelto, puertas y computadoras rotas, papelerío por todos lados. Destruyeron el gremio, está todo destruido”, describió Jerónimo en declaraciones radiales. El dirigente expresó además su preocupación por el mensaje implícito del ataque y reclamó una respuesta inmediata del sistema judicial: “Esperamos que actúe rápida y eficazmente la Justicia, que investigue lo que pasó. Nos preocupa por demás”.

Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente y personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para relevar daños, levantar rastros y avanzar con las pericias que permitan esclarecer lo sucedido. Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, aunque la investigación continúa en curso.

El ataque se produce en un contexto de elevada conflictividad política y sindical, marcado por el debate en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, la CGT convocó a una movilización para el próximo 18 de diciembre, en rechazo a los cambios propuestos, y Jerónimo fue uno de los dirigentes que se expresó públicamente contra la iniciativa y participó activamente de la organización de la protesta.

Si bien desde fuentes cercanas a la causa evitaron adelantar conclusiones, el episodio es analizado dentro del clima de tensión que atraviesa al movimiento obrero. La destrucción selectiva de infraestructura y documentación, sumada a la desactivación previa de las cámaras, refuerza la preocupación en torno a una posible maniobra de intimidación.

El hecho reaviva además el debate sobre los límites de la confrontación política y el riesgo de que la violencia se instale como método de presión en un escenario ya atravesado por profundas disputas sociales y económicas.