En un plenario nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió presentar un amparo judicial para exigir que el Gobierno cumpla íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción del gremio, encabezada por Walter Merkis, denunció un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo y alertó que, sin respuestas, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. En un masivo plenario nacional de secretarios generales, FATUN definió los pasos a seguir frente a lo que considera un incumplimiento grave del Ejecutivo: la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos oportunidades.

La organización nodocente ratificó el estado de “alerta y movilización” y sostuvo que el oficialismo, al no aplicar la norma, agrava la situación presupuestaria de las universidades y deteriora las condiciones laborales de casi 50.000 trabajadores del sector.

La vía judicial: un amparo contra la suspensión de la ley

La resolución del plenario incluye un elemento clave: FATUN acompañará y monitoreará la acción de amparo colectivo Expte. 16.348/2025, impulsada por el personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), que pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la Ley 27.795.

El objetivo del gremio es claro: que la Justicia fuerce al Poder Ejecutivo a poner en plena vigencia la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial del personal nodocente.

Para FATUN, el decreto que frena la norma es “irregular”, vulnera la división de poderes y desconoce una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Advertencia fuerte: riesgo para el ciclo lectivo 2026

En su documento final, el plenario fue contundente: si el Gobierno mantiene su postura y no habilita los fondos previstos, “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

La falta de actualización presupuestaria ya afecta áreas críticas como mantenimiento, servicios esenciales, becas, funcionamiento administrativo, insumos tecnológicos y programas de extensión.

Reclamo político: presión al Congreso y al CIN

Además de la vía judicial, FATUN definió otras acciones políticas y gremiales:

1. Reclamo al Congreso

El gremio solicitará nuevamente que el Parlamento ratifique públicamente su defensa de la universidad pública y exija el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como ya hizo al sancionarla dos veces este año.

2. Convocatoria a la Comisión Negociadora

El sindicato reclamará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General. El objetivo: evaluar la situación crítica y consensuar estrategias para defender las necesidades presupuestarias del sistema.

3. Facultades para acciones directas

El plenario otorgó a la Mesa Ejecutiva de FATUN la potestad de adoptar todas las medidas de acción directa que considere necesarias, manteniendo activa la estructura del plan de lucha.

Un conflicto que se agrava

FATUN denunció que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, el Gobierno no respondió a ninguna de las propuestas elevadas por el gremio. La situación —según la entidad— profundiza la pérdida salarial, afecta la sustentabilidad de las cajas previsionales y deteriora la salud laboral del personal.

La pulseada se inscribe en un conflicto mayor que atraviesa todo el sistema universitario: congelamiento presupuestario, paritarias cerradas, recortes en programas y la suspensión de la normativa que garantizaba un horizonte de financiamiento a mediano plazo.

El secretario general de ASIMM, Marcelo Pariente, advirtió que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataformas opera sin formalidad laboral, expuestos a largas jornadas, ingresos inestables y sin cobertura social. Reclaman que las empresas cumplan el convenio vigente y garanticen derechos básicos.

La expansión del delivery por aplicaciones se convirtió en uno de los fenómenos laborales más visibles de los últimos años en Argentina. Sin embargo, detrás de la comodidad del servicio y de la supuesta “flexibilidad” que promocionan las plataformas, se despliega una realidad marcada por la precarización extrema.

En una entrevista con Habrá Consecuencias por El Destape 1070, el secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, trazó un diagnóstico contundente:
“El 95% de los trabajadores de reparto está en negro y trabaja entre 10 y 12 horas por día”, afirmó.

Según Pariente, la informalidad es tan extendida que los repartidores quedan fuera de cualquier derecho básico: sin obra social, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin licencias y sin aguinaldo. Las empresas, denuncia, incumplen un convenio colectivo ya homologado, lo que agrava la desprotección. “Los trabajadores de plataformas estamos totalmente abandonados”, sentenció.

El dirigente explicó que la precarización no solo es laboral, sino también tecnológica. El llamado “algoritmo”, que asigna horarios, pedidos y tarifas, funciona como un mecanismo silencioso de control y disciplinamiento. “No podemos discutir el salario. El sistema decide cuánto ganamos”, señaló Pariente, y añadió que cuando ocurre un accidente la fragilidad queda expuesta con crudeza:
“Si te quiebra una pierna, te quedás meses sin poder trabajar a la buena de Dios”.

El crecimiento del sector agrava el problema. Se estima que unas 160.000 personas trabajan hoy en plataformas de reparto en Argentina, muchas de ellas como único ingreso familiar. Pero la enorme mayoría lo hace en una situación de total informalidad. La promesa de independencia y horarios flexibles se diluye frente a la realidad: jornadas que superan las diez horas, ganancias variables y gastos que corren por cuenta del trabajador, desde nafta hasta reparaciones de moto o bicicleta.

En ese contexto, ASIMM exige que se cumpla el convenio colectivo vigente y que se reconozca a los repartidores como trabajadores formales con todos los derechos que les corresponden: registro, obra social, ART, elementos de seguridad, pago por movilidad, vacaciones, aguinaldo y licencias. Pariente resumió el reclamo con claridad:
“No queremos discutir viajes, queremos discutir salarios y el poder adquisitivo de mis compañeros”.

Con miles de trabajadores sosteniendo una industria que crece sin regulaciones efectivas, el conflicto ya no gira solo en torno a un modelo de negocio tecnológico, sino a la necesidad urgente de garantizar condiciones dignas, seguridad y derechos básicos. El desafío, coinciden los especialistas, es evitar que la modernización se siga construyendo sobre un modelo de informalidad masiva.

La segunda edición del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina volvió a encender todas las alarmas. El documento, presentado en el anexo de la Cámara de Senadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, reveló un dato contundente: los ataques represivos y actos de censura contra periodistas aumentaron un 66% en 2025 respecto del año anterior.

El relevamiento responsabiliza directamente al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de impulsar “expresiones de odio, hostigamiento y prácticas tendientes a restringir el ejercicio periodístico y el debate público”. Según el documento, la violencia no solo se intensificó en las calles, sino también en los tribunales y en el terreno digital, donde crecieron las amenazas, campañas de desprestigio y prácticas de doxeo desde cuentas oficiales.

El registro más alto de agresiones en coberturas de protesta

De acuerdo con los datos de SiPreBA y FATPREN —expresados también ante la CIDH—, 83 periodistas fueron víctimas de represión mientras cubrían manifestaciones hasta fines de octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el reportero Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, golpes, vejámenes e intoxicaciones por gases lacrimógenos.

El contraste con 2024 es alarmante: aquel año se habían registrado 50 agresiones. El salto al presente —83 casos— marca una tendencia clara. El informe advierte que la criminalización del periodismo crítico se volvió una herramienta sistemática, acompañada del uso de figuras legales como “resistencia a la autoridad” para detener y disciplinar a quienes documentan abusos estatales. “Defender la libertad de expresión —plantea el documento— es hoy una condición indispensable para la vigencia de la democracia”.

Censura, persecución judicial y un caso sin precedentes

Uno de los puntos más sensibles del informe es el incremento de acciones judiciales orientadas a limitar la difusión de información de interés público. El texto subraya que en 2025 se registró el primer intento de censura judicial en más de tres décadas: la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, un hecho que encendió el rechazo de amplios sectores académicos y profesionales.

A ello se suma la “judicialización de la expresión crítica”, que alcanzó no solo a periodistas, sino también a dirigentes sociales, docentes, artistas y ciudadanos que manifestaron opiniones contrarias al Gobierno en espacios públicos o redes sociales.

Ataques digitales y discursos estigmatizantes

El informe dedica un apartado extenso a los discursos de estigmatización y violencia digital. Señala que desde cuentas oficiales de la Presidencia se promovieron campañas de desinformación y hostigamiento contra comunicadores, referentes sindicales y activistas.

La violencia simbólica, destaca el texto, tuvo un impacto especialmente grave sobre mujeres periodistas, que recibieron amenazas misóginas, campañas coordinadas de difamación y ataques de usuarios alentados por discursos oficiales.

Desinformación, IA y un ecosistema mediático debilitado

El 2025 electoral estuvo atravesado por una nueva variable: la utilización intensiva de deepfakes y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. El documento muestra cómo estas prácticas erosionaron el debate público, multiplicaron las operaciones políticas y afectaron la credibilidad de los medios.

En paralelo, el ecosistema laboral del sector continúa en caída libre. El informe alerta por el congelamiento salarial en medios públicos, la falta de actualización paritaria en privados y los despidos masivos. La precarización, afirma, “se volvió estructural”: salarios por debajo de la inflación, contratos inestables y un deterioro profesional que afecta la calidad informativa.

El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 dibuja un panorama severo: más violencia, más censura, más hostigamiento y un deterioro laboral profundo. El crecimiento del 66% en agresiones contra trabajadores de prensa no es un dato aislado: es la evidencia de una política que, según los gremios, apunta a disciplinar voces críticas y restringir el pluralismo informativo.

En un país donde la tensión institucional atraviesa todas las capas del debate público, el periodismo aparece nuevamente como un sector clave para sostener la vida democrática. La advertencia del informe es clara: sin condiciones mínimas de seguridad, independencia y respeto institucional, la libertad de expresión —piedra angular de cualquier sociedad democrática— se vuelve frágil. Y su deterioro, advierten los gremios, compromete no solo a quienes informan, sino al conjunto de la ciudadanía.