Los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación en marzo y acumularon siete meses consecutivos de deterioro real. Mientras el sector público mostró una leve recuperación mensual impulsada por aumentos estatales, los trabajadores privados continuaron perdiendo capacidad de compra en un escenario atravesado por recesión, caída del consumo y estancamiento del empleo formal.

El deterioro de los ingresos volvió a quedar expuesto en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En marzo, los salarios registrados crecieron apenas 3% nominal frente a una inflación mensual del 3,4%, consolidando así una nueva pérdida del poder adquisitivo y extendiendo a siete meses consecutivos la caída real de los haberes.

El desgaste progresivo desde el último cuatrimestre de 2025 alcanzó el 4,67%, aunque el impacto fue dispar entre sectores. El empleo privado formal volvió a mostrar el cuadro más delicado: los salarios avanzaron apenas 2,1% en marzo y registraron una caída real del 1,28% en el mes. De esta manera, los trabajadores privados acumulan un retroceso del 4,8% en su capacidad de compra durante los últimos siete meses.

En contraste, el sector público logró una mejora parcial impulsada por aumentos salariales superiores a la inflación. Los haberes estatales crecieron 5% nominal en marzo y consiguieron una recuperación real del 1,61%. Sin embargo, esa mejora mensual no alcanza para revertir el deterioro acumulado: los trabajadores públicos todavía arrastran una pérdida del 4,39% en términos reales en el mismo período.

Dentro de la estructura estatal, los mayores incrementos provinieron de la administración nacional, donde los salarios aumentaron 5,8%, mientras que en las provincias la suba fue del 4,7%. Aun así, el balance desde la llegada de Javier Milei continúa siendo marcadamente negativo para el empleo público.

Según las cifras oficiales, los sueldos estatales acumulan una caída real del 17,03% desde diciembre de 2023. El impacto es todavía más severo entre los trabajadores nacionales, cuyos ingresos sufrieron una pérdida del 35,8%, mientras que en las administraciones provinciales el retroceso alcanza el 9,2%.

El entorno del sector privado tampoco muestra señales sólidas de recuperación. Aunque la caída acumulada desde el inicio de la actual gestión es menor que la del sector público, el deterioro se aceleró durante los últimos siete meses, en paralelo con el freno de la actividad económica y el debilitamiento del mercado interno.

“El estancamiento en los ámbitos ligados a la demanda interna, donde se concentra buena parte del empleo formal, combinado con una inflación todavía elevada, explica la continuidad de la caída del salario real privado”, advirtió Santiago Casas al analizar los datos.

La pérdida de ingresos aparece además acompañada por un proceso de contracción productiva. Desde la asunción de Javier Milei desaparecieron 24.437 empresas empleadoras, equivalente al 4,8% del total de unidades productivas registradas en el país. La dinámica laboral refleja esa desaceleración: en febrero el empleo privado formal generó apenas 965 puestos nuevos, una suba marginal del 0,02%.

El trabajo en casas particulares incorporó 1.651 empleos, mientras que el único crecimiento significativo provino del sector público, que sumó 8.336 trabajadores asalariados en el mismo período.

En medio del deterioro generalizado, las negociaciones paritarias de abril abrieron una expectativa moderada de alivio. Según la consultora Synopsis, los acuerdos salariales promediaron subas del 2,5%, una cifra alineada con la inflación proyectada para ese mes, estimada en torno al 2,6%.

De sostenerse esa tendencia, podría interrumpirse la secuencia de siete meses consecutivos de caída salarial frente al índice de precios, aunque todavía sin una recuperación consistente del poder adquisitivo.

Desde la consultora señalaron además que la flexibilización de la pauta oficial permitió un salto en el promedio anualizado de las paritarias, que alcanzó el 38,8%, el nivel más elevado desde 2024 y unos diez puntos por encima del promedio registrado durante 2025.

Sin embargo, las proyecciones para el resto de 2026 continúan atravesadas por la cautela. La consultora ACM estimó una eventual recuperación gradual del salario real cercana al 0,5%, aunque advirtió que el proceso dependerá de la consolidación de la actividad económica y de una desaceleración inflacionaria sostenida.

El informe alertó además sobre los riesgos de una recuperación desigual entre sectores, especialmente en ramas intensivas en empleo, donde las empresas todavía enfrentan dificultades para recomponer márgenes y sostener aumentos salariales por encima de la inflación.

A esa incertidumbre se suma la posibilidad de presiones cambiarias o un traslado más acelerado de precios, factores que podrían volver a deteriorar los ingresos reales incluso en presencia de acuerdos paritarios más elevados.

El economista Nadin Argañaraz realizó además un ejercicio de arrastre estadístico que deja al descubierto la fragilidad del panorama actual: si los salarios reales de marzo se mantuvieran sin cambios durante el resto del año, los empleados privados cerrarían 2026 con una pérdida del 3,9%, mientras que los trabajadores públicos nacionales sufrirían una caída del 5,2%.

Las estaciones de servicio de San Juan actualizaron nuevamente sus pizarras y profundizaron las diferencias entre petroleras. Mientras YPF aplicó leves reducciones en algunos combustibles diésel, Shell y Axion Energy avanzaron con incrementos tanto en naftas como en gasoil, consolidando un escenario de variaciones permanentes en los surtidores.

El mercado de combustibles volvió a mostrar movimientos en la provincia y confirmó una tendencia que ya se instaló entre los consumidores: los precios cambian con mayor frecuencia y las diferencias entre marcas comienzan a ser cada vez más visibles, sobre todo en los productos premium.

El nuevo relevamiento realizado en estaciones de servicio de la provincia dejó un panorama heterogéneo. A contramano de otras compañías, YPF mantuvo sin modificaciones los valores de sus naftas y aplicó pequeñas bajas en el segmento diésel, en una señal que buscó moderar parcialmente el impacto sobre el transporte y la actividad productiva.

La nafta Súper continúa en $2.138, mientras que la Infinia permanece en $2.328. En el caso del gasoil, la Infinia Diesel descendió de $2.418 a $2.413 y el Diesel 500 pasó de $2.241 a $2.236, reflejando reducciones mínimas pero que marcan una diferencia respecto de las restantes petroleras.

El comportamiento de Shell fue distinto. La empresa aplicó aumentos generalizados en casi toda su línea de combustibles en comparación con los valores registrados semanas atrás. La nafta Súper subió de $2.171 a $2.199 y la V-Power pasó de $2.462 a $2.499.

La actualización más fuerte se observó en los combustibles diésel. El Evolux Diesel aumentó de $2.283 a $2.319, mientras que el V-Power Diesel registró uno de los incrementos más pronunciados y alcanzó los $2.589, luego de cotizar previamente en $2.453. El GNC, en tanto, se mantuvo estable en $848.

Por su parte, Axion Energy también retocó sus valores en las últimas semanas. La nafta Súper pasó de $2.147 a $2.169 y la Quantium aumentó de $2.419 a $2.429.

En el segmento diésel, el Axion Diesel X10 permaneció en $2.279, aunque el Quantium Diesel X10 avanzó de $2.499 a $2.519. El GNC no presentó modificaciones y continúa en $849.

El nuevo esquema tarifario volvió a evidenciar una marcada dispersión entre petroleras. Las diferencias superan ampliamente los cien pesos en algunos productos y se vuelven todavía más notorios en las líneas premium, donde la distancia entre marcas puede acercarse a los $250 por litro.

Detrás de estas variaciones conviven múltiples factores: la actualización de costos logísticos, los movimientos del precio internacional del petróleo, la carga impositiva y las estrategias comerciales de cada compañía en un mercado que atraviesa una etapa de reacomodamiento permanente.

En la práctica, el escenario obliga a los consumidores a comparar cada vez más antes de cargar combustible. La elección de una u otra estación ya no responde solamente a cuestiones de cercanía o fidelidad de marca, sino también al impacto directo que esas diferencias generan sobre el bolsillo, especialmente en sectores vinculados al transporte, la producción y el trabajo diario.

Con ajustes cada vez más frecuentes y sin una referencia uniforme entre petroleras, el mapa de precios en San Juan continúa mostrando una dinámica cambiante que profundiza la incertidumbre en torno al costo de movilidad y la evolución del consumo.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud anunció una jornada federal de protesta para este miércoles, con paro y movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes millonarios, faltantes de medicamentos, debilitamiento de programas esenciales y un retroceso creciente en el acceso a la atención sanitaria.

La conflictividad en el sistema sanitario nacional sumará este miércoles 20 de mayo un nuevo episodio de fuerte voltaje político y social. Gremios, profesionales y organizaciones vinculadas a la salud pública realizarán una jornada federal de lucha para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas de asistencia, cobertura de medicamentos y políticas de prevención.

La protesta fue convocada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud bajo la consigna “La salud no puede esperar” e incluirá un paro nacional, movilizaciones en distintas provincias y una marcha central hacia Plaza de Mayo. La concentración comenzará a las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, desde donde las columnas avanzarán hacia la Casa Rosada.

Desde el sector sanitario advierten que el deterioro dejó de percibirse únicamente en términos administrativos o presupuestarios y ya empieza a expresarse de manera directa en la atención cotidiana. La reducción de partidas para medicamentos, la discontinuidad de programas y las dificultades para sostener prestaciones básicas configuran un cuadro que sindicatos y entidades médicas describen como “crítico”.

Durante la presentación de la medida de fuerza, referentes de FESINTRAS denunciaron que el Gobierno “avanza en la destrucción de la salud como derecho” mediante recortes que afectan áreas sensibles del sistema público. Entre las principales objeciones aparecen la reducción en la entrega de vacunas, el debilitamiento del PAMI, el ajuste sobre programas nacionales y las limitaciones crecientes para acceder a tratamientos de alto costo.

Uno de los puntos más cuestionados es la situación del programa Remediar, históricamente destinado a garantizar medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Desde el Foro por el Derecho a la Salud alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de herramientas que permitían sostener cobertura gratuita para miles de pacientes en todo el país.

La protesta también buscará mostrar el impacto del recorte presupuestario aplicado sobre el área sanitaria. Según denunciaron las organizaciones gremiales, el Gobierno redujo en 63 mil millones de pesos las partidas destinadas al sistema de salud, con un fuerte impacto sobre programas de acceso a medicamentos e insumos médicos. Parte de esos recursos financiaban el Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la provisión de tratamientos otorgados por vía judicial.

Lejos de tratarse de un recorte aislado, los trabajadores sostienen que la poda presupuestaria se profundizó a lo largo de los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales citados por las entidades sindicales, el Ministerio de Salud acumula una reducción superior a los 741 mil millones de pesos respecto de las partidas originalmente previstas para 2026.

El malestar también alcanza a otros segmentos sensibles del sistema sanitario. Las organizaciones denunciaron el “desguace” del Programa Nacional de Inmunizaciones, las restricciones en políticas de salud mental, los problemas de financiamiento en discapacidad y las deudas acumuladas con prestadores y profesionales.

En este sentido, el conflicto vuelve a exponer una preocupación que crece dentro del sector: la sobrecarga sobre hospitales públicos ante la pérdida de cobertura de miles de familias. Según advirtieron desde el Foro por el Derecho a la Salud, cada vez más pacientes dependen exclusivamente del sistema estatal mientras se reducen recursos, personal e infraestructura.

“El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, sostuvo Manuel Fonseca, uno de los referentes de la organización convocante, al advertir sobre el impacto social de las medidas económicas aplicadas sobre el área sanitaria.

La jornada de protesta de este miércoles buscará además instalar el debate sanitario en el centro de la discusión pública en un presente de fuerte presión sobre el gasto estatal. Mientras el Gobierno defiende el recorte como parte de su programa de equilibrio fiscal, gremios y profesionales sostienen que el deterioro de la salud pública ya atraviesa un límite delicado y amenaza con profundizar desigualdades en el acceso a la atención médica en todo el país.