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La encuesta de Zuban Córdoba, que se realizó en todo el país a principio de octubre, reveló el deterioro de la imagen de Milei desde abril hasta el décimo mes del año, que pasó de 52,5% a 58,6% negativa; mientras que la positiva cayó de 47,2% a 40,3%.

El mandatario decidió enfrentarse a las universidades públicas, una de las instituciones más creíbles de la sociedad argentina, y esto impulsó su debilitamiento público, pese a la baja de la inflación y la estabilidad en los mercados cambiarios.

Según los expertos que realizaron la encuesta, «pocos temas han generado tanta sensibilidad en la opinión pública como las universidades en la era Milei». Además, remarcaron que «el consenso es mayoritario y contundente: el 99% cree que la educación es la herramienta para crecer como país».

El estudio reveló que el 91% está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social.

En este marco, remarcaron que los encuadres del discurso oficial son importantes: ‘la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas’, ‘el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos’, han mostrado que la reacción pública impacta en el tono del presidente, aunque no parece tener intención de dar marcha atrás en la cuestión del financiamiento.

En este sentido, plantearon: «¿Será este el talón de Aquiles de Milei? Los intentos por bajarle el tono a la protesta no dispersaron a la comunidad universitaria, que sigue en el reclamo por el déficit en el financiamiento” y “es difícil imaginar réditos concretos para el Gobierno en esta crisis», destacaron.

«Al contrario, los intentos prematuros para clausurar el proceso de crisis de estos días demuestran que hay una situación de incomodidad de la que los actores oficiales no saben muy bien cómo salir. Es difícil cambiar de dirección luego de hacer una apuesta política arriesgada», agregaron.

«La conclusión inevitable de nuestro estudio es que las universidades cuentan con una imagen sólida en la sociedad. La profundización de una crisis montada sobre algo tan sensible para la mayoría de los argentinos puede ser un sendero peligroso. Es un error que suele generar profundos procesos de desgaste y que dejan a las gestiones en posiciones de debilidad», cerró.

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El Gobierno acelera su mapa de privatizaciones y apunta a cinco empresas públicas

La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.

AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.

Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.

El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.

El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.

La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.

A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.

La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.

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El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas

El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.


El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.

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Con respaldo de 54 sindicatos, Cabello inicia otro mandato en la CGT San Juan

Eduardo Cabello continuará durante otros cuatro años al frente de la CGT Regional San Juan. El titular de la UOCRA fue reelegido este martes por aclamación durante el plenario realizado en la sede del SUOES, donde participaron 54 de los 64 sindicatos habilitados para votar.

La lista encabezada por Cabello recibió el respaldo de todos los gremios presentes y fue proclamada por Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional, quien viajó a San Juan para participar de la renovación de autoridades. La definición le permitirá al dirigente completar un nuevo período y alcanzar, al finalizarlo, 22 años como secretario General de la central obrera provincial.

La elección, sin embargo, estuvo precedida por una disputa que modificó la composición de la conducción. Siete sindicatos vinculados a la Mesa Intersindical resolvieron retirarse del plenario luego de que no prosperaran las negociaciones para conformar una lista de unidad. Al no integrar la nómina finalmente proclamada, quedaron fuera de los cargos de la nueva estructura.

Daer buscó relativizar el alcance de la ruptura y sostuvo que la central no quedó dividida formalmente. “No hay una CGT partida, se van a integrar después”, afirmó el dirigente nacional, quien también convocó a los gremios que se retiraron a regresar a la conducción y participar del debate interno.

Durante el plenario, Daer reivindicó además el peso institucional de la CGT y planteó que su objetivo era garantizar la renovación de autoridades de la central sanjuanina. “Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”, sostuvo.

Cabello, por su parte, defendió la legitimidad del proceso y atribuyó la salida de los opositores a una decisión propia. “Hoy ganó el sindicalismo; quien haya ido por otro lado e intentó hacer una interna, perdió”, afirmó después de la elección.

El dirigente de la UOCRA remarcó que las autoridades debían ser elegidas de acuerdo con los estatutos y sostuvo que mantener la estructura administrativa en regla resulta indispensable para respaldar futuras acciones gremiales. “Primero hay que estar en regla, dentro de lo que el estatuto dice”, señaló.

La nueva conducción estará integrada, entre otros dirigentes, por Ricardo Cardozo, de STOTAC; Iván Malla, de AOMA; y Lilia Martín, de Luz y Fuerza. La renovación también introdujo modificaciones en varios cargos respecto de 2022.

Víctor Menéndez, del SUOES, pasó de la Subdelegación Regional a la Secretaría de Vivienda. En Luz y Fuerza, Carlos Zabaleta dejó la Subsecretaría Gremial para asumir la Secretaría de Asuntos Energéticos.

También hubo continuidad con cambios de denominación o representación. Héctor Marcelo Maldonado, de UTA, conservará la Secretaría de Transporte, AJEPROC SAN JUAN ocupará la Susecretaría de prensa y comunicación, mientras que Oscar Saffe continuará por ATSA en el área de Salud Laboral. STOTAC mantendrá su peso en la conducción a través de Cardozo y APOPS seguirá representado, aunque ahora por Montaño en reemplazo de Claudio Velázquez.

La nueva etapa comienza así con una conducción formalmente definida y una composición diferente a la de 2022. Cabello conserva el máximo cargo con el respaldo de los sindicatos que participaron del plenario, mientras la convocatoria de Daer a reincorporar a los gremios disidentes deja abierta la posibilidad de una futura recomposición de la estructura sindical sanjuanina.

El desafío inmediato para la nueva conducción será sostener la cohesión interna y preservar la capacidad de representación de la CGT frente a los reclamos laborales. Cabello resumió esa orientación al señalar que la central continuará trabajando para “tender puentes” y favorecer la generación de empleo.

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