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La encuesta de Zuban Córdoba, que se realizó en todo el país a principio de octubre, reveló el deterioro de la imagen de Milei desde abril hasta el décimo mes del año, que pasó de 52,5% a 58,6% negativa; mientras que la positiva cayó de 47,2% a 40,3%.

El mandatario decidió enfrentarse a las universidades públicas, una de las instituciones más creíbles de la sociedad argentina, y esto impulsó su debilitamiento público, pese a la baja de la inflación y la estabilidad en los mercados cambiarios.

Según los expertos que realizaron la encuesta, «pocos temas han generado tanta sensibilidad en la opinión pública como las universidades en la era Milei». Además, remarcaron que «el consenso es mayoritario y contundente: el 99% cree que la educación es la herramienta para crecer como país».

El estudio reveló que el 91% está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social.

En este marco, remarcaron que los encuadres del discurso oficial son importantes: ‘la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas’, ‘el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos’, han mostrado que la reacción pública impacta en el tono del presidente, aunque no parece tener intención de dar marcha atrás en la cuestión del financiamiento.

En este sentido, plantearon: «¿Será este el talón de Aquiles de Milei? Los intentos por bajarle el tono a la protesta no dispersaron a la comunidad universitaria, que sigue en el reclamo por el déficit en el financiamiento” y “es difícil imaginar réditos concretos para el Gobierno en esta crisis», destacaron.

«Al contrario, los intentos prematuros para clausurar el proceso de crisis de estos días demuestran que hay una situación de incomodidad de la que los actores oficiales no saben muy bien cómo salir. Es difícil cambiar de dirección luego de hacer una apuesta política arriesgada», agregaron.

«La conclusión inevitable de nuestro estudio es que las universidades cuentan con una imagen sólida en la sociedad. La profundización de una crisis montada sobre algo tan sensible para la mayoría de los argentinos puede ser un sendero peligroso. Es un error que suele generar profundos procesos de desgaste y que dejan a las gestiones en posiciones de debilidad», cerró.

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Departamentales

Más aulas y tecnología para los estudiantes de Difunta Correa

La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.

Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.

La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.

“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.

La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.

El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.

Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.

De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.

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Destacadas

El Gobierno acelera su mapa de privatizaciones y apunta a cinco empresas públicas

La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.

AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.

Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.

El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.

El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.

La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.

A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.

La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.

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Destacadas

El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas

El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.


El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.

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