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La Cámara de Diputados retomará el próximo martes el debate de los proyectos de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, luego de que fracasara meses atrás el intento de incluirlo dentro de la Ley Bases.

Un plenario de las comisiones de Transportes y Presupuesto y Hacienda volverá a la carga el martes a las 11 hs con el plan del Gobierno y de sectores que comparten la cruzada para terminar con la propiedad estatal exclusiva de la aerolínea de bandera.

La intención del Poder Ejecutivo es terminar con la metodología de los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados, con todos los problemas derivados de la reprogramación de los vuelos.

Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.

Hay una fuerte resistencia de los gremios de la aeronáutica comercial para que el proyecto prospere, y cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda y diputados sueltos de distintos bloques minoritarios.

Sin embargo, en principio, el oficialismo contaría con los votos, ya que además de La Libertad Avanza, coinciden en la arremetida privatizadora sus socios del PRO, del MID, la UCR, la Coalición Cívica y una parte importante de Encuentro Federal e Innovación Federal.

Más allá de si logran ese primer objetivo en lo inmediato, la apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses.

Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Javier Milei, o bien con la iniciativa del diputado ultramacrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización.

El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo.

Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).

En la primera reunión informativa ocurrida el 25 de septiembre pasado había estado presente el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien defendió la idea de generar un régimen de cielos abiertos y libre competencia.

“El proyecto que hoy se está presentando es en un contexto distinto, del mundo y de la Argentina. Hicimos un trabajo de desregulación de la normativa. No puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país. Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”, dijo.

Y agregó que “con la desregulación aérea, que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región”.

El funcionario argumentó que ya eliminaron “las bandas tarifarias que impedían que se puedan ofrecer tarifas más bajas, quitamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas, agilizamos la operación de nuevas aerolíneas, reglamentamos la cooperación entre empresas y la operación de aeronaves de menor porte, facilitamos el uso de espacios en aeropuertos que antes copaba Aerolíneas Argentinas. Desregulamos todo el sector para que los argentinos tengamos mayor conectividad”.

“No es un ataque a Aerolíneas Argentinas”, advirtió Mogetta. “Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funciona para otras aerolíneas. Hoy es una compañía que tuvo que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado Argentino. Es mucho dinero que no estamos en condiciones de entregar”, puntualizó.

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La salud en alerta: trabajadores de todo el país se movilizan por salarios dignos

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) impulsa una coordinación federal de la protesta en todo el país, exigiendo un salario de ingreso igual al valor de la canasta familiar de consumos básicos. Los trabajadores de la salud en diversas provincias se movilizan y realizan paros en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

Esta crisis salarial en el sistema de salud pública argentina ha alcanzado un punto crítico, con medidas de fuerza que se multiplican en diversas provincias. A continuación, un informe detallado de la situación de cada provincia en conflicto:

  • Neuquén: Los profesionales de la salud iniciaron un paro de cinco días tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno provincial. La falta de una propuesta salarial concreta ha generado gran descontento entre los trabajadores.
  • Provincia de Buenos Aires: Los trabajadores becarios exigen su pase a planta permanente. En ese marco, marcharán hacia el Ministerio de Salud bonaerense, en La Plata, para reclamar por sus derechos.
  • San Luis: La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) realizará una jornada de movilización intersindical en reclamo de la apertura de paritarias y una urgente recomposición salarial.
  • Chaco: La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (Aptasch) encabezará una marcha a la Casa de Gobierno junto a otros gremios estatales para reclamar por mejoras salariales y condiciones laborales.
  • San Juan: La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Asprosa) denunció que el gobierno provincial solo reconoce salarialmente a los médicos, dejando fuera de la negociación a otros profesionales del sector. Los trabajadores de la salud en San Juan se suman a la lucha nacional por un salario digno y condiciones laborales justas.

La Federación Sindical impulsa una coordinación federal de la protesta, buscando visibilizar el reclamo y presionar a los gobiernos provinciales y nacionales para que tomen medidas concretas. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, advirtió que «el fracaso de la negociación en el Garrahan por la falta de propuestas del gobierno es un hecho que se repite en todo el país».

El reclamo central que une a las distintas organizaciones es la exigencia de un salario de ingreso igual al valor de la canasta familiar de consumos básicos, estimada por ATE-INDEC en $1.840.000. Los trabajadores de la salud en todo el país están decididos a luchar por sus derechos y exigir un salario digno.

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Eduardo Cabello: “El fallo judicial que frena el DNU es un freno necesario al autoritarismo del gobierno”

El titular de la CGT San Juan y secretario general de UOCRA, Eduardo Cabello, celebró el reciente fallo que declaró inconstitucional el DNU que limitaba el derecho a huelga. Además, brindó un profundo análisis sobre la crítica situación de las obras sociales, el empleo y la necesidad de unidad del movimiento obrero.

El reciente fallo de la Justicia Laboral que declaró inconstitucional el DNU del Gobierno Nacional que restringía el derecho a huelga fue recibido con alivio por gran parte del sindicalismo argentino. Desde San Juan, Eduardo Cabello expresó el sentir del movimiento obrero: “La justicia está actuando con madurez, recordándole al gobierno que no puede avasallar derechos adquiridos como si fuera un emperador.” Además, advirtió que el oficialismo ya manifestó su intención de apelar ante la Corte Suprema, y señaló que gobiernan “a través del miedo, la presión y la amenaza”.

Obras sociales en crisis: “Gastamos más de lo que tenemos”

Otro eje crítico que abordó referente sindical fue la situación de las obras sociales sindicales, las cuales se encuentran al borde del colapso, principalmente por el aumento de la informalidad laboral, la falta de aportes y el congelamiento de salarios.

“Este problema es de larga data, pero se ha agravado brutalmente. Hoy se gasta más de lo que se recibe, porque no hay empleo formal, no hay paritarias libres, y todo sube menos los sueldos. La salud es el área más sensible, y el trabajador siente ese abandono.” Cabello también hizo una autocrítica: “Hemos sido demasiado solidarios, cubriendo a quienes nunca aportaron. Hoy esa deuda millonaria y estructural nos pasa factura.

El desempleo y la pobreza: consecuencias del ajuste

Eduardo Cabello analizó también el deterioro del mercado laboral y el tejido social: “La pobreza y el desempleo crecen día a día. El gobierno quiere mostrar una baja de la inflación, pero es a costa del empobrecimiento de la gente. Y como ya vivimos en los 90, ahora vuelve el fantasma del desempleo y la desesperanza.” Insistió en que “la realidad se va a mostrar con el tiempo”, y que muchos argentinos ya están perdiendo la fe en las promesas del oficialismo.

CGT unida frente al ajuste: una señal de fortaleza

Ante los intentos de fragmentar al movimiento obrero, Cabello fue contundente: “La unidad no es perfecta ni monolítica, pero está firme. Podemos pensar distinto, pero cuando se trata de defender a los compañeros, todos tiramos para el mismo lado. Gracias a eso, tenemos peso para sentarnos en mesas como el Pacto de Mayo y plantear nuestras posiciones.”

Como cierre del diálogo con Mundo Laboral, Cabello remarcó: “La información maneja la acción. Solo si estamos bien informados, podemos actuar y resistir. Hay que estar atentos y vigilantes, porque este gobierno necesita límites.

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Gobernadores vs. Vialidad Nacional: un conflicto por la gestión de los fondos

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) criticó el proyecto de los gobernadores provinciales para recibir directamente los fondos del impuesto a los combustibles, argumentando que podría desmantelar el sistema vial nacional y comprometer la coherencia territorial.

La posición del sindicato

Graciela Aleñá, líder del STVyARA, cuestionó técnicamente el proyecto y sostuvo que la administración de los fondos por parte de Vialidad Nacional es esencial para garantizar la coherencia territorial y la planificación estratégica nacional. «La provincialización de los fondos puede tener una motivación legítima desde las necesidades locales, pero puede comprometer la planificación estratégica nacional», afirmó.

Aleñá destacó la importancia de la planificación estratégica nacional para garantizar la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país. «La red vial argentina requiere una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales», afirmó.

La dirigente gremial advirtió que la desarticulación del sistema vial nacional tendría consecuencias graves, incluyendo la pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada.

Aleñá destacó también la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con lo que mandan las leyes vigentes y garantice que los fondos específicos del impuesto a los combustibles se apliquen con el criterio federal y estratégico para el que fueron creados. «No se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa», concluyó.

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