Las 60 universidades nacionales amanecieron este lunes prácticamente paralizadas por un paro total de actividades durante 24 horas, en el marco de una semana de visibilización del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público argentino.

La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y se desarrolla de manera conjunta con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa a los trabajadores nodocentes del sector.

Según informaron desde las organizaciones gremiales, la jornada registra un nivel de acatamiento cercano al 100% en numerosas casas de estudio públicas, reflejando la magnitud del malestar que atraviesa a docentes y trabajadores universitarios.

Reclamo por paritarias y deterioro salarial

El eje central del conflicto gira en torno a la falta de convocatoria a paritarias y a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que denuncian los trabajadores del sector.

Desde FEDUN sostienen que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios universitarios vienen registrando una caída sostenida frente a la inflación, lo que —según afirman— constituye la mayor pérdida salarial de las últimas décadas dentro del sistema educativo superior.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió que la falta de negociación con el Ejecutivo agrava el conflicto.

“Con la pérdida salarial actual no están dadas las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas en las universidades públicas”, sostuvo el dirigente.

De acuerdo con los cálculos del gremio, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de deterioro salarial, y estiman que sería necesario un incremento del 55,4% para recomponer el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la actual gestión nacional.

Presupuesto universitario bajo presión

El paro también busca destacar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. Los sindicatos denuncian que el financiamiento del sistema se encuentra en una situación crítica y reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Ricci advirtió que el incumplimiento de esa normativa no solo afecta los salarios sino también la estabilidad institucional del sistema educativo superior.

“Es grave para la democracia que un gobierno se niegue a cumplir una ley”, afirmó el dirigente, al referirse al escenario presupuestario que enfrentan las universidades.

Defensa de la universidad pública

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la protesta forma parte de un plan de acciones más amplio impulsado por el frente gremial universitario, que incluye poner de manifiesto, actividades públicas y nuevas medidas de protesta si no se abre una instancia de negociación salarial.

El paro de este lunes vuelve a colocar en el centro del debate la sostenibilidad del sistema universitario argentino, mientras el conflicto salarial continúa sin señales de resolución inmediata.

La decisión del Gobierno nacional de implementar un plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió un nuevo foco de conflicto con los sindicatos del organismo, que denuncian presiones sobre los trabajadores y advierten sobre el posible debilitamiento institucional del sistema previsional.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, firmada por Fernando Omar Bearzi, y establece la puesta en marcha del denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), un mecanismo de desvinculación laboral por acuerdo entre el trabajador y el organismo.

La medida se sustenta en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, que contempla la extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de ambas partes.

Cómo funcionará el retiro voluntario

El esquema establece que los acuerdos deberán formalizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente de la Secretaría de Trabajo, y posteriormente ser homologados para su validez legal. La gestión operativa del proceso estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES.

El programa está dirigido a trabajadores con al menos dos años de antigüedad en el organismo y prevé un período de adhesión que se extenderá hasta el 5 de abril de 2026.

No podrán acceder al retiro quienes se encuentren procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los trabajadores con procedimientos disciplinarios en curso, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado renuncia, los mayores de 62 años o quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan de ellos.

Asimismo, el régimen establece que los empleados con mandato sindical vigente deberán renunciar previamente a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherir al programa.

Rechazo sindical y denuncias de presión

La medida fue cuestionada por los gremios que representan a los trabajadores del organismo, entre ellos el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) y la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS).

Desde SECASFPI denunciaron que el plan se implementa en un contexto de reclamos por recomposición salarial y reapertura de paritarias, lo que —según el sindicato— genera presión económica sobre los trabajadores para aceptar la desvinculación.

“Mientras las y los trabajadores reclamamos paritarias y recomposición salarial, el gobierno responde con retiros ‘voluntarios’”, señalaron desde la conducción gremial.

El sindicato también advirtió que las condiciones actuales podrían forzar decisiones que, en un contexto laboral estable, no serían consideradas por los empleados.

Advertencias sobre la pérdida de experiencia

Desde APOPS, el secretario general Fabián Montaño sostuvo que el retiro voluntario no debe interpretarse como un beneficio para los trabajadores, sino como una herramienta para reducir la planta del organismo, especialmente entre quienes poseen mayor antigüedad y experiencia.

“El retiro voluntario no es una política de mejora para los trabajadores. Es una forma de reducir la planta del organismo bajo la apariencia de una decisión individual y voluntaria”, afirmó el dirigente.

Según el gremio, la salida de personal con trayectoria podría afectar áreas estratégicas del organismo, deteriorando la atención al público y la capacidad administrativa para sostener programas sociales y previsionales.

Temor por el impacto en la seguridad social

Desde las organizaciones sindicales sostienen que la medida forma parte de un proceso más amplio de reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que —según advierten— podría poner en riesgo el funcionamiento de instituciones clave del sistema de protección social.

El dirigente de SECASFPI Carlos Ortega comparó la situación con el proceso de reformas estatales de la década de 1990 y alertó sobre un posible vaciamiento progresivo del organismo.

En la misma línea, Fernando Toledo, integrante de la conducción nacional del gremio, había advertido previamente que podrían producirse hasta 2500 desvinculaciones bajo distintas modalidades.

Un debate que trasciende lo laboral

Para los sindicatos, la discusión no se limita a la situación de los trabajadores del organismo. Aseguran que el eventual achicamiento de la plantilla también podría afectar la capacidad del Estado para garantizar prestaciones previsionales y políticas sociales que alcanzan a millones de argentinos.

“Cuando se debilita ANSES no se trata solamente de un problema laboral”, advirtió Montaño. “Estamos hablando de la institución que administra el sistema previsional y múltiples políticas sociales”.

En ese aspecto, los gremios insisten en que la defensa del empleo en ANSES también implica defender una seguridad social pública, profesional y con presencia federal, en un escenario donde el debate sobre el rol del Estado vuelve a ocupar el centro de la agenda política y sindical.

La caída de la recaudación nacional en el inicio de 2026 impactó de lleno en la coparticipación federal. En febrero los envíos automáticos a las provincias cayeron 7,5% en términos reales y profundizaron un deterioro que comenzó el año pasado. El escenario complica las negociaciones salariales y reduce el margen fiscal de los distritos.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero los envíos automáticos totalizaron $5,44 billones, lo que representó una caída real interanual del 7,5%. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor y alcanzó el 9,5%, confirmando una tendencia descendente que se arrastra desde 2025 y que ahora se profundiza.

El deterioro de los recursos afecta a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligando a los gobiernos locales a recalcular sus estrategias fiscales en un contexto atravesado por negociaciones salariales, presiones sindicales y demandas crecientes de gasto público.

Entre los distritos más afectados aparece la Provincia de Buenos Aires, que entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 dejó de recibir alrededor de 10,9 billones de pesos respecto de lo que habría percibido si se hubieran mantenido los niveles de transferencias de 2023.

Detrás se ubican la Provincia de Santa Fe, con una pérdida cercana a 2,2 billones de pesos, y la Provincia de Córdoba, con una merma de aproximadamente 1,9 billones.

También registraron recortes superiores al billón de pesos distritos como Provincia del Chaco, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santiago del Estero y Provincia de Tucumán.

En el caso de Provincia de San Juan, la pérdida acumulada entre 2024 y el inicio de 2026 asciende a unos 700.000 millones de pesos, un recorte que condiciona la planificación presupuestaria provincial.

Menor recaudación nacional

El principal factor detrás del retroceso en la coparticipación es la caída de la recaudación nacional. Según explicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales durante el primer bimestre del año.

En ese período, la recaudación nacional perdió cerca de $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso de 2025.

Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:

IVA, con una caída de $1,68 billones.
Retenciones a las exportaciones, con una baja de $587.000 millones.
Aportes y contribuciones a la seguridad social, con una reducción de $455.000 millones. El único tributo que mostró una mejora fue el impuesto a los combustibles, que registró un aumento real de $71.000 millones.

Impacto en Nación y provincias

La contracción de los ingresos tributarios afecta tanto al Tesoro nacional como a las administraciones provinciales. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron 7,6%.

En valores nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir unos $2,4 billones, mientras que los distritos resignaron cerca de $930.000 millones.

Parte de esta dinámica responde a modificaciones impositivas y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.

Con ingresos en descenso, negociaciones salariales en marcha y menores transferencias desde la Nación, las provincias enfrentan un año marcado por presiones fiscales. Si la caída de la recaudación se mantiene y no es compensada por ajustes en el gasto o nuevas fuentes de financiamiento, los resultados fiscales tenderán a deteriorarse. En ese delicado equilibrio entre disciplina presupuestaria y demandas sociales se jugará buena parte de la estabilidad financiera de los distritos durante 2026.