La Provincia entregó 53 viviendas en Jáchal, distribuyó computadoras a 835 estudiantes y otorgó elementos de accesibilidad a personas con discapacidad. Además, anunció la repavimentación de un tramo de Abraham Tapia, en Rawson.

La entrega de viviendas a 53 familias de Jáchal fue una de las principales acciones concretadas por el Gobierno de San Juan durante la última semana, en una agenda que también incluyó equipamiento tecnológico para estudiantes, elementos destinados a mejorar la autonomía de personas con discapacidad y una nueva obra vial en Rawson.

El conjunto habitacional entregado en el departamento del norte provincial cuenta con los servicios necesarios para su funcionamiento y permitió a las familias adjudicatarias acceder finalmente a una vivienda propia. La incorporación de esos hogares al entramado urbano representa, además, una mejora en las condiciones de permanencia de las familias en su lugar de residencia.

La agenda educativa tuvo otro de sus puntos fuertes en Jáchal, donde 835 alumnos de escuelas primarias, secundarias y técnicas recibieron computadoras. La medida apunta a reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y a incorporar tecnología como apoyo para las trayectorias escolares.

La asistencia alcanzó también a personas con discapacidad de nueve departamentos. En total fueron distribuidos 24 kits para adaptar baños y ocho tricicletas, recursos orientados a facilitar desplazamientos, mejorar la accesibilidad dentro de los hogares y favorecer una mayor autonomía en las tareas cotidianas.

En materia de infraestructura, la Provincia anunció la repavimentación de la calle Abraham Tapia, en Rawson, entre avenida de Circunvalación y Callejón Coria. La intervención permitirá renovar una vía de circulación utilizada por vecinos de una zona de creciente tránsito y mejorar las condiciones de desplazamiento.

La obra vial tendrá además incidencia sobre el empleo durante su ejecución, a partir de la contratación de mano de obra vinculada a los trabajos de construcción y mantenimiento.

Este paquete de medidas prioriza la vivienda, la educación, la accesibilidad y la infraestructura local. A través de obras y programas de diferente alcance, la gestión provincial busca dar respuesta directa a las necesidades de las familias sanjuaninas y mantener activo el rol del Estado.

Las autoridades provinciales anticipan que el Río San Juan superará ampliamente su promedio histórico de casi 2.000 hectómetros cúbicos. La abundante nieve acumulada en alta cordillera permitiría recuperar las reservas de Caracoles, Punta Negra y Ullum, aunque el pronóstico definitivo se conocerá recién en octubre.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, evitó anticipar una cifra definitiva hasta completar las mediciones en la cordillera, pero adelantó que el comportamiento del río estará muy por encima de los registros habituales. El promedio histórico ronda los 2.000 hectómetros cúbicos, una referencia que, según el funcionario, será ampliamente superada durante el próximo ciclo.

La mejora en los aportes permitiría recuperar el almacenamiento de Caracoles, Punta Negra y Ullum, después de las restricciones que marcaron los últimos años. Con las reservas fortalecidas, la provincia podría contar con mayor margen para administrar los desembalses y sostener un escurrimiento más continuo por el cauce del Río San Juan.

La principal explicación está en la extraordinaria acumulación de nieve registrada durante el invierno en la alta cordillera. Las mediciones preliminares muestran espesores superiores a tres metros de nieve consolidada en determinados puntos, una magnitud muy distante de los registros de apenas 40 o 50 centímetros que se observaron durante los períodos más críticos de la sequía.

La cantidad acumulada también obligó a modificar la logística de los relevamientos. Personal de la Dirección de Hidráulica de San Juan y de la Dirección General de Irrigación de Mendoza coordinaron criterios de medición y equipamiento para afrontar las condiciones en altura.

Devia explicó que los trabajadores deben desplazarse con nieve hasta la cintura y utilizar barrenos capaces de atravesar grandes espesores para determinar con precisión la cantidad y las características del manto. Por esa razón fue necesario incorporar equipamiento específico, entre ellos raquetas adecuadas para desplazarse sobre la superficie nevada.

La evaluación conjunta entre ambas provincias apunta a obtener mediciones comparables y mejorar la precisión del pronóstico de derrame. La tarea, sin embargo, está condicionada por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de utilizar aeronaves habilitadas para operar en altura dentro de ventanas de vuelo seguras.

Ese factor podría demorar la presentación del pronóstico oficial. La estimación definitiva del volumen que aportará el deshielo está prevista para mediados de octubre, mientras los técnicos mantienen abierta la posibilidad de que nuevas nevadas tardías modifiquen los registros actuales.

El cambio resulta especialmente relevante para una provincia cuya producción agrícola, el abastecimiento poblacional y buena parte de su matriz económica dependen de la disponibilidad de agua. Si las proyecciones se confirman, el próximo ciclo permitiría recuperar reservas estratégicas y disponer de un margen de administración mucho mayor al de las temporadas marcadas por la sequía.

La confirmación final dependerá de las mediciones de nieve y de la evolución del deshielo, pero el dato preliminar ya marca una diferencia sustancial: por primera vez en varios años, San Juan se prepara para administrar abundancia hídrica en lugar de concentrar sus esfuerzos en administrar la escasez.

Una iniciativa ciudadana presentada ante la Cámara de Diputados propone declarar por 12 meses la emergencia por sobreendeudamiento familiar. El proyecto contempla refinanciaciones de hasta 48 meses, quitas de intereses, protección de los salarios y medidas específicas para deudores de Banco San Juan.

El 20,49% de mora registrado en San Juan, por encima del promedio nacional del 17,4%, impulsó la presentación ante la Cámara de Diputados de un proyecto que propone establecer un régimen extraordinario para las familias con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La iniciativa fue presentada como proyecto ciudadano por el abogado y dirigente de Compromiso, Marcelo Arancibia, y plantea declarar durante 12 meses la emergencia provincial en materia de sobreendeudamiento familiar y protección de ingresos. El Poder Ejecutivo podría extenderla una única vez por un período de hasta un año.

Los datos utilizados para fundamentar la propuesta, elaborados a partir de registros del Banco Central actualizados a junio de 2026, indican que 313.519 sanjuaninos mantienen deudas formales, equivalentes al 38,1% de la población provincial. De ese universo, 101.156 personas presentan mora grave.

El proyecto establece que la asistencia sea gratuita y alcance no sólo a quienes ya incumplieron sus pagos, sino también a aquellos que destinan más del 30% de sus ingresos al servicio de sus deudas o que, aun estando al día, no pueden cumplir con esas obligaciones sin comprometer gastos esenciales.

Refinanciación y protección de ingresos

La propuesta contempla un mecanismo administrativo de diagnóstico y conciliación destinado a ordenar las obligaciones financieras de cada beneficiario. Entre las herramientas previstas figuran la consolidación de saldos, eliminación de cargos considerados ilegítimos, condonación de intereses moratorios y punitorios, reducción de intereses compensatorios y planes de pago de hasta 48 meses.

El principio planteado es el de un “esfuerzo compartido” entre quienes contrajeron las obligaciones y los proveedores de crédito, con el propósito de evitar que la regularización termine agravando la pérdida de ingresos de los hogares.

Uno de los capítulos está dirigido específicamente a Banco San Juan, agente financiero provincial. El proyecto propone que el Ejecutivo negocie una modificación del contrato de vinculación para incorporar condiciones especiales destinadas a los deudores alcanzados: eliminación de cargos no pactados, quita de intereses moratorios y punitorios, reducción de intereses compensatorios, 90 días de gracia y financiación de hasta cuatro años.

También se plantea una protección sobre los salarios de los empleados públicos. Durante la emergencia, quienes resulten alcanzados podrían solicitar la suspensión durante 12 meses de los códigos de descuento voluntarios correspondientes a préstamos, compras financiadas y otras obligaciones comerciales. La deuda seguiría vigente, pero el acreedor debería ofrecer un mecanismo gratuito para continuar con los pagos.

La iniciativa fija, además, un límite para esas deducciones: los descuentos voluntarios no podrían reducir el haber disponible por debajo del 80% de la remuneración neta, una vez efectuadas las retenciones obligatorias.

Impuestos, juego online y control

El proyecto incorpora medidas tributarias transitorias para determinados contribuyentes vinculados con la vivienda única y un vehículo destinado al uso personal, familiar o laboral. También contempla beneficios sobre el componente provincial de Ingresos Brutos en casos determinados e invita a los municipios a adoptar disposiciones similares.

Otro capítulo apunta al juego online. Los operadores no podrían conceder créditos, adelantos ni permitir saldos negativos para financiar apuestas, ni presentar esa práctica como una vía para resolver obligaciones económicas. También se establecen exigencias vinculadas con la capacidad de pago y límites a mecanismos abusivos de cobranza.

La propuesta aclara que el Estado provincial no asumiría ni garantizaría las deudas privadas. El objetivo sería facilitar acuerdos que permitan regularizarlas sin comprometer recursos destinados a alimentación, vivienda, salud o educación.

Como herramienta permanente, finalmente, se propone crear un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares, destinado a recopilar y publicar información sobre morosidad y nivel de obligaciones financieras.

El proyecto deberá ahora conseguir respaldo parlamentario para ingresar al circuito legislativo. Al haber sido presentado mediante iniciativa ciudadana, sus impulsores buscan que alguno de los bloques o legisladores lo adopte formalmente y habilite su tratamiento en las comisiones correspondientes. El debate pondrá en discusión hasta dónde puede intervenir la Provincia frente a una problemática financiera que combina pérdida de poder adquisitivo, crédito de consumo y creciente morosidad familiar.