Mientras gobernadores y sindicalistas concentran sus objeciones en la coparticipación y el poder gremial, el proyecto de reforma laboral del Gobierno avanza con transformaciones profundas que modifican salarios, jornadas, despidos, vacaciones y protección social. Una batería de cambios que reconfigura la relación capital-trabajo y afecta directamente la vida diaria de millones de empleados.

La discusión pública en torno a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero parece concentrarse en dos frentes visibles: la pérdida de recursos coparticipables que denuncian los gobernadores de la oposición moderada y el debilitamiento del poder sindical que rechaza la CGT. Sin embargo, detrás de ese intercambio político, avanza un rediseño integral del régimen laboral argentino que altera derechos básicos y prácticas cotidianas de los trabajadores, sin una defensa proporcional de esos aspectos.

El proyecto, presentado bajo el rótulo de “modernización”, incorpora modificaciones que afectan tanto a trabajadores registrados como a aquellos con vínculos informales o encubiertos, quienes hasta ahora encontraban en la Justicia laboral un canal de reparación frente a despidos o incumplimientos.

Menos salario, más flexibilidad y negociación individual

Uno de los ejes más sensibles es la reducción indirecta de los ingresos. La creación del banco de horas elimina, en la práctica, el pago de horas extras: las jornadas podrán extenderse ciertos días a cambio de reducirse otros, según acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Este esquema rompe con la lógica colectiva y traslada la negociación al plano individual, donde el poder de presión del trabajador es notoriamente menor.

En la misma línea, se debilita el rol de los convenios colectivos por actividad. Los pisos salariales sectoriales dejan de ser una garantía y cada empresa podrá negociar su propio salario mínimo, profundizando la fragmentación y la desigualdad entre trabajadores de una misma rama.

Vacaciones fragmentadas y mayor discrecionalidad patronal

El régimen de licencias también se flexibiliza. Los empleadores podrán otorgar vacaciones fuera del período tradicional y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Aunque presentado como una herramienta de adaptación, el cambio amplía la capacidad de la empresa para disponer del tiempo de descanso del trabajador según sus necesidades operativas.

Despidos más baratos y financiados por los propios trabajadores

Otro punto central es la reconfiguración del sistema indemnizatorio. Se fija un tope al cálculo de la indemnización tomando como referencia un salario que no puede superar tres veces el promedio del convenio, ahora negociado por empresa. Además, se excluyen del cálculo ítems como propinas, bonos, acciones, viáticos o gastos de conectividad.

El pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas si media un juicio, y el costo del despido se traslada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes que hoy se destinan al sistema jubilatorio y de salud. En los hechos, el despido deja de ser un costo empresario directo y pasa a socializarse entre los propios trabajadores.

Jubilaciones y salud, bajo presión

El desvío de aproximadamente tres puntos porcentuales de las contribuciones patronales hacia el FAL implica un desfinanciamiento estructural del sistema previsional y de las obras sociales y prepagas. Menos recursos para jubilaciones y prestaciones médicas, en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento del costo sanitario, agrega un riesgo sistémico que trasciende el mercado laboral.

Contratos más frágiles y menos protección judicial

La reforma elimina resguardos históricos para trabajadores con contratos a plazo fijo y de temporada. Se suprime la indemnización por daños y perjuicios ante incumplimientos del empleador y desaparece la figura del contrato de temporada, reemplazada por el contrato eventual, mucho más flexible y discrecional.

A su vez, se limita la posibilidad de reclamar judicialmente frente a cambios abusivos en las condiciones de trabajo, dejando como única alternativa la renuncia. La presunción de relación laboral en casos de dependencia encubierta también se debilita, dificultando los reclamos de trabajadores facturados como independientes.

Derechos sindicales y protesta, bajo restricción

El proyecto introduce restricciones severas a la actividad sindical: los trabajadores eventuales no podrán ser delegados, se flexibiliza la tutela gremial y se amplía la definición de servicios esenciales, imponiendo niveles mínimos de prestación del 75% o 50%, lo que reduce de forma efectiva el alcance del derecho de huelga.

Las asambleas quedan sujetas a autorización del empleador y dejan de ser remuneradas, mientras que los delegados pierden protección ante procesos de reorganización empresarial.

Tercerización, apps y el fin del trabajador como sujeto protegido

La reforma limita la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, favoreciendo esquemas de intermediación que reducen la seguridad del empleado frente a incumplimientos. En simultaneo, se oficializa la condición de trabajadores independientes para repartidores y mensajeros de plataformas, descartando el vínculo de dependencia.

En términos conceptuales, el proyecto abandona el principio histórico del derecho laboral que reconoce al trabajador como la parte débil de la relación, desplazando la lógica protectoria por una visión contractualista y de mercado.

Mientras la discusión política se concentra en la puja por recursos fiscales y poder sindical, la reforma laboral avanza sobre aspectos que redefinen la vida cotidiana del trabajo en la Argentina: salarios más inciertos, jornadas más extensas, despidos menos costosos, menor protección social y un retroceso del rol del Estado como garante de derechos. El resultado es un cambio de paradigma profundo que, más allá de los eslóganes de modernización, reconfigura el equilibrio entre capital y trabajo sin una defensa proporcional de quienes verán transformadas, día a día, sus condiciones de empleo.

El referente metalúrgico Martín Solazzo cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Alertó sobre la pérdida de derechos conquistados, la ausencia de beneficios reales para el empleo y convocó a un debate abierto en San Juan para informar y dar voz a los trabajadores antes del tratamiento legislativo.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, volvió a encender la alarma en el movimiento obrero. En San Juan, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se sumó con firmeza al rechazo sindical y advirtió que el proyecto oficial no solo carece de incentivos reales para la generación de empleo, sino que avanza sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas.

Martín Solazzo, Secretario general del gremio metalúrgico en la provincia, fue categórico al analizar el escenario actual. “En el contexto político y laboral que estamos viviendo, no sobra nadie. La división no es el camino: la unidad es una necesidad”, sostuvo, al tiempo que valoró el proceso de acercamiento entre sindicatos frente a una iniciativa que consideran regresiva.

El dirigente explicó que, tras un reciente congreso gremial con asesoramiento de abogados especializados, el diagnóstico fue unánime: el proyecto no presenta un solo punto favorable para los trabajadores. “No encontramos ningún beneficio real. Lo que vemos es una avanzada que implica resignar derechos que costaron años de lucha”, señaló.

Desde la mirada sindical, la reforma no está orientada a dinamizar la producción ni a fortalecer la industria nacional. Por el contrario, Solazzo advirtió que el esquema propuesto podría derivar en una reducción del empleo. “Si una empresa puede extender la jornada laboral sin límites claros, ¿para qué sostener más personal? Es una contradicción que nadie explica”, cuestionó.

En ese sentido, apuntó también contra el relato oficial que presenta la iniciativa como una herramienta de modernización. “La quieren disfrazar, pero es una ley pensada para facilitar despidos, no para crear trabajo ni fortalecer la mano de obra calificada”, afirmó, y alertó sobre las consecuencias a mediano y largo plazo para el entramado productivo del país.

El gremialista valoró especialmente el endurecimiento de la postura de la CGT y el despliegue político que se está llevando adelante en el Congreso para frenar el tratamiento del proyecto. “Celebramos la unidad sindical y el trabajo que se está haciendo en Diputados y el Senado. Vamos a necesitar todos los aliados posibles para impedir que esta reforma avance”, remarcó.

En este aspecto, desde la UOM San Juan decidieron abrir el debate hacia la base trabajadora. El próximo sábado 7 de febrero, a las 19 horas, el sindicato realizará un encuentro abierto en su sede provincial. La convocatoria está dirigida no solo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general.

“El problema es que muchos trabajadores no están bien informados. Parte de los medios distorsionan el contenido de la ley y eso genera confusión”, explicó Solazzo. Por ese motivo, el encuentro contará con la participación de abogados especializados que abordarán el contenido técnico de la reforma, comparando los derechos vigentes con las modificaciones propuestas.

El dirigente fue enfático en aclarar que no se trata de una instancia de adoctrinamiento político. “Queremos explicar qué dice la ley, artículo por artículo, para que cada trabajador saque sus propias conclusiones. Hoy, paradójicamente, el trabajador es el gran ausente en esta discusión”, sostuvo.

Con este escenario, el sindicalismo metalúrgico busca disputar no solo el voto parlamentario, sino también el sentido del debate público. Frente a una reforma que consideran regresiva, la estrategia combina unidad gremial, presión institucional y participación directa de los trabajadores.

La convocatoria en San Juan se inscribe en esa lógica: informar, debatir y devolverle la voz a quienes, según advierten desde la UOM, serían los principales afectados. En un clima de alta tirantez social y política, el futuro de la reforma laboral aparece cada vez más atado a la capacidad del movimiento obrero de sostener cohesión, argumentos y presencia en la escena pública.

El triunvirato cegetista inicia una gira por el interior para influir en el voto de senadores y gobernadores frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Córdoba será la primera parada, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, internas sindicales y negociaciones reservadas con el oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este martes en Córdoba su primera ofensiva territorial para intentar frenar la sanción de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzará a debatirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La elección de la provincia no es casual: el gobernador Martín Llaryora aparece como uno de los mandatarios que, al menos en público, expresó reparos tanto al recorte de derechos laborales como al impacto fiscal del proyecto sobre las provincias.

La delegación cegetista estará encabezada por los integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes definieron a comienzos de mes una estrategia de contactos directos con gobernadores y senadores para condicionar el tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial. El objetivo inmediato es claro: impedir que la reforma sea sancionada en sesiones extraordinarias y forzar su discusión en el período ordinario, ganando tiempo en un contexto económico y político todavía inestable para el Ejecutivo.

En Córdoba, la CGT buscará comprometer a Llaryora para que los legisladores de su provincia no acompañen el proyecto. El gobernador ya había marcado distancia al plantear la necesidad de debatir nuevas modalidades laborales sin retroceder en derechos adquiridos. “Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad jurídica privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores”, sostuvo durante el inicio del Festival de Cosquín, en una definición que fue leída con atención por el sindicalismo.

El itinerario original de la central obrera incluía visitas a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora, la agenda aparece raleada: Córdoba es el único encuentro confirmado. Desde la CGT reconocen malestar por la falta de respuestas de tres gobernadores —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil—, a quienes acusan de dilatar o directamente esquivar las reuniones. Para la conducción sindical, esa actitud refuerza la sospecha de que una mayoría de mandatarios podría terminar alineándose con el Gobierno en el Congreso.

El trasfondo fiscal profundiza las tensiones. El capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos coparticipables derivados del Impuesto a las Ganancias, genera resistencia en varias provincias. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una posición inflexible frente a cualquier esquema de compensación, lo que introduce dudas sobre la solidez del respaldo provincial al proyecto.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, buscó relativizar la idea de un apoyo automático de los gobernadores. “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley”, afirmó, y agregó que la central viene “generando conciencia con cada gobernador y con cada senador”, en un intento por sostener una vía de presión política más institucional.

Con este panorama, la CGT despliega una estrategia de negociación múltiple dentro del oficialismo. Mantiene contactos reservados con el asesor presidencial Santiago Caputo; con el sector que orbitan Martín y “Lule” Menem, en articulación con el ministro del Interior Diego Santilli; y con Patricia Bullrich, desde el Senado, donde funciona una comisión técnica que analiza modificaciones al texto original. En ese marco, Federico Sturzenegger quedó marginado de las conversaciones, una señal de que el Gobierno prioriza preservar canales de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, en la CGT predomina la cautela. Aunque admiten una “buena predisposición” oficial para introducir cambios, aseguran que todavía no hubo decisiones concretas. “Nadie bajó el martillo”, repiten en voz baja.

El plan moderado de la conducción cegetista convive, además, con una creciente presión interna. Sectores sindicales más duros, junto con las dos CTA, avanzaron esta semana en un plan de lucha propio. En un encuentro realizado en la UOM, resolvieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, además de paros y protestas el día en que el Congreso trate la reforma.

El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los más explícitos: llamó a “exponer a los gobernadores” que acompañen el proyecto y advirtió que la reforma “termina por desfinanciar y fundir a las provincias”. Sus declaraciones reflejan el clima de creciente conflictividad que rodea el debate.

La CGT juega una partida compleja y de alto riesgo. Mientras apuesta a una táctica federal para erosionar el respaldo político a la reforma laboral, enfrenta la desconfianza de algunos gobernadores, la dureza fiscal del Gobierno y la presión de un sindicalismo que exige respuestas más contundentes. Córdoba será el primer test de una ofensiva que busca ganar tiempo y modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Si fracasa, el escenario que se abre es el de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, con consecuencias políticas y sociales que podrían extenderse mucho más allá del debate legislativo.