El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó el presupuesto 2026, que supera los $122.699 millones. Aunque el monto es mayor al del año anterior, pierde capacidad frente a la inflación y obliga a una administración cuidadosa.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) definió su planificación económica para 2026 tras la aprobación del Consejo Superior, que dio aval al proyecto sin votos en contra. El cálculo de gastos asciende a $122.699 millones y se eleva a $127.385 millones al sumar ingresos propios, una cifra que, pese a su crecimiento nominal, muestra limitaciones frente al avance de los precios.

La composición del presupuesto mantiene una estructura altamente concentrada en el pago de haberes. El 92,89% de los recursos se destinará a salarios, con una asignación de $113.974 millones. Este incremento, del 10,05% respecto al período anterior, resulta insuficiente frente al ritmo inflacionario, lo que reduce el margen operativo para otras áreas clave.

Las partidas destinadas a becas estudiantiles alcanzarán los $2.500 millones, mientras que las obras de infraestructura dispondrán de $1.400 millones. En investigación, el monto asignado será de $1.200 millones, con una participación limitada del financiamiento nacional, que apenas cubre una fracción del total.

El secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, detalló que los ejes de gestión incluyen la mejora de la calidad educativa, el fortalecimiento del sistema de educación a distancia, el desarrollo científico y la continuidad de las actividades de extensión. No obstante, admitió que la disponibilidad de fondos exigirá priorizar gastos para asegurar el funcionamiento básico de la institución.

La sesión dejó además un capítulo de disputa política. Desde el sector opositor referenciado en Jorge Cocinero denunciaron irregularidades en la convocatoria, al señalar que la consejera suplente Carina Capriotti no recibió notificación para asistir.

Desde el oficialismo rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que las comunicaciones se realizaron de acuerdo a los mecanismos habituales. Con una mayoría consolidada dentro del cuerpo, la conducción universitaria logró avanzar con la aprobación sin dificultades en el resultado final.

El presupuesto 2026 expone una realidad exigente para la UNSJ: ingresos que crecen en cifras nominales, pero con menor capacidad de respuesta frente a los costos. La elevada proporción destinada a salarios reduce la posibilidad de expansión en áreas estratégicas, lo que obliga a una gestión orientada a sostener lo esencial.

En ese marco, el desafío institucional radica en preservar la calidad académica y el desarrollo científico con recursos acotados, al tiempo que se garantizan condiciones de funcionamiento para toda la comunidad universitaria.

La Justicia federal dio un paso significativo en la disputa por el financiamiento educativo al admitir como acción colectiva un amparo contra las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2026 que afectan a la educación técnico-profesional. La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, que consideró que el reclamo trasciende situaciones individuales y presenta un impacto generalizado sobre el sistema.

El fallo habilita que la causa avance con efectos que podrían alcanzar al conjunto de estudiantes de escuelas técnicas públicas del país, al reconocer la existencia de una afectación común y homogénea. Se trata del primer planteo judicial de carácter colectivo que cuestiona el esquema de financiamiento definido por el Gobierno de Javier Milei para este sector educativo.

La demanda fue impulsada por familias de alumnos, quienes apuntan contra el artículo 30 del Presupuesto 2026. Según sostienen, la normativa elimina herramientas centrales de sostenimiento, entre ellas el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y los pisos mínimos de inversión en áreas clave como educación, ciencia y tecnología.

Además del planteo de fondo, los demandantes solicitaron una medida cautelar con el objetivo de suspender la aplicación de la disposición cuestionada mientras se sustancia el proceso. La intención es evitar consecuencias inmediatas sobre el funcionamiento de las instituciones, particularmente en lo que respecta a equipamiento, infraestructura, insumos y prácticas formativas.

La decisión judicial adquiere relevancia en tanto reconoce el carácter estructural del conflicto. No se trata, según la interpretación del tribunal, de un reclamo puntual, sino de una controversia que compromete el acceso y la calidad de la formación técnica en todo el país.

Un conflicto de fondo

El litigio se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en el sostenimiento del sistema educativo. De acuerdo con los argumentos presentados en el amparo, el recorte presupuestario implicaría una reducción cercana al 93% respecto de niveles comparables de 2023, lo que generó preocupación entre comunidades educativas y especialistas.

La Ley de Educación Técnico Profesional establece que el Estado debe destinar un 0,2% de sus ingresos corrientes al financiamiento del sector, lo que en valores actuales equivaldría a unos 322 mil millones de pesos. Sin embargo, la asignación prevista en el Presupuesto 2026 se ubica en torno a los 11 mil millones, una brecha que constituye el núcleo del cuestionamiento judicial.

El antecedente inmediato del caso se remonta a una presentación realizada a comienzos de año ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, donde familias de estudiantes iniciaron acciones para frenar lo que calificaron como un vaciamiento del sistema técnico.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó la adhesión al paro nacional impulsado por CONADU y advirtió sobre una caída salarial “sin precedentes”, en medio de reclamos por financiamiento y paritarias.

El conflicto universitario incorpora un nuevo episodio con la ratificación de un esquema de medidas de fuerza que se desplegará de manera escalonada durante abril y mayo. En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, confirmó la adhesión al paro nacional y delineó un diagnóstico crítico sobre la situación que atraviesan los docentes universitarios.

La primera etapa del plan contempla una semana completa de cese de actividades, desde el 13 hasta el 18 de abril, a la que se sumará una segunda instancia entre fines de mes y comienzos de mayo. Entre ambas, se prevé una breve reanudación de tareas, aunque no se descarta la implementación de modalidades alternativas de protesta orientadas a sostener la visibilidad del reclamo.

“El eje central sigue siendo la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario y la urgente convocatoria a paritarias”, sostuvo Barcelona. Según explicó, la normativa —respaldada por el Congreso y con aval judicial en distintas instancias— continúa sin ejecución por parte del Poder Ejecutivo, lo que impide establecer un marco de previsibilidad presupuestaria y salarial para el sistema.

El dirigente subrayó que la falta de actualización de los haberes ha derivado en una pérdida del poder adquisitivo que calificó como “histórica”. En ese sentido, aseguró que el deterioro supera incluso los niveles registrados durante la crisis de 2001, configurando uno de los períodos más críticos para el sector en las últimas décadas.

Las consecuencias de este proceso, advirtió, ya comienzan a manifestarse con claridad en la vida institucional de las universidades. “Se multiplican los pedidos de licencia, las renuncias de docentes con trayectoria y la reducción de cargas horarias, porque muchos profesionales se ven obligados a buscar otras fuentes de ingreso para sostenerse”, explicó. Este mecanismo, añadió, impacta directamente en la calidad académica y en la continuidad de proyectos de investigación y formación.

El malestar no se limita al ámbito docente. Barcelona remarcó que la problemática atraviesa a toda la comunidad universitaria, incluyendo al personal nodocente y a los distintos niveles del sistema educativo superior. La combinación de restricciones presupuestarias y caída salarial constituye un cuadro que pone en discusión la sustentabilidad de las instituciones en el mediano plazo.

 A la par de las protestas, el gremio impulsa una agenda de acciones públicas orientadas a trasladar el reclamo a la sociedad. En el marco del Día del Investigador y la Investigadora Científica, se realizarán clases abiertas y actividades de difusión en distintos puntos de San Juan. Según precisó Barcelona, las intervenciones tendrán lugar en la Escuela Industrial durante la mañana, mientras que por la tarde se replicarán en la Facultad de Filosofía y en el Colegio Central Universitario.

Estas iniciativas buscan resaltar el impacto de la crisis sobre la educación superior y generar un vínculo directo con la comunidad. “La idea es que la sociedad pueda dimensionar lo que está ocurriendo dentro de las universidades”, explicaron desde el sector.

La agenda de protesta continuará el 15 de abril con una jornada nacional de lucha, coordinada con otros espacios sindicales, que incluirá diversas actividades aún en proceso de organización. En ese marco, el frente gremial universitario apunta a sostener la presión mediante una combinación de medidas de fuerza y acciones de carácter público, concluyeron desde el gremio.