El comercio minorista de San Juan atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La retracción del consumo, el encarecimiento de los costos operativos y la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares configuran un panorama que compromete la rentabilidad de numerosos establecimientos y alimenta la incertidumbre en un sector que continúa sin encontrar señales firmes de recuperación.

Un relevamiento elaborado por la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan reflejó la magnitud del problema. Durante mayo, las unidades comercializadas registraron una disminución del 15% respecto del mismo período del año anterior, mientras que los márgenes de ganancia exhibieron una contracción cercana al 20%.

Los indicadores mensuales tampoco aportan alivio. En comparación con abril, la actividad comercial volvió a retroceder, con una merma del 10% en el volumen de ventas y una reducción del 15% en los niveles de rentabilidad. La tendencia confirma que la desaceleración inflacionaria aún no logra traducirse en una mejora efectiva del consumo.

Desde la entidad empresaria sostienen que la principal dificultad radica en la creciente fragilidad financiera de las familias. El peso de los servicios, los compromisos crediticios y los gastos corrientes absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos, limitando la capacidad de compra y desplazando decisiones de consumo que anteriormente formaban parte de la dinámica habitual de los hogares.

A esta realidad se suma la presión que enfrentan los comerciantes para sostener sus estructuras. Tarifas, alquileres, cargas impositivas y costos de funcionamiento continúan avanzando a un ritmo que dificulta la sustentabilidad de numerosos emprendimientos, especialmente entre los pequeños y medianos negocios.

El estudio también expone una transformación en las modalidades de pago. Las tarjetas de crédito concentran actualmente la mitad de las operaciones realizadas, mientras que las billeteras virtuales representan un 30%. El efectivo y las tarjetas de débito quedaron relegados al 20% restante. El ticket promedio alcanzó los 80.000 pesos, un dato que refleja tanto la inflación acumulada como la necesidad de financiar compras cada vez más frecuentes.

La situación presenta diferencias según la actividad. Farmacias y perfumerías lograron sostener cierto dinamismo e incluso registraron una leve mejora, mientras que rubros vinculados a bienes durables, como muebles y decoración, figuran entre los más afectados por la caída de la demanda.

El comportamiento también varía de acuerdo con la ubicación geográfica. Mientras la Capital mantiene una ocupación comercial relativamente elevada, Rawson evidencia mayores dificultades, con locales vacíos y cierres que comienzan a modificar la fisonomía tradicional de algunos corredores comerciales.

Pese a este escenario adverso, el sector conserva expectativas moderadas de cara a junio. El Día del Padre aparece como una de las principales oportunidades para estimular las ventas, acompañado por el movimiento económico asociado a eventos deportivos de gran convocatoria y promociones especiales impulsadas por los comercios.

Los empresarios coinciden en que las próximas semanas serán determinantes. Una mejora en la actividad permitiría aliviar compromisos financieros, preservar puestos de trabajo y recuperar parte del terreno perdido durante los últimos meses. Sin embargo, reconocen que cualquier recuperación dependerá, en última instancia, de una variable que continúa condicionando a toda la economía: la capacidad real de consumo de los argentinos.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.

Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.

La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.

El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.

CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.

Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.

Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.

El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.

La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.

Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.

La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.

Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.