La CGT y las CTA se movilizarán este miércoles 11 de febrero desde las 18 horas en el microcentro sanjuanino, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse ese mismo día en el Senado.

Las tres centrales obreras con representación en San Juan —la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores— confirmaron una movilización conjunta para este miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei, que ingresará formalmente al debate en el Senado.

La decisión fue ratificada tras una reunión plenaria entre las centrales sindicales y confirmada por el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y por el secretario general del gremio de Jerárquicos Mineros, Marcelo Mena. Ambos coincidieron en la necesidad de mostrar unidad y volumen político frente a una iniciativa que, según sostienen, afecta derechos laborales básicos y debilita la organización sindical.

La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.
Jornada federal, paro y señal política.

La protesta se enmarca en una jornada federal de lucha, con movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, mientras que en varias provincias se replicarán marchas y actos en rechazo al proyecto oficial.

Desde las centrales obreras advirtieron que la reforma laboral implica un retroceso en materia de estabilidad, negociación colectiva y derechos conquistados, y señalaron que la respuesta sindical busca incidir tanto en el debate legislativo como en la agenda política.

Documento y reclamos sociales

Durante el acto previsto en la Plaza 25 de Mayo, las centrales obreras darán lectura a un documento conjunto, que también será entregado al gobernador Orrego, con el objetivo de expresar formalmente el rechazo al proyecto y solicitar una posición clara frente al debate nacional.

A la marcha se sumarán además organizaciones sociales y colectivos que llevarán reclamos vinculados a la defensa del agua, los derechos de jubilados y jubiladas, la protección de los glaciares, la denuncia por los incendios forestales y el rechazo a la criminalización de infancias y adolescencias, además de expresiones contra el racismo y el genocidio.

Con la participación de la CGT y las CTA, la movilización de este miércoles se perfila como una de las expresiones sindicales más amplias de los últimos meses en la provincia. En un momento de fuerte debate legislativo y cuestionamientos al rol del movimiento obrero, la protesta buscará exhibir unidad, capacidad de movilización y una postura firme frente a una reforma que las centrales consideran regresiva.

Luego de ratificar una marcha contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno y descartar, por ahora, la convocatoria a un paro nacional el día en que la iniciativa comience a tratarse en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un nuevo frente de tensión: anunció que lanzará su propio índice de inflación, en respuesta a la creciente desconfianza sobre las mediciones oficiales.

La decisión se da en un clima marcado por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, un episodio que terminó de erosionar la credibilidad del organismo estadístico, ya cuestionado por amplios sectores sindicales y sociales. Desde la sede de la calle Azopardo aseguran que comenzaron a trabajar en la confección de “un índice serio y respaldado”, aunque evitaron precisar cuándo comenzaría a difundirse públicamente.

Según explicaron fuentes de la central obrera, el objetivo es construir una medición que refleje el impacto real de los precios en el consumo cotidiano, especialmente en los bienes y servicios básicos. En ese sentido, señalaron que ya existen contactos con sectores académicos para avanzar en una metodología propia que permita dar sustento técnico al relevamiento.

“Después del escándalo del INDEC, ¿quién puede creer en el próximo índice inflacionario?”, planteó Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT. El dirigente, referente del sindicato del vidrio, sostuvo que muchos trabajadores confiaron en los datos oficiales y terminaron perdiendo poder adquisitivo, al cerrar acuerdos salariales que luego quedaron muy por debajo de la inflación real que se percibe “en la góndola”.

En simultaneo, Jerónimo se refirió a la movilización prevista para este miércoles, día en que comenzará el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Explicó que la protesta tiene como objetivo “mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto” y negó que la decisión de no convocar a un paro responda a desacuerdos internos, aunque reconoció que la estrategia no conforma a todos los sectores de la CGT.

“Somos respetuosos de las decisiones colectivas. Cada sector fija su posición y se resuelve por mayoría. No descartamos escalar el nivel de conflictividad si nuestros reclamos no son escuchados”, afirmó. En la misma línea, remarcó el carácter colegiado de la central obrera y admitió la convivencia de miradas distintas dentro del consejo directivo.

Al analizar el proyecto del Gobierno, Jerónimo fue categórico: sostuvo que la iniciativa “no moderniza nada” y que tendrá un impacto negativo en el mundo laboral, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas. También cuestionó el argumento oficial de la “actualización” normativa y recordó que los convenios colectivos de trabajo siguen siendo “una herramienta que funciona muy bien”.

En ese sentido, destacó que en los últimos días diversas cámaras empresariales, entre ellas CAME y CGE, expresaron públicamente su rechazo al proyecto. “Queda claro que no es una iniciativa que incentive a la gran mayoría del mundo laboral”, subrayó.

Jerónimo volvió a reclamar un diálogo genuino con el Ejecutivo, al asegurar que la CGT “nunca fue convocada” y cuestionó el rol del Consejo de Mayo, al que definió como “un espacio consultivo no vinculante”. En cuanto a la organización de la protesta, precisó que la concentración central será este miércoles a las 15 horas en la Plaza del Congreso, con movilizaciones simultáneas frente a las casas de gobierno provinciales.

“Repudiamos el proyecto y apelamos a la reflexión de muchos gobernadores, para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, expresó. Y cerró con una advertencia: “Todos los días cierran empresas y se pierden miles de puestos de trabajo. Si no escuchan nuestros pedidos, no descartamos escalar la conflictividad”.

Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral, en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para su aprobación. El empresariado mantiene un llamativo silencio y el sindicalismo apuesta a modificar los puntos más conflictivos en el Congreso, en un escenario de negociaciones cruzadas y márgenes cada vez más estrechos.

El Ejecutivo nacional avanza en el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral con un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del Congreso: los votos estarían. En despachos alineados con la administración libertaria aseguran que el poroteo resulta favorable tanto en Diputados como en el Senado, gracias al respaldo de aliados clave y a acuerdos que, aunque no siempre explícitos, comienzan a reflejarse en el clima legislativo.

Mientras se afina la ingeniería parlamentaria, el contraste entre actores sociales es marcado. Las cámaras empresariales optan por el silencio, sin comunicados conjuntos ni gestos de presión institucional, lo que en la práctica es leído como una señal de aval implícito al proyecto. En este aspecto, el movimiento sindical —que hasta ahora no convocó a un paro general— parece concentrar su estrategia en intentar bloquear o modificar los puntos más polémicos de la iniciativa durante el debate en comisiones y el recinto.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y la hoy senadora Patricia Bullrich siguen de cerca las negociaciones y empujan un objetivo político concreto: llegar al 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con la reforma laboral ya sancionada. Ese cronograma imprime urgencia a las conversaciones y eleva la presión sobre aliados y opositores dialoguistas.

En ese esquema, el rol de los gobernadores aparece como una pieza central. Aunque varios mandatarios provinciales evitan definiciones públicas o ensayan gestos de distancia del oficialismo, en el Congreso crece la percepción de que muchos de ellos ya habrían cerrado acuerdos con el Gobierno nacional. Ese silencio calculado, interpretan incluso en sectores de la oposición, podría traducirse en votos decisivos a favor del proyecto, aun cuando se expresen críticas parciales o disidencias discursivas.

El empresariado, por su parte, despliega un doble discurso. En público, algunos referentes advierten sobre incertidumbre jurídica o señalan que la reforma no los satisface plenamente. Sin embargo, en los hechos no se registran acciones concretas para frenar la iniciativa: no hay posicionamientos colectivos, ni advertencias de peso, ni señales de conflicto abierto con el Ejecutivo. En el mundo sindical, esta pasividad es interpretada como un indicio de que los principales grupos empresarios ya estarían negociando beneficios sectoriales y reacomodando intereses dentro del nuevo marco laboral.

Desde las centrales sindicales, en cambio, el diagnóstico es más prudente. Dirigentes gremiales sostienen que el proyecto difícilmente se apruebe antes de marzo y que, en su redacción actual, “así no pasa”. La apuesta pasa por introducir cambios durante el debate parlamentario y aprovechar las tensiones internas del oficialismo y sus aliados para reabrir la discusión. No obstante, puertas adentro también reconocen que el margen de maniobra se achica con el correr de los días.

La principal incógnita sigue siendo la capacidad de respuesta del movimiento obrero. Para frenar o modificar de fondo la reforma, advierten distintas fuentes sindicales —incluso dentro de la CGT—, no alcanza con gestiones reservadas ni comunicados. Haría falta una gran movilización nacional, acompañada por paros sectoriales y acciones concretas en los lugares de trabajo, incluso con sindicatos que decidan avanzar por cuenta propia si no hay una convocatoria unificada.

Con el reloj político corriendo y los acuerdos avanzando en silencio, la reforma laboral se encamina a una definición clave. El desenlace dependerá no sólo del número de votos, sino también de cuánto estén dispuestos los distintos actores a salir de la especulación y asumir costos políticos reales.