La CGT confirmó que el próximo 22 de julio encabezará una movilización junto a las dos CTA y la UTEP en respaldo a los jubilados. La protesta inaugurará una nueva etapa de coordinación sindical y social frente a las políticas económicas del Gobierno y podría derivar en un nuevo paro general si no hay respuestas a los reclamos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes el inicio de una nueva fase de confrontación con la administración de Javier Milei al confirmar su participación en la movilización convocada para el miércoles 22 de julio, una protesta que reunirá además a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La convocatoria tendrá como principal consigna la defensa del sistema previsional y de los ingresos de los jubilados, aunque detrás de esa bandera se inscribe una estrategia sindical de mayor alcance destinada a profundizar la resistencia frente al programa económico del Gobierno nacional.

La concentración fue fijada para las 15 hs en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones marcharán para reclamar una recomposición de los haberes previsionales, la protección de la seguridad social y políticas que garanticen condiciones de vida dignas para los adultos mayores. Bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», la CGT buscará exhibir una amplia capacidad de movilización junto a otros actores del movimiento sindical y de la economía popular.

La manifestación representa mucho más que una protesta puntual. Constituye el primer paso de un cronograma de acciones consensuado durante las reuniones que, en las últimas semanas, mantuvieron la conducción cegetista, las dos centrales de trabajadores y la UTEP. Ese espacio de coordinación consolidó una agenda común basada en el rechazo a las políticas de ajuste, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el deterioro del empleo, el incremento de la conflictividad social y las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada.

La convergencia entre la CGT y los movimientos sociales adquiere especial relevancia en un presente marcado por la eliminación de programas sociales, entre ellos Volver al Trabajo, decisión que profundizó el acercamiento entre la central obrera y la UTEP. Esa coincidencia amplió el frente opositor al Gobierno y fortaleció la construcción de una estrategia compartida para sostener la presión sindical y territorial durante los próximos meses.

La protesta de los jubilados muestra cómo el movimiento obrero se preocupa cada vez más por la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones. Las organizaciones sostienen que los ingresos de los adultos mayores continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento del costo de vida y consideran que la defensa de la seguridad social constituye uno de los principales ejes de la disputa con el Ejecutivo.

La movilización del 22 de julio se inscribe además en una secuencia de acciones que la CGT viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En poco más de un año y medio de gobierno, la central obrera impulsó varias movilizaciones nacionales y concretó tres paros generales, una frecuencia inédita en comparación con administraciones anteriores. El endurecimiento del conflicto responde al rechazo sindical a las reformas laborales, previsionales y económicas promovidas por el oficialismo, así como al impacto que, según las organizaciones gremiales, tienen las políticas de ajuste sobre el empleo registrado, los salarios y la producción.

En la conducción cegetista admiten que el plan de acción permanecerá abierto y sujeto a la evolución del vínculo con el Gobierno. Si las demandas vinculadas con jubilaciones, salarios, negociación colectiva y protección del empleo continúan sin respuesta, las distintas organizaciones no descartan avanzar hacia nuevas movilizaciones nacionales e incluso convocar a un cuarto paro general, alternativa que comenzó a ganar consenso durante los últimos encuentros entre las centrales sindicales.

El Gobierno de San Juan reglamentó la Ley Provincial N.º 2799-A, que reorganiza integralmente el sistema de transporte de pasajeros y cargas. La normativa crea un registro digital obligatorio para empresas, conductores y vehículos, incorpora nuevas herramientas de fiscalización, endurece los requisitos para operar y establece mayores estándares de seguridad, trazabilidad y control sobre la prestación de los servicios.

San Juan dio un paso decisivo hacia la modernización del sistema de transporte con la reglamentación de la Ley N.º 2799-A, una norma que redefine las condiciones de funcionamiento del transporte público de pasajeros, taxis, remises, servicios especiales, transporte escolar y de cargas dentro del territorio provincial.

La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial, busca concentrar en un único régimen jurídico las obligaciones de empresas, prestadores y conductores, incorporando procedimientos digitales destinados a fortalecer el control estatal y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Uno de los pilares de la nueva normativa es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una plataforma digital que reunirá toda la información vinculada con la actividad. Allí deberán inscribirse obligatoriamente las empresas habilitadas, los vehículos afectados a los distintos servicios y los conductores autorizados.

Cada operador contará con un legajo electrónico que concentrará licencias, pólizas de seguro, revisiones técnicas, habilitaciones, antecedentes administrativos y toda la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad. La digitalización permitirá a la autoridad de aplicación verificar en tiempo real el cumplimiento de las exigencias legales y agilizar los procedimientos de fiscalización.

Para acceder a una habilitación, las empresas deberán acreditar domicilio legal en San Juan, CUIT activo, inscripción tributaria y especificar la modalidad de transporte que desarrollan. También estarán obligadas a informar la nómina de vehículos y choferes afectados al servicio, quienes deberán poseer las licencias profesionales correspondientes y cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas por la legislación vigente.

En el caso del transporte público regular de pasajeros, las concesionarias deberán respetar estrictamente los recorridos, frecuencias, horarios y cuadros tarifarios autorizados por la autoridad provincial. Asimismo, el Gobierno tendrá acceso permanente a información operativa vinculada con la cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos, niveles de cumplimiento y demás indicadores que permitan evaluar el desempeño de cada empresa.

Esos datos no sólo servirán para supervisar la prestación del servicio, sino también para respaldar futuros análisis sobre la distribución de subsidios y compensaciones económicas, una herramienta cada vez más utilizada por las jurisdicciones para optimizar la asignación de recursos públicos destinados al transporte.

La reglamentación también incorpora nuevas exigencias vinculadas con la seguridad y la transparencia. Las unidades deberán mantener condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y mantenimiento mecánico, además de exhibir sistemas de identificación que permitan a los usuarios consultar información del vehículo, verificar su habilitación y canalizar reclamos mediante herramientas digitales.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación obligatoria de sistemas de geolocalización para los servicios no regulares de pasajeros. Estos dispositivos deberán permanecer activos durante toda la prestación y transmitir la información que determine la autoridad de aplicación, fortaleciendo la capacidad de control sobre los recorridos y la trazabilidad de cada viaje.

Aunque la reglamentación no hace referencia expresa a plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi, la incorporación de una regulación específica para los servicios no regulares podría constituir un instrumento normativo que permita ordenar futuras modalidades de movilidad bajo parámetros comunes de habilitación y fiscalización.

En materia de transporte de cargas, la legislación establece que todos los transportistas que operen dentro de la provincia deberán inscribirse en el registro oficial e informar las unidades utilizadas. Los vehículos deberán acreditar la documentación obligatoria, cobertura de seguros, revisiones técnicas y el cumplimiento de las normas sobre pesos y dimensiones fijadas por la legislación nacional y provincial.

El Ejecutivo también quedó facultada para establecer corredores específicos, restricciones horarias y limitaciones de circulación para determinados tipos de cargas, en función del estado de la infraestructura vial, la seguridad del tránsito y la preservación de las rutas provinciales.

El nuevo régimen amplía además las facultades de fiscalización mediante auditorías, inspecciones y controles permanentes. Las sanciones previstas abarcan apercibimientos, multas económicas, suspensión de habilitaciones e incluso la retención preventiva de vehículos cuando se detecten infracciones graves.

En cuanto al régimen tarifario, la autoridad provincial conservará la potestad exclusiva para aprobar los cuadros de tarifas del transporte público. Cualquier modificación deberá sustentarse en estudios técnicos de costos y las empresas tendrán prohibido aplicar valores distintos de los oficialmente autorizados.

Para el servicio de colectivos se ratifican exigencias vinculadas con la revisión técnica obligatoria, seguros, condiciones mecánicas y estándares mínimos de funcionamiento. La reglamentación mantiene una antigüedad máxima de diez años para las unidades, aunque contempla excepciones expresamente previstas por la normativa para casos particulares.

Otro aspecto de relevancia institucional es la continuidad del servicio. Si una empresa concesionaria decide cesar sus operaciones o pierde la concesión, la Provincia podrá ordenar la prestación transitoria hasta concretar una nueva adjudicación, evitando interrupciones que afecten a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

La entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley N.º 2799-A marca una transformación significativa en la política de movilidad de San Juan. La incorporación de herramientas digitales, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la actualización de los requisitos para operar buscan adecuar el sistema provincial a los nuevos desafíos del transporte moderno, privilegiando la seguridad, la transparencia y la eficiencia en la prestación de un servicio esencial para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia.

El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa una de las reformas tributarias más sensibles para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La iniciativa, impulsada en el ámbito del Consejo de Mayo y alineada con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, propone restringir el Monotributo a las categorías de menor facturación y trasladar al resto de los profesionales hacia un nuevo régimen impositivo. La discusión abre interrogantes sobre la carga fiscal, los aportes previsionales, la cobertura de salud y el impacto sobre la formalidad laboral.

La reforma del sistema tributario volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno de Javier Milei. Entre las iniciativas que analiza el Ministerio de Economía figura una profunda modificación del Monotributo, régimen que desde hace casi tres décadas constituye la principal herramienta de formalización para millones de trabajadores independientes, profesionales, pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

La propuesta comenzó a tomar forma dentro del Consejo de Mayo, el ámbito de diálogo político creado por el Poder Ejecutivo para avanzar en reformas estructurales y que reúne a representantes del Gobierno, gobernadores, empresarios y organizaciones sindicales. Entre las recomendaciones elaboradas por ese organismo aparece la reducción del universo de monotributistas como uno de los capítulos centrales de la futura reforma impositiva.

El esquema en estudio contempla mantener únicamente el Monotributo Social y las categorías A, B y C, mientras que quienes superen esos niveles de facturación deberían abandonar el régimen simplificado para incorporarse a un sistema de transición que desembocaría posteriormente en el Régimen General.

Como alternativa al salto directo hacia las obligaciones tributarias tradicionales, el proyecto prevé recrear una figura prácticamente desaparecida del sistema argentino: el Responsable No Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado. Ese régimen fue eliminado en 2004 debido a las distorsiones que generaba tanto para los contribuyentes como para las operaciones comerciales.

Más obligaciones y mayores costos administrativos

Uno de los principales cambios recaería sobre la estructura de costos de los trabajadores independientes. Al dejar el Monotributo desaparecería el sistema de pago unificado que actualmente concentra impuestos nacionales, aportes jubilatorios y obra social en una sola cuota mensual.

Los contribuyentes alcanzados deberían comenzar a tributar como autónomos, efectuar aportes previsionales independientes, afrontar liquidaciones impositivas más complejas y, en la mayoría de los casos, contratar servicios profesionales de contabilidad para cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

A ello se suma otra modificación relevante: la pérdida de la cobertura médica vinculada al Monotributo. Quienes abandonen el régimen deberían gestionar su incorporación a una obra social habilitada o contratar una empresa de medicina prepaga, incrementando significativamente sus gastos mensuales.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La propuesta incorpora un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias destinado exclusivamente a quienes migren desde el Monotributo. La idea consiste en aplicar una alícuota fija del 25%, evitando que esos contribuyentes deban presentar las tradicionales declaraciones juradas mensuales del IVA.

Sin embargo, detrás de esa simplificación aparece uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos entre especialistas tributarios: el eventual regreso del mecanismo conocido históricamente como «IVA por acrecentamiento».

Durante la vigencia del antiguo régimen de Responsables No Inscriptos, los proveedores aplicaban el IVA correspondiente y adicionaban un recargo equivalente al 50% del impuesto.

Cuando la alícuota general era del 18%, el efecto económico representaba una carga del 27%. Con el IVA vigente del 21%, distintos tributaristas estiman que la incidencia teórica alcanzaría el 31,5%, aunque la propuesta oficial procura reemplazar ese mecanismo por una tasa fija del 25% dentro del Impuesto a las Ganancias Simplificado.

El riesgo de incentivar la informalidad

Diversos especialistas advierten que una mayor presión tributaria y administrativa sobre los pequeños contribuyentes podría generar un efecto contrario al buscado por la reforma: aumentar la informalidad.

El Monotributo fue creado en 1998, durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, con el objetivo de facilitar la incorporación de pequeños contribuyentes al sistema formal mediante un régimen simple, previsible y de bajo costo administrativo. La unificación de impuestos nacionales, aportes jubilatorios y cobertura de salud permitió ampliar considerablemente la base de contribuyentes registrados durante las últimas décadas.

Desde entonces, el régimen se consolidó como una herramienta central para profesionales, comerciantes, emprendedores, trabajadores de oficios y prestadores de servicios, reduciendo barreras de ingreso a la formalidad.

La eventual reducción de su alcance reabre un debate que trasciende lo estrictamente tributario. Mientras el Gobierno sostiene que busca disminuir las distorsiones entre el régimen simplificado y el general, distintos analistas sostienen que un incremento de las obligaciones fiscales podría desalentar la registración de miles de pequeños contribuyentes cuyos ingresos reales ya muestran un deterioro frente al costo de vida.