CONÉCTATE CON NOSOTROS

Miles de personas marcharon en todo el país para repudiar el anunciado veto presidencial a la ley de presupuesto para el sector.

Docentes, no docentes, autoridades universitarias, estudiantes y organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos se se movilizaron hacia el Congreso Nacional en el marco de la Marcha Federal Universitaria en «defensa de la universidad pública y del sistema científico» nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el «veto total» de la ley que actualizó y blindó el presupuesto universitario. La multitudinaria movilización contó con el rotundo respaldo de la CGT, las dos CTA y la UTEP.

En el cierre del acto la presidenta de la FUA, Piera Fernández, enfatizó que «hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional preocupados por el desfinanciamiento que estaban experimentando el sistema universitario y científico» y sostuvo que «hoy la situación es más crítica que a comienzos de año».

Añadió que “siempre dispuestos a la búsqueda de soluciones, advertimos en aquel entonces las dificultades que el sistema atravesaba. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy».

Piera Fernández señaló que «soportamos una campaña injusta, planificada e intencional que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido ni siquiera vocación de diálogo».

La presidenta de la FUA reiteró que «la situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial» y sostuvo que hay “un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por encima de la pobreza, cuando no de la indigencia».

Más adelante, señaló que “el Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario! Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”,

MASIVAS MARCHAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

En San Juan, la columna se concentró alrededor de las 16.30 en Sarmiento e Ignacio de la Roza, en la puerta de la FFHA. “Docentes, no docentes, estudiantes de la UNSJ y una gran parte de la comunidad sanjuanina se dio cita para apoyar y para proteger el derecho a una universidad de calidad, accesible y gratuita para todas y todos”.

En Córdoba hubo una masiva marcha de estudiantes, docentes y egresados que concluyó con la lectura del documento final que fue consensuado y en donde sostuvieron que “no vamos a permitir que no arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece”. En Río Cuarto y Villa María también hubo movilizaciones contra el potencial veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En Mar del Plata, las centrales obreras se plegaron a la marcha de estudiantes, docentes y no docentes que partió desde el Complejo Universitarios y llegó al centro de la ciudad.

En Comodoro Rivadavia, miles de estudiantes y profesores se sumaron a la Marcha Federal Universitaria y partieron desde la Universidad Nacional de la Patagonia hacia la Plaza San Martín.

En Rosario, una multitud se concentró en plaza Montenegro de Rosario para defender la Universidad pública y también hubo una masiva marcha en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

RESPALDO POLÍTICO Y GREMIAL

La ex presidenta Cristina Kirchner respaldó la Marcha Federal Universitaria y destacó que la educación pública y gratuita garantizó el «ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente» y que «vamos a volver a conquistar».

En tanto, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se sumó a la Marcha Universitaria en el Congreso y destacó estar «convencido» de que «no hay nada más movilizador que la universidad pública». El referente del Frente Renovador sostuvo que la educación universitaria pública «es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente».

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también participó de la marcha universitaria al Congreso en rechazo al veto del aumento al presupuesto educativo. “Hoy marcho en defensa de la educación pública de la que soy parte como alumna y profesora titular desde hace 52 años”, sostuvo Carrió.

Por parte de los movimientos sociales, estuvieron presentes la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), encabezada por Alejandro “Peluca” Gramajo; el Movimiento Evita, con la presencia de Gildo Onorato; Barrios de Pie, con Daniel “Chuky” Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), referenciada en Juan Carlos Alderete.

destacada

Unidad sindical frente a la reforma: los gremios endurecen su postura y advierten sobre retrocesos en derechos

En un clima político cargado de tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipan un frente de resistencia ante el intento del Gobierno de avanzar con una reforma laboral que califican de regresiva. Las centrales sindicales afirman que no permitirán un retroceso en las conquistas del movimiento obrero y advierten que “la pelea se dará en todos los frentes”.

La relación entre el Gobierno y el movimiento sindical ingresó en una etapa de confrontación abierta. La CGT y ATE, las dos principales organizaciones gremiales del país, endurecieron su discurso frente a la inminente presentación de una reforma laboral que —según sostienen— amenaza con desarticular derechos históricos de los trabajadores.

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, fue categórico: “Estamos dispuestos a defender los derechos laborales en todos los frentes. Lo que llaman modernización no es más que flexibilización disfrazada”. En declaraciones radiales, el dirigente señaló que detrás del proyecto oficial se esconde “una agenda impuesta por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional”, orientada —según su lectura— a “precarizar el empleo y debilitar la organización sindical”.

Argüello rechazó además el argumento oficial que atribuye las dificultades de las pymes al costo laboral. “Lo que mata a las pequeñas empresas no son las indemnizaciones, sino la presión impositiva y la falta de políticas de desarrollo. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que destruye el empleo son las políticas económicas”, subrayó.

En ese marco, la CGT busca mantener abierta la vía del diálogo institucional, pero con límites claros. La conducción adelantó que si el Gobierno insiste con su plan de reformas sin consenso, recurrirá “al frente judicial, legislativo y, si es necesario, también al de la movilización”. El mensaje fue inequívoco: la central no descarta una estrategia de presión combinada que involucre a todos sus gremios confederados.

Paralelamente, ATE convocó a un plenario federal de delegados para este martes 11 de noviembre en Buenos Aires, donde definirá una medida de fuerza nacional. El encuentro buscará establecer una hoja de ruta común para enfrentar la reforma y exigir la reapertura inmediata de las paritarias. “Esperar hasta el 10 de diciembre sería suicida. Si no reaccionamos en las calles, nos aplastan”, advirtió el secretario general, Rodolfo Aguiar.

El dirigente estatal acusó al Gobierno de “mentirle a la sociedad al decir que quitando derechos se va a crear empleo”. A su juicio, “no hay evidencia de que eliminar indemnizaciones o extender jornadas laborales a doce horas genere productividad; eso solo conduce a un país más desigual y con trabajadores desprotegidos”.

Según trascendió, el borrador de la reforma que se enviaría al Congreso tras la asunción de los nuevos legisladores incluiría cambios profundos: extensión de la jornada laboral, pago de indemnizaciones en cuotas, negociaciones por empresa en lugar de por actividad y aumentos atados a la productividad. Para los gremios, se trata de un rediseño estructural del modelo laboral argentino.

Aguiar fue más allá al advertir sobre un deterioro social que ya golpea a los asalariados: “Hay miles de trabajadores que caen todos los meses bajo la línea de la pobreza. El aval electoral del Gobierno no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la Constitución”.

El plenario de ATE también debatirá la última oferta paritaria de la Secretaría de Trabajo, considerada insuficiente por la conducción. El sindicato rechazó una propuesta de incrementos mensuales entre el 1,1% y el 1,3%, muy por debajo de la inflación registrada por el INDEC. En contraste, UPCN aceptó el acuerdo, lo que reaviva las diferencias internas en el frente estatal.

Mientras tanto, la CGT procura preservar su unidad y consolidar su peso político como interlocutor central del mundo del trabajo. Argüello reivindicó la identidad peronista del movimiento obrero, aunque aclaró que “la CGT representa a todos los trabajadores, más allá de su pensamiento político”. Esa amplitud, remarcó, será clave para sostener la cohesión en tiempos de ofensiva neoliberal.

Con discursos firmes y estrategias que comienzan a coordinarse, la CGT y ATE trazan una línea de resistencia común ante lo que consideran un intento de desmantelar derechos laborales conquistados durante décadas. En medio de un contexto económico frágil y una agenda gubernamental que promete reformas profundas, el sindicalismo argentino vuelve a asumir un rol protagónico.

Su desafío no solo será frenar la reforma laboral, sino también reconstruir una narrativa capaz de defender el trabajo como eje de dignidad y equilibrio social en un país que aún busca su rumbo.

Continúe Leyendo

destacada

Carrefour se va de Argentina: los grupos que compiten por quedarse con el negocio

La cadena de supermercados francesa atraviesa un proceso decisivo: busca desprenderse de sus operaciones en Argentina y concentra su estrategia global en mercados más rentables. Entre los interesados figuran Coto, Cencosud, el Grupo De Narváez y un holding peruano. La definición se espera antes de fin de año.

El futuro de Carrefour en Argentina está en plena definición. Según fuentes del sector, la multinacional francesa avanza en un proceso de venta de sus activos locales, administrado por un banco de inversión internacional que ya habría recibido las ofertas finales.

“Hay entre cuatro y cinco grupos que están pujando por la operación”, confirmaron desde el entorno empresario. La salida responde a una decisión estratégica del holding global: concentrar su presencia en mercados de mayor rentabilidad —como Francia, España y Brasil— y reducir su exposición en países con alta volatilidad económica y regulatoria, como Argentina.

En los últimos años, la cadena sufrió los efectos combinados de una caída sostenida del consumo, inflación persistente y márgenes cada vez más estrechos, un escenario que erosionó su rentabilidad local y aceleró la decisión de repliegue.

Coto, GDN y Cencosud, entre los finalistas

En la etapa final de la negociación aparecen cinco grandes interesados: el Grupo De Narváez (GDN), Cencosud, Coto, el fondo estadounidense Klaff Realty y un holding peruano, identificado por fuentes del mercado como Intercorp, aunque sin confirmación oficial. También habría un empresario argentino asociado a capitales extranjeros que presentó una propuesta de último momento.

De ese grupo, GDN, Coto y Klaff Realty serían los que cuentan con mayores posibilidades, al haber presentado las ofertas más completas y alineadas con las condiciones de la operación. “La definición es inminente; todo indica que se resolverá antes de fin de año”, señaló un ejecutivo cercano al proceso.

La magnitud del negocio es considerable: Carrefour Argentina cuenta con más de 600 tiendas distribuidas en 22 provincias, incluyendo hipermercados, locales Express y Market, además de centros logísticos y una estructura de más de 15.000 empleados directos.

Cuatro décadas que cambiaron la historia del consumo

El desembarco de Carrefour marcó un antes y un después en el comercio minorista argentino. En 1982, la empresa inauguró en San Isidro su primer hipermercado, el primero del país, e introdujo un concepto que transformó los hábitos de compra de millones de argentinos.

A lo largo de las siguientes décadas, la compañía consolidó su liderazgo a través de fusiones y adquisiciones estratégicas. En 2001 absorbió los supermercados Norte, y en 2012 incorporó 129 tiendas EKI, fortaleciendo su capilaridad en el Área Metropolitana y el interior de país. En 2022, la filial local celebró su 40° aniversario, destacando su papel como empleador e innovador en el sector.

De Francia al mundo: la historia de un pionero

Fundada en 1959 por las familias Fournier y Defforey, Carrefour —que en francés significa “cruce de caminos”— revolucionó la industria minorista al crear el formato de hipermercado en 1963, en la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois.

El modelo, que combinaba la venta de alimentos con productos del hogar, tecnología y moda en un mismo espacio, con estacionamiento gratuito y precios competitivos, fue una innovación disruptiva. En pocas décadas, Carrefour se convirtió en el líder europeo y en el segundo grupo de retail más grande del mundo, solo detrás de Walmart.

Hoy, la compañia opera más de 14.000 tiendas en 40 países, con una facturación que supera los 80.000 millones de euros anuales.

Un cierre con impacto simbólico

La posible salida de Carrefour de la Argentina no solo implica el traspaso de una marca emblemática, sino también el fin de una etapa en la historia del consumo masivo. La empresa fue, durante más de cuatro décadas, sinónimo de innovación, escala y accesibilidad para amplios sectores de la población.

La resolución de la venta, prevista para antes de fin de año, marcará el comienzo de una nueva fase en el mapa del retail argentino, con jugadores locales y regionales disputando un negocio que, pese a las dificultades, sigue siendo clave para la economía nacional.

El caso Carrefour refleja el reacomodamiento del capital global en tiempos de incertidumbre, donde los grandes grupos reevalúan sus prioridades y ajustan su presencia según las condiciones de cada mercado. Para la Argentina, el desenlace será más que una operación comercial: será una señal del grado de confianza —o de desconfianza— que despierta hoy su economía entre los principales actores internacionales del retail.

Continúe Leyendo

destacada

La ciencia argentina en retroceso: caída histórica del empleo en investigación y desarrollo

Desde diciembre de 2023, el sector de ciencia y tecnología perdió 5.143 empleos, según un informe del Grupo EPC-CIICTI. El CONICET, el INTI y el INTA concentran la mayor reducción de personal, mientras que empresas públicas estratégicas como FADEA, NASA y ARSAT también sufrieron recortes. Especialistas advierten que el sistema científico argentino atraviesa su peor crisis desde el retorno de la democracia.

La cifra refleja un proceso de desarticulación sostenida del aparato estatal dedicado a la producción de conocimiento, afectando tanto a organismos públicos como a empresas estatales estratégicas. El documento revela que 4.481 empleos se perdieron en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 711 correspondieron a empresas del sector.

CONICET, INTI e INTA: los más golpeados por el ajuste

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) encabeza la lista de organismos más afectados, con 1.912 trabajadores menos en los últimos 24 meses. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambos con reducciones significativas en sus plantillas.

Según el informe, los organismos transversales del sistema —como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT) y la Agencia I+D+i— perdieron el 40% de su personal, un dato que evidencia el alcance de los recortes.

El impacto también se trasladó al ámbito empresarial. FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, redujo su planta en 220 trabajadores, mientras que la Nucleoeléctrica Argentina (NASA) despidió 221 empleados. En ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado, la merma alcanzó los 124 puestos.

El deterioro del CONICET: becas y carreras científicas en retroceso

El Grupo EPC-CIICTI realizó un análisis desestacionalizado que muestra la magnitud del deterioro dentro del CONICET. Desde septiembre de 2023, se eliminaron 1.502 becas de investigación y 585 cargos de investigadores de carrera, lo que equivale a 2.087 empleos menos en dos años.

El recorte no solo implica una reducción de personal, sino una pérdida de capacidades científicas y tecnológicas acumuladas durante décadas. Los programas de becas son la base de la renovación generacional del sistema, y su caída afecta de manera directa la continuidad de líneas de investigación en universidades y centros científicos de todo el país.

Un sistema científico que pierde escala

El estudio también incorpora un análisis comparativo con otros países. Según el Grupo EPC-CIICTI, “cualquier comparación internacional —por ejemplo, referida a los datos de la OCDE— demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala y por la persistente ausencia de inversión privada en I+D”.

En ese sentido, el informe destaca que Argentina cuenta con apenas tres investigadores cada mil habitantes, mientras que “los países desarrollados a los que el Presidente dice aspirar, llegan a tener hasta diecisiete”.

La brecha, señalan los especialistas, no solo refleja la falta de recursos, sino también una pérdida de visión estratégica respecto al papel del conocimiento científico como motor de desarrollo económico, tecnológico y social.

Contexto y consecuencias: el impacto del ajuste sobre el futuro

La contracción del empleo en el sector de ciencia y tecnología se enmarca en una política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Milei. La decisión de congelar ingresos, suspender becas y paralizar proyectos tiene efectos que trascienden lo inmediato: muchos científicos emigran o buscan alternativas en el sector privado, mientras las instituciones pierden capacidad operativa.

Para los especialistas, el proceso actual no solo debilita la estructura científica, sino que rompe el tejido institucional que sostiene la producción de conocimiento en el país. “El sistema está siendo desmantelado por goteo. Cada renuncia o despido implica una pérdida de saber acumulado que llevará años recuperar”, advirtió un investigador del CONICET consultado por el informe.

Continúe Leyendo

Tendencias