Las 60 universidades nacionales amanecieron este lunes prácticamente paralizadas por un paro total de actividades durante 24 horas, en el marco de una semana de visibilización del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público argentino.

La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y se desarrolla de manera conjunta con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa a los trabajadores nodocentes del sector.

Según informaron desde las organizaciones gremiales, la jornada registra un nivel de acatamiento cercano al 100% en numerosas casas de estudio públicas, reflejando la magnitud del malestar que atraviesa a docentes y trabajadores universitarios.

Reclamo por paritarias y deterioro salarial

El eje central del conflicto gira en torno a la falta de convocatoria a paritarias y a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que denuncian los trabajadores del sector.

Desde FEDUN sostienen que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios universitarios vienen registrando una caída sostenida frente a la inflación, lo que —según afirman— constituye la mayor pérdida salarial de las últimas décadas dentro del sistema educativo superior.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió que la falta de negociación con el Ejecutivo agrava el conflicto.

“Con la pérdida salarial actual no están dadas las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas en las universidades públicas”, sostuvo el dirigente.

De acuerdo con los cálculos del gremio, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de deterioro salarial, y estiman que sería necesario un incremento del 55,4% para recomponer el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la actual gestión nacional.

Presupuesto universitario bajo presión

El paro también busca destacar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. Los sindicatos denuncian que el financiamiento del sistema se encuentra en una situación crítica y reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Ricci advirtió que el incumplimiento de esa normativa no solo afecta los salarios sino también la estabilidad institucional del sistema educativo superior.

“Es grave para la democracia que un gobierno se niegue a cumplir una ley”, afirmó el dirigente, al referirse al escenario presupuestario que enfrentan las universidades.

Defensa de la universidad pública

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la protesta forma parte de un plan de acciones más amplio impulsado por el frente gremial universitario, que incluye poner de manifiesto, actividades públicas y nuevas medidas de protesta si no se abre una instancia de negociación salarial.

El paro de este lunes vuelve a colocar en el centro del debate la sostenibilidad del sistema universitario argentino, mientras el conflicto salarial continúa sin señales de resolución inmediata.

La decisión del Gobierno nacional de implementar un plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió un nuevo foco de conflicto con los sindicatos del organismo, que denuncian presiones sobre los trabajadores y advierten sobre el posible debilitamiento institucional del sistema previsional.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, firmada por Fernando Omar Bearzi, y establece la puesta en marcha del denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), un mecanismo de desvinculación laboral por acuerdo entre el trabajador y el organismo.

La medida se sustenta en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, que contempla la extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de ambas partes.

Cómo funcionará el retiro voluntario

El esquema establece que los acuerdos deberán formalizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente de la Secretaría de Trabajo, y posteriormente ser homologados para su validez legal. La gestión operativa del proceso estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES.

El programa está dirigido a trabajadores con al menos dos años de antigüedad en el organismo y prevé un período de adhesión que se extenderá hasta el 5 de abril de 2026.

No podrán acceder al retiro quienes se encuentren procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los trabajadores con procedimientos disciplinarios en curso, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado renuncia, los mayores de 62 años o quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan de ellos.

Asimismo, el régimen establece que los empleados con mandato sindical vigente deberán renunciar previamente a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherir al programa.

Rechazo sindical y denuncias de presión

La medida fue cuestionada por los gremios que representan a los trabajadores del organismo, entre ellos el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) y la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS).

Desde SECASFPI denunciaron que el plan se implementa en un contexto de reclamos por recomposición salarial y reapertura de paritarias, lo que —según el sindicato— genera presión económica sobre los trabajadores para aceptar la desvinculación.

“Mientras las y los trabajadores reclamamos paritarias y recomposición salarial, el gobierno responde con retiros ‘voluntarios’”, señalaron desde la conducción gremial.

El sindicato también advirtió que las condiciones actuales podrían forzar decisiones que, en un contexto laboral estable, no serían consideradas por los empleados.

Advertencias sobre la pérdida de experiencia

Desde APOPS, el secretario general Fabián Montaño sostuvo que el retiro voluntario no debe interpretarse como un beneficio para los trabajadores, sino como una herramienta para reducir la planta del organismo, especialmente entre quienes poseen mayor antigüedad y experiencia.

“El retiro voluntario no es una política de mejora para los trabajadores. Es una forma de reducir la planta del organismo bajo la apariencia de una decisión individual y voluntaria”, afirmó el dirigente.

Según el gremio, la salida de personal con trayectoria podría afectar áreas estratégicas del organismo, deteriorando la atención al público y la capacidad administrativa para sostener programas sociales y previsionales.

Temor por el impacto en la seguridad social

Desde las organizaciones sindicales sostienen que la medida forma parte de un proceso más amplio de reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que —según advierten— podría poner en riesgo el funcionamiento de instituciones clave del sistema de protección social.

El dirigente de SECASFPI Carlos Ortega comparó la situación con el proceso de reformas estatales de la década de 1990 y alertó sobre un posible vaciamiento progresivo del organismo.

En la misma línea, Fernando Toledo, integrante de la conducción nacional del gremio, había advertido previamente que podrían producirse hasta 2500 desvinculaciones bajo distintas modalidades.

Un debate que trasciende lo laboral

Para los sindicatos, la discusión no se limita a la situación de los trabajadores del organismo. Aseguran que el eventual achicamiento de la plantilla también podría afectar la capacidad del Estado para garantizar prestaciones previsionales y políticas sociales que alcanzan a millones de argentinos.

“Cuando se debilita ANSES no se trata solamente de un problema laboral”, advirtió Montaño. “Estamos hablando de la institución que administra el sistema previsional y múltiples políticas sociales”.

En ese aspecto, los gremios insisten en que la defensa del empleo en ANSES también implica defender una seguridad social pública, profesional y con presencia federal, en un escenario donde el debate sobre el rol del Estado vuelve a ocupar el centro de la agenda política y sindical.

La negociación paritaria docente en San Juan volvió a quedar en un punto muerto. Tras la última reunión con el Ejecutivo provincial, los gremios Unión Docentes Argentinos (UDA) y Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) confirmaron que sus bases rechazaron las propuestas salariales presentadas por el Gobierno, profundizando un clima de creciente conflicto que mantiene abierta la disputa salarial. Las conducciones gremiales anticiparon una contrapropuesta y no descartan acciones judiciales y medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones.

De acuerdo con los resultados de las consultas internas, el rechazo fue contundente en ambos sindicatos. La secretaria general de UDA, Karina Navarro, informó que el 73% de los mandatos se pronunció en contra de la oferta oficial. En la misma línea, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, detalló que el 72% de los afiliados de su organización también votó negativamente.

El resultado dejó la negociación sin acuerdo y con un escenario de tirantez latente que podría escalar en las próximas semanas si no aparece una nueva propuesta del Ejecutivo que logre destrabar la paritaria.

Reclamos salariales y críticas a la liquidación de febrero

Desde UDA señalaron que durante la negociación solicitaron adelantar a mayo los incrementos previstos originalmente para junio, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo. Sin embargo, esa alternativa no obtuvo respuesta favorable por parte del Gobierno.

Navarro explicó que en la mesa paritaria se expuso cómo evolucionarían los sueldos docentes entre marzo y junio, aunque subrayó que el mes de febrero aún permanece sin resolución dentro de la discusión salarial.

La dirigente también cuestionó la forma en que se liquidaron algunos conceptos vinculados al inicio del ciclo lectivo. Según sostuvo, el pago de determinados ítems se realizó de manera arbitraria, y tanto el equipamiento como la ayuda escolar —beneficios establecidos por ley— alcanzaron a un porcentaje mínimo del personal docente, lo que generó malestar en las bases.

Medidas gremiales y posible vía judicial

Desde UDAP, Quiroga anticipó que el gremio adoptará una medida de fuerza que garantizará el 75% de clases, en un intento de sostener la actividad educativa mientras se mantiene la presión sindical sobre el Ejecutivo.

Además, anunció que la organización presentará un recurso de amparo ante la Justicia provincial, mientras que la central docente Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) avanzará con una presentación similar a nivel nacional.

La dirigente insistió en que los sindicatos han acercado diversas alternativas durante la negociación y reclamó que el Gobierno contemple el desfasaje salarial acumulado que afecta a los trabajadores del sector educativo.

Las propuestas oficiales en discusión

Las ofertas presentadas por el Ejecutivo provincial incluyeron dos alternativas con incrementos escalonados y mecanismos de revisión.

La Opción 1, contemplaba aumentos progresivos en el valor índice y en determinados códigos del nomenclador docente durante marzo, mayo y junio de 2026, junto con un bono extraordinario de 120.000 pesos a pagarse en abril y una cláusula de revisión en junio, sujeta a la evolución económica y fiscal de la provincia.

La Opción 2 por su parte, proponía una estructura de aumentos similar, aunque con variaciones en la distribución de los puntos de incremento, manteniendo también una instancia de revisión en junio.

En ambos casos, el Gobierno incluyó además el compromiso de iniciar en el segundo semestre de 2026 un estudio sobre los radios docentes 4, 5, 6 y 7, así como una evaluación específica de la situación salarial en los departamentos de Jáchal y Caucete.

Con el rechazo de las bases y la ausencia de consenso, la paritaria docente continúa abierta y sin una solución inmediata. Mientras los gremios preparan una contrapropuesta salarial, el Gobierno enfrenta la presión de un sector que reclama una recomposición más rápida frente a la pérdida del poder adquisitivo.

En este escenario, el conflicto docente se mantiene latente y podría trasladarse al terreno judicial o a nuevas medidas gremiales si las próximas negociaciones no logran acercar posiciones. El desafío inmediato será encontrar un punto de equilibrio que permita garantizar estabilidad salarial para los docentes y previsibilidad para el sistema educativo provincial.