Frente al fuerte rechazo sindical y a la falta de consensos legislativos, el Gobierno nacional decidió abrir una mesa de diálogo con la CGT y el sector empresario. Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado para analizar modificaciones al proyecto, con la mira puesta en llevarlo al recinto el 10 de febrero.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado en el Congreso. La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sumada a las dudas de sectores empresarios y a la fragilidad del oficialismo en el Senado, obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia y apostar ahora al diálogo como vía para destrabar la iniciativa.

La decisión política fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, quien reconoció que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los consensos”, afirmó.

En ese marco, el próximo 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Bullrich. El espacio analizará los planteos formulados por el sindicalismo y por distintas entidades empresariales, en coordinación con los bloques legislativos que vienen acompañando al oficialismo. La intención es avanzar hacia un dictamen consensuado y llevar la iniciativa al recinto el 10 de febrero.

Además, el Gobierno iniciará la semana próxima una instancia formal de diálogo con la CGT, en un intento por reducir tensiones y explorar posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que la negociación tendrá límites claros.

“Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo Bullrich, al reiterar la visión oficial de que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal.

Según la senadora, uno de los ejes centrales de la reforma es brindar mayores certezas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales, contingencias e indemnizaciones. En ese sentido, lanzó un mensaje directo al sindicalismo: “Si la CGT quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.

Bullrich también aclaró que, hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta formal por escrito, aunque aseguró que cualquier iniciativa será evaluada siempre que no implique sostener el statu quo. Las negociaciones, agregó, se concentrarán principalmente en el Senado, donde el oficialismo busca articular acuerdos con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto —las cuotas solidarias sindicales— también formará parte de la discusión. Desde el Gobierno insisten en que la reforma debe abordarse de manera integral, incluyendo modalidades de contratación, convenios colectivos y modernización del sistema laboral. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, remarcó la senadora.

La postura de la CGT

En este sentido, la CGT endureció su discurso. Esta semana difundió un comunicado titulado “La reforma laboral también impacta en tu salud”, en el que la Secretaría de Acción Social, encabezada por José Luis Lingeri, advirtió sobre las consecuencias que tendría la iniciativa oficial sobre el financiamiento y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

“Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, señaló la central obrera, que rechazó de plano la idea de que el debate se limite a una discusión corporativa. “No se trata de cajas ni de intereses sectoriales”, enfatizó el texto.

Con el proyecto aún lejos de garantizarse la aprobación, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación que busca descomprimir el conflicto social y político que rodea a la reforma laboral. El desafío será lograr modificaciones suficientes para sumar apoyos sin desnaturalizar una iniciativa que el oficialismo considera estructural. En un escenario de fuerte tirantez social y sindical, el diálogo aparece ahora como la única vía posible para evitar que la reforma quede empantanada en el Senado.

Tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empleadores, el Gobierno nacional estableció por resolución una nueva escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El monto asciende a $341.000 desde enero de 2026 y tendrá incrementos mensuales hasta agosto. La medida impacta de forma directa en planes sociales, prestaciones y criterios de acceso a programas estatales, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.

El Ejecutivo nacional resolvió fijar por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que el Consejo del Salario no lograra consensuar una actualización entre las representaciones sindicales y empresarias. A través de la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, se estableció una serie de incrementos progresivos que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026.

De este modo, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada completa pasará de $334.800 en diciembre de 2025 a $341.000 en enero, con aumentos mensuales que se extenderán hasta agosto de 2026, cuando alcanzará los $376.600. La decisión refleja, una vez más, la incapacidad del ámbito tripartito para arribar a acuerdos en un escenario económico atravesado por la desaceleración inflacionaria, pero también por un fuerte deterioro de los ingresos reales.

Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora se fijó en $1.705 en enero, con una progresión que lo llevará a $1.883 en agosto, siguiendo la misma lógica de actualizaciones graduales definida para los asalariados mensualizados.

La nueva escala del salario mínimo

Enero 2026: $341.000
Febrero 2026: $346.800
Marzo 2026: $352.400
Abril 2026: $357.800
Mayo 2026: $363.000
Junio 2026: $367.800
Julio 2026: $372.400
Agosto 2026: $376.600

Impacto directo en planes y prestaciones sociales

La actualización del SMVM no solo afecta al universo de trabajadores formales de menores ingresos, sino que también tiene un impacto transversal en múltiples programas sociales y prestaciones, ya que el salario mínimo funciona como variable de referencia para montos, topes y condiciones de acceso.

Entre los principales efectos se destacan:

Prestación por Desempleo: Se ajusta automáticamente y oscila entre el 50% y el 100% del SMVM. En enero, el monto mínimo será de $170.500 y el máximo de $341.000.
Becas Progresar: El ingreso familiar permitido no puede superar tres veces el salario mínimo, por lo que la suba redefine el universo de potenciales beneficiarios.
Asignaciones y planes sociales: Diversos programas utilizan el SMVM como parámetro para establecer montos y criterios de elegibilidad.
Paritarias y empleo informal: El salario mínimo continúa funcionando como piso de referencia para sectores con alta informalidad o bajos niveles de negociación colectiva.

Si bien el Gobierno presenta la medida como un intento de armonizar la evolución salarial con el nuevo contexto macroeconómico, distintos análisis advierten que el salario mínimo continúa muy lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. En términos reales, el SMVM mantiene una pérdida acumulada significativa respecto de años anteriores y se ubica por debajo de niveles históricos de poder adquisitivo.

Además, la reiteración de aumentos definidos por decreto vuelve a poner en discusión el rol efectivo del Consejo del Salario, un ámbito que, en la práctica, aparece cada vez más debilitado como espacio de negociación genuina entre las partes.

Organizaciones sindicales de distintos sectores expresaron un enérgico rechazo a la ofensiva de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Denunciaron una grave violación al Derecho Internacional, reclamaron el respeto a la autodeterminación de los pueblos y advirtieron sobre los riesgos de una escalada militar para la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Un amplio arco de organizaciones sindicales argentinas manifestó en las últimas horas su repudio a la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la que calificaron como un ataque directo a la soberanía nacional y una amenaza concreta para la paz regional. A través de comunicados difundidos por distintos gremios y centrales obreras, las entidades coincidieron en denunciar una vulneración flagrante de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresaron su “más firme condena” a las políticas de agresión e injerencia impulsadas por Washington. El sindicato sostuvo que estas acciones desconocen el derecho irrenunciable de los pueblos a decidir su propio destino y reafirmó que América Latina y el Caribe deben consolidarse como una zona de paz, libre de bloqueos, amenazas y violencia. En ese marco, subrayaron que la justicia social y la dignidad del pueblo trabajador no pueden construirse bajo prácticas de presión militar o económica.

En la misma línea, la Federación Judicial Argentina (FJA) repudió lo que definió como una agresión “sin precedentes” y denunció una escalada de acciones que, según el gremio, incluyeron bombardeos sobre territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. La entidad judicial advirtió que el objetivo de la ofensiva sería derrocar a un gobierno popular y apropiarse de los bienes naturales comunes del país, en particular de sus reservas petroleras. Además, alertó sobre el peligro de legitimar a Estados Unidos como “gendarme mundial”, al considerar que ese precedente representa una amenaza directa para toda la región, incluida la Argentina.

Las centrales sindicales CTA-T y CTA Autónoma también difundieron un duro pronunciamiento conjunto en el que rechazaron y denunciaron la invasión violenta de Estados Unidos a Venezuela. Según señalaron, la ofensiva confirmaría una estrategia orientada a la desestabilización política y al control de recursos estratégicos. En su comunicado, las CTA remarcaron que estas acciones violan de manera directa los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Las centrales alertaron, además, que esta escalada militar constituye un grave retroceso para América Latina y el Caribe, al reactivar lógicas de intervención propias de la Doctrina Monroe. En ese contexto, expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, responsabilizaron al gobierno estadounidense por la integridad física del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y convocaron a una condena internacional amplia frente a lo que consideraron un factor de desestabilización de las democracias regionales. El pronunciamiento lleva las firmas de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.

Desde el ámbito educativo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) adhirió al comunicado regional impulsado por la Confederación de Educadores Americanos, la Federación de Sindicatos Docentes de América del Sur y el Foro por la Educación en Iberoamérica. En ese documento, las organizaciones educativas condenaron la ofensiva militar y reafirmaron su defensa innegociable de América Latina y el Caribe como territorio de paz. Asimismo, señalaron que la educación, la democracia y la soberanía no pueden desarrollarse bajo la amenaza permanente del bloqueo ni de la violencia externa.

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) sostuvo que los conflictos internacionales deben resolverse por vías democráticas y pacíficas, mediante el diálogo y el respeto entre las naciones. La entidad conducida por Juan Carlos Schmid reafirmó su compromiso con la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia y la soberanía nacional, y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

El amplio repudio sindical expuso una postura coincidente entre gremios de distintos sectores: el rechazo a toda forma de intervención militar y la defensa irrestricta del Derecho Internacional, la autodeterminación de los pueblos y la paz regional. En el marco de una escalada de conflictos internacionales, las organizaciones sindicales advirtieron que la normalización de este tipo de agresiones no solo pone en riesgo a Venezuela, sino que amenaza la estabilidad democrática de toda América Latina y el Caribe, reabriendo heridas históricas que la región creía superadas.