La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.

Si el proyecto de reforma laboral logra su aprobación definitiva en Diputados, su destino inmediato será la judicialización. Magistrados laborales, gremios y trabajadores individuales preparan planteos de inconstitucionalidad en un escenario donde la Corte Suprema ya dio señales coincidentes con varios ejes de la iniciativa.

La reforma laboral no sólo divide al arco sindical y político. También abrió un frente institucional que promete trasladar el conflicto desde el Congreso hacia los tribunales. En el Poder Judicial dan por descontado que, si la norma se convierte en ley, comenzará una etapa de litigiosidad intensa que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.

El núcleo de la controversia es la disolución del fuero laboral nacional y el traspaso de sus competencias a la órbita porteña. La semana pasada, el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio que formaliza esa transferencia. En un plazo de 180 días, diez juzgados laborales de la Ciudad deberán comenzar a tramitar los nuevos casos y ejecutar sentencias antiguas bajo los parámetros de la eventual nueva ley. Los juzgados nacionales del trabajo conservarán únicamente las causas iniciadas antes de la reforma.

El rediseño implica, además, el cierre de 30 de los 80 juzgados laborales nacionales —todos vacantes— y la supresión de una sala de la Cámara del Trabajo que también carece de titular.

La incertidumbre sobre el destino de empleados y funcionarios alimenta la tensión interna. En grupos de mensajería privada, magistrados laborales intercambian diagnósticos y evalúan estrategias ante lo que consideran una amenaza directa a la existencia misma del fuero.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, confirmó que analizan “todas las alternativas y vías de acción posibles”, aunque reconocen que el escenario no les resulta favorable. La dificultad radica en que la propia Corte Suprema abrió el camino hacia la autonomía plena de la Ciudad y avaló la transferencia de competencias, lo que debilita cualquier planteo que pretenda frenar el proceso en su origen.

El antecedente clave es el fallo “Levinas”, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño actúa como instancia de revisión en causas nacionales, consolidando el rol de la Ciudad como órgano de control jurisdiccional. A partir de ese precedente, un eventual reclamo contra el traspaso tendría escasas probabilidades de prosperar ante el máximo tribunal.

La reforma, sin embargo, no se agota en la cuestión orgánica. También redefine criterios sustantivos que impactan en la dinámica de los litigios laborales. En materia de indemnizaciones, la ley fija que los nuevos juicios deberán ajustarse por el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual. Para las causas en trámite se aplicará la tasa pasiva del Banco Nación, aunque con el límite de no reducir el IPC más ese 3%.

El debate sobre intereses no es menor. En los últimos dos años, la Corte dictó una serie de fallos —entre ellos “Oliva”, “Fontaine”, “Lacuadra” y “M. Décima”— que limitaron la capitalización sucesiva de intereses en indemnizaciones laborales. Con esas decisiones, el tribunal buscó frenar montos que consideró desproporcionados y enviar una señal a la Cámara del Trabajo, históricamente proclive a criterios más amplios. La nueva ley recoge esa línea y la consolida en texto normativo.

Pero el frente judicial no termina allí. Abogados laboralistas anticipan controversias en torno a la definición de salario. La norma excluye ciertos beneficios —como el uso de celular o automóvil corporativo— del cálculo indemnizatorio. No obstante, la Corte sostuvo en precedentes como “Pérez”, “González” y “Díaz” que el salario debe interpretarse en sentido amplio, abarcando toda contraprestación evaluable en dinero derivada del vínculo laboral. La tensión entre ley y jurisprudencia podría reavivar el debate constitucional.

Otro punto sensible es la previsión de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. La medida rompe con la lógica tradicional de pago único y abre interrogantes sobre la razonabilidad de imponer unilateralmente condiciones de cancelación al acreedor. Asimismo, la reducción salarial en casos de enfermedad inculpable —como lesiones producidas fuera del ámbito laboral— ya genera cuestionamientos basados en tratados internacionales de derechos humanos que protegen la integridad del salario durante la licencia médica.

En consecuencia, la reforma introduce una cláusula inédita: establece que los fallos de la Corte serán obligatorios en esta materia. La disposición tensiona el principio de independencia judicial y podría generar un escenario paradójico en el que jueces deban optar entre aplicar un precedente del máximo tribunal o atenerse a la literalidad de la nueva norma.

El gremio judicial, encabezado por Julio Piumato, también anticipó medidas de fuerza ante la eventual pérdida de puestos de trabajo. Jueces laborales, incluso algunos con afinidad política diversa, evalúan acompañar esas manifestaciones. El conflicto, así, combina defensa corporativa, discusión constitucional y redefinición del modelo laboral.

La reforma laboral, si se convierte en ley, no encontrará reposo tras su sanción. Por el contrario, abrirá un ciclo de litigios que podría prolongarse durante años. El nuevo esquema traslada la disputa a la justicia porteña y, en última instancia, a la Corte Suprema, que ya delineó criterios que coinciden parcialmente con el espíritu de la norma.

En ese cruce entre política y jurisdicción se juega algo más que un debate técnico. Está en discusión la arquitectura institucional del derecho laboral argentino y el equilibrio entre protección del trabajador, seguridad jurídica y sostenibilidad económica. El Congreso definirá la ley; los tribunales, su alcance y sus límites.

Tras la masiva movilización en la Plaza 25 de Mayo de San Juan, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica provincial, Martín Solazzo, cuestionó con dureza el avance de la reforma laboral y reclamó un paro nacional para frenar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente advirtió sobre las consecuencias jurídicas, sociales y productivas del proyecto.

La movilización del miércoles 11 de febrero en la Plaza 25 de Mayo llevada a cabo en San Juan dejó una señal inequívoca del clima sindical que atraviesa la provincia. Bajo el llamado de la CGT y otras centrales sindicales, cientos de trabajadores marcharon en rechazo a la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan, calificó la jornada como “multitudinaria” y destacó la amplitud de la movilización, que incluyó a organizaciones gremiales, sectores universitarios e incluso espacios políticos. “Fue una gran convocatoria para todos los sectores. El mensaje fue claro y concreto”, afirmó.

Durante la movilización se entregó un petitorio dirigido a los diputados nacionales por San Juan, con un pedido explícito: que rechacen el proyecto cuando llegue a la Cámara Baja. Según el dirigente, la responsabilidad política quedará marcada por el sentido del voto. “Van a ser responsables de lo que suceda de aquí en adelante”, advirtió.

Críticas a la negociación política y al contenido del proyecto

Solazzo cuestionó las negociaciones que precedieron la media sanción en el Senado y apuntó a lo que definió como “aprietes” del Ejecutivo nacional hacia gobernadores y sectores políticos. Si bien reconoció que algunos legisladores votaron en contra, consideró que el resultado final dejó en evidencia un escenario de presiones cruzadas.

En términos de fondo, el dirigente fue categórico: “Esta reforma está diseñada para hacerle daño al trabajador”. Sostuvo que ninguna modificación parcial cambiaría la esencia del proyecto y que, aun con retoques, seguiría implicando pérdida de derechos.

A su juicio, la iniciativa no aborda el problema estructural del país. “La Argentina atraviesa una crisis económica profunda, no una crisis generada por la legislación laboral”, señaló. En esa línea, planteó que la reforma no generará empleo ni mejorará la competitividad, sino que podría derivar en un incremento de litigiosidad debido a contradicciones normativas y posibles conflictos con garantías constitucionales y tratados internacionales.

Plan de lucha y presión sindical

La UOM ya había desplegado un esquema de protestas en distintas provincias. Solazzo enumeró movilizaciones en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, además de las acciones locales impulsadas por cada central obrera.

Sin embargo, consideró que las manifestaciones no alcanzan para torcer el rumbo legislativo. “Necesitamos un paro nacional contundente”, subrayó, y apeló a que las centrales obreras —entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT) y las CTA— escuchen el reclamo de las bases.

En ese marco, defendió la creación de un frente sindical alternativo que impulse medidas más firmes. Aclaró que no se trata de disputar liderazgo, sino de “aumentar la presión” ante lo que consideran un punto de inflexión histórico. “Lo ideal es que estemos todos unidos. La unidad es lo único que puede hacer retroceder esta reforma”, sostuvo.

Impacto productivo y advertencia a gobernadores

El titular de la UOM sanjuanina amplió el análisis más allá del plano estrictamente gremial. Señaló que el eventual debilitamiento sindical afectaría el entramado productivo y la estabilidad social. “Esto no impacta solo en el trabajador individual, afecta a la producción, a la industria y a la comunidad en su conjunto”, aseveró.

También cuestionó el rol de algunos mandatarios provinciales en el proceso de negociación. Sin mencionarlos de manera directa, advirtió que “serán responsables” si la norma prospera y sus consecuencias se trasladan a la economía regional.

Para Solazzo, el debate excede la coyuntura y se inscribe en una discusión de fondo sobre el modelo laboral y productivo del país. “Se pueden discutir reformas, pero sentándonos todos en una mesa. De la forma en que está planteada, esta ley no es beneficiosa para ningún trabajador”, insistió.

Un escenario abierto y de alta tensión

A la espera del tratamiento en Diputados, el clima sindical se mantiene en estado de alerta. El reclamo por un paro nacional se fortalece y el frente gremial busca sumar adhesiones para amplificar la presión política.

La movilización en San Juan, según Solazzo, no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia escalonada. “Mientras el espíritu de lucha esté activo, nada está perdido”, afirmó, convencido de que la disputa recién comienza.

El conflicto en torno a la reforma laboral expone tensiones profundas entre el Gobierno y el movimiento obrero. Más allá de los matices internos del sindicalismo, el mensaje que emergió desde San Juan es incuestionable: el rechazo no se limita a consignas retóricas, sino que se traduce en organización territorial y amenaza de medidas de fuerza de mayor alcance.

La votación en Diputados será el próximo punto crítico. Allí no solo se definirá el futuro de una norma, sino también el equilibrio entre poder político, representación sindical y derechos laborales en un contexto económico delicado. Para la UOM sanjuanina, la discusión no admite medias tintas: se trata, sostienen, de un debate estructural que marcará el rumbo del trabajo en la Argentina de los próximos años.