A semanas del inicio del debate formal en el Congreso, el Gobierno decidió excluir a la CGT de cualquier instancia de negociación sobre la reforma laboral. El malestar oficial por gestos políticos recientes de la central sindical selló una ruptura que empuja el conflicto al terreno parlamentario y a la calle.

Cuando restan pocas semanas para que el Congreso comience a discutir formalmente la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei tomó una definición política de alto impacto: cerrar por completo el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los actores centrales del sistema laboral argentino.

En la Casa Rosada reconocen que la relación con la central obrera atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión libertaria. Funcionarios del oficialismo admiten que “ya no hay margen para negociar” con la CGT, a la que consideran hoy un actor abiertamente confrontativo y sin voluntad de acompañar el proyecto.

El punto de quiebre, según deslizan en Balcarce 50, fueron los gestos políticos recientes del sindicalismo, en particular el comunicado de la CGT contra el DNU 941/2025, que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y las declaraciones públicas de dirigentes históricamente considerados “dialoguistas”, que en las últimas horas cuestionaron con dureza el contenido de la reforma laboral.

Desde el oficialismo interpretan ese endurecimiento como una respuesta a presiones internas del propio entramado sindical, que forzó a referentes con vínculos aceitados con La Libertad de Avanza a abandonar cualquier postura conciliadora. El resultado fue una decisión tajante: la CGT quedó fuera del esquema de consultas.

El artículo sensible y el núcleo del conflicto

Uno de los puntos que más tensiona la relación es el artículo 161 del proyecto, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Para la conducción gremial, la modificación implica un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral, uno de los pilares económicos y políticos del sindicalismo argentino.

Las propias estimaciones oficiales reconocen que la rebaja representaría una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a aproximadamente el 0,1% del PBI. En la lectura sindical, se trata de un golpe estructural que excede lo fiscal y busca debilitar la capacidad de acción de los gremios.

En el Gobierno, en cambio, consideran que la reacción de la CGT confirma que la reforma avanza sobre privilegios históricos y no sobre derechos laborales básicos. Esa convicción refuerza la decisión de avanzar sin consenso con la central obrera.

Estrategia sindical: gobernadores, Congreso y calle

En la calle Azopardo son plenamente conscientes del escenario. Admiten que no esperan ningún gesto del Ejecutivo y que el canal de diálogo político está virtualmente clausurado. Frente a eso, la CGT redefinió su estrategia: replegarse sobre los gobernadores y buscar que los legisladores provinciales bloqueen o modifiquen el proyecto en el Congreso.

A esa vía institucional se suma la presión social. La conducción sindical apuesta a que la movilización en las calles y la instalación del debate en la opinión pública generen el costo político suficiente para frenar la reforma. En tal sentido, comenzó a sobrevolar una opción de máxima tensión: un paro nacional. Aunque en el oficialismo desestiman esa posibilidad, dentro de la CGT ya no la descartan.

Paro nacional, una carta latente

Cristian Jerónimo, secretario general, dejó abierta esa puerta en declaraciones radiales. Señaló que la central obrera ya desplegó una estrategia política y comunicacional para advertir sobre el alcance de la reforma laboral, combinando trabajo territorial y presencia en redes sociales.
Jerónimo sostuvo que se agotarán todas las instancias institucionales, pero fue explícito al marcar un límite: si no hay respuestas, el Consejo Directivo evaluará los próximos pasos. “No se descarta nada”, afirmó, en una frase que resume el clima de confrontación creciente.

La decisión del Gobierno de excluir a la CGT del diálogo por la reforma laboral marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el sindicalismo. Lejos de buscar consensos, el oficialismo apuesta a imponer su proyecto con respaldo parlamentario y respaldo social propio, aun al costo de profundizar el conflicto.

Del otro lado, la central obrera se reconfigura como actor opositor, apoyada en los gobernadores, el Congreso y la calle. En ese cruce de estrategias, la reforma laboral se perfila no solo como una discusión técnica, sino como una disputa de poder de fondo que definirá el nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y el movimiento obrero en la Argentina.

Los últimos datos del INDEC confirman una tendencia alarmante: crece el trabajo informal, retrocede el empleo registrado y se desploman los salarios reales. La precarización se consolida como un rasgo estructural del mercado laboral argentino y deja a millones de trabajadores fuera del sistema de protección social.

Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó niveles históricamente elevados. En el sector privado, el 43,8% de los asalariados trabaja sin registración, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia la informalidad trepa al 64%, lo que deja a millones de personas sin aportes jubilatorios, cobertura de salud ni derechos laborales básicos.

En términos absolutos, más de nueve millones de trabajadores se encuentran hoy fuera del sistema formal, una cifra que revela la magnitud del problema y explica, en buena medida, el desfinanciamiento crónico del sistema previsional y de la seguridad social.

Sustitución del empleo formal por trabajo precario

Las cifras oficiales muestran que el crecimiento del empleo no responde a una expansión genuina de la actividad económica, sino a un proceso de sustitución del trabajo registrado por modalidades precarias. En comparación con el tercer trimestre de 2023, los asalariados registrados se redujeron en 222.000 personas, mientras que los trabajadores no registrados aumentaron en 231.000 y los cuentapropistas crecieron en alrededor de 400.000, en su mayoría también informales.

Sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, el empleo asalariado registrado —público y privado— alcanza los 11.063.000, mientras que la suma de asalariados en negro y trabajadores por cuenta propia asciende a 11.605.000, superando por primera vez al empleo formal. El dato sintetiza con claridad el avance de la precarización laboral.

Desde la Secretaría de Trabajo reconocen que “la totalidad de las nuevas inserciones laborales se produce fuera del sistema de seguridad social”. Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, el empleo no registrado creció un 5,3%, mientras que el registrado cayó un 0,6%, profundizando un fenómeno de carácter estructural.

Los sectores más afectados

El impacto de esta dinámica no es homogéneo. Entre los asalariados privados registrados, las mayores pérdidas de puestos de trabajo se concentraron en la construcción (-88.000 empleos), seguida por la industria manufacturera (-46.000) y el transporte y almacenamiento (-38.000), sectores históricamente sensibles a los ciclos económicos y al nivel de actividad.

En cuanto al empleo no registrado, el ranking lo encabeza el personal del servicio doméstico, con 1.152.000 trabajadores en negro, seguido por el comercio mayorista y minorista (851.000), la agricultura y ganadería (632.000) y la construcción (574.000). En varios de estos rubros, los asalariados informales ya superan a los registrados, consolidando esquemas laborales de alta vulnerabilidad.

El trabajo por cuenta propia también se concentra en actividades de baja estabilidad: comercio (1.831.000 puestos), construcción (954.000) e industria manufacturera (792.000), reflejando la falta de alternativas de empleo formal.

Salarios en caída y brechas crecientes

El deterioro del empleo se combina con una fuerte caída del salario real, que afecta tanto a los trabajadores registrados —especialmente del sector público y de convenio— como a quienes se desempeñan en la informalidad. La pérdida de poder adquisitivo profundiza las desigualdades y limita la capacidad de consumo de los hogares.

El economista Martín Redrado advirtió que el mercado laboral que se perfila tiende a priorizar sectores como energía, agro, minería y tecnología, en detrimento de actividades intensivas en mano de obra como la construcción y la industria manufacturera, lo que agrava la exclusión laboral.

En perspectiva internacional, la situación argentina resulta aún más preocupante: estimaciones de la OCDE indican que alrededor del 42% de los ocupados trabaja fuera de la formalidad, una proporción elevada incluso en comparación con otros países de la región y muy por encima de los niveles compatibles con un sistema de protección social sólido.

El panorama que surge de los datos oficiales es contundente. El crecimiento del empleo informal y del trabajo por cuenta propia no responde a una mayor dinámica productiva, sino a la destrucción del empleo con derechos y a la ausencia de políticas públicas capaces de sostener el trabajo registrado.

En la era Milei, la precarización laboral se consolida como un rasgo estructural del mercado de trabajo argentino, dejando a millones de personas fuera del sistema de seguridad social, con salarios en caída y sin un horizonte claro de estabilidad. Un escenario que plantea desafíos profundos no sólo para el presente, sino también para el futuro del empleo, la seguridad social y la cohesión económica del país.

La consolidación del llamado “trabajo del futuro”, acelerada tras la pandemia, convive con una concentración inédita de la riqueza y con reformas laborales que profundizan la precarización. Mientras una élite global acumula capital, extiende su expectativa de vida y se prepara para escenarios extremos, amplias mayorías enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema productivo y social.

El denominado trabajo del futuro dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, acelerada de manera decisiva por la pandemia de COVID-19. El confinamiento masivo impulsó el uso intensivo de la tecnología en los vínculos interpersonales, en los procesos productivos y en las relaciones laborales, modificando de forma estructural la organización del trabajo a escala global.

En la Argentina, como en buena parte del mundo, la discusión sobre la necesidad de actualizar convenios colectivos, revisar normativas laborales y adaptar los sistemas productivos y de servicios no es nueva. Sin embargo, lo que hoy aparece con mayor claridad es que ese debate se desarrolla en un contexto que tiende a usufructuar la coyuntura para ampliar desigualdades, erosionar derechos y consolidar formas de precarización que amenazan con expandir las poblaciones marginales y los mecanismos de explotación.

Lejos de promover un esquema virtuoso de incorporación de tecnología con mayor productividad y mejores condiciones de empleo, muchas de las reformas en discusión parecen apuntar a recrear vínculos laborales propios de otros siglos, más cercanos a la lógica de la servidumbre que a un sistema que fomente la formación profesional, los oficios calificados y la movilidad social ascendente.

La concentración extrema de la riqueza

Simultáneamente, el crecimiento de los llamados “superricos” se vuelve cada vez más visible y difícil de ignorar. La acumulación de capital en manos de una minoría ínfima continúa rompiendo récords históricos, ampliando la brecha entre una élite global y las grandes mayorías, independientemente de los debates morales sobre lo justo o injusto del fenómeno.

Algunos de estos multimillonarios promueven la idea de un ingreso mínimo social como herramienta de contención para quienes quedan fuera del mercado laboral formal. Esta propuesta, presentada como una solución humanitaria, también revela un trasfondo inquietante: la aceptación implícita de que una parte creciente de la población ya no será integrada al sistema productivo, sino apenas sostenida para garantizar su subsistencia.

Esa misma élite —que no supera el 1% de la población mundial, unos 8 millones de personas— aparece además vinculada a planes de construcción de búnkeres subterráneos autosuficientes, pensados como refugios ante eventuales colapsos sociales, ambientales o políticos. Una suerte de “plan B” frente a un escenario en el que la disputa por alimentos, agua potable y recursos básicos podría desatar conflictos de magnitud imprevisible.

Vida extendida para pocos, futuro incierto para mucho

La apuesta por nuevos territorios habitables, con Marte como emblema recurrente —impulsado incluso desde el poder político estadounidense y celebrado por figuras como Elon Musk—, aún no ofrece certezas reales. Mientras tanto, las inversiones más concretas de estos sectores se orientan al campo de la salud y la prolongación de la vida.

Avances médicos y terapias de alta complejidad prometen extender la expectativa de vida hasta los 90 o incluso 100 años, aunque el acceso a estos tratamientos quedaría reservado, una vez más, para un grupo extremadamente reducido. La posibilidad de vivir más y mejor se transforma así en un privilegio de clase, reforzando la segmentación social incluso en el plano biológico.

En este escenario, el desafío para las dirigencias políticas, sindicales y sociales que representan a los sectores de menores recursos —que hoy incluyen también a millones de trabajadores formales empobrecidos— es marcar un punto de inflexión frente a una tendencia que busca naturalizar la desigualdad como destino.

La justicia social y la igualdad de oportunidades parecen ser desplazadas deliberadamente de la agenda pública, mientras se delinean fronteras cada vez más nítidas entre ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta “cuarta” categoría. El riesgo no es solo económico, sino profundamente civilizatorio: la consolidación de un sistema que acepta la existencia de poblaciones de descarte como un daño colateral del progreso tecnológico y financiero.