Con una amplia convocatoria sindical y respaldo político, la Unión Obrera Metalúrgica realizó en San Juan un abrazo simbólico en defensa de la conducción nacional del gremio. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el secretario adjunto Rubén Ortiz calificó la intervención judicial como “arbitraria y maliciosa”, advirtió sobre sus consecuencias en las negociaciones salariales y sostuvo que detrás del fallo existe un intento de disciplinamiento contra el movimiento obrero organizado.

La intervención judicial de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica volvió a colocar al movimiento sindical en estado de alerta. En San Juan, la reacción no tardó en materializarse: dirigentes gremiales, organizaciones sociales y referentes políticos participaron de un abrazo simbólico frente a la sede local del sindicato, en una demostración de respaldo a la conducción encabezada a nivel nacional por Abel Furlán.

La movilización se realizó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo dispusiera la intervención del gremio y anulara el proceso electoral que había ratificado a Furlán al frente de la organización metalúrgica. El fallo, que generó un fuerte rechazo en distintos sectores sindicales, fue interpretado por la dirigencia como parte de una avanzada política y judicial contra las estructuras gremiales.

En ese contexto, el secretario adjunto de la UOM San Juan, Rubén Ortiz, sostuvo que la resolución judicial “busca debilitar a los sindicatos y condicionar la capacidad de defensa de los trabajadores”.

La actividad realizada en la capital sanjuanina exhibió una postal poco habitual en tiempos de fragmentación sindical:gremios de distintos espacios, centrales obreras y organizaciones sociales confluyeron en una misma convocatoria.

Ortiz destacó la presencia de referentes de la CGT, las CTA, organizaciones territoriales y dirigentes políticos provinciales, entre ellos el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja, quien participó de la actividad “como un vecino y compañero”, según relató el dirigente metalúrgico.

“La respuesta fue muy importante. Esto no afecta solamente a la UOM, sino al conjunto del movimiento obrero”, afirmó Ortiz.

La lectura compartida entre los asistentes apuntó a un diagnóstico común: la intervención judicial no constituye un episodio aislado, sino parte de un escenario más amplio de confrontación entre el Gobierno, sectores del Poder Judicial y las organizaciones sindicales.

“Quieren sindicatos débiles”

El núcleo del rechazo gremial se centra en lo que consideran una intromisión directa sobre la autonomía sindical. Para la conducción sanjuanina de la UOM, la intervención vulnera principios básicos de representación democrática dentro de las organizaciones obreras.

Ortiz fue contundente al describir el fallo: “Es una decisión insólita, arbitraria y maliciosa. La vida interna de los sindicatos debe resolverla exclusivamente el voto de los trabajadores”.
El dirigente remarcó además que la resolución judicial fue firmada por magistrados que previamente habían tenido intervención en causas vinculadas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, lo que alimentó las sospechas de una articulación política detrás de la medida. “Son jueces abiertamente antisindicales. Esto forma parte de una maniobra de disciplinamiento”, señaló.

El impacto sobre las paritarias

Más allá de la dimensión política, la intervención abre interrogantes concretos sobre el funcionamiento cotidiano del gremio y las negociaciones salariales en curso.
Ortiz advirtió que la situación afecta directamente la capacidad de discusión paritaria de la organización, debido a que las negociaciones salariales de la actividad metalúrgica se desarrollan a nivel nacional.

“Hoy tenemos una incertidumbre enorme. Hay seis meses en los que no podríamos discutir paritarias normales, salvo acuerdos parciales con empresas a cuenta de futuros aumentos”, explicó.

La preocupación no es menor en un sector golpeado por la caída del poder adquisitivo y la desaceleración industrial. En ese sentido, la posibilidad de paralizar las discusiones salariales genera inquietud entre trabajadores y delegados de base.

La reacción sindical y las próximas medidas

Mientras la conducción nacional prepara la apelación judicial contra el fallo, las seccionales del interior aguardan definiciones sobre el plan de acción que seguirá el gremio en las próximas semanas.

Ortiz confirmó que el secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, viajó a Buenos Aires para participar de reuniones con la conducción nacional y recibir directivas sobre los pasos a seguir.

La organización no descarta avanzar con medidas gremiales y profundizar la conflictividad sindical si la intervención no es revertida.

Aun así, el dirigente dejó en claro que la legitimidad de Furlán continúa intacta para la estructura sindical metalúrgica. Recordó que el actual secretario general obtuvo un respaldo contundente en las elecciones internas, tanto en Campana como a nivel nacional.

“Nosotros reconocemos a Abel Furlán como el secretario general legítimo de todos los metalúrgicos del país. Fue elegido democráticamente por los trabajadores y eso no puede desconocerse”, sostuvo.

El abrazo simbólico realizado en San Juan dejó algo más que una imagen de solidaridad sindical. Expuso, en realidad, la profundidad de un conflicto que combina disputa judicial, tensión política y pelea por el control de las relaciones laborales.

Mientras la UOM prepara su estrategia legal y gremial, el movimiento obrero observa con preocupación un presente donde las decisiones de los tribunales comienzan a incidir directamente sobre la vida interna de las organizaciones sindicales.

La discusión ya no pasa únicamente por la continuidad de una conducción. Lo que emerge detrás de este episodio es una puja más amplia sobre el futuro del sindicalismo, el alcance de las paritarias y el lugar que ocuparán los trabajadores organizados en la nueva arquitectura laboral que intenta imponerse en el país.

Con el respaldo de más de dos tercios de las seccionales del país, el Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica resolvió avanzar con una reorganización interna para sostener la actividad institucional y las negociaciones salariales tras la intervención judicial dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El sindicato declaró además el estado de alerta y movilización permanente.

La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) endureció este martes su respuesta política y sindical frente a la intervención judicial que dejó sin efecto las autoridades electas del gremio y resolvió avanzar con una estructura transitoria destinada a preservar el funcionamiento institucional de la organización.

La definición surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo realizada en la sede central del sindicato, donde participaron representantes de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas del país. Allí, la organización resolvió rechazar formalmente la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y declaró el “estado de alerta, movilización y sesión permanente” en todo el territorio nacional.

La central metalúrgica sostuvo que las medidas adoptadas apuntan a garantizar la continuidad administrativa, gremial y convencional de la entidad mientras se desarrolla la disputa judicial abierta tras el fallo que anuló los comicios de la seccional Campana y extendió sus efectos sobre la conducción nacional encabezada por Abel Furlán.

En ese punto, el Consejo Directivo designó a Daniel Daporta —actual secretario general adjunto y dirigente de la seccional Avellaneda— como Delegado Administrador nacional de la organización. La resolución le otorga facultades para asegurar el desenvolvimiento institucional del sindicato y coordinar las tareas necesarias hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

La estructura transitoria también incluyó la designación de Emiliano Gallo, titular de la seccional Vicente López, como Delegado Administrador en Campana, distrito donde se originó la controversia judicial que derivó en la intervención del gremio.

La reorganización interna no se limitó al plano administrativo. En un contexto de marcada tensión económica y negociación salarial compleja para el sector industrial, la UOM resolvió además conformar un nuevo esquema de representación paritaria con el objetivo de impedir una paralización de las discusiones salariales.

Para esa tarea fueron designados Daniel Daporta, Emiliano Gallo, Óscar Anselmo Martínez, Osvaldo Lobato, Esteban Cabello, Diego Sebastián Espeche, Rubén Urbano, Pablo Molina, Roberto Daniel Gómez y Antonio Ricardo Donello, quienes tendrán la responsabilidad de sostener las negociaciones convencionales y representar al gremio frente a las cámaras empresarias.

Desde la organización remarcaron que la disputa excede una cuestión interna y se vincula directamente con la defensa de la autonomía sindical y la legitimidad de las organizaciones gremiales para elegir a sus autoridades sin interferencias externas.

Como parte del plan de acción, el sindicato también resolvió convocar a asambleas en fábricas, talleres y establecimientos metalúrgicos de todo el país para informar a los trabajadores sobre los alcances de la resolución judicial y debatir los próximos pasos del conflicto.

Con este panorama, la UOM intenta preservar capacidad operativa, sostener la representación paritaria y evitar un vacío institucional que afecte tanto la negociación salarial como el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones industriales más importantes del país.

La medida de fuerza de 96 horas impulsada por docentes y no docentes universitarios registró un importante nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan. Desde ADICUS advirtieron sobre la profundización del deterioro salarial, el abandono de cargos y el riesgo de complicaciones en el inicio del segundo cuatrimestre.

El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a escalar y expuso con crudeza el deterioro económico que atraviesa buena parte del sistema educativo superior. Con un elevado nivel de adhesión en distintas facultades e institutos preuniversitarios, comenzó este martes el paro de 96 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, en una medida que impacta de lleno en el funcionamiento académico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La representante de ADICUS, Edith Liquitay, describió un panorama marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la sobrecarga laboral y la dificultad de numerosos docentes para sostener económicamente su actividad profesional.

“Hay compañeros que manejan Uber, venden comida los fines de semana o realizan emprendimientos artesanales para poder complementar ingresos”, señaló la dirigente sindical al reflejar el escenario que atraviesan numerosos trabajadores universitarios.

Según explicó, el nivel de adhesión a la protesta evidencia la profundidad del malestar acumulado en el sector. De acuerdo con el relevamiento realizado por el gremio, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento el acatamiento rondó el 70%, mientras que en el Colegio Central Universitario osciló entre el 40% y el 50%, condicionado por mesas de evaluación y actividades académicas programadas. En tanto, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes la actividad fue prácticamente nula durante la jornada.

Liquitay sostuvo que dentro del espacio gremial existieron sectores que promovían avanzar con medidas aún más severas, incluso con un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, las federaciones universitarias acordaron una instancia intermedia ante la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente el calendario académico.

“La situación es extremadamente delicada y se viene agravando desde hace meses”, afirmó Liquitay, quien además cuestionó la ausencia de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional luego de las masivas movilizaciones universitarias realizadas en distintos puntos del país.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de la comunidad educativa es la continuidad normal del ciclo lectivo durante la segunda mitad del año. Desde el gremio advirtieron que el conflicto no se limita a una protesta coyuntural, sino que forma parte de un plan de lucha de alcance prolongado frente al deterioro salarial y presupuestario.

“Lo que empieza a ponerse en riesgo es el inicio mismo del segundo cuatrimestre”, alertó la referente de ADICUS, al tiempo que remarcó que las recomposiciones salariales otorgadas hasta el momento quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

En ese sentido, explicó que el último instructivo salarial enviado por Nación contempló apenas un incremento del 1,5%, mientras que la evolución de los precios acumuló una diferencia cada vez más pronunciada respecto de los ingresos universitarios.

“El desfasaje es enorme y ya afecta la permanencia de profesionales altamente formados dentro de las universidades públicas”, sostienen desde el sector gremial, donde también reconocen una notable migración de docentes hacia otras actividades laborales ante la imposibilidad de sostenerse únicamente con el salario académico.

El endurecimiento de la crisis vuelve a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública, en medio de un panorama económico que combina ajuste presupuestario, pérdida salarial e incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del sistema de educación superior.