El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, solicitó la citación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para que brinde explicaciones sobre su presunto pedido para reducir la cantidad de pensiones por discapacidad y el cese de personal de auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En una por la transparencia en la gestión de políticas de discapacidad, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita la citación del ministro Federico Sturzenegger para que explique su presunta intervención en la reducción de pensiones por discapacidad y la disminución del personal de auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según audios filtrados correspondientes al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, Sturzenegger habría impulsado estas medidas.

De acuerdo con las declaraciones de Valdés, estas decisiones habrían debilitado los mecanismos de control y podrían haber facilitado maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. «No se trata solo de un hecho de corrupción, sino de un ataque directo a los derechos de las personas con discapacidad», señaló el diputado peronista. Valdés enfatizó la gravedad institucional del asunto y subrayó que «la Cámara de Diputados tiene la obligación de que el ministro rinda cuentas ante la sociedad».

En su proyecto, Valdés plantea varias preguntas específicas dirigidas a Sturzenegger. Entre ellas, se busca determinar si el ministro instruyó al director de la ANDIS para dar de baja la mayor cantidad posible de pensiones por discapacidad. También se pregunta si Sturzenegger se oponía a la revisión médica de los pensionados por discapacidad y si solicitó la baja directa de dichas pensiones. Además, Valdés solicita información sobre el funcionario que Sturzenegger designó en la ANDIS y si la reducción del personal de la Unidad de Auditoría Interna fue por decisión del Ministerio a cargo de Sturzenegger.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Eduardo Cabello, referente de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan y titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en la provincia, analizó con crudeza el contexto político, económico y social que atraviesa el país bajo la actual gestión nacional. El dirigente abordó desde la crisis laboral y la paralización de obras estratégicas, hasta el futuro de la conducción de la central obrera y el potencial de la minería del cobre en la provincia.

Consultado sobre el entorno del país en materia económica y laboral, Cabello no dudó en calificar la situación actual como “grave” y advirtió que las políticas del Gobierno nacional están agudizando los problemas estructurales. “Vemos despidos masivos, paralización de obras y un ajuste que golpea a todos los sectores. Esto no es algo nuevo, pero la profundidad de la recesión actual es alarmante”, expresó.

El dirigente recordó que desde hace meses viene alertando sobre el deterioro de las condiciones laborales y el impacto de las medidas económicas. “El tiempo nos está dando la razón. Hoy hay 223 mil empleos formales menos y casi 16 mil empresas cerradas. Es un escenario que no se corrige porque el modelo que impulsa la Nación profundiza la apertura indiscriminada de importaciones y el retiro del Estado de áreas clave”, puntualizó.

Elecciones en la CGT: la necesidad de un triunvirato

En relación a la renovación de autoridades en la CGT nacional, prevista para el 5 de noviembre, Cabello se inclinó por la conformación de un triunvirato que incluya a los principales sectores internos. “La situación amerita que todos los espacios estén representados. Si se opta por un unicato vinculado a una franja política determinada, se corre el riesgo de politizar excesivamente la conducción, en detrimento de la acción gremial. Un triunvirato permitiría equilibrio y consenso entre los llamados ‘gordos’, los independientes y otros sectores relevantes”, analizó.

Ruta 40: una obra estratégica paralizada

Uno de los puntos que más preocupación genera en el referente sindical es la paralización de las obras en la Ruta 40, afectadas por problemas de financiamiento. Cabello explicó que desde febrero no se realizaban pagos regulares a las empresas constructoras y que, aunque recientemente se abonaron algunos montos, persisten certificados impagos.

“Lo más grave es que estos fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ya ingresaron al Tesoro nacional. Si pasan cuatro o cinco meses sin transferirlos a las obras, se genera incertidumbre total. Ninguna empresa quiere trabajar gratis. Hablamos de montos importantes y de un proyecto clave para la conectividad y el desarrollo regional”, sostuvo.

La suspensión impacta directamente en el empleo: alrededor de 110 trabajadores de la UOCRA y otros tantos de actividades conexas ya se ven afectados. “Es el resultado de una política nacional que ajusta y frena la inversión pública. Esto está pasando en toda la Argentina, de norte a sur”, remarcó.

Impacto social y riesgos de un modelo económico liberal extremo

Cabello fue categórico al describir el rumbo económico. “Estamos viviendo un liberalismo que ya experimentamos en otras épocas. Es como cuando uno corta un tratamiento médico antes de tiempo: las recaídas son inevitables. Ya lo vimos en el pasado y hoy lo volvemos a sufrir”, reflexionó.

Destacó que, pese a las diferencias políticas, algunos sectores en el Congreso han apoyado leyes claves, como la emergencia en discapacidad. Sin embargo, advirtió que los “cantos de sirena” y las promesas vacías no ofrecen soluciones reales.

Minería del cobre: oportunidad y desafío para San Juan

En otro tramo de la entrevista, Cabello se refirió a las perspectivas que abre el desarrollo minero, particularmente con los proyectos de cobre que lideran empresas de alcance global como Glencore.

“Es una oportunidad histórica para San Juan, pero no estamos totalmente preparados. Nadie lo está al cien por ciento. La clave es que se avance con infraestructura: rutas, transporte ferroviario, energía. No se puede sacar el cobre por un simple camino de tierra”, advirtió.

El dirigente alertó que, si no se resuelven las condiciones logísticas, las inversiones podrían limitarse. “Corremos el riesgo de que el mineral salga por Chile en lugar de procesarse y generar empleo en la provincia. Queremos que la minería sea sustentable, responsable y con beneficios para los sanjuaninos en primer lugar”, enfatizó.

Aunque celebra el interés inversor —con planes que podrían superar los 13 mil millones de dólares—, Eduardo Cabello insistió en que sin un Estado presente, el despegue productivo podría demorarse entre dos y tres años o más. “Con este gobierno, que no prioriza infraestructura, el panorama se complica”, concluyó.

La Asociación del Personal del INTA denunció una «revancha política» del Gobierno Nacional después de que el Senado derogara el Decreto 462 que disponía la disolución del organismo. Horas después de la votación, el Ministerio de Economía puso en disponibilidad a 286 trabajadores de planta permanente.

En un giro inesperado, el Gobierno Nacional tomó medidas drásticas contra trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tras la derogación del Decreto 462 en el Senado. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) calificó la decisión del Ministerio de Economía de poner en disponibilidad a 286 trabajadores de planta permanente como «absolutamente ilegal» y una «revancha política» contra los empleados que se opusieron a la disolución del organismo.

Mario Romero, Secretario General de APINTA, expresó su sorpresa y malestar por la rapidez con que el Ministerio de Economía tomó esta medida después de la votación en el Senado. «Una hora después que pudiéramos festejar la derogación del decreto 462, el ministro de Economía Caputo había lanzado una resolución donde ponen a disponibilidad a 286 compañeros de planta permanente del INTA», señaló Romero.

El dirigente gremial subrayó que la disposición del Ministerio de Economía contradice una orden judicial previa. «Tenemos una medida cautelar dictada por el Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo de San Martín», afirmó Romero, añadiendo que APINTA está trabajando para impugnar la resolución del Ministerio.

A pesar de la decisión oficial, los trabajadores del INTA continúan cumpliendo funciones en sus puestos de trabajo. «Nuestros abogados están trabajando en eso. Igual los trabajadores hoy han ingresado a su puesto de trabajo y están desarrollando tareas normalmente», indicó Romero.