El Ministerio de Capital Humano resolvió cumplir con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana y transferirá $72 mil millones antes del 7 de mayo. La decisión alcanza a más de 950 mil titulares del programa y reconfigura la relación del Gobierno con los reclamos sociales y judiciales.

El Ejecutivo nacional dispuso finalmente la reactivación de los pagos correspondientes al programa Volver al Trabajo, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana. La resolución implica el desembolso de $72 mil millones destinados a más de 950 mil beneficiarios, quienes percibirán $78.000 antes del 7 de mayo.

La decisión, formalizada a través de la Resolución Nº 317/2026 firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marca un punto de crucial en la postura oficial frente a los reclamos vinculados a políticas sociales. Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el Ejecutivo optó por acatar el fallo judicial, en contraste con antecedentes recientes en los que había sostenido una línea más restrictiva frente a resoluciones de la Justicia.

El pronunciamiento judicial se apoyó en el carácter alimentario de la prestación y en la dimensión colectiva del derecho involucrado, argumentos que resultaron determinantes para ordenar la continuidad de los pagos. La intervención del tribunal introdujo un elemento de urgencia en la gestión del conflicto, que había escalado a partir de la suspensión de transferencias y la consecuente reacción de organizaciones sociales.

En este aspecto, la respuesta de los movimientos territoriales contribuyó a acelerar el desenlace. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero, que nuclea a decenas de agrupaciones, habían articulado un plan de protesta de alcance nacional, con cortes previstos en numerosos puntos del país. La medida fue desactivada tras conocerse la resolución judicial y la decisión administrativa de avanzar con los pagos.

Desde los espacios organizados que impulsaron las acciones, la determinación fue interpretada como el resultado de una estrategia combinada de judicialización y movilización. Voceros de estas organizaciones destacaron la relevancia del fallo y subrayaron la necesidad de sostener la vigilancia sobre su cumplimiento efectivo, ante la posibilidad de nuevas instancias judiciales que definan la continuidad del programa.

El episodio también deja expuesta la presión entre el enfoque de ajuste promovido por la administración nacional y las demandas de los sectores más desfavorecidos, para quienes estas transferencias representan un ingreso esencial. La decisión de cumplir con la cautelar introduce un matiz en esa dinámica, al evidenciar los límites que imponen tanto el sistema judicial como la capacidad de articulación de los actores sociales.

El Gobierno nacional resolvió sostener sin modificaciones el esquema de refuerzo previsional y confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados durante el mes de mayo. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema.

Con el ajuste correspondiente al índice de precios de marzo —que registró un incremento del 3,4%—, las jubilaciones mínimas se ubicarían por encima de los $463.000 en mayo, incluyendo el refuerzo extraordinario.

Desde el Gobierno justificaron la continuidad del bono en la necesidad de atenuar los efectos de la inflación sobre los ingresos previsionales. En el texto oficial se cuestiona el funcionamiento de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609, señalando que no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios y generaba un desfasaje entre las variables económicas y su impacto en los haberes.

En ese sentido, el Ejecutivo sostiene una política de compensaciones adicionales que se mantiene vigente desde comienzos de 2024. Inicialmente, el refuerzo fue de $55.000 durante los primeros meses de ese año, para luego incrementarse a $70.000, nivel que se conserva hasta la actualidad.

El decreto precisa que el bono tiene carácter extraordinario, no es susceptible de descuentos ni se integra al haber mensual a los efectos de otros cálculos. Asimismo, establece que en el caso de pensiones con más de un beneficiario, el monto será considerado como una única prestación a los fines de su liquidación.

En cuanto al alcance, el refuerzo está dirigido a titulares de jubilaciones contributivas administradas por la ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y perceptores de pensiones no contributivas, incluyendo aquellas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, entre otras.

Trece trabajadores de la sede central sanjuanina del Correo Argentino fueron notificados de la finalización de sus contratos. El gremio FOECYT anunció una medida de fuerza de 48 horas en rechazo a la reducción de personal y al deterioro salarial.

La política de reducción de plantilla en el Correo Argentino registró un nuevo golpe en la provincia de San Juan. En los últimos días, trece empleados de la sede central —ubicada en el área céntrica de la capital— recibieron los telegramas que formalizan la finalización de su vínculo laboral. Las bajas alcanzan a distintos sectores operativos, entre ellos distribución, logística y atención comercial.

El episodio se inscribe en un proceso más amplio que, según denuncian desde el ámbito sindical, se replica en diversas regiones del país. Frente a este cuadro, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) dispuso un paro nacional de 48 horas, previsto para el lunes 4 y martes 5 de mayo, bajo la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo. La seccional San Juan confirmó su adhesión a la medida.

Con estas salidas, el número de trabajadores afectados en la provincia asciende a 17 desde el inicio de la actual administración nacional. A esa cifra se agregan quienes optaron por mecanismos de retiro voluntario, lo que eleva el total de desvinculaciones a 60 en los últimos dos años y medio, de acuerdo con estimaciones del sindicato.

El cuadro se profundiza con la reciente discontinuidad de la oficina postal del departamento San Martín, una decisión que, según referentes gremiales, impacta tanto en la prestación del servicio como en la carga de trabajo del personal activo.

Desde FOECYT también advierten sobre el deterioro de los ingresos. Su conducción en San Juan señala que un trabajador con una década de antigüedad percibe una remuneración que no logra acompañar el costo de vida, y estima una pérdida sustancial del poder adquisitivo durante la actual gestión.

El recorte de personal en la provincia y la convocatoria a una medida de alcance nacional reflejan un conflicto que adquiere mayor dimensión dentro del Correo Argentino. La combinación de reducción de plantilla, reconfiguración operativa y presión sobre los ingresos configura un ámbito presión sostenida, con impacto directo en la estructura laboral y en la calidad del servicio postal.