La Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, desoyendo el veto del presidente Javier Milei. Con 174 votos afirmativos, la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios y le propinó un nuevo revés al Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión social y presupuestaria.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, celebró el resultado y lo calificó como un “día histórico”. En un comunicado, el gremio remarcó que la decisión de los legisladores reflejó la voluntad popular expresada en la “marcha federal multitudinaria” en defensa de la educación pública realizada días atrás.

“El financiamiento universitario es clave no solo para garantizar el funcionamiento de las instituciones, que hoy atraviesan un ajuste inconmensurable, sino también para recomponer los salarios de sus trabajadores”, sostuvo la entidad.

Ricci, expresó que el triunfo en Diputados representa un paso fundamental, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no terminó: “La lucha continúa. Ahora esperamos que el Senado insista con la Ley y rechace definitivamente el veto presidencial”.

El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ya había sido aprobado por el Congreso, pero vetado por el Poder Ejecutivo. La decisión de Diputados no solo recompone las expectativas del sistema universitario, sino que también marca un quiebre en la agenda del Gobierno, que esta misma semana presentó el Presupuesto 2026 con fuertes recortes en educación y salud.

En paralelo, la ley de emergencia pediátrica también obtuvo la insistencia de la Cámara Baja, lo que extiende la pulseada política al Senado. Allí se definirá si los vetos de Milei son rechazados en forma definitiva, consolidando un triunfo opositor de amplio alcance.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados se transformó en un símbolo de resistencia frente al ajuste impulsado por Javier Milei. Para el movimiento universitario, la media sanción de insistencia no solo representa una conquista coyuntural, sino un respaldo social y político que trasciende las aulas. El Senado será el escenario decisivo, pero el mensaje ya quedó claro: la educación pública cuenta con una defensa activa que une a docentes, estudiantes y legisladores frente a los intentos de desfinanciarla.

En una sesión cargada de tensión política y acompañada por masivas movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Con amplio respaldo opositor, la iniciativa vuelve ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una jornada de alto voltaje político al rechazar los vetos del presidente Javier Milei contra dos leyes consideradas centrales para sectores estratégicos: la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. La votación marcó un nuevo revés para el oficialismo, que no logró evitar que la oposición reuniera las voluntades necesarias para recomponer y sostener políticas de salud y educación, áreas que la sociedad reclama como prioritarias.

El rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica se aprobó con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario consiguió 174 votos afirmativos, 77 negativos y dos abstenciones. Ambas resoluciones fueron celebradas en el recinto y en las calles, donde miles de personas se movilizaron en defensa de hospitales y universidades públicas.

El Gobierno, sin embargo, había argumentado lo contrario. A través del Decreto 647/2025, Milei vetó la Emergencia Pediátrica alegando que generaba un gasto “desproporcionado” que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Algo similar sostuvo para la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Decreto 651/2025, bajo la advertencia de que implicaba un costo excesivo que amenazaba el superávit primario, eje central de su programa económico. Desde la Casa Rosada se insistió en que ambas normas carecían de financiamiento real y que su implementación sólo podría sostenerse mediante emisión monetaria, lo que, a su criterio, profundizaría la inflación.

No obstante, la Cámara Baja consideró indispensable la aplicación de estas políticas. La Ley de Financiamiento Universitario garantiza un piso mínimo de presupuesto ajustado por inflación, la recuperación del salario docente y no docente, la creación de un fondo para carreras estratégicas de ciencia y tecnología, la ampliación de becas e inclusión estudiantil, partidas para obras e infraestructura, y un incremento gradual que lleve el presupuesto universitario al 1,5 % del PBI en 2031.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica crea un Sistema Nacional de Emergencia Pediátrica, asegura atención prioritaria y gratuita a todos los niños en situaciones críticas, establece un Fondo Especial para equipamiento e infraestructura hospitalaria, y obliga a la capacitación en emergencias pediátricas de todo el personal sanitario. El objetivo es garantizar la cobertura universal y reducir los tiempos de atención en casos de urgencia.

El debate en el recinto estuvo atravesado por discursos encendidos. Desde la oposición, se remarcó que “la salud de los niños y la educación universitaria no pueden quedar a merced del ajuste fiscal”. En tanto, los diputados oficialistas alertaron sobre los riesgos de aprobar gastos sin financiamiento, insistiendo en que las leyes son “populistas e irresponsables”.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso y en distintas ciudades del país, miles de manifestantes respaldaron la restitución de las normas. Movimientos estudiantiles, gremios docentes, organizaciones médicas y sociales celebraron lo que calificaron como un triunfo de la sociedad frente al recorte de derechos.

Ahora será el Senado de la Nación el que deba ratificar lo decidido en Diputados. Si la Cámara Alta acompaña con mayoría especial, las leyes quedarán promulgadas automáticamente, pese a la resistencia del Poder Ejecutivo.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados configura un fuerte desafío político para el Gobierno de Javier Milei. La oposición logró unificar posiciones en torno a la defensa de la salud y la educación como pilares estratégicos del desarrollo nacional, mientras que la sociedad civil acompañó con una movilización masiva. El desenlace en el Senado será determinante, pero lo ocurrido este miércoles ya se inscribe como un hito en la disputa entre ajuste fiscal y políticas públicas inclusivas.

El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, describió el presente del sector como “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con fábricas paralizadas, caída en el empleo y un panorama que remite a los años noventa. Apuntó contra la apertura indiscriminada de importaciones, advirtió sobre un “efecto dominó” en todo el país y ratificó el compromiso sindical con la defensa de la industria nacional, la educación, la salud y los jubilados.

La voz de alerta resuena desde el corazón industrial cuyano. Martín Solazo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la provincia de San Juan, advirtió que el sector atraviesa “uno de los peores momentos de la historia reciente”, con un nivel de actividad comparable al registrado durante la pandemia y una pérdida de empleos que, según datos gremiales, supera los 5.000 puestos en todo el país.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente explicó que las fábricas sanjuaninas están “estancadas” y que la situación se replica en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias con fuerte presencia metalúrgica. “Estamos en estado de alerta permanente. Cada cierre en una planta repercute en toda la cadena y genera un efecto dominó que tarde o temprano nos alcanza”, sostuvo.

La preocupación no es abstracta. En las últimas semanas, el cierre de una planta de motos en Campana dejó a 70 trabajadores en la calle; en el sector siderúrgico ya se contabilizan 350 despidos, y en Santa Fe una empresa metalúrgica bajó sus persianas con 120 empleados cesanteados. “La industria cuando no tiene trabajo no puede sostener el mismo nivel de empleo. Nosotros defendemos la cultura del trabajo, pero sabemos que sin producción no hay manera de mantener las fábricas abiertas”, subrayó Solazo.

El fantasma de los 90 y la importación indiscriminada

El dirigente comparó el escenario actual con los años noventa, cuando la apertura de las importaciones derivó en la reconversión forzada de numerosas industrias nacionales. “Muchos empresarios están dejando de producir para convertirse en importadores. Una fábrica que empleaba a cien trabajadores hoy se limita a importar piezas, ponerles una etiqueta y reducir la plantilla a veinte embolsadores. El resto son familias que quedan sin sustento”, graficó.

Solazo retomó una idea clásica del pensamiento industrialista: “Cuando exportamos materia prima sin procesarla, lo que estamos haciendo es generar empleo en otro país. Argentina tiene recursos y capacidad, pero sin una política de protección y desarrollo lo único que logramos es destruir nuestra propia base productiva”.

En este punto, el titular de la UOM San Juan reclamó un cambio de rumbo: “Antes de abrir de manera indiscriminada la importación, el Gobierno debería haber fortalecido a la industria local, promovido la competitividad y la innovación tecnológica. De lo contrario, el resultado es condenar a la industria nacional y a la mano de obra argentina”.

Más allá de la fábrica: derechos en riesgo

El diagnóstico de la UOM excede la cuestión industrial. Solazzo anunció que el gremio se sumará al “súper miércoles” de movilización convocado por la CGT, junto a organizaciones universitarias, médicas y científicas, en rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica. “Siempre vamos a estar del lado de la igualdad y la equidad. No queremos un país para unos pocos. No se puede vetar leyes que garantizan salud y futuro a una generación entera”, advirtió.

En la misma línea, defendió a la universidad pública y al Hospital Garrahan, al que calificó como “el mejor de Sudamérica”. “Son conquistas de décadas que no vamos a dejar caer. Cada derecho que costó lucha y sacrificio, lo vamos a defender. Siempre van a contar con la UOM, en San Juan y en todo el país”, enfatizó.

Un discurso presidencial bajo la lupa

Consultado sobre el mensaje que el presidente Javier Milei pronunció esta semana, en el que defendió su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”, Solazzo fue categórico: “Da pena escucharlo. Parece que hablara de otro país. Dice que los salarios están en 1.200 dólares, pero eso no existe en la realidad de los trabajadores. Estamos muy lejos de lo que describe”.

El sindicalista recordó que Milei ya había hecho la misma promesa hace un año. “En agosto pasado aseguró que lo peor había pasado. Hoy estamos peor que entonces. Cada vez que lo escuchamos repetir ese discurso sentimos que es una burla para quienes vivimos la crisis en la base. No hay señales de reactivación ni en la industria ni en el comercio”, afirmó.

Para el dirigente, la distancia entre el relato oficial y la vida cotidiana de los trabajadores erosiona la credibilidad política: “Cuando el presidente insiste en un diagnóstico que no coincide con lo que pasa en las fábricas, lo único que genera es desesperanza”.

La radiografía que traza la UOM San Juan refleja con nitidez el dilema que enfrenta la Argentina: una industria debilitada por la apertura indiscriminada de importaciones, despidos que se multiplican en todo el país y un Estado que no logra articular políticas de protección y desarrollo. A la vez, el sindicalismo se muestra dispuesto a dar la disputa no solo por los puestos de trabajo, sino también por la salud, la educación y los derechos sociales conquistados.

El contraste entre los discursos oficiales y la realidad que describen los trabajadores anticipa que la conflictividad laboral y social seguirá en aumento. El desenlace dependerá de la capacidad política de generar consensos que permitan reactivar la producción sin resignar soberanía ni justicia social.