Un relevamiento reveló que el 75,25% de los sanjuaninos mantiene compromisos financieros. La mayor parte de los recursos se destina a alimentos, servicios y salud, mientras las tarjetas de crédito, los préstamos y las facturas impagas se consolidan como herramientas para sostener la economía doméstica.

La fragilidad financiera de los hogares en San Juan continúa profundizándose. Un estudio realizado por Amas de Casa del País entre el 10 y el 19 de junio mostró que tres de cada cuatro habitantes de la provincia mantienen algún tipo de deuda activa, una proporción que expone las dificultades crecientes para afrontar los gastos corrientes únicamente con los ingresos mensuales.

El informe, realizado sobre una muestra de 400 personas, determinó que el 75,25% posee compromisos financieros, mientras que apenas el 24,75% afirmó no registrar deudas. La radiografía de ingresos ayuda a explicar ese escenario: el 50,3% de los consultados percibe entre 200.000 y 400.000 pesos mensuales, un nivel que deja escaso margen para absorber aumentos de precios o gastos imprevistos.

La presión sobre los presupuestos familiares se concentra en consumos esenciales. El 94% de los encuestados destina sus recursos a la compra de alimentos, el 67,4% al pago de servicios, el 53,2% a salud y el 35,9% a educación. Los gastos vinculados al transporte apenas alcanzan el 8%, mientras que otros consumos resultan prácticamente marginales.

Las obligaciones más frecuentes están asociadas al funcionamiento cotidiano del hogar. Las deudas por servicios encabezan el listado con el 54,2%, seguidas por las tarjetas de crédito (52,8%) y los préstamos personales (48,8%). Más atrás aparecen las compras fiadas (30,6%) y las cuentas pendientes en farmacias (8%).

Los datos sugieren un cambio relevante en la naturaleza del endeudamiento. Ya no se trata principalmente de financiar bienes durables o consumos extraordinarios, sino de cubrir necesidades básicas. En ese contexto, el crédito dejó de ser una herramienta de expansión del consumo para convertirse en un mecanismo de subsistencia.

El panorama provincial adquiere una dimensión adicional al observar los niveles de mora. De acuerdo con un informe de la consultora Analytica elaborado sobre registros del Banco Central, el 36% de los deudores sanjuaninos presenta atrasos superiores a 90 días en sus pagos, el porcentaje más elevado del país.

La cifra duplica ampliamente los registros observados en los principales centros urbanos y refleja desequilibrios estructurales vinculados con menores ingresos, elevada informalidad laboral y una inserción financiera más débil. Entre los jóvenes, además, la situación aparece especialmente comprometida, con niveles de incumplimiento que rondan el 40%.

Los números describen una tendencia persistente: una parte significativa de los hogares sanjuaninos depende del endeudamiento para sostener consumos esenciales y enfrenta desafíos cada vez mayores para cumplir con sus obligaciones. La combinación de ingresos ajustados, pérdida de capacidad adquisitiva y aumento de la mora configura uno de los principales retos financieros y sociales que atraviesa actualmente la provincia.

Mientras crece el empleo generado por aplicaciones como Uber, Rappi, PedidosYa, Cabify y DiDi, aumentan las advertencias sobre salarios insuficientes, falta de cobertura social y concentración empresarial. La nueva regulación oficial consolida el encuadre de los trabajadores como independientes y abre una nueva disputa judicial.

La expansión del trabajo en plataformas digitales se convirtió en una de las expresiones más visibles de la transformación del mercado laboral argentino. Impulsado por la pérdida de empleo formal y el deterioro de los ingresos, el universo de repartidores y conductores vinculados a aplicaciones ya alcanza a cerca de un millón de personas que obtienen de allí la totalidad o parte de sus recursos mensuales.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad no se tradujo en mejores condiciones económicas. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba revela que el 60% de quienes trabajan mediante plataformas depende de esa tarea como principal fuente de ingresos, mientras que el 68% percibe menos de la mitad de una Canasta Básica Total. Detrás de esos números aparecen jornadas que suelen extenderse entre ocho y doce horas diarias para alcanzar remuneraciones cada vez más ajustadas.

La incorporación constante de nuevos trabajadores agrava el fenómeno. A medida que aumentan los despidos y se reduce la oferta de empleo registrado, más personas recurren a las aplicaciones como alternativa de subsistencia. El resultado es una mayor competencia por una demanda limitada, que distribuye ingresos cada vez menores entre una cantidad en aumneto de repartidores y conductores.

En ese aspecto, el Gobierno nacional avanzó con una regulación que refuerza el modelo vigente. El Decreto 407/2026 designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para las plataformas digitales y ratificó que conductores y repartidores serán considerados “prestadores independientes”, excluyéndolos expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo.

La definición fue cuestionada por especialistas en relaciones laborales. Patricia Sorribas, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que la norma adopta sin modificaciones los argumentos promovidos por las propias empresas y consolida un esquema que limita el acceso a derechos laborales básicos, cobertura por accidentes, aportes previsionales y protección social.

La discusión, sin embargo, está lejos de cerrarse. La Suprema Corte de Buenos Aires dejó firme un fallo que reconoce a repartidores de Rappi y PedidosYa como trabajadores en relación de dependencia. La sentencia cuestionó la supuesta autonomía de los colaboradores y concluyó que los algoritmos ejercen mecanismos de control que funcionan como una forma contemporánea de dirección empresarial, al premiar o penalizar la disponibilidad de cada trabajador.

Al mismo tiempo, el negocio avanza hacia una mayor concentración global. Uber presentó una oferta superior a los 10.000 millones de euros para adquirir Delivery Hero, grupo alemán que controla PedidosYa en Argentina y gran parte de América Latina. De concretarse la operación, una porción significativa del mercado regional de reparto y transporte quedaría bajo la órbita de una misma compañía.

Para especialistas y organizaciones de trabajadores, la combinación entre desregulación, concentración empresarial y ausencia de protección social configura uno de los principales desafíos laborales de los próximos años. Mientras las plataformas amplían su presencia en la economía cotidiana, cientos de miles de personas continúan generando ingresos bajo un esquema que la Justicia empieza a revisar y que, para numerosos expertos, mantiene rasgos de dependencia laboral encubierta.

El Gobierno relanza la licitación del Hotel Provincial y apuesta a captar más inversores
Tras el fracaso del proceso realizado en abril, la Provincia prepara una nueva convocatoria para concesionar el emblemático establecimiento por 20 años. El proyecto exige una inversión superior a los $3.360 millones y busca elevar la categoría del hotel para fortalecer la infraestructura turística local.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte confirmó que en las próximas semanas lanzará una nueva licitación para concesionar el Gran Hotel Provincial, luego de que el proceso realizado en abril quedara desierto por incumplimientos administrativos de las empresas participantes.

La iniciativa apunta a transferir la explotación del establecimiento al capital privado bajo un contrato de 20 años, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar su categoría y ampliar la capacidad de alojamiento frente al crecimiento esperado de la actividad económica y turística en la provincia.

El ministro Guido Romero aseguró que existe interés empresario en el proyecto y adelantó que los oferentes que participaron en la convocatoria anterior manifestaron su intención de volver a competir. No obstante, el Ejecutivo aspira a ampliar la concurrencia y lograr una mayor participación de inversores en esta nueva etapa.

El antecedente inmediato dejó una señal de advertencia para los potenciales postulantes. El llamado realizado el 29 de abril concluyó sin adjudicación luego de que las dos propuestas presentadas fueran rechazadas durante la apertura de sobres por incumplimientos considerados esenciales, entre ellos la ausencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal y documentación incompleta exigida por el pliego.

La licitación original establecía condiciones económicas y operativas de considerable exigencia. El presupuesto oficial ascendía a $3.360 millones, mientras que el canon mensual mínimo se fijaba en $14 millones, con actualización trimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el adjudicatario debía ejecutar un plan de inversión destinado a elevar la categoría del establecimiento hasta alcanzar la distinción de “3 estrellas superior”, una condición considerada estratégica para mejorar la oferta hotelera en el microcentro sanjuanino.

El esquema también contemplaba incentivos para facilitar el inicio de la explotación. Durante los primeros seis meses de concesión, el operador podía abonar el 50% del canon previsto, siempre que cumpliera con las obras comprometidas en el proyecto de reconversión.

Uno de los aspectos más valorados dentro de la evaluación técnica era el denominado “Beneficio Social del Proyecto”, que otorgaba hasta 20 puntos sobre un total de 100 a las propuestas capaces de demostrar mayor impacto económico y laboral. El criterio incluía compromisos vinculados a la generación y sostenimiento de puestos de trabajo, además de garantías sobre el cumplimiento de obligaciones salariales durante toda la vigencia del contrato.

Mientras avanza la preparación del nuevo llamado, la Provincia continúa con tareas de acondicionamiento del edificio. Desde que el hotel volvió a la órbita estatal en 2025, se ejecutaron trabajos de mantenimiento, mejoras eléctricas, pintura y adecuaciones técnicas destinadas a dejar el inmueble en condiciones operativas para su futura concesión.