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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de controladores aéreos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para el jueves 19 de septiembre en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos.

“Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Es mentira que el Presidente quiera destruir el Estado. Lo que realmente quiere es construir otro Estado. Un Estado que esté al servicio de los poderes económicos concentrados y las multinacionales. El ajuste que pretenden sobre la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Las auditorías internacionales dicen que falta personal, y este Gobierno pretende seguir reduciendo la planta laboral”, señaló el dirigente.

En esta línea, Aguiar concluyó: “Este jueves vamos a cesar en la prestación de servicios en dos bloques horarios y durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado. El mandato de las asambleas y plenarios es claro. Si no existen respuestas, las medidas se van a profundizar con el correr de los días”.

El cese de la prestación de servicios afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 en primera instancia; y luego entre las 17 y las 22.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar la aviación civil del país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

 Los motivos de la medida informada en la presente son:

* Retrotraer los despidos de trabajadores del organismo

* Ser incluidos en ámbitos donde se discuta y se planteen modificaciones a procesos y normativas que afecten las funciones del organismo

* Reapertura de la Paritaria Sectorial para discutir una actualización salarial.

Con respecto al primero de los puntos, ATE planteó la contradicción que surge a partir de que el organismo se ve atravesado por una auditoría internacional que informó la falta personal idóneo en áreas específicas de fiscalización. Por ende, es una incongruencia que mientras organismos internacionales enumeran la falta de personal, el Gobierno despida gente. 

Desde julio de este año, la ANAC se encuentra intervenida por el Ejecutivo nacional, lo que derivó en una serie de cambios normativos de los cuales los trabajadores del sector no son informados como corresponde, siendo que los mismos afectan a las labores diarias: tercerización de funciones, fusión de organismos, derogación de licencias, entre otros. 

Por último, el sindicato informó que los trabajadores del sector perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año a raíz de la paritaria sectorial que no fue abierta en lo que va del año.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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