El conflicto laboral que enfrenta a la empresa de seguridad privada Hunter Security con 130 trabajadores despedidos ingresará la próxima semana en una instancia determinante. El martes 3 de febrero, la Subsecretaría de Trabajo de San Juan volverá a convocar a las partes en el marco de una conciliación obligatoria que ya suma varias audiencias sin avances sustanciales.

Desde la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) sostienen que la empresa continúa sin presentar la documentación necesaria que acredite el pago efectivo de las indemnizaciones correspondientes. Según el gremio, esta será la cuarta audiencia consecutiva en la que Hunter Security llega sin respuestas concretas, prolongando la incertidumbre de los trabajadores afectados.

El origen del conflicto se remonta a la licitación del servicio de seguridad del Hospital Guillermo Rawson, donde Hunter perdió la prestación frente a una nueva firma adjudicataria. Como consecuencia directa de ese cambio contractual, los 130 empleados que cumplían funciones en el centro de salud fueron desvinculados.

Uno de los puntos centrales de la disputa gira en torno al encuadre legal de los despidos. De acuerdo con UPSRA, la empresa notificó las cesantías invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas en situaciones de crisis económica o fuerza mayor. Sin embargo, el sindicato rechaza de plano esa argumentación y denuncia que no existen pruebas que justifiquen la aplicación de ese artículo.

En este sentido, el gremio exige que se aplique el artículo 245, que establece el pago de la indemnización completa, conforme a lo previsto por la legislación laboral y el convenio colectivo del sector. Además, advierte sobre un escenario de precarización salarial previa y señala que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta concreta en la próxima audiencia.

En menos de tres meses, Casa Montes, Bodegas Bianchi y Norton quedaron expuestas por graves dificultades financieras, con cheques rechazados por miles de millones de pesos y un concurso preventivo en marcha. El deterioro del consumo interno acelera un escenario crítico para una industria clave de las economías regionales.

La industria vitivinícola argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A la caída sostenida del consumo interno, el encarecimiento de costos y la menor rotación en góndola se suma ahora un dato que preocupa al sector: en apenas 90 días, tres bodegas de fuerte peso histórico y simbólico quedaron involucradas en severos problemas financieros.

Los números confirman un contexto adverso. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo de vino en el mercado interno registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 12,5%, con un desplome aún más marcado en el formato tradicional de botella, que retrocedió 16,3%. En el acumulado anual, el volumen comercializado bajó 3,7%, reflejando un cambio de hábitos y una mayor cautela del consumidor, especialmente en los segmentos de mayor valor agregado.

El caso más reciente que encendió las alarmas es el de Casa Montes, bodega radicada en el Valle de Tulum, San Juan. De acuerdo con registros del Banco Central de la República Argentina, la empresa acumuló entre mayo de 2025 y el 19 de enero de 2026 un total de 286 cheques rechazados por $471.421.066,23, de los cuales logró cancelar apenas el 34,62%. La firma, reconocida por etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama, tuvo además un fuerte reordenamiento patrimonial en 2024, cuando la familia Montes decidió vender el Diario de Cuyo al grupo propietario del diario Los Andes.

Otro episodio que generó inquietud en el sector es el de Bodegas Bianchi. Según la Central de Deudores del BCRA, la compañía registró 101 cheques rechazados por $1.230.071.690,56, con el último rechazo informado el 22 de enero de 2026. Los inconvenientes comenzaron a fines de diciembre y se intensificaron en las semanas posteriores, pese a que hasta ese momento la bodega mantenía una calificación de bajo riesgo en el sistema financiero. Desde la empresa reconocieron el escenario complejo y aseguraron que se encuentran en un proceso de regularización, de negociaciones abiertas con proveedores y actores clave de la cadena productiva para sostener la operatoria.

El cuadro más delicado es el de Norton, una de las bodegas más reconocidas de Mendoza, que en diciembre obtuvo la aprobación judicial para iniciar su concurso preventivo. La firma busca reestructurar una deuda cercana a los 30 millones de dólares y enfrenta una situación financiera crítica: acumula 314 cheques rechazados por más de $4.031 millones, con apenas el 7% cancelado, y figura en situación 4 dentro del sistema financiero.

En un comunicado oficial, la empresa sostuvo que el objetivo del proceso judicial es preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad operativa, en una situación que definió como altamente desafiante tanto para el mercado local como para el internacional.

Los casos de Casa Montes, Bianchi y Norton funcionan como una señal de alerta para toda la cadena vitivinícola. Más allá de las particularidades de cada empresa, los problemas financieros revelan el impacto profundo de un mercado interno deprimido, con consumo en retroceso y márgenes cada vez más ajustados. En una industria estratégica para las economías regionales, la crisis ya no es una proyección: es una realidad que empieza a reflejarse en los balances y amenaza con redefinir el mapa del vino argentino si no aparecen señales de recuperación en el corto plazo.

El Gobierno confirmó que el bono extraordinario para jubilados y pensionados seguirá en $70.000 durante febrero. El monto permanece sin cambios desde marzo de 2024, mientras la inflación acumulada ronda el 180%, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores.

El esquema previsional vuelve a quedar en el centro del debate económico y social. El Gobierno nacional oficializó este jueves que el bono adicional destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuará congelado en $70.000 durante febrero, pese a la persistencia de la inflación y al marcado deterioro del poder de compra de los ingresos previsionales.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial, y ratifica una política que se mantiene inalterable desde marzo de 2024, cuando el bono fue fijado por última vez. Desde entonces, el costo de vida acumuló un aumento cercano al 180%, lo que transformó a ese refuerzo en una suma cada vez más marginal frente a las necesidades básicas de los adultos mayores.

Con el ajuste correspondiente a la inflación de diciembre —un 2,84%—, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero ascenderá a $359.219,42. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,32.

La normativa establece que los jubilados y pensionados que cobren un monto igual o inferior al haber mínimo garantizado recibirán la totalidad del bono de $70.000. En tanto, quienes superen ese piso percibirán un monto variable como complemento, equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope resultante de la suma entre el haber mínimo y el bono máximo, es decir, $429.219,32.

Desde el Ejecutivo, la continuidad del bono congelado se inscribe en la estrategia de contención del gasto público y consolidación del superávit fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico del presidente Javier Milei. Sin embargo, el impacto social de esta decisión vuelve a encender cuestionamientos, en un momento donde los ingresos previsionales siguen corriendo muy por detrás de la inflación acumulada.