El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, formuló duras críticas a la orientación de la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre los riesgos de consolidar un esquema centrado exclusivamente en la rentabilidad empresaria. Reclamó mayor participación sindical, fortalecimiento de proveedores locales y una estrategia de formación laboral para afrontar el crecimiento de la actividad.

La expansión minera que atraviesa la Argentina, con San Juan convertida en uno de los principales epicentros de inversión y exploración, abrió una discusión que excede ampliamente la producción de minerales y la llegada de capitales. La disputa ya no gira únicamente en torno a cifras, exportaciones o proyectos estratégicos: el debate se desplaza hacia la distribución de beneficios, el rol del Estado, las condiciones laborales y la participación efectiva de las comunidades en un proceso que promete transformar regiones enteras.

En ese clima de redefiniciones, Marcelo Mena Muñoz, titular nacional de ASIJEMIN, en diálogo con Mundo Laboral SJ, realizó uno de los pronunciamientos más duros surgidos desde el sindicalismo minero en los últimos meses. Sus cuestionamientos apuntaron directamente a la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y al perfil que, según sostiene, está adquiriendo la política minera argentina.

“El problema comienza cuando los trabajadores no son convocados a discutir el modelo”, señaló el dirigente, al explicar por qué considera que el esquema actual corre el riesgo de quedar subordinado exclusivamente a intereses económicos. Desde su mirada, la ausencia de representación sindical en los espacios de debate revela una concepción donde la minería es observada únicamente como un negocio y no como una actividad con impacto social, laboral y territorial.

La definición no fue casual. Mena apeló a una comparación histórica extrema —al mencionar el “Congo belga de Leopoldo II”— para advertir sobre los riesgos de un extractivismo desprovisto de controles y sin articulación con las necesidades locales. Aunque la referencia buscó generar impacto, el dirigente la utilizó para subrayar una preocupación concreta: la posibilidad de consolidar un modelo donde la rentabilidad quede concentrada y las consecuencias recaigan sobre las comunidades.

La Expo San Juan Minera 2026, considerada una de las principales vitrinas del sector en América Latina, también formó parte de su análisis. Si bien reconoció la magnitud del evento y el potencial económico que exhibe la actividad, sostuvo que existen aspectos que no pueden ser ignorados. Entre ellos, mencionó la escasa presencia de pequeñas y medianas empresas locales, muchas de las cuales —afirmó— quedan excluidas por barreras económicas y decisiones políticas.

“Una minería sólida no puede construirse dejando afuera a las economías regionales”, planteó. Para el sindicalista, el crecimiento del sector debería funcionar como motor de desarrollo integral, impulsando proveedores, industria nacional y cadenas de valor vinculadas a cada proyecto.

El reclamo no se limita al plano económico. Mena insistió en que la actividad necesita fortalecer su legitimidad social y evitar errores históricos que terminaron erosionando la confianza pública. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una “minería colectiva”, donde el crecimiento productivo vaya acompañado por controles efectivos, participación comunitaria y respeto irrestricto por las condiciones laborales y ambientales.

“Hay cuestiones que no pueden presentarse como concesiones extraordinarias”, afirmó al referirse a prácticas que algunas compañías exhiben como logros empresariales. El pago de salarios en blanco, el cumplimiento de normas de seguridad o la protección ambiental —subrayó— no constituyen beneficios opcionales, sino obligaciones elementales de cualquier actividad formal.

El dirigente también rechazó de manera enfática cualquier intento de revisar derechos adquiridos bajo el argumento de mejorar la competitividad. “No vamos a renegociar conquistas históricas”, sostuvo, al remarcar que el sindicalismo minero no solo busca preservar condiciones existentes, sino también ampliar derechos vinculados al conjunto de la sociedad.

Otro de los ejes centrales de su planteo estuvo relacionado con la formación laboral. Frente a la posibilidad de una expansión acelerada de proyectos vinculados al cobre y al litio, Mena advirtió que el país aún no cuenta con la estructura suficiente para abastecer la futura demanda de trabajadores calificados.

Según explicó, la preparación debe comenzar antes de que los emprendimientos entren en etapas de mayor producción. “No se puede esperar al momento de necesitar miles de operarios para salir a buscarlos de urgencia”, señaló. A su entender, improvisar en ese punto no solo deteriora la calidad del empleo, sino que incrementa los riesgos operativos y expone a los trabajadores a situaciones para las que no fueron preparados adecuadamente.

Por ese motivo, reclamó una articulación más profunda entre Estado, universidades, sindicatos y empresas para desarrollar programas de capacitación sostenidos en el tiempo. La formación técnica, insistió, debe convertirse en una política estratégica y no en una respuesta tardía frente a la demanda de mano de obra.

La reflexión final del dirigente se vinculó con el clima social y sindical que atraviesa el país. Al referirse a las recientes movilizaciones gremiales y universitarias, llamó a fortalecer la unidad entre organizaciones y sectores laborales. “Hoy atacan a un sector; mañana puede ser cualquiera”, advirtió.

La frase sintetiza una visión más amplia sobre el momento político y económico actual: la convicción de que el debate sobre minería no puede separarse de una discusión mayor sobre el modelo de desarrollo, el papel del trabajo y el alcance de los derechos sociales en la Argentina que viene.

El crecimiento de la minería argentina abre oportunidades económicas inéditas, pero también obliga a discutir con profundidad qué tipo de desarrollo pretende construirse alrededor de esa expansión. La magnitud de las inversiones y el potencial exportador conviven con interrogantes decisivos sobre empleo, participación social, control estatal y distribución de beneficios.

Las críticas formuladas por ASIJEMIN exponen una preocupación que comienza a ganar espacio dentro del propio sector: evitar que el avance productivo quede reducido a indicadores financieros mientras se debilitan las instancias de representación y planificación colectiva. En esa disputa se juega algo más que el futuro de la minería. También se define qué lugar ocuparán los trabajadores, las comunidades y las economías regionales en uno de los procesos productivos más trascendentes de las próximas décadas.

El Frente de Sindicatos Unidos aseguró que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse cerca de los 2,9 millones de pesos para garantizar condiciones de vida acordes a lo establecido por la Constitución y la legislación laboral. El espacio sindical denunció una profunda pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y advirtió sobre el creciente deterioro social entre trabajadores públicos y privados.

El debate salarial volvió a ocupar el centro de la escena política y sindical luego de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundiera un duro informe sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina y reclamara una actualización drástica del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según el documento elaborado por el espacio gremial, un trabajador argentino necesitaría actualmente ingresos cercanos a los 2,9 millones de pesos mensuales para cubrir adecuadamente las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra, que supera ampliamente el salario mínimo vigente, fue presentada como una muestra de la profundidad de la crisis social que atraviesan amplios sectores asalariados.

Desde el FreSU sostuvieron que el ingreso mínimo legal quedó completamente desfasado respecto del costo real de vida y denunciaron que hoy representa apenas una fracción de lo necesario para garantizar condiciones dignas de subsistencia. El espacio sindical calificó al salario mínimo actual como “el más bajo de la historia argentina” y vinculó esa situación con la política económica aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La presentación del informe no fue un gesto aislado. Formó parte de una estrategia más amplia del sindicalismo combativo para reposicionar la discusión salarial en medio de un escenario signado por paritarias condicionadas, caída del consumo y creciente pérdida de capacidad adquisitiva.

El FreSU, integrado por alrededor de 140 organizaciones sindicales de distintas corrientes gremiales, sostiene que la pérdida acumulada de ingresos desde diciembre de 2023 ya alcanzó niveles históricos. Según sus estimaciones, los trabajadores argentinos resignaron más de 62 billones de pesos durante el actual período de gobierno.

La organización desagregó además el impacto sobre distintos sectores laborales. En el ámbito privado, calcularon que cada asalariado perdió en promedio más de 2,3 millones de pesos acumulados, mientras que entre trabajadores estatales la caída superó los 12,7 millones por persona.

El estudio expone una radiografía particularmente severa sobre la situación social de los asalariados formales, un segmento que históricamente funcionó como núcleo de estabilidad económica dentro del mercado interno argentino y que hoy aparece crecientemente afectado por el deterioro de ingresos y el endeudamiento doméstico.

“El salario ya no alcanza para cubrir necesidades elementales y muchas familias deben endeudarse para sostener gastos cotidianos”, señalaron desde el frente sindical al justificar la magnitud del reclamo.

Para establecer cuál debería ser el verdadero Salario Mínimo, Vital y Móvil, el FreSU tomó como referencia las nueve necesidades fundamentales contempladas en la legislación laboral argentina y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los componentes incluidos aparecen alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, vestimenta, transporte, previsión social, recreación y vacaciones. Según el detalle difundido por la organización, sólo la cobertura alimentaria demandaría más de 648 mil pesos mensuales, mientras que el acceso a vivienda rondaría los 568 mil pesos.

A eso se suman gastos vinculados a salud, educación y movilidad, además de partidas destinadas al esparcimiento y al descanso anual, conceptos históricamente contemplados dentro de la definición jurídica de salario vital y móvil, aunque crecientemente inaccesibles para gran parte de los trabajadores.

El documento también buscó recuperar una discusión de fondo alrededor del sentido constitucional del salario. Para el FreSU, la política salarial actual desnaturaliza principios básicos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Contrato de Trabajo, que definen al salario mínimo como una herramienta destinada a garantizar bienestar integral y no únicamente supervivencia básica.

La difusión del informe coincidió además con un momento de creciente reorganización dentro de sectores gremiales enfrentados al rumbo económico del Gobierno nacional. El pasado 1° de Mayo, el FreSU realizó su primer plenario nacional de delegados y delegadas, donde aprobó el programa “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”.

Allí confluyen organizaciones de fuerte peso dentro del sindicalismo argentino, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Trabajadores Aceiteros, además de numerosas estructuras sindicales regionales y sectoriales.

La aparición de este espacio refleja también un fenómeno más amplio dentro del universo gremial: el crecimiento de sectores que reclaman posturas más confrontativas frente al ajuste económico y cuestionan la moderación de parte de la dirigencia sindical tradicional.

Mientras el Gobierno insiste en que la desaceleración inflacionaria representa el principal indicador de estabilización económica, desde el sindicalismo combativo advierten que la caída de precios relativos no se traduce en recuperación del ingreso ni mejora concreta en las condiciones de vida.

El planteo del FreSU vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente en un país donde los salarios corren permanentemente detrás del costo de vida. La distancia entre los ingresos reales y las necesidades básicas aparece hoy como uno de los principales focos de conflictividad social, en una etapa donde el equilibrio macroeconómico convive con un profundo deterioro del poder adquisitivo y un aumento progresivo del mercado interno.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al cruce de los planteos impulsados desde La Rioja y aseguró que el proyecto Lunahuasi se encuentra íntegramente dentro de territorio sanjuanino. El funcionario rechazó la posibilidad de una explotación compartida, defendió la legalidad ambiental del emprendimiento y acusó al gobierno riojano de instalar una controversia sin sustento jurídico.

La disputa entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Lunahuasi volvió a escalar con fuerza y sumó un nuevo episodio de confrontación política, institucional y territorial. Luego de que desde el gobierno riojano insistieran con avanzar judicialmente para frenar actividades vinculadas al emprendimiento y propusieran un esquema de administración compartida en zonas limítrofes, la respuesta sanjuanina no tardó en llegar.

Perea, rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por su par riojano, Ernesto Pérez, y defendió la jurisdicción plena de la provincia sobre el yacimiento. El funcionario sostuvo que Lunahuasi se encuentra completamente dentro del territorio sanjuanino y afirmó que la discusión planteada desde La Rioja carece de sustento legal.

“El Gobierno de La Rioja está generando un conflicto inexistente desde el punto de vista jurídico. San Juan defiende su territorio con la ley”, expresó el ministro, al fijar posición frente a una controversia que volvió a tensar la relación entre ambas administraciones provinciales.

La discusión no es nueva. Desde hace años persisten diferencias históricas alrededor de límites y áreas de influencia en sectores cordilleranos donde existen importantes expectativas mineras. Sin embargo, el crecimiento de proyectos estratégicos y el creciente interés inversor sobre la región elevaron considerablemente la sensibilidad política alrededor de esos territorios.

En esta oportunidad, el detonante fue la propuesta formulada por Ernesto Pérez para conformar una especie de área común de servicios y explotación minera entre San Juan y La Rioja, tomando como referencia experiencias compartidas entre otras provincias del norte argentino en desarrollos vinculados al litio.

Perea desestimó completamente esa alternativa y sostuvo que el caso de Lunahuasi no puede compararse con emprendimientos donde los recursos efectivamente atraviesan distintas jurisdicciones provinciales. Según explicó, no existe ningún elemento técnico, geológico ni legal que justifique un esquema conjunto de administración.

“No existe ninguna norma que obligue a compartir la administración de recursos que pertenecen exclusivamente a una provincia”, afirmó el ministro sanjuanino.

El funcionario apoyó su postura en la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y posteriormente incorporada al Digesto Jurídico Argentino, normativa que —según indicó— delimita claramente la pertenencia territorial del área donde se desarrolla el proyecto.

Además de rechazar los planteos territoriales, Perea también respondió a las objeciones ambientales deslizadas desde La Rioja. Particularmente cuestionó las declaraciones que vinculaban el proyecto Lunahuasi con el glaciar El Potro, uno de los puntos utilizados por sectores riojanos para justificar futuras presentaciones judiciales.

El ministro aseguró que no existe conexión física ni ambiental entre el emprendimiento y esa área glaciar, debido a que ambos sectores se encuentran separados por una cadena montañosa perfectamente identificada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional.

La aclaración buscó desactivar uno de los argumentos que comenzaban a ganar espacio dentro de la ofensiva política riojana: la posibilidad de impulsar acciones legales vinculadas a presuntas irregularidades ambientales o inconsistencias en informes técnicos relacionados con tareas de exploración minera.

Perea también remarcó que Lunahuasi cuenta actualmente con todas las autorizaciones necesarias para avanzar en etapa exploratoria y sostuvo que la única autoridad competente para emitir permisos sobre esa zona es el Gobierno de San Juan.

El endurecimiento del discurso provincial aparece estrechamente ligado al momento que atraviesa la minería sanjuanina. La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de atracción de inversiones mineras del país, especialmente en cobre y oro, y busca fortalecer su posicionamiento dentro del mapa extractivo sudamericano.

En ese proceso, el Distrito Vicuña —donde se encuentran proyectos de enorme relevancia geológica y económica— pasó a ocupar un lugar estratégico tanto para empresas internacionales como para la planificación económica provincial.

Por eso, detrás de la controversia territorial también se mueve una discusión mucho más amplia vinculada a regalías, control de recursos naturales, infraestructura y capacidad de negociación frente a futuros desarrollos multimillonarios.

La reacción de San Juan dejó en evidencia que la provincia no está dispuesta a abrir ninguna instancia de discusión sobre jurisdicción minera ni sobre eventuales esquemas compartidos de administración territorial. La postura oficial apunta a blindar jurídica y políticamente los proyectos ubicados en la cordillera sanjuanina, en un momento donde la minería se convirtió en uno de los principales motores económicos de la provincia.

“San Juan está construyendo el polo minero más importante del país”, aseguró Perea al cerrar su respuesta pública, en una definición que no sólo buscó defender el proyecto Lunahuasi, sino también reafirmar el liderazgo provincial dentro de una actividad que concentra expectativas económicas, disputas políticas y crecientes intereses estratégicos en toda la región andina.