La Confederación General del Trabajo concentra su estrategia en impedir que el Senado alcance el quórum necesario para tratar la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato cegetista, remarcó que la disputa debe resolverse en el plano político y confirmó contactos con gobernadores y senadores para bloquear el avance del proyecto oficialista.

A días de una sesión clave en el Senado, la CGT decidió jugar a fondo su carta política para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera apunta a bloquear el quórum en la sesión especial convocada para el miércoles 11 de febrero, una maniobra que, de prosperar, impediría siquiera el inicio del debate parlamentario.

El encargado de ratificar la estrategia fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, quien dejó en claro que la disputa excede el terreno gremial. “La solución no es gremial, es política”, afirmó, al remarcar que el objetivo inmediato es agotar todas las instancias institucionales antes de avanzar en una escalada de medidas de fuerza.

Presión sobre gobernadores y senadores

La táctica de la central obrera combina bajo perfil público con intensa gestión política. Según explicó Sola, la CGT mantiene conversaciones con casi todos los gobernadores, con especial énfasis en aquellos con influencia directa sobre sus representantes en la Cámara alta. “No buscamos fotos, buscamos resultados”, sintetizó.

Si bien la conducción cegetista reconoce una buena recepción entre los mandatarios peronistas, también admitió tensiones y señales ambiguas. En ese marco, llamó la atención la cancelación de una reunión prevista con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un episodio que encendió alertas en la central obrera por el peso que tiene ese distrito en la discusión parlamentaria.

En ese sentido, el foco principal está puesto en los senadores nacionales. “Queremos hablar con todos y cada uno de los senadores, porque son los responsables de que esta ley no salga”, sostuvo Sola en declaraciones radiales. La consigna es clara: que no haya quórum el 11 de febrero.

Líneas rojas y estrategia legislativa

Más allá de la táctica coyuntural, la CGT definió una estrategia de fondo basada en el análisis artículo por artículo del proyecto oficial. Desde la central explicaron que se está informando a los legisladores sobre las denominadas “líneas rojas” que, de cruzarse, profundizarían el conflicto.

Entre los puntos que generan mayor rechazo figuran la licuación de las indemnizaciones, la posibilidad de habilitar convenios o sindicatos por empresa y otros mecanismos que, según la CGT, fragmentan la representación sindical y debilitan la negociación colectiva. “Eso no va a ser aceptado”, advirtió Sola.

El dirigente recordó además que la oposición de la central a las reformas impulsadas por el oficialismo no es nueva. “Desde antes de la asunción de Milei venimos resistiendo estos intentos. La Ley Ómnibus se frenó también por la presión sindical”, señaló, al tiempo que destacó que, pese al desgaste acumulado, “la efervescencia sigue estando”.

¿Paro general o disputa política?

De cara a los próximos días, la CGT discutirá en su mesa chica la posibilidad de medidas de fuerza, aunque Sola se encargó de bajar expectativas inmediatas. “Los paros no suceden fácil, hay que construirlos”, explicó, y subrayó que, de tomarse una decisión de ese tipo, deberá tratarse de una medida “contundente”.

No obstante, volvió a insistir en que el eje central de la estrategia sigue siendo político. Para la conducción cegetista, la clave no está solo en la capacidad de movilización, sino en condicionar el escenario parlamentario y evitar que el oficialismo consiga los consensos necesarios para avanzar con una reforma que consideran regresiva.

El Frente Sindicatos Unidos inició en Córdoba un plan de lucha con una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno. Exigen al gobernador Martín Llaryora que inste a los legisladores provinciales a abstenerse o rechazar el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse en el Senado el 11 de febrero. Advierten que la iniciativa implica un retroceso histórico en derechos laborales.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político y sindical en Córdoba. Diferentes gremios nucleados en el Frente Sindicatos Unidos se movilizaron de manera masiva frente a la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo al proyecto oficialista y exigir una definición concreta del gobernador Martín Llaryora.

La marcha, que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, reunió a trabajadores estatales, metalúrgicos, aceiteros y otros sectores que confluyeron bajo una consigna común: frenar una reforma que, según denuncian, facilita despidos, precariza las condiciones de contratación y debilita los Convenios Colectivos de Trabajo.

Durante el acto central, los referentes sindicales presentaron un documento dirigido al mandatario provincial en el que le reclaman que instruya a los legisladores cordobeses a abstenerse o votar en contra del proyecto cuando empiece su tratamiento en el Senado de la Nación, previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El reclamo directo al poder político

En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la UOM Córdoba y uno de los principales impulsores de la protesta, Rubén Urbano, fue contundente al definir el objetivo de la jornada:
«Va a haber una gran marcha federal nacional y vamos a llevar un documento a la Casa de Gobierno donde le vamos a exigir al gobernador que sus legisladores se abstengan de votar esta nefasta reforma laboral, que no tiene ningún punto favorable para los trabajadores».

Las declaraciones sintetizan el clima de confrontación que atraviesa al movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran estructuralmente regresiva y alineada con una política de ajuste más amplia.

Un frente sindical ampliado y con respaldo nacional

La movilización marcó el inicio formal del Plan de Lucha impulsado por el Frente Sindicatos Unidos, integrado entre otros por ATE, la UOM y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, con el acompañamiento de las centrales sindicales.

La jornada contó además con la presencia y el respaldo explícito de referentes nacionales del sindicalismo, entre ellos Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy (estatales), junto a Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional. La participación de estas figuras buscó enviar una señal clara de unidad y coordinación frente al avance del proyecto en el Congreso.

Advertencia de escalada

Desde el escenario, los gremios advirtieron que la reforma laboral “pulveriza derechos conquistados a lo largo del siglo XX” y anticiparon una profundización del conflicto si el oficialismo insiste en avanzar con la iniciativa sin modificaciones sustanciales.

En ese marco, confirmaron que el plan de lucha continuará el 10 de febrero en Rosario, como antesala de una posible convocatoria a un paro general, con el objetivo de incrementar la presión política y social en la antesala del debate parlamentario.

La protesta en Córdoba no solo expresa el rechazo sindical a la reforma laboral, sino que también interpela directamente a los gobernadores y a sus bancadas legislativas, en un momento clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional. Con las calles como escenario y el Senado como próximo campo de disputa, el movimiento obrero busca condicionar el rumbo de una iniciativa que considera un punto de quiebre en el modelo de relaciones laborales en la Argentina.

Mientras el Gobierno acelera gestiones para tratar su reforma laboral en el Congreso, ingresó a Diputados un proyecto alternativo que propone ampliar derechos, regular el trabajo en plataformas y combatir la informalidad. La iniciativa, impulsada por Eduardo Valdés, se presenta como una respuesta directa al modelo de “modernización” promovido por el oficialismo.

En un momento de fuerte disputa política y social por el rumbo del mundo del trabajo, la Cámara de Diputados recibió un nuevo proyecto de reforma laboral que busca funcionar como contrapeso a la iniciativa flexibilizadora del Gobierno de Javier Milei. La propuesta fue presentada este miércoles a última hora por el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) y plantea una revisión integral del marco normativo laboral con una orientación diametralmente opuesta a la del oficialismo.

Bajo el título “Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción”, el proyecto propone reafirmar el trabajo como derecho humano fundamental, ampliar licencias, regular el empleo en plataformas digitales y establecer herramientas de política pública para reducir la informalidad, uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino.

Desde el entorno del legislador señalaron que se trata de una verdadera “contrarreforma”, pensada para proteger las conquistas históricas del Derecho del Trabajo frente a los intentos de desregulación y pérdida de derechos contenidos en la iniciativa oficial, presentada bajo el rótulo de “Modernización Laboral”.

Trabajo en plataformas y límites a la precarización

Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación del trabajo en plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya, Uber o Cabify. La iniciativa establece que deberá considerarse relación laboral cuando existan elementos de dirección, organización o control, incluyendo el control algorítmico, reafirmando en esos casos la plena vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo y el vínculo de dependencia.

“Vamos a impedir que la innovación tecnológica sea utilizada como un mecanismo de evasión de responsabilidades laborales”, sostuvo Valdés, quien remarcó que el objetivo es garantizar registración efectiva, protección social y transparencia en los sistemas digitales de gestión del trabajo.

En esa misma línea, el proyecto declara al aguinaldo como irrenunciable, estableciendo que no podrá ser sustituido, absorbido ni compensado por pagos de otra naturaleza, buscando cerrar la puerta a acuerdos individuales que desplacen lo establecido en convenios colectivos y en la legislación vigente.

Paritarias, licencias y derecho a huelga

Otro punto sensible que aborda la iniciativa es el funcionamiento del sistema de paritarias. Frente a la práctica reiterada del Gobierno de demorar o bloquear homologaciones para frenar aumentos salariales, el proyecto fija un plazo máximo de 30 días para la homologación de los acuerdos. Vencido ese plazo, la paritaria quedará automáticamente homologada.

El texto también amplía y protege el régimen de licencias por maternidad, paternidad, enfermedad y fallecimiento, y dedica un capítulo específico a resguardar el derecho a huelga, uno de los aspectos más cuestionados de la reforma impulsada por el oficialismo.

Además, crea un Ingreso Familiar de Emergencia para personas desocupadas, vinculado a instancias de capacitación laboral. Su financiamiento se prevé mediante la reasignación y reducción de gastos discrecionales del Estado, como viáticos, ceremonial, protocolo y publicidad institucional, cumpliendo con los requisitos de equilibrio fiscal exigidos por el Poder Ejecutivo.

Qué no incluye

A diferencia del proyecto oficial, la iniciativa de Valdés no incorpora figuras como la eliminación o reducción de indemnizaciones, el banco de horas ni la fragmentación de las vacaciones, puntos que concentran un amplio rechazo sindical y social y que son considerados mecanismos de precarización.

Una reforma con mirada de futuro

Al presentar el proyecto, Valdés subrayó que no se trata de una modificación aislada, sino de una propuesta integral:
“No proponemos una reforma fragmentaria, sino la construcción de un sistema normativo coherente, orientado a formalizar, proteger e integrar, preservando las conquistas históricas del Derecho del Trabajo argentino y proyectándolas hacia los desafíos del siglo XXI”.

El diputado sostuvo que la modernización laboral “no puede construirse a partir de menos derechos” y llamó a superar la falsa dicotomía entre derechos y desarrollo productivo. En ese marco, reivindicó el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947, incorporado luego al constitucionalismo social argentino, como base conceptual de la iniciativa.

La presentación de este proyecto introduce un nuevo actor en el debate legislativo sobre la reforma laboral y profundiza la polarización en torno al modelo de relaciones laborales que se discute en el Congreso. Mientras el Gobierno busca avanzar con una agenda de flexibilización, la oposición propone una alternativa centrada en la formalización, la ampliación de derechos y la protección del trabajo como pilar de la justicia social. La disputa, lejos de saldarse en términos técnicos, anticipa un debate político de fondo sobre el rumbo económico y social del país.